“Cuando acabe este juicio volveré a imaginar el mundo en el que quiero vivir”: Una crónica del juicio a los/as acusados/as de bloquear el Parlament

 Seis sesiones, repartidas entre distintos días no consecutivos de los meses de marzo, abril y mayo, es el tiempo que le hizo falta a la Audiencia Nacional para juzgar a las veinte personas acusadas de increpar e intentar impedir la entrada a políticos/as en el Parlament de Catalunya el día que se iba a aprobar el plan de recortes propugnado por el President Artur Mas en 2011.

 Desde su inicio se evidenció la enorme carga política del juicio. Se podría decir que se manifestó ya en el propio escrito de acusación, en el que, a pesar de atribuir a cada acusado/a actuaciones distintas (que incluían intimidaciones, escupitajos, lanzamiento de objetos, empujones, etc.), las penas solicitadas eran muy similares para todos/as. El mensaje era claro: si estuviste en el bloqueo al Parlament, da igual lo que hicieras, que te vamos a condenar.

 La acción Aturem el Parlament y las detenciones

 Retrocedamos un poco y contextualicemos los hechos. La acusación (Ministerio Fiscal, Generalitat de Catalunya y la omnipresente asociación ultraderechista Manos Limpias) imputó a las veinte personas a las que nos hemos referido por intentar bloquear el acceso al Parlament de Catalunya del 15 de junio de 2011. Aquel día se iniciaban los trámites para aprobar los austeros presupuestos que iniciarían el primer paquete de recortes de la Comunidad, los cuales propiciaron el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad y los recortes en el sector de la cultura y la educación.

 La movilización “Aturem el Parlament” (“Paremos el Parlament”) tuvo lugar dos semanas después del brutal desalojo de plaza Catalunya de Barcelona a manos de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra a las órdenes del que era consejero de Interior (que ahora lo es de Empresa y Ocupación), Felip Puig. Aquel día eran miles las personas que intentaron parar el Parlament para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los despidos por los recortes, los suicidios por desahucios y tantas otras situaciones. Ante tan extensa concentración de personas, algunos/as diputados/as entraron al recinto en furgones de la policía o en helicóptero, como lo hizo Artur Mas. Aquellos/as que intentaron acceder por la puerta principal fueron testigos directos de la indignación de los/as manifestantes. Además, se produjeron cargas policiales que acabaron con varios/as detenidos/as y un buen número de heridos/as. Y, a pesar de ello, “lo volveríamos a hacer sin miedo, porque legitimamos nuestra actuación, y porque si la gente de la calle, a quienes nos afecta todo esto, no luchamos, nadie lo hará por nosotras”, reza el manifiesto aprobado por las personas que ahora han sido enjuiciadas por elloi.

 La represión a los movimientos sociales en Barcelona fue en aumento en los días siguientes: acusaciones y juicios contra personas que intentaron paralizar un desahucio en el barrio del Clot poco después, numerosas detenciones durante las huelgas generales, multas a manifestantes, etc. Y, finalmente, la estrategia represiva destinada a frenar el aumento de la indignación y de la fuerza de las protestas populares se saldó con numerosas detenciones de imputados/as por la acción del Parlament (que se sumarían a las que ya se produjeron el propio día de los hechos) y su puesta a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

 Estas detenciones se produjeron de una forma – como ya trascendería en el juicio, dos años después – como poco un tanto irregular: los Mossos d’Esquadra utilizaron ficheros ilegales sobre militantes de movimientos sociales (de los cuales algunos/as jamás habían sido detenidos/as o identificados/as, por lo que su inclusión en estas listas no se encuentra justificada) para reconocer a los supuestos autores de los disturbios e imputarles un delito contra las Altas Instituciones del Estado (entre otros), por lo que la competencia de la instrucción y el enjuiciamiento pasaban a la Audiencia Nacional, con sede en Madrid. Además, algunos/as de ellos/as fueron detenidos/as frente a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, según se estaban acercando para comparecer ante el Juez de Guardia que les había citado.

 El juicio

 Prácticamente tres años después, el 31 de marzo de 2014, comenzó la primera sesión del juicio a los/as acusados/as, en la sede de la Audiencia, situada en un aislado polígono de San Fernando de Henares, frente a la Sala de lo Penal, Sección Primera.

 Los días previos a la celebración del mismo, tras la convocatoria a varias concentraciones en Barcelona y Madrid en solidaridad con los/as procesados/as (que se solaparon con concentraciones en solidaridad con los/as detenidos/as del 22 de marzo en Madrid), se hizo público en la web www.encausadesparlament.wordpress.com un manifiesto en el que declararon: “sabemos y tenemos claro que se este es un juicio político, una farsa para atemorizar aquellas que deciden plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad. De hecho, nos reafirmamos al comprobar que la acción directa contra los poderosos y generar alternativas de vida les molesta, y mucho. Por esto, y porque somos conscientes del poder que podemos tener cuando nos organizamos, no nos queremos doblegar ante sus intimidaciones y hacemos una llamada extender la solidaridad a aquellos y aquellas que sufren la represión y la violencia cotidiana de este sistema económico, en sus infinidad de formas”.

 La primera sesión del juicio, como decimos, comenzó con una fuerte carga política. Las defensas comenzaron exponiendo varias cuestiones previas, entre las cuales se encuentran el cuestionamiento de la competencia de la Audiencia Nacional, los intereses políticos detrás de la personación de Manos Limpias como acusación popular e, incluso, la propia incapacidad de la Generalitat para personarse como acusación particular, al no tratarse de la perjudicada. En todo caso podría comparecer algún representante del Parlament (poder legislativo), pero no de la Generalitat (poder ejecutivo). Todas las cuestiones previas fueron desestimadas por los/as tres magistrados de la Sala, y a continuación los/as acusados/as se acogieran a su derecho a no declarar.

 Durante las siguientes cuatro sesiones, múltiples testigos dieron cuenta de los actos de violencia y salvajismo perpetrados por los/as acusados/as. Resulta muy significativo que todos los testigos de cargo eran Mossos d’Esquadra y parlamentarios/as de CiU y una del PSC, mientras que los/as diputados/as de otras formaciones políticas aseguraron que se respiraba “tensión, pero nada de violencia” y que no pasaron miedo, ni sufrieron agresiones. Una muestra más de la politización de todo el asunto.

Al margen del relato de los hechos de la propia concentración, en la que, según los testigos, los manifestantes cortaron el acceso al edificio, golpearon coches con puños y profirieron insultos (es decir, ningún acto de violencia significativa), por lo que algunos/as parlamentarios/as tuvieron que entrar por la puerta trasera y otros/as lo hicieron en helicóptero, los agentes explicaron cómo procedieron a identificar a los/as imputados/as: imprimieron fotogramas para “poner nombres” a las personas que salían en ellas, a través del “sistema policial”. En cuanto a las personas que no se encontraban en el sistema por carecer de antecedentes, éstas fueron identificadas a partir de “informaciones de investigaciones policiales, declaraciones de diversa índole y otras informaciones que nos han hecho llegar […] vecinos, conocidos e incluso familiares y gente de colectivos políticos”. Sin embargo, cuando fueron preguntados los Mossos por quiénes proporcionaron esa información y sobre qué personas, los funcionarios policiales manifestaban que “es imposible” recordar cada caso en concreto debido a la gran cantidad de información que manejan. Ni siquiera pudieron recordar qué agente reconoció a qué persona, en qué imagen, ni en qué momento.

 El juicio no estuvo exento de anécdotas e, incluso, de situaciones bastante cómicas. Por ejemplo, Artur Mas quiso hacer ver que el uso del helicóptero es algo muy excepcional y que el hecho de que se viera forzado a acceder al Parlament a bordo del mismo es una muestra de la gran violencia de los/as manifestantes. Sin embargo, poco después se le sacaron los colores cuando se le recordó que utilizó el mismo helicóptero para asistir a un concurso de ganadería vacuna y darle un premio a la mejor vaca frisonaii. Destacamos este hecho, no por su interés, sino porque fueron precisamente las anécdotas tontas las que destacó la lamentable prensa nacional y las que coparon todos los titulares. Particularmente, lo que más repercusión mediática tuvo de todo el juicio fue el hecho de que uno de los/as acusados/as fue supuestamente “pillado” en el baño fumándose un porro durante un receso y que el Presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska, en un tono muy paternalista le dedicó una reprimenda.

 Tras todas las testificales, se dio paso en la quinta sesión del juicio al visionado de imágenes, supuestamente obtenidas de youtube. Como última práctica de prueba, Mossos de la Policía Científica realizaron peritajes antropométricos, morfológicos y de superposición de imágenes. Al carecer de imágenes de calidad o de datos precisos, respecto de muchos/as encausados/as las periciales dejaban mucho que desear, basándose en descripciones subjetivas y no en datos exactos, desconociendo las características técnicas de las cámaras, sus enfoques enfoques, el nivel de obturación, los ángulos, etc. Además, no realizaron mediciones porque no contaban con datos sobre distancias o proporciones pero defendieron su trabajo alegando que realizan “aproximaciones y compatibilidades” y que no “trabajan con medidas exactas”, motivo por el cual la defensa afirmó que nos encontramos “en el campo no de las medidas sino de las impresiones”. En este sentido, los Mossos no pudieron afirmar si las imágenes con que trabajaron podrían haber sido retocadas (al desconocer su procedencia y obtenerlas de internet) y reconocieron que utilizan el programa Photoshop para, según su declaración, “mejorar pero no alterar su contenido”. Una irregularidad más, para añadir a la colección. Por último, también reconocieron que gran parte de los caracteres que consideraban distintivos para las identificaciones (véase pecas, densidad de cejas o grueso de los labios, entre otros) son elementos que se pueden impostar o modificar y que, como no tienen datos exactos, no pueden asegurar que esto no haya pasado, que “todo es modificable”.

 La quinta sesión finalizó con el informe de las acusaciones, manteniendo las mismas solicitudes de penas, que oscilan entre los tres y los ocho años de prisióniii. Justificaron esto en base a parte de la prueba practicada: las testificales de los Mossos y diputados/as de CiU (ignorando los testimonios del resto) y las imágenes presentadas por la policía, obviando que se ignore su procedencia o si han sido manipuladas, que sólo se hayan presentado las imágenes tratadas con Photoshop por parte de la policía y que ni un solo agente haya podido dar una respuesta (satisfactoria o no), sobre cómo pudieron cotejar las imágenes del día de los hechos con la de personas que no habían sido fichadas previamente.

 Y, por fin, llegamos al sexto y último día de juicio, el 5 de mayo. Los informes de las defensas fueron variados y para todos los gustos (unos más irónicos, otros más técnicos, otros más politizados, etc.), pero todos ellos brillantes y se complementaron muy bien entre sí. Recordaron las distintas irregularidades del proceso, las numerosas contradicciones entre los testigos, la improcedencia de las pruebas practicadas, el hecho de que no se puede reconocer a casi ningún/a acusado/a en las imágenes y, finalmente, apelaron al sentido común: “las acusaciones pretenden que se condene a una persona a cinco años de prisión por chillar con los brazos levantados”, “el derecho a la protesta no sólo protege la crítica educada y complaciente, también la molesta, aguerrida y disruptiva” y “si los políticos tienen ciertos privilegios también tienen que soportar ciertas molestias”.

 Para finalizar, la Sala dio traslado a los/as acusados/as para formular su última palabra. La mayoría prefirió no hacerlo. Estaban exhaustos/as, tras seis días de juicio, con toda la tensión que genera. Además, sus rostros y nombres se habían difundido en los medios, habían tenido que pedir días libres en sus trabajos, realizar miles de kilómetros en desplazarse entre Madrid y Barcelona y soportar unos gastos judiciales de más de 20.000 euros. Desengañados/as respecto del papel que juega cada actor de aquello que llaman Justicia, muchos/as se mordieron la lengua.

 Pero, aun así, alguno/a se puso en pie, se acercó al micrófono, y expresó su parecer al Tribunal. “A estas alturas, creo que a nadie se le escapa que éste es un juicio político”, dijo uno de ellos/as. Otro acusado recordó que “no está probado que ninguno [de los acusados] estuviera allí. Lo que sí está probado es lo que hicieron, esos recortes…” y explicó en qué, desde su perspectiva personal como profesor de universidad, se están traduciendo los recortes: aumento de las tasas de matriculación, desaparición de becas y precariedad laboral. “No se rían de nosotras con discursos pacifistas”, dijo otra encausada.

 El momento más emotivo de todo el juicio se produjo prácticamente al final, cuando una compañera se situó delante del micrófono y, con la voz quebrada, se dirigió a los/as tres magistrados/as. Comenzó a hablar en castellano, pero según le fueron brotando las lágrimas de indignación, pasó al catalán. Esto fue lo que dijo:

 “Gracias, porque este juicio ha hecho recordar a muchas, que el sistema político y económico en el que vivimos, está hecho para mantener a una élite, de lujos y privilegios de herencia franquista, mientras el resto del mundo, la mayoría excluida, es criminalizada cuando expresa verdades molestas.

 Gracias, porque se ha evidenciado el diferente trato que tiene una persona dependiendo de cuál es la clase social a la que pertenece.

 Gracias a los guardianes de un mundo miserable, cargado de injusticia social. Gracias a quienes no importa que centenares de personas sean desahuciadas y no tengan donde  dormir el día siguiente. Gracias a quienes miran hacia otro lado cuando hay un despido, y que viven cómodamente mientras tanta gente hay qué pasa hambre. Gracias a quienes prohíben a las mujeres abortar. Gracias a aquéllos que creen que nuestra vida, y los días que hemos tenido que pedir al trabajo para venir aquí no valen nada, porque para ellos,  el mal rato de una detención ilegal, ni el mal trance que traemos tres años sufriendo, no es algo a tener en cuenta.

 A todos ellos, gracias, porque me han recordado el motivo por el cual  yo no quiero ser, ni seré nunca como ellos.

 Gracias, porque esta experiencia me ha hecho vivir intensamente la solidaridad, el apoyo mutuo, y un interés que no tiene nada a ver ni con el dinero, ni con el poder, que es el único que a la gente como ellos les mueve.

 Gracias porque cuando acabe este juicio, volveré a imaginar el mundo en el que quiero vivir. Y este sueño que es el que me transporta al mundo libre y más justo socialmente que quiero, no necesitará ni querrá gente gris e infeliz de uniforme, como ellos”.

  Al cierre de esta edición, todavía no se ha emitido sentencia alguna. Con algo de suerte, saldrá este verano. Hasta entonces, tocará esperar, con todo el sufrimiento que conlleva. Desde estas líneas, queremos desearle toda la suerte a els encausades y que, cuando hayan dejado todo esto detrás de sí, puedan seguir trabajando por crear ese mundo en el que quieren vivir.

Para más información, véase www.encausadesparlament.wordpress.com

 ____________________

ii También trascendió que la Generalitat de Catalunya gastó casi 11,7 millones de euros en el año 2011 en viajes en helicóptero del President.

iii Manos Limpias solicitaba, además de penas por delitos contra las altas instituciones, atentado y desórdenes, como hacían el resto de acusaciones, una pena por un delito de asociación ilícita, por lo que se elevaba a un total de ocho años de prisión para los/as acusados/as.