La cuestión de la remunicipalización

El capitalismo es un modelo de producción basado en el crecimiento continuo y la obtención de cada vez mayores beneficios económicos, el cómo se obtienen estos beneficios es algo secundario, no importa si es la dictadura de Pinochet o la supuesta democracia liberal española el lugar. El beneficio es lo que cuenta. De ahí que las élites económicas tiendan a obtener cada vez más espacios de donde extraer dichos beneficios, la simbiosis entre élites políticas y económicas produce que la política se ponga al servicio de la economía, haciendo del juego político una estrategia para gobernar en favor de los intereses empresariales. Diferentes factores históricos (un movimiento obrero fuerte y organizado, las guerras mundiales, la URSS…) dieron como resultado una cierta nacionalización de los sectores estratégicos de los países europeos en la etapa post-guerras mundiales. Estas economías parcialmente nacionalizadas permitían a los Estados cierta maniobrabilidad económica. Con el paso de las décadas, y sobre todo tras el paso del binomio Thatcher-Reagan, se ha pasado a una nueva etapa donde predomina la liberalización de la economía, la desregulación del mercado y la profundización en el carácter represivo de todo estado. El dogma liberal se ha puesto por delante de los tibios intentos socialdemócratas de reparto de la riqueza a través de los mecanismos económicos del estado. Y así llegamos a nuestros días donde se privatizan hospitales públicos, se financian escuelas privadas con dinero público o la gestión de diferentes servicios de primera necesidad, como el agua, son privatizados.

Con la brecha abierta por el 15M, se pusieron en el centro del debate, entre otras cuestiones, la imperiosa necesidad de frenar el delirio liberal de las privatizaciones. Todos/as recordamos la lucha contra la privatización del Canal de Isalbel II, las mareas verdes y blancas o las huelgas de barrenderos/as, Metro o Madrid Río. Todas ellas con un nexo de carácter netamente anticapitalista común: la desmercantilización de servicios básicos para la vida cotidiana, un hilo que de seguir tirando realiza una crítica a los cimientos del modelo capitalista, una crítica tan simple como real: las necesidades humanas por delante de los beneficios económicos de unos/as pocos/as.

Los servicios públicos son un terreno muy jugoso para cualquier empresario/a. Son servicios necesarios, con una demanda estable y continuada y generalmente en régimen de monopolio. Poco tiene que hacer el/la empresario/a mas que ajustar todo lo que pueda los salarios de los trabajadores/as y poner la mano a fin de mes. La calidad del servicio le es indiferente, puesto que no esta realizando un servicio para la comunidad, simplemente está gestionando un servicio que le reporta beneficios, y cuantos más beneficios mejor. Esa es la lógica.

Tras muchas luchas contra la privatización hoy parece que se abren nuevas oportunidades y puede ser que pasemos de una defensa estratégica de los servicios públicos a una pequeña ofensiva donde existe la posibilidad de ir más allá de una mera gestión pública al uso de los servicios. Hoy la remunicipalización de servicios públicos aparece como una oportunidad real, algo que antes de todo este ciclo de luchas no estaba en la agenda. Y ante las oportunidades hay que valorar fuerzas, estrategias y necesidades.

La remunicipalización y la transformación social

Conviene que primero aclaremos un punto que es crucial para entender una propuesta anticapitalista de apoyo a un proceso de vuelta a una gestión pública de un servicio cotidiano privatizado. El sacar parcialmente de la lógica del beneficio y de la mercantilización un servicio social es positivo en tanto que estás reduciendo de forma directa la tasa de ganancia del capital privado. Generalmente son las grandes empresas las que gestionan este tipo de servicios (como Dragados de Florentino Pérez o FCC). Seguro que a los/as grandes capitalistas de este país no les agrada que les retiren un nicho de beneficios asegurados y continuos en el tiempo.

Debemos entender que una sociedad revolucionaria debe ser una sociedad de bienestar, donde la economía y la gestión de los asuntos comunes estén orientadas a la satisfacción de las necesidades colectivas. De ahí que sea tan importante la idea de unos servicios de acceso universal y gratuito, y que para garantizarlos estos sean gestionados de forma directa y colectiva, posibilitando la participación del conjunto de la sociedad en los asuntos que la conciernen. En el camino a ese horizonte es necesario el establecer objetivos que sumen en dicha dirección, por lo que está claro que una privatización va en sentido opuesto y que una municipalización pudiera ser aprovechada.

Decimos que pudiera ser, ya que una municipalización no tiene porque encajar en una estrategia revolucionaria, el PP de Valladolid remunicipalizó hace años el servicio de basuras y todos comprendemos que no es un hecho transformador. Pero hablamos desde una óptica distinta, existe una base sobre la que construir posibilidades: universalidad, gratuidad y forma de gestión. Quizás hoy no sea tan importante ponerse objetivos más o menos altos, si no que dichos objetivos sean conseguidos mediante la acción colectiva, es primordial transmitir que solo luchando y organizándonos podemos cambiar el sentido de las cosas.

De ahí la necesidad de plantear hojas de ruta que hagan posibles estos valores. En el caso de la municipalización, esta desprivatización debería ir acompañada igualmente de un nuevo modelo de gestión donde los/as trabajadores y usuarios/as tengan cabida de forma directa, no testimonial. Que los/as vecinos/as puedan decidir sobre las necesidades de su barrio y llevarlas a cabo, que los trabajadores de un servicio municipal tomen las decisiones en común y tengan unas condiciones de trabajo superiores. Hoy, cuando el partido del ayuntamiento prometió determinadas remunicipalizaciones, se hace imprescindible presionar en ese sentido desde los movimientos sociales y el sindicalismo, desbordando las tibias reformas institucionales y poner encima de la mesa las demandas y la fuerza de la calle.

Cualquier lucha al final se topa con un entramado legislativo completamente ajeno, en muchas ocasiones las luchas se dan para cambiar una serie de legislaciones que permitan nuevos marcos de relaciones. En vivienda está el caso de la dación en pago retroactiva, en lo laboral la derogación de la reforma laboral o en la sanidad la derogación de la ley 15/97 que permite la externalización de servicios y la gestión privada. En el caso de los ayuntamientos nos encontramos con una autonomía muy limitada por las instancias superiores del Estado, desde el artículo 135 de la Constitución que prima el pago de los intereses de la deuda por encima de cualquier otro gasto, a la Ley de Racionalización que limita el gasto en servicios públicos y obliga a la estabilidad presupuestaria. Las dificultades de cambiar la legislación son grandes, y esperar a que otros/as lo hagan no tiene sentido desde una perspectiva transformadora. La realidad se impone y la insumisión y la desobediencia civil se muestran como grandes armas, las posibilidades de una “toma” parcial de determinados servicios no es una quimera, la fuerza de los/as trabajadores/as dentro junto con la de los movimientos sociales apoyando podría dar pie fórmulas de gestión comunitaria al margen de las intentonas del Estado por frenarlo. Poniendo así la fuerza de la calle a la cabeza de las reivindicaciones y propuestas y no supeditada al poder del ayuntamiento.