La llegada del otoño marca también el comienzo del nuevo curso escolar, que arranca ya fuerte en cuanto a movilizaciones y posibilidades de conflicto, aunque cierto es que los ánimos de docentes, padres, madres y alumnos/as no andan muy boyantes. Tras finalizar el pasado curso 2011-2012 con una larga retahíla de huelgas educativas, manifestaciones y ocupaciones de centros, y habiéndose alcanzado pocos o ninguno de los objetivos marcados (parar los recortes), un punto de inflexión es necesario si no se quiere caer del todo en la desidia.
Este nuevo año escolar nos trae, por un lado, los efectos del decreto que aprobó el Gobierno Central el pasado abril. En este sentido, puesto que las competencias en materia educativa están en gran medida cedidas a las diferentes Comunidades Autónomas, son éstas las que tienen la última palabra en cómo implementar estas medidas de ahorro. Los recortes afectan por igual tanto a los profesionales de la educación, profesores/as y resto de personal de los centros educativos, como a los/as usuarios/as de este servicio público. Simplemente por nombrar algunas de estas medias: aumento de ratio de alumnos/as por aula, reducción del presupuesto destinado a becas, becas-comedor y rutas escolares, despido masivo de docentes, aumento del horario lectivo y disminución de sueldo para los/as profesores/as, recortes en servicios para los/as alumnos/as con lo que ellos/as denominan “problemas especiales”, y así un largo etcétera.
Por si fuera poco la subida del IVA ha supuesto un nuevo pellizco a la hora de comprar libros y material escolar, si bien es cierto que los mayores apuros vienen de la mano de las subidas en las matrículas de los centros educativos públicos. Donde más se están notando estas subidas han sido en la Formación Profesional, esa rama de la educación formal de la que siempre se quejan de que es vista como un segundo plato (suponemos que con estas subidas será más atractiva para los/as chavales/as), y en los estudios universitarios.
En el caso de las FP públicas, las matrículas pasan de ser gratuitas a llegar a costar entre 180 y 360 euros dependiendo del grado de la misma y de la Comunidad, estando Cataluña y Madrid entre las más caras. Por otra parte, el decreto de recortes supondrá igualmente para las universidades públicas una liberalización en los precios de las matrículas, dado que se aprobó que los/as estudiantes tuvieran que pagar entre un 15% y un 25% del precio real de sus estudios. El problema ha sido que al no saberse cuál es el precio real de una matrícula (no saben que meter como gastos que ocasiona una carrera: investigación, docencia, laboratorios…) cada Comunidad Autónoma ha aplicado las subidas que ha creído conveniente, desde aquellos que han mantenido los precios (Asturias y Galicia), hasta quienes que han aumentado el valor del IPC anual y otros que han realizado incrementos muy importantes (caso de Madrid, Cataluña, Castilla-León, Valencia y Canarias). A todo ello habría que sumar el aumento en las matrículas que ya se produjeron de la mano del Plan Bolonia (no nos olvidamos de quienes ahora se rasgan las vestiduras desde la bancada socialista), el nuevo reglamento universitario cuyas bondades pedagógicas aún andan en busca y captura.
Y como no, aquí llega una nueva LOE (o LOGSE o LOCE)
Sin embargo, no son estas medidas las únicas que pueblan el debate en torno a la educación. Ya desde la pasada primavera, se viene planteando desde el gobierno central la necesidad de una nueva reforma educativa de calado, el nombre ya se lo han dado, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Simplemente pretendemos hacer mención de algunos de estos cambios, para de esa forma poder extraer (o al menos intentarlo) lo que hay detrás de esta nueva ley.
Uno de los puntos fuertes sobre los que pivota esta “nueva” concepción educativa es otorgar mayor peso a la evaluación en forma de exámenes. De esta manera, los negativos resultados en las pruebas PISA (exámenes que se realizan a nivel europeo a chavales/as de distintas edades) son utilizados como prueba ineludible de un fallo en el sistema, y su solución pasa por más exámenes. De esta forma se crean varias reválidas para poder superar (y recibir el título) de la ESO y el Bachillerato, con lo que desaparece la selectividad, y una vez aprobada la reválida se tendrá que realizar una prueba de selección para matricularse en algún grado universitario (a libre elección de la facultad en cuestión).
En cuanto al problema del abandono escolar, que según los últimos estudios se situaba en torno a un 26% de los alumnos, la solución más directa que se ha encontrado, inexplicablemente, es la separación más tempranamente de los alumnos según sus rendimientos académicos. De este modo con 12 o 13 años ya podrán discriminar entre quienes optarán a una FP, a un grado universitario o simplemente a completar sin pena ni gloria la educación obligatoria. En este mismo camino de la diferenciación docente, también se pretende implementar lo que han venido a llamar autonomía de los centros. La palabra es muy sugerente, pero su significado real no es nada halagüeño, pues lo que se trata es de permitir que ciertos centros se especialicen en la excelencia, procurando a sus alumnos unos servicios y estudios a los que el resto de centros no podrán ni asomarse.
Otro de los puntos clave en esta nueva reforma de la centralización de competencias y gestión a todos los niveles. Por un lado, se pretende aumentar en un 10% el curriculum común a todas las Comunidades Autónomas; mientras a nivel de centro, se está abogando por una disminución en la capacidad decisoria (ya reducida) de padres, madres y profesores (pudiendo pasar los consejos escolares a ser meros órganos consultivos), en detrimento de unas responsabilidades mayores para el director.
Luego estarían otras modificaciones que podrían considerarse menores en cuanto al número absoluto de alumnos/as a los/as que afectará, aunque su trasfondo es bastante siniestro. Este es el caso de la modificación del término “discriminación por razón de sexo”, de forma que se excluya de tal consideración la educación diferenciada de niños y niñas. De esta forma tan sencilla, únicamente dándole la vuelta a las palabras, podrán considerarse como centros concertados (y por tanto recibir dinero público) los colegios que elijan esta vía pedagógica tan, digamos, conservadora. Un giño al lobby ultra-católico que tanto poder atesora en estas tierras.
Contra-reforma educativa y resistencias
Como era de esperar, el anuncio de esta nueva reforma educativa (reforma que parece inherente a cada cambio de gobierno) no ha causado sensación más allá de las filas populares, sino que le han llovido críticas desde sindicatos, asociaciones de padres y madres, partidos políticos de la oposición y otras instituciones educativas. A nadie le convencen los cambios, bueno, mejor dicho, a aquellos/as a los que les convencen no han dicho esta boca es mía. Desde bastantes ámbitos se está tratando esta modificación legislativa como un contra-reforma, como una vuelta atrás de casi cuarenta años. Nosotros/as tanto no diríamos, pues la historia no es lineal y esos regresos al pasado son poco fiables, el capitalismo evoluciona y la sociedad se adapta a sus ritmos. Lo que sí que está claro es que esta reforma (y los recortes que vinieron como vanguardia) es puramente ideológica. Las excusas que nos pondrán serán variadas, que si el fracaso escolar, que si los malos resultados en no sé qué exámenes internacionales, que la crisis económica… pura palabrería. La educación es un arma muy poderosa de adoctrinamiento y aquí nadie quiere desaprovechar la oportunidad. Yendo un poco más allá de los cambios concretos se ven los cambios de fondo importantes, lo que se viene a llamar el curriculum oculto. Lo que acompaña a esta nueva modificación legislativa es una profundización en la cultura de la mano dura y el autoritarismo (lo que llamarán esfuerzo y sacrificio), una apuesta fuerte por el determinismo social (clasismo puro y duro, tus posibilidades educativas vendrán dadas por si tu centro es excelente o no, por si con 12 años has tenido acceso a un buen nivel cultural, por si tus padres pueden pagarte el colegio concertado o te toca ir al centro público guettificado) y por la perpetuación de los valores cristianos.
Pedagógicamente, volvemos a incurrir en más memorización y una nula atención a las diferencias, en cuanto a ritmo de aprendizaje e intereses de los/as chavales/as (si no eres rápido/a aprendiendo, entrarás en el grupo de “los tontos”; que necesita ayuda con la lectura, pues te jodes que sólo hay un/a profesor/a para cada 30; que hay que despertar tus apetencias educativas a través de la tecnología o la plástica, pues más vale que te busques las castañas tu solito/a). Y a un nivel decisorio, cuanto más jerarquizado mejor, ¿qué es eso de que los padres y madres opinen sobre la educación de sus hijos/as?, ¿O que lo hagan los trabajadores/as del centro? ¡Vamos!, a quién se le ocurriría pedir opinión a los/as chavales/as, qué hostias saben ellos/as.
Como era de esperar en este asunto no ha habido debate alguno, ni lo habrá, por mucho que el ministro Wert nos convidara a enviarle emails con nuestras opiniones. Eso solo es papel mojado, los únicos debates reales son aquellos en los que participan y deciden sobre su futuro aquellos/as a los que verdaderamente les incumbe directamente, y eso no nos lo dará el actual gobierno, pero tampoco hay que ser inocentes, tampoco un futurible gobierno del PSOE. Pues si bien es cierto que la reforma educativa que dirige Wert es sustancialmente ideológica, no lo es menos la defensa acrítica y simplona de la educación pública que se hace en gran medida desde muchos partidos políticos de la oposición o sindicatos. Está claro que nos posicionamos en contra de la privatización de la educación, así como de todo cambio que trate de ahondar en una escuela pública más reaccionaria, clasista y pedagógicamente chapucera, pero también dejamos claro que nuestra intención no es servir de ariete de la socialdemocracia en su afán de recuperar el poder perdido (sinceramente, por su nefasta gestión del mismo).
Nuestras críticas a la educación pública comienzan por el mismo concepto de lo público, que para nada se asemeja a lo común, como nos gustaría pensar. Nuestra capacidad de gestión sobre centros, contenidos, metodología o trabajo dista mucho de ser común, de ser de todos/as; sino que está fuertemente dirigida desde las cúpulas ministeriales o autonómicas, desde las editoriales que crean los libros de textos que tenemos que seguir sí o sí, o desde los grupos de presión que marcan temarios y asignaturas. Podríamos continuar por una crítica a unos métodos pedagógicos unidireccionales, basados en el premio-castigo, por una nula comunicación con el entorno social exterior a la escuela, por el individualismo exacerbado que puebla las aulas o por una concepción empresarial de la educación como mera “fabrica de capital humano”.
Es por ello, que nuestra intención es tratar de poner en marcha prácticas que puedan suponer pequeñas brechas en el sistema público educativo tal y como nos lo presentan. Nos parecen interesantes algunas las ocupaciones de liceos (institutos) que se realizaron en Chile durante las protestas educativas del curso pasado, pues se acompañaron no únicamente de paros en la enseñanza, sino que se planteó que el curso debía de continuar, pero que el nuevo rumbo de las clases tenía que cambiar. Profesores/as, estudiantes, madres y padres mandaron a la mierda el currículum impuesto desde el ministerio y pasaron a diseñar las clases según sus necesidades, según sus intereses, según sus ritmos. La experiencia duró lo que duró, pero nos parece de un gran interés, pues plantea la posibilidad de dar la vuelta a los conceptos pedagógicos y organizativos de la educación estatal, probando otros métodos, otras formas de aprender. Esto no es más que una propuesta de las miles que deberemos intentar poner en práctica.
Ahora, igual que entonces, nos toca plantar batalla, tanto práctica como teórica, pues seguimos empeñados en demostrar que las cosas sólo se cambian luchando.