La okupación en Madrid, en el punto de mira

Como mucha gente se podrá imaginar, cuando un grupo de personas okupa (con k) un inmueble, lo hace para mostrar su rechazo al uso de la vivienda y del suelo como modo de enriquecimiento y para denunciar que mientras las periferias urbanas crecen desmesuradamente debido a la masiva construcción de viviendas, en los centros históricos aumenta la cantidad de viviendas abandonadas y cerradas. Por supuesto, también los okupan para darle un uso, y ese uso, cuando se trata de un Centro Social Okupado (CSO), suele pasar por fomentar el intercambio, el debate, la participación, la difusión de ideas anticapitalistas y antagonistas, el ocio alternativo, el arte, la cooperación, la autogestión, el compañerismo, la horizontalidad y la solidaridad.

En 2011 asistimos a un boom en el número de okupaciones en Madrid y gracias al eco mediático del 15-M adquirieron una relevancia pública importante. Sólo en ese año se inauguraron los centros sociales La Salamanquesa, L.A. Hormigonera (Paseo de Extremadura), el Centro Social Liberado (en el pueblo de Galapagar), el Centro Social 16.0 en Malasaña, el Espacio Vecinal Montamarta (San Blas), el Hotel Madrid (Sol), el Komplejo Okupado Autogestionado Laberíntico Anarquista o KOALA (Pacífico), el Centro Social Huertas 16, el EKO de Carabanchel y el Centro Social La Osera (Usera). En 2012 y 2013, esta iniciativa no cesó y trajo consigo la okupación de nuevos CSOs como la Morada (Chamberí), la Biblioteca Okupada Autogestionada o BOA (Rivas), Kairós (Universidad Autónoma), La Avalancha (Usera) y el Raíces (Lavapiés).

¿Por qué se dio esta explosión de okupaciones? Estadísticamente tiene una explicación obvia: como bien aparece en la introducción del Manual de Okupación [1] “en este momento existen más de tres millones de viviendas vacías en todo el Estado, según el último censo de 2001. De ellas, 306.556 corresponden a la Comunidad de Madrid, lo que supone prácticamente el 10% del total. […] A estos datos podemos contrastar las 30.000 personas que se calcula viven actualmente en las calles de todo el Estado. El cálculo es sencillo: existen 100 viviendas por cada persona sin hogar. Estos números pueden servir como referencia, pero aún así deja fuera a las millones de personas que, aún teniendo un techo, tratan de sobrevivir en el campo de batalla que supone nuestro sistema económico, que exprime como limones a la mayoría para enriquecer a una minoría”. Dejando a un lado las cifras, también podemos preguntarnos “¿cuánta gente conocemos que las pase canutas para llegar a fin de mes? Y aún más: ¿es justo que tengamos que hipotecar nuestra existencia en trabajos indignos, —si es que podemos aceptar el concepto de trabajo asalariado digno—, mientras unxs pocxs se enriquecen a nuestra costa, tanto explotándonos directamente en lo laboral como en lo que nos sacan por vivir en sus casas? […] En cuanto a los espacios sociales y políticos autogestionados, la situación es muy parecida, dado que, aún en el caso de considerar el alquiler o la compra de espacios para desarrollar actividades de este tipo, los precios lo hacen inasumible para la mayoría de colectivos sin subvenciones”.

Estas aperturas de espacios no son un fenómeno reciente [2]. Podemos citar el Ateneo Libertario de Tetuán (un colegio abandonado que fue convertido en centro social en diciembre de 1978) como uno de los primeros experimentos de okupación en nuestra ciudad. Desde entonces, son varios los centros sociales okupados que han florecido y organizado diversas actividades (Amparo 83, Argumosa, El Laboratorio, La Alarma, el CALDO Vegano, etc.). Desgraciadamente, la mayoría de estos proyectos llegaron a su fin a consecuencia de órdenes judiciales de desalojo ejecutadas por la policía[3].

A día de hoy existen múltiples centros sociales okupados y autogestionados en Madrid. Entre ellos cabe destacar La Gatonera (Carabanchel), La Traba (Arganzuela), La Casika (Móstoles), El COKO La Kondenada (Estrecho), La Eskuela Taller (Alcorcón), el EKO (Carabanchel), La Salamanquesa (Moratalaz) y La Dragona (La Elipa).

La represión de siempre y la de ahora

Sin embargo, aunque la represión a estos proyectos siempre ha existido, en los últimos meses hemos podido ver un aumento de la presión policial sobre estos espacios, con visitas frecuentes para tratar de impedir la celebración de eventos, amenazas de desalojo e incluso el desalojo efectivo de un centro social (CSO Raíces, en el barrio de Lavapiés). El pretexto ha sido el mismo en todos los casos: tras lo ocurrido en la sala Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012, en el que murieron cinco jóvenes en una avalancha de personas, se ha desatado la fiebre por asegurar que todos los espacios cumplan las “condiciones de seguridad para eventos multitudinarios”.

El primer caso se dio a mediados del mes de enero en el CSO La Traba, donde se iba a celebrar un concierto en apoyo a los detenidos en la huelga del 14 de noviembre. Una hora antes del concierto se desplegó alrededor del edificio un dispositivo desmesurado de antidisturbios, bomberos y policía municipal, quienes emitieron un informe desfavorable sobre las condiciones de seguridad y obligaron a suspender el concierto. Lo curioso es que el evento fue convocado en primer lugar en una sala de conciertos legal, que cumple con todas esas normativas, y que tuvo que ser trasladado a La Traba ya que dicha sala se vio forzada a cancelarlo por presiones de la policía, según los/as organizadores/as.

Alrededor de un mes después, en febrero, el ESOA La Dragona recibió una visita muy similar para la inspección del edificio, acompañada de la amenaza de que si se llegaba a celebrar cualquier “evento multitudinario” el centro social sería desalojado de inmediato. Ante esta situación, la asamblea de La Dragona decidió suspender por el momento todos los conciertos y fiestas que tenía programados para no poner en peligro el espacio y todas las demás actividades que en él se realizan.

Desde entonces las visitas de este tipo han tenido lugar en casi todos los centros sociales okupados de Madrid, siempre con la excusa de la celebración de algún concierto o fiesta y siempre con la intención de amedrentar e impedir que se celebren este tipo de actividades. Algunos de ellos, como La Gatonera, han resistido a las presiones y amenazas policiales, negándoles la entrada y siguiendo adelante con todos los eventos programados. Otros centros sociales han decidido tomar precaución y limitar en parte este tipo de actividades y su difusión para evitar el desalojo, especialmente tras lo ocurrido en el CSO Raíces en Lavapiés. Este centro social fue desalojado de improviso la mañana del pasado 5 de abril, día en el que había convocada una fiesta con motivo del quinto aniversario de la emisora de radio libre Radio ELA. La semana anterior la Policía Municipal había realizado una de sus visitas intimidatorias durante la celebración de otra fiesta, amenazando con el desalojo del edificio si no se ponía fin a la misma de inmediato. Y esta vez sí que cumplieron su amenaza.

Por otra parte, los procesos judiciales contra los proyectos de okupación continúan su curso al margen de la nueva amenaza. Así, el jueves 4 de abril tuvo lugar el juicio contra una persona que había sido identificada en el ESOA La Dragona. Esta persona sólo fue identificada en una ocasión y declaró como imputado ante el Juzgado de Instrucción reconociendo que en alguna ocasión hacía uso del espacio como un mero usuario del mismo. A pesar de no residir en el sitio ni de que hubiera un sólo indicio de que hubiera participado en la okupación en sí del inmueble, fue enjuiciado en el Juzgado de lo Penal acusado por un delito de usurpación, un delito de defraudación del fluido eléctrico y de un delito contra el respeto a los difuntos (dado que El Dragón se encuentra en las proximidades al cementerio de La Almudena), por lo que se le solicitaron unas penas de decenas de miles de euros en concepto de multas y responsabilidad civil y un año de prisión. En el momento en que se redactaron estas líneas estábamos todavía pendientes de que se dictara sentencia.

Al mal tiempo…

Sean las condiciones de seguridad una mera excusa, o sean la verdadera motivación de este acoso (lo cual resulta difícil de creer), la cuestión es que el argumento les ha venido de perlas para reprimir a los centros sociales y hacerlo con cierto respaldo legal y evitando levantar el rechazo de la opinión pública. Es más, las consecuencias de esta nueva práctica represiva van mucho más allá de los propios centros sociales, ya que atacan directamente a la principal fuente de financiación de multitud de proyectos políticos autogestionados, extendiendo y agravando la represión económica ya existente a través de las multas. Así, eliminando la posibilidad de celebrar conciertos y actos de este tipo, se merman las posibilidades económicas de los movimientos sociales, pudiendo llegar a afectar seriamente a su actividad e incluso poniendo en peligro su continuidad, con una estrategia tan sencilla como eficaz.

Ante esta situación, cabe preguntarnos el por qué de esta vulnerabilidad y nuestra responsabilidad ante ello. Lo cierto es que, por falta de tiempo, ganas y sobre todo imaginación, utilizar los espacios okupados para celebrar eventos festivos se ha convertido en una necesidad básica para la financiación de la mayoría de proyectos. Aunque se recurra a otros medios habituales como las cuotas y donaciones solidarias, comedores, sorteos, venta de camisetas, etc., éstos no suelen ser suficientes para cubrir los gastos, y el clásico concierto en la okupa (y la venta de alcohol en el mismo) es casi siempre indispensable cada cierto tiempo. Hasta ahora puede que esto funcionara con sus más y sus menos, pero si la situación continúa como en estos momentos, no tenemos más remedio que buscar otras vías si no queremos ponérselo tan fácil.

Otra cuestión sobre la que tendríamos que reflexionar es la falta de respuesta colectiva a este ataque por parte de los centros sociales y los colectivos que nos estamos viendo afectados. Ante un problema común y de esta gravedad, llama la atención que hasta el momento no se haya tratado de abordar la situación entre todos/as para buscar una manera de hacer frente a la nueva represión económica que se nos echa encima [4].

Habrá que poner al mal tiempo buena cara y aprovechar la ocasión para repensar estrategias, hacer frente común y salir de esta más fuertes y preparadas/os para la próxima que venga.

[1] Véase una reseña de este libro en el Todo Por Hacer nº 11 (diciembre 2011) aquí. El Manual se puede descargar en la web www.okupatutambien.net

[2] La página www.okupatutambien.net contiene un breve resumen de la historia de este movimiento en Madrid.

[3] Algunos colectivos no permitieron que el arrebatamiento de su espacio por parte de la policía les frenase y pasaron a dar continuidad a lo que habían empezado con otra okupación (como es el caso del grupo de personas que no han abandonado el proyecto del Centro Social La Eskoba y pasaron a abrir los centros de La Alarma, La Mácula, El Palacio Malaya y el Centro Social Casablanca, todos en el barrio de Lavapiés). Desafortunadamente, casos como este son poco frecuentes.

[4] Que la nueva estrategia policial para acabar con manifestaciones es la de ahogar económicamente, a base de multas, es una evidencia para cualquiera que participa en movimientos sociales. La Comisión Legal de Sol del 15-M, por ejemplo, cifró en más de 225.000 el importe de las multas impuestas al 15-M en Madrid entre mayo de 2011 y junio de 2012. La lógica es sencilla: puesto que cargar contra manifestantes blandiendo porras no supone una gran campaña de relaciones públicas para las Fuerzas de Seguridad, resulta preferible disuadir mediante la represión de baja intensidad, llevando a cabo, de paso, una labor recaudatoria. Y al cortar de raíz la financiación mediante fiestas en CSOs, el pago de las multas pasa a ser cosa de cada uno y no pueden hacerles frente los distintos colectivos.