Racismo sanitario e insumisión

“Hay que hacer políticas que sirvan para disuadir y eliminar elementos que puedan servir de atractivo para la entrada o permanencia de inmigrantes ilegales en España, como la Sanidad completamente gratuita” – Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso.

Hace tres meses, desde esta publicación criticábamos la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que eliminaba la atención sanitaria a los/as inmigrantes sin permiso de residencia. En estos momentos, el Decreto ha entrado en vigor, lo que nos permite analizar con más detalle su contenido y cómo afectará a los/as más de 150.000 extranjeros/as sin papeles que han perdido su tarjeta sanitaria.

De acuerdo al texto legal, quedan aún cubiertas por el sistema sanitario las urgencias médicas, las inmigrantes embarazadas y los/as menores sin papeles. Según la ministra de Sanidad Ana Mato, el resto de extranjeros/as sin papeles, para ser atendidos/as, deberán de pagar 710 euros mensuales, cantidad que alcanza los 1.864 euros en caso de mayores de 65 años. Esto demuestra una vez más que los/as gobernantes/as o están fuera de la realidad o nos están tomando el pelo porque, ¿cómo va a poder pagar ese dinero una persona que no tiene permiso de trabajo?

Ante las múltiples críticas recibidas, la ministra ha señalado que serán atendidos/as en la sanidad pública los/as pacientes con enfermedades crónicas, infecciosas y oncológicas. Un apunte, a la ministra se le olvidó decir que serían atendidos/as, sí, pero pagando por los servicios recibidos. La primera Comunidad Autónoma que ha publicado los precios de los servicios sanitarios ha sido Castilla la Mancha, estableciendo que un ingreso hospitalario costará 459,89 euros en el supuesto más barato, y 2.824,04 euros en el más caro, que una cesárea con complicaciones costará 4.392,77 euros y una de alto riesgo 6.264,49, la atención de una persona anciana en un geriátrico 389 euros, una resonancia magnética 294 euros, un tratamiento completo de radioterapia 3.318,03 euros… aquí es donde nos damos cuenta de que los/políticos no son tontos/as, sino que les importa una mierda la vida de las personas.

Estas medidas son justificadas por el Gobierno como una forma de ahorro de costes y para evitar el llamado turismo sanitario. Pero analizando más a fondo la exclusión a las personas sin papeles de la sanidad, podemos darnos cuenta que únicamente se trata de una medida racista y clasista que supone un cambio en el modelo sanitario español, pretendiendo que la sanidad pública tenga únicamente una labor asistencial o de beneficiencia, expulsando a la clase media hacia las aseguradoras privadas, una política muy similar a la seguida en la educación primando a los centros concertados sobre los públicos.

Según las asociaciones de profesionales de la sanidad, la medida no sólo no supondrá un ahorro, sino que a medio plazo traerá más gastos, al derivar a los/as inmigrantes al servicio de urgencias, que tiene un mayor coste. Además, se corre el riesgo de que enfermedades infecciosas no tratadas aumenten su tasa de contagio  y mortalidad, lo que para el VIH supondrá, según el Grupo de Estudio de SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la muerte entre 27 y 50 personas por VIH en el primer año de aplicación del decreto, y del 12-15% de la población infectada en los siguientes años, un retroceso a niveles de hace 20 años, además de incremento de un 20% anual de las personas con VIH.

Cuando el racismo y la xenofobia son un hecho, la insumisión y la desobediencia civil son un derecho

Con este lema se cerraba el manifiesto leído tras un encierro de sindicalistas de la Central Unitaria de Traballadores en un hospital de Santiago para visibilizar la “exclusión xenófoba del colectivo inmigrante” en la Sanidad Pública, encierro realizado también en el Hospital Ramón y Cajal, en el Hospital Clínico y en el Hospital General de Móstoles, además de una acampada frente al Hospital de la Paz de doscientas personas desalojada por la policía.

Ante las medidas del Ministerio, los/as profesionales de la sanidad se han organizado y han hecho un llamamiento a la objeción de conciencia, similar a la realizada en Grecia hace unos meses ante una política idéntica que llevó al sindicato de médicos griegos a afirmar que “los doctores de hospital declaran desde este momento al obstinado ministro de Sanidad, que no renunciarán a su profesión médica para convertirse en guardias, que no tendrán en cuenta el color de piel, el género o el origen y los documentos legales de ninguna persona que requiera tratamiento médico”. Considerando que la normativa contraviene su código deontológico, “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”, 1.650 profesionales se han declarado objetores/as de conciencia, asegurando que van a seguir atendiendo a sus pacientes independientemente de su situación administrativa. Para ello están creando una red de solidaridad que permita burlar las trabas burocráticas que impiden la atención de sin papeles que incluya a médicos/as, enfermeros/as, personal administrativo… para poder dar citas, atender en consulta y realizar pruebas diagnósticas a las personas excluidas. También se está fomentando la creación de Grupos de acompañamiento por personas con tarjeta sanitaria que acuden con sin papeles al médico para prestarles la tarjeta, presionar a los/as sanitarios/as para lograr la atención médica, fomentar la insumisión y visibilizar el rechazo a una medida que niega el derecho a la salud a más de ciento cincuenta mil personas.

Más información en www.casmadrid.org y www.yosisanidaduniversal.net