El pasado 12 de mayo entraba en vigor el Real Decreto-Ley aprobado por el gobierno en el que obligaba a las empresas a registrar la jornada laboral de los/as trabajadores/as y mantener ese registro durante cuatro años. Según la Encuesta de Población Activa del INE cada semana los/as trabajadores/as realizan 6 millones de horas extra de las cuales alrededor de la mitad (2,6) no se pagan.
Esta situación presenta varios problemas, empezando por la precarización de los/as trabajadores/as que ven reducido el salario que perciben y su cotización, así como el impedimento de la conciliación familiar.
Por otro lado los/as empresarios/as están defraudando a la seguridad social unas cotizaciones que no están aportando en un momento en el que la hucha de las pensiones está bajo mínimos y peligra el sustento de nuestros/as mayores. Además hay que tener en cuenta que las horas extra influyen negativamente en los niveles de paro, cuanto más repartido esté el trabajo menos personas en situación de desempleo habrá, si las hora extra además son no pagadas serán más beneficiosas para el/la empresario/a y optará por esta fórmula en vez de por nuevas contrataciones.
Esto es un caos
Recordemos que estamos hablando de un contexto de incumplimiento generalizado de la ley, de 2,6 millones de horas extra semanales no pagadas (estafadas) a trabajadores ni a la Seguridad Social, de que en vez de investigar y castigar a los/as responsables se les prepara una nueva regulación a medida y de que ante esta situación quién se ha estado saltando recurrentemente la ley, y sus medios de comunicación afines, despliegan todo un discurso catastrofista. La CEOE declaraba que la medida “aumentará la conflictividad laboral”, entendemos que bajo su punto de vista lo que garantiza la baja conflictividad laboral es que la gente trabaje gratis.
También ha sido frecuente ver titulares apelando al caos que iba a generar esta medida en las empresas, nos cuesta creer que ese supuesto caos sea provocado por una imposibilidad técnica o por la dificultad real de los requisitos que introduce la ley. Parece más bien que, quién es capaz de controlar al minuto los horarios laborales de sus trabajadores para evitar escaqueos y quien es capaz de calcular cada nómina para no regalar ni un céntimo, si no es capaz de garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo no lo hace o bien por falta de interés o por miedo a los trapos sucios que puedan salir a la luz.
La ley como trinchera
Una relación laboral es un intercambio de trabajo a cambio de dinero, en esa relación los intereses son contrarios, al choque de esos intereses se le llama conflicto de clase. El/la empresario/a tratará de recibir mucho trabajo a cambio de poco dinero y el/la trabajadora lo contrario. Ante esa situación cada parte despliega sus estrategias, los/as jefes/as tratarán de sacar la máxima productividad a la jornada, alargándola si es posible, pagar salarios de miseria, reducir descansos, amenazar con el despido, enfrentar a compañeros/as, etc… mientras que los/as trabajadores/as intentarán alargar los descansos, trabajar lo menos posible sin fastidiar a sus compañeros/as, fingir bajas por enfermedad, mejorar su retribución y sus condiciones.
Para mediar este conflicto, entre la codicia ciega de la patronal y las aspiraciones de los/as obreros/as es para lo que surge el derecho laboral y es así cómo hay que interpretar esta medida, las últimas reformas laborales o cualquier convenio colectivo, el Estado “firma la paz” entre dos enemigos irreconciliables con unas condiciones que dependerán en cada caso de la fuerza de cada uno de los bandos
Tan mal estamos
Esta ley no es la panacea, ni mucho menos, los/as trabajadores siempre hemos huido del control de nuestras jornadas, ya sea conscientemente o de forma intuitiva, mientras el patrón trataba de poner focos sobre nuestro trabajo, comprar chivatos, medir nuestra productividad nosotros/as tratábamos de ponerle piedras en el camino.
La cuestión es que hoy en día, sin idealizar cualquier tiempo pasado, los derechos conquistados sobre el papel no se están cumpliendo de facto, la falta de organización en el trabajo, la falta de sindicatos combativos fuertes que fiscalicen y que presionen para que, como mínimo, se cumpla la ley hace que medidas de este tipo tengan un sabor agridulce, dulce por el avance en nuestras condiciones que pueden suponer, agrio porque nos recuerdan que nos batimos en retirada.