El pasado 14 de octubre el Tribunal Supremo hizo pública la ansiada sentencia del Juicio del Procés. La fecha coincide con el 79º aniversario del juicio sumarísimo que un Tribunal Militar celebró contra el president de la Generalitat, Lluís Companys, condenándolo a morir al día siguiente por “adhesión a la sublevación”.
La condena del Juicio del Procés, finalmente, se ha producido por la comisión de un delito de sedición, con penas duras de entre 9 y 13 años para nueve de los doce acusados, pese a que la sentencia reconoce que no duda de sus “convicciones pacifistas”.
¿Qué es la sedición? ¿Y tú me lo preguntas? Sedición eres tú
Tanto la Fiscalía como Vox habían acusado a los líderes catalanes por un delito de rebelión, es decir, por una violencia grave, armada, insoportable, ejercida con la finalidad de romper el orden constitucional y la unidad de España. Un golpe de Estado, vaya.
La sentencia, sin embargo, considera que no ha quedado probado que se diera el grado de violencia necesaria para alcanzar esta finalidad. El Supremo establece que los escasos, testimoniales y esporádicos episodios de violencia que se dieron el 1 de octubre no eran instrumentales y óptimos para alcanzar los fines de la rebelión. Es decir, no tuvo lugar un alzamiento público y cruento para poner en jaque el orden constitucional y ni siquiera entró dentro de los planes de los acusados instrumentalizar una posible violencia para lograr la fragmentación de España.
No había rebelión, de acuerdo. Pero sí hubo sedición, nos dicen los magistrados. ¿Por qué? ¿En qué consiste la sedición? El Código Penal considera que cometen delito de sedición quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Desgranando esta frase tan compleja, la podemos resumir de la siguiente manera: (1) consiste en alzarse, (2) tumultuariamente, (3) para impedir la aplicación de las leyes (4) fuera de las vías legales o por la fuerza.
Y ahora es obligado preguntarse, ¿qué es un alzamiento? ¿qué se entiende por tumulto? ¿más de 20 personas? ¿de 200? ¿de 30.000? ¿de 500.000? ¿qué se entiende por el empleo de “fuerza” o “fuera de las vías legales” para impedir la aplicación de leyes? ¿significa que debe haber algún tipo de violencia?
Pues bien, el Tribunal Supremo nos aclara todas estas dudas en la sentencia. Concretamente, establece que el delito de sedición se comete cuando existe una “actitud de oposición a posibilitar la actuación de la policía, incluso mediante fórmulas de resistencia no violenta. Esa negativa, en ese escenario, aunque no se diese un paso más, es por sí sola apta e idónea para colmar las exigencias típicas del delito de sedición”. Es decir, los episodios de violencia esporádicos que hubo tampoco tienen relevancia a la hora de considerar que hubo sedición. Podría no haber ocurrido ni un solo incidente violento y la condena habría sido la misma. Y es que la violencia da igual, lo importante es la desobediencia. Lo importante es defender el principio de autoridad.
El Supremo realiza una interpretación extensiva del tipo penal según la cual el ejercicio de la desobediencia civil no violenta, encaminada a impedir la labor policial, puede constituir un delito de sedición. Eso sí, siempre que sea masivo, porque añade que “una oposición puntual y singularizada excluiría algunos ingredientes que quizás podrían derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición”.
En otras palabras, lo que la sentencia nos viene a decir es que una acción puntual de obstaculización a la policía u otra autoridad —con independencia de si se emplea la violencia o no— puede constituir un delito de desobediencia o resistencia. Quizás incluso unos desórdenes públicos. Parar un desahucio, por ejemplo, o rodear el Congreso, no sería sedición. Pero acciones de este tipo, ejecutadas de manera masiva y coordinada, en varios lugar a la vez, sí suponen incurrir en un delito de sedición, un ilícito que lleva aparejadas penas que oscilan entre los cinco y los quince años (equiparable a un homicidio).
Esto es, sencillamente, una criminalización del derecho de protesta. Por supuesto, no se vaya a emplear cada vez que se lleve a cabo una acción coordinada de desobediencia civil, pero es innegable que deja la puerta abierta a ello para el futuro. Y esto es algo que se hace con el punto de mira puesto en el movimiento Tsunami Democràtic, el próximo 15M, el movimiento ecologista y el movimiento de vivienda que busca paralizar desahucios.
El razonamiento que subyace tras esta lógica es que los magistrados entienden que el cuestionamiento y la desobediencia a la autoridad es el primer paso para acabar con el orden público y la paz social. Si nos pierden el respeto, nos desobedecen, y si descubren que nos pueden desobedecer, pueden hacer cualquier cosa, pensarán.
Las reacciones a la sentencia
«Barcelona, el centro fabril más importante de España, tiene en su haber histórico más combates de barricadas que ninguna otra ciudad en el mundo» – Friedrich Engels
Miles de personas tomaron las calles de Catalunya el día que se publicó la sentencia y los seis días siguientes. “Els carrers seran sempre nostras”, recordaban. Personas de todas las edades y clases sociales –el independentismo hace extraños compañeros de cama y diluye la lucha de clases– protestando juntas. La primera acción, espoleada por una app y por un grupo de Telegram llamado Tsunami Democràtic, consistió en bloquear el aeropuerto de El Prat. Luego se hizo lo propio con las autopistas. Y así hasta el viernes 18, que tuvo lugar una huelga general que paralizó el país.
Por las noches se produjeron disturbios. Barricadas, incendios y enfrentamientos con la policía. No está claro si los agentes realmente se vieron tan sobrepasados como decían o si dejaron actuar porque interesaba que la cosa se fuera de madre, pero lo que está claro es que Mossos y Nacionales reprimieron con la misma brutalidad policial. Al cierre de esta edición las movilizaciones se han saldado con más de 200 detenidas en distintos puntos de Catalunya y de Madrid, más de 28 presas preventivas –y un preso en Madrid–, centenares de heridas y al menos cuatro personas que han perdido un ojo por impactos de pelotas de goma de los antidisturbios.
“Si cuando ves un contenedor en llamas te enfadas y cuando sabes que la policía ha sacado 4 ojos piensas «que no hubieran estado allí» lo que te molesta no es la violencia” – Hibai Arbide, periodista.
Por supuesto, únicamente participaron en los disturbios una fracción de los manifestantes. Pero lo que es significativo es que, a diferencia de lo que sucede en otras movilizaciones, esta vez una gran mayoría de la gente que salió a la calle no condenó los disturbios. No participarán en los enfrentamientos, pero entendieron la rabia y la frustración que sienten. Tal es la herida que ha dejado la sentencia en la sociedad catalana.
Esta rabia se visibilizó más que nunca cuando el diputado indepe Gabriel Rufián, que llevaba días llamando “energúmenos” a quienes participaban en los disturbios, fue recibido con silbidos y gritos de “botifler” por centenares de personas en una manifestación pacífica.
La represión no ha hecho más que empezar, y es previsible que no sólo se vaya a contentar con detenciones en las manifestaciones y las típicas acusaciones de desórdenes y atentado a la autoridad. Sindicatos policiales ya han pedido que se acuse a las detenidas por delitos de sedición – en base a la interpretación que ha hecho el Supremo de este delito – y la Audiencia Nacional está investigando al Tsunami Democràtic por terrorismo (concretamente, el mismo juez que ha imputado a los CDR por lo mismo). Y es que, si los poderes del Estado pudieron condenar a 13 años al independentismo pacífico sin ruborizarse, miedo nos da pensar qué le pueden hacer al que no tiene miedo de generar unos disturbios.
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triste viendo jovenes luchando no por la sanidad, la educacion, trabajo o libertad, sino por nacionalismo.
Como si la independència con su gobierno de puigdemon no fuera el mismo perro con distinto collar.
El nacionalismo es una teoria de la virtud donde nada se cuestiona, lo unico k importa es el fin
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