Hace exactamente dos años, en la madrugada del 8 de diciembre de 2017, falleció el legionario falangista Víctor Laínez en un bar de Zaragoza. Tenía un golpe en la nuca, pero había caído boca arriba, por lo que la herida se podría haber provocado al caer al suelo. Si la muerte había sido intencionada o no, o el motivo por el que se podría haber provocado eran elementos que no estaban claros en las primeras horas y días siguientes a los hechos. Se sabía que Laínez había discutido con Rodrigo Lanza, un anarquista chileno muy conocido en la ciudad, que fue detenido al poco de suceder los hechos. Rodri manifestó desde el inicio que el ex-militar le había llamado “sudaca” y le había amenazado con un cuchillo y que, viéndose amenazado, le propinó unos puñetazos en la cara, lo cual hizo que éste cayera hacia atrás y se diera con el suelo. No tenía ni idea de que había muerto.
La condena mediática
Su versión dio exactamente igual. Los medios ya le habían condenado. Dando por buena información filtrada que respaldaba las tesis de la familia del difunto y de la acusación popular de Vox, se pasaron su presunción de inocencia por el forro e informaron que Rodrigo, sin mediar provocación, golpeó a Laínez por detrás con un objeto contundente, sólo porque había visto que llevaba puestos unos tirantes con la bandera de España. “Asesinan a golpes a un legionario por lucir la bandera de España” (Periodista Digital), “Fallece tras recibir una paliza por llevar tirantes con la bandera de España” (El Mundo), “Fallece el hombre que fue atacado por llevar unos tirantes con la bandera de España” (El Heraldo de Aragón), son algunos de los titulares de ese mes de diciembre. Evidentemente, con este escenario mediático, Rodri fue de cabeza a prisión preventiva, donde permanece a día.
Recordemos que apenas habían transcurrido dos meses del reférendum catalán del 1 de octubre. En plena crisis del Procés contar que un hombre había sido asesinado exclusivamente por portar un símbolo español era la forma perfecta de mostrar adónde nos estaba conduciendo la deriva antiespañolista capitaneada por los catalanes.
A todo esto hay que añadir que Rodri había sido condenado en 2008 a cinco años de prisión por supuestamente dejar tetrapléjico a un Guardia Urbano de Barcelona durante el desalojo de una okupa en el famoso caso del 4-F. Es también uno de los protagonistas del popular documental Ciutat Morta, que expuso todas las irregularidades del caso, lo aleatorias que fueron las condenas y las torturas que sufrieron las detenidas que no fueron investigadas por ninguna autoridad judicial. El éxito de este documental había levantado muchas ampollas en la policía y la política de Barcelona y con su nueva detención se habían podido cobrar su venganza. De un plumazo, Ciutat Morta quedó completamente desacreditada en los medios y los policías que intervinieron en ese caso, resarcidos públicamente.
El “Juicio de los Tirantes”
A principios del pasado mes de noviembre arrancó el “Juicio de los Tirantes” (como lo llaman los medios) en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ante un jurado popular. Rodrigo Lanza se enfrentaba a una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de odio –odio dirigido contra los españoles, como si se trataran de una minoría protegida–. El ataque mediático era mayúsculo, los días antes volvieron a repetir la historia de los tirantes y su pasado criminal y parecía que todo estaba en contra.
Sin embargo, el pesimismo que reinaba antes del juicio poco a poco fue mutando a lo largo de sus seis sesiones de duración. Escuchando a los testigos que estaban en el bar y, sobre todo, a los peritos médicos, la versión oficial se fue tambaleando dentro de la sala. Y ni la Fiscal, ni el abogado de la familia Laínez, ni la acusación popular de Vox (que, al igual que hizo en el Juicio del Procés, se personó en la causa para intentar obtener visibilidad y rédito político), fueron capaces de sostenerla. Fuera del juicio lo que se reportaba en la prensa era otra realidad paralela, dando por hecho que la condena por asesinato era inminente.
A mediados de noviembre el jurado emitió su veredicto: no había quedado probado que Víctor Laínez portara unos tirantes con la bandera de España, quedó probado que él y Rodri discutieron, no quedó probado que el acusado le golpeara por la espalda con un objeto contundente, ni que tuviera la intención de matarle. Los hechos, en definitiva, no serían constitutivos de un delito de asesinato con alevosía con agravante de odio, sino de unas lesiones con resultado de homicidio imprudente.
La pena máxima a imponer sería de cuatro años de prisión, salvo que el juez decidiera aumentar en un grado la condena, en cuyo caso podría subir a seis años. Una pena por él, pero una victoria en comparación con lo que podía ocurrir.
Una vez leído el objeto del veredicto, familiares y allegados del fallecido insultaron y amenazaron a Rodri y a su abogado, que tuvieron que abandonar la sala escoltados por la policía.
“Un veredicto difícil de entender”
No son pocas las personas que han manifestado que no pueden comprender el veredicto. Normal, tras dos años escuchando un relato tan brutal es difícil que alguien que no haya escuchado las testificales del juicio lo entienda.
Hasta ahí, normal. Lo que no lo es tanto es un delirante artículo que publicó Rafael Soteras, el Fiscal Decano de Zaragoza, en El Heraldo. En él, pese a no estar presente en el juicio, dice que el veredicto “es difícil de entender” y acusa, sin pruebas, al abogado de Rodrigo de manipular al jurado ilegalmente y al juez de orientar el resultado para lograr esa sentencia. Igualmenté, afeó que Rodri se pudiera sentar en estrados junto a su letrado – algo absolutamente normal en juicios con jurado, pero que se añadió para malmeter contra el juez – y les llama cobardes por parapetarse tras la policía y exclamar que estaban recibiendo amenazas. ¿Hubiera preferido que se lanzara a por los familiares y se pegara con ellos?
El juez, dándose por aludido, respondió en otro artículo, que no tiene desperdicio, que entendía que el Fiscal estaba intentando presionarle mientras estaba redactando la sentencia (la cual tiene que respetar el veredicto), para lograr que sea lo más dura posible.
La sentencia
El 26 de noviembre el magistrado emitió su sentencia. No sabemos si las presiones lograron su objetivo, pero lo cierto es que optó por la opción más dura y, debido a que concurrían dos agravantes, subió la pena en un grado (superando el máximo de cuatro años que le debían caer) y le condenó a cinco. Esto era algo que en principio se descartaba que iba a ocurrir porque se le había aplicado una atenuante de actuación por arrebato. Además, se le ha impuesto la obligación de indemnizar en 200.000 euros a la familia de Laínez.
Da igual que los tirantes no tuvieran nada que ver con el delito; los medios informaron igual que antes: «Condenado a cinco años de prisión Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes» (El País).
Es evidente que todas las partes recurrirán la sentencia, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y luego ante el Tribunal Supremo. La defensa lo hará pidiendo que se rebaje la pena en un grado y que el máximo que se le pueda imponer sea de un año; las acusaciones pedirán que se revisen los hechos probados y se imponga una condena por asesinato y delito de odio. Todavía mucho puede pasar y debemos seguir pendientes del caso, fiscalizando lo que le suceda a Rodri.
Si Rodrigo cumple la mitad de la condena sin que ésta sea firme (lo cual ocurrirá en junio de 2020), se le deberá poner automáticamente en libertad, por lo que es previsible que le tengamos entre nosotras pronto. Pero, una vez que la pena sea firme (es decir, después de que el Tribunal Supremo emita sentencia), deberá volver a prisión, si bien ya podrá optar a permisos de salida y al tercer grado. El problema es que el Reglamento Penitenciario exige que el reo haya satisfecho la responsabilidad civil (indemnización), o que esté en ello, para poder disfrutar de estos beneficios penitenciarios, por lo que, a menos que todos los meses vaya pagando algo a la familia Laínez, es posible que cumpla la condena a pulso.
Todavía queda mucho camino por recorrer para que Rodrigo pueda estar en la calle libre del todo. Y animamos a seguir pendientes de su caso y a hacer todo lo posible por él. Porque le queremos libre ya.
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