Primero fue el ayuntamiento de Carmena. Luego el de Almeida. Ahora el gobierno central del PSOE y Podemos. Parece que La Ingobernable no tiene ninguna suerte con ningún Ejecutivo que se cruza en su camino, gobierne quien gobierne.
La primera Ingo ocupó un edificio de titularidad del Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2017. Se trataba de un edificio que Ana Botella había cedido gratuitamente al arquitecto Ambasz, amigo personal suyo, para que creara un museo sobre su obra. Contaba con 3.000 metros cuadrados, estaba en perfecto estado y se encuentra situado en un lugar privilegiado de Madrid, en pleno Paseo del Prado, a escasos metros de Neptuno y Atocha, por lo que se había convertido en el icono perfecto de la especulación que asola nuestra ciudad. Las personas que conforman la asamblea de La Ingobernable decidieron que ya estaba bien de pelotazos y tomaron el edificio para dedicarlo a otro tipo de actividades.
En La Ingo se realizaban toda clase de actividades culturales y se celebran asambleas de colectivos tan importantes como Las Kellys, Ecologistas en Acción, Fridays for Future, Bici Crítica, BDS Madrid y Contra el Diluvio, por citar algunos ejemplos.
Desde su inicio, varios de los miembros de la asamblea no dudaron en intentar negociar con el gobierno de Carmena para intentar mantener en el tiempo un espacio tan útil y sobre el que se vertebran varios movimientos sociales de Madrid (una estrategia que no comparten otros centros sociales, como La Enre o La Dragona), pero de poco les sirvió porque el intento de pactar un acuerdo se saldó sin éxito alguno. Al contrario, el Ayuntamiento del cambio inició un expediente administrativo de expulsión. Además, indemnizó al arquitecto Ambasz con 1,4 millones de euros por perder el espacio (ya que le revocó la cesión) y solicitó el desalojo del edificio ante un juzgado de lo contencioso-administrativo.
Este procedimiento administrativo de expulsión fue gustosamente heredado por el nuevo Ayuntamiento del PP, Ciudadanos y Vox, formado en 2019, quienes hicieron campaña electoral criminalizando la okupación. En agosto de ese año intentaron desalojar por el espacio, aprovechando que la mayoría de las madrileñas nos encontrábamos de vacaciones, pero una manifestación en su puerta lo impidió.
Pero el Ayuntamiento no se rindió en su guerra contra los okupas. El 18 de octubre de 2019, el consistorio cumplió una de sus promesas electorales y desalojó La Dragona, otro centro social ubicado en un edificio de propiedad municipal. Y el 13 de noviembre hizo lo propio con La Ingobernable, de madrugada, aprovechando que no había nadie.
Tras pasar unos meses sin un espacio físico en el que llevar a cabo sus proyectos, el 4 de marzo La Ingobernable ocupó un nuevo espacio. Se trataba de un inmueble, en la calle Alberto Bosch, propiedad del Ministerio de Justicia (es decir, del Gobierno central) y en desuso desde hace cinco años.
Diez días después, entró en vigor el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, con la consiguiente suspensión de todos los plazos procesales y administrativos. Parecía que, a priori, cualquier procedimiento de expulsión que se hubiera iniciado quedaría paralizado hasta que volviéramos a la normalidad.
Sin embargo, el Gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos decidió aprovechar la situación para llevar a cabo un desalojo exprés. Comunicó que el procedimiento administrativo de expulsión seguía hacia adelante, porque se trataba de un procedimiento “urgente” que no podía esperar. ¿Qué urgencia podía haber cuando el edificio se encontraba vacío desde hace cinco años? ¿Qué urgencia puede haber cuando estamos todas confinadas en casa y no se puede hacer uso del espacio? Claramente, se trata de una estrategia para aprovechar que nadie puede acudir a impedir el desalojo, como pasó en agosto de 2019.
El 27 de marzo, un vecino y usuario del espacio presentó alegaciones en el procedimiento, oponiéndose a su continuación. Sin embargo, a mediados de abril, el Gobierno publicó en el BOE que no constaban alegaciones y emplazaba a la asamblea de La Ingo a desalojar el espacio en un plazo de 48 horas (que vencían el 16 de abril), o procedería al desalojo. De nuevo, se presentaron alegaciones, pero el Ejecutivo no hizo ni caso, y unos días después cambió la cerradura y vació el edificio. El desalojo se había consumado.
Comunicado de La Ingobernable ante el desalojo
Reproducimos a continuación el comunicado que la asamblea de la Ingo hizo público en su web el pasado 23 de abril, ante el desalojo.
“Da igual a quién se lo contemos que la reacción siempre es la misma. WTF. El autoproclamado ‘gobierno del cambio’, ese que dice guiarse por las reivindicaciones de los movimientos sociales, ha consumado un desalojo en tiempos de Coronavirus. Nunca imaginaríamos esta realidad de confinamiento, estado policial y restricción de la mayoría de actividades. Ni tampoco que, en medio de esta situación, nos íbamos a enterar, mientras estábamos paseando al perro, que nos estaban desalojando a hurtadillas. No sabemos si han sido más cobardes, más torpes o más ilusos. Han tenido la cobardía de aprovechar que el centro social está vacío, y las que recuperaron el espacio están siendo responsables quedándose en sus casas, para saltarse su propio confinamiento, dar la patada a la puerta, quitar las pancartas, y cambiar las cerraduras. Han tenido la torpeza de hacerlo destinando recursos y fuerzas de seguridad, en un momento en que nadie va a creer que esto es realmente una actividad esencial. Y, sobre todo, han sido tan ilusos como para pensar que con esto conseguirán acabar con nosotras.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Carlos Campo Moreno, nos ha querido hacer creer que este procedimiento formaba parte de aquellos que el Real Decreto del estado de alarma llama «imprescindibles para la protección del interés general”. No se enteran de nada: mientras nosotras destinamos nuestras fuerzas y capacidades en apoyar al personal sanitario imprimiendo mascarillas 3D o apoyando las redes en nuestros barrios, ellos desarticulan un centro social sin siquiera proponer un uso alternativo. O quizás sí: la continuación de los cinco años de abandono y desidia de un edificio en una de las zonas más exclusivas de la capital. Y llaman a esto “interés general” y “prioridad” en tiempos de pandemia.
¿Tanto miedo teníais a que la Ingobernable retomara su actividad que habéis aprovechado el confinamiento para desalojar? ¿Qué es lo que tratáis de evitar con este desalojo? ¿Que la gente tenga acceso a actividades gratuitas? ¿Que las jóvenes tengan un sitio donde organizarse contra las políticas que favorecen la crisis climática? ¿Que vecinos y vecinas de Madrid puedan encontrar un espacio seguro y libre de racismo, machismo y homofobia en una ciudad cada vez más hostil? ¿Tanto valor tiene un edificio vacío desde hace años y sin proyecto a la vista para recuperarlo a toda costa antes de que sirva para hacer esta crisis más llevadera a muchos y muchas madrileñas? Está más que demostrado que los centros sociales y comunitarios son esenciales para reconstruir una vida que será aún más precaria para muchas de las que vivimos en esta ciudad. Ese es el verdadero interés general y no que un edificio vuelva a quedarse vacío y llenándose de polvo.
Han ejecutado un desalojo sin siquiera respetar sus propias reglas procedimentales, violando nuestro legítimo derecho a la defensa. Cuando se reanudó el proceso de desalojo, contábamos con un plazo para presentar alegaciones, que fueron emitidas por un vecino el pasado 27 de Marzo, a pesar de que al Ministerio “no le conste”. De nuevo, se reiteró que sí había alegaciones a través de un recurso emitido el pasado viernes, pero continuaron ignorándolas. El resultado, tan surrealista como habitual: un Gobierno que se escuda en el legalismo saltándose a la torera su propia legalidad. Y todo para que puedan seguir teniendo abandonados 2000 m2 en pleno centro de Madrid, como si sobrasen espacios para las madrileñas y los madrileños. Como si no necesitásemos centros sociales para la crisis que está por venir. Tenemos dos preguntas para el señor Juan Carlos Campo: ¿Cómo puede el Ministerio de Justicia plantear como una prioridad el desalojo de la Ingobernable, destinando recursos públicos para ello, en medio de esta crisis? ¿Cómo podemos confiar en una entidad que se salta sus propias normas y garantías procesales dejándonos en la indefensión cuando les resulta políticamente conveniente?
Las diferentes fuerzas del autodenominado «gobierno progresista» han hecho lo mismo que hizo Almeida el pasado noviembre: negarse a dialogar. Es tan decepcionante como vergonzoso que, tras el anuncio de la amenaza de desalojo la semana pasada, aquellos políticos «del cambio» que habían manifestado su apoyo a los centros sociales y al proyecto de la Ingobernable en particular, hayan mantenido un silencio cómplice e insensible a una infraestructura básica para nuestras redes comunitarias. El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la línea judicial/punitiva de la derecha en vez de ponerse del lado de los movimientos sociales.
Queremos enviar un mensaje al Gobierno: si creéis que esto os ha salido bien, os equivocáis. La Ingobernable es un proyecto que va más allá de un espacio, y la okupación una práctica legítima que continuaremos llevando a cabo mientras este sistema sea así de injusto; se lo debemos a las que lo comenzaron y las que están por venir. La crisis social, económica y sanitaria que estamos viviendo visibiliza más que nunca que los cuidados, el apoyo mutuo y la solidaridad son imprescindibles para la reconstrucción de una sociedad. Se están sacudiendo los pilares del antiguo Sistema, esos del capitalismo y el neoliberalismo voraz, del auge de los neofascismos y la explotación de los recursos naturales, porque no funcionan, porque no nos valen para el futuro que deseamos vivir. Los centros sociales forman parte de la alternativa necesaria y deseada que es el decrecimiento. No existe tejido social sin ellos. Y nuestro mensaje es claro: somos muchas y ya estamos organizadas. Pertenecemos a redes más fuertes que las puertas que pretendéis echar abajo. Existen y existirán centros sociales en esta ciudad y en todas. Formamos parte de la Red de Espacios de Madrid Autogestionados (REMA), que tiene recorrido por sí sola, acompañadas por personas que dan vida a otros espacios que aún resisten. Nosotras volveremos, tarde o temprano, a ser ingobernables en un nuevo edifico (y da igual cuándo leas esto). Volveremos a recuperar y abrir espacios para las vecinas, para los movimientos sociales y para la vida. Nuestra prioridad es poner la vida en el centro y en esta crisis ecónomica, social y sanitaria vamos a necesitar 10, 100, 1000 centros sociales.
#VolveremosIngobernables”.
Gobierne quien gobierne…
Como reflexión final, queremos añadir que en ningún momento nos ha sorprendido la jugarreta llevada a cabo por el Gobierno, incluso saltándose su propia legalidad. El “Gobierno más progresista de la historia” ya ha demostrado sus tics autoritarios en el último mes, imponiendo 700.000 multas de dudosa legalidad a personas por saltarse el confinamiento y militarizando nuestras vidas. También ha mostrado defender los intereses de las empresas frente a la clase trabajadora a través de las medidas aprobadas para combatir los efectos del coronavirus, ignorar los derechos de las personas presas, negar la posibilidad siquiera de que exista violencia policial y no tener la voluntad de derogar la Ley Mordaza, por citar algunos ejemplos.
El mantra “gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde” es un topicazo que hasta da vergüenza repetir por lo manido que está, pero por algo existe. Bien haríamos en no olvidarlo.
Queremos una ciudad libre de especulación, donde los proyectos anticapitalistas puedan florecer. Centros sociales donde nos podamos autoorganizar, asamblear, donde se puedan llevar a cabo actividades sindicales, feministas, de aprendizaje, de ocio alternativo, de apoyo mutuo y de cuidados van a ser muy importantes en la crisis económica que inevitablemente va a estallar en los próximos meses. Por ello nos despedimos, por qué no, con otro tópico: “¡10, 100, 1000 centros sociales!”.
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