En abril de 2018, Pablo, Jorge e Iñaki fueron juzgados por unas agresiones y desórdenes públicos que supuestamente habrían ocurrido durante el transcurso de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. En su día, la CNT, sindicato al que pertenecen los dos primeros acusados, publicó el siguiente comunicado en apoyo a los compañeros:
Que seis años después continuemos hablando de esta jornada subraya la trascendencia que tuvo entonces. Fue el segundo y último gran paro general realizado con el fin de frenar las políticas económicas del Gobierno del Partido Popular. El éxito de movilización con que se saldó puso en evidencia el descontento social ante los recortes de Mariano Rajoy y sus secuaces.
Pero aquel no solo fue un día de rabia, sino también de miedo hacia unas calles a punto de estallar. A pesar de que el 15M ya había desbordado la capacidad de convocatoria de las estructuras políticas y sindicales tradicionales, tanto el Gobierno como la patronal precisaban unos interlocutores de confianza, que se apresten a cualquier tipo de componendas, por lo que era perentorio contener de alguna forma a los elementos de la protesta más activos y rupturistas.
Ese fue el telón de fondo delante del cual se desarrollaron una serie de actuaciones de marcada índole represiva. En Logroño concretamente la diana se fijó en la Confederación Nacional del Trabajo. Jorge y Pablo son reconocidos miembros de la CNT de dicha ciudad; al detenerles y encausarles, se daba también un contundente golpe a un sindicato que aquel 14 de noviembre consiguió encabezar una manifestación multitudinaria y congregar a miles de personas frente al palacete donde se cobija el presidente autonómico, al margen del resto de sindicatos.
No caben otro tipo de interpretaciones. Al día siguiente las fuerzas políticas y empresariales de la región aplaudirían una discutible actuación policial que dejó dos heridos graves y varios manifestantes contusionados, además de dos vidas militantes que pasaban a verse hipotecadas con el oscuro montaje judicial que se había armado en torno a ellas. De esta forma celebraban también que CNT, en vez de dedicarse a las tareas sindicales que le son propias, tenía que emprender una larga y difícil singladura para apoyar a sus compañeros procesados, Jorge y Pablo, dos cenetistas que acudieron a la huelga a defender los derechos de tod@s en nombre de la Confederación.
Como es lógico, en CNT asumimos como propia la causa de Jorge y Pablo y animamos a acudir a los actos de apoyo y solidaridad con nuestros compañeros. Reclamamos la absolución de Jorge y Pablo y exigimos el fin de la represión contra las actividades sindicales. No queremos más sindicalistas y huelguistas pres@s, como Andrés Bódalo o Alfon; l@s necesitamos libres para proseguir con la lucha.
Casi seis años después de los hechos que se juzgaban, el 4 de septiembre de 2018 se hizo público el fallo del juicio de la huelga general del 14N. Pablo y Jorge, los dos sindicalistas de CNT, fueron condenados por delitos de desórdenes públicos a un año de prisión. Además, Pablo fue condenado también a una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad. El tercer acusado, Iñaki, fue condenado a seis meses por un delito de desórdenes públicos. Por último, Pablo fue absuelto de un delito de lesiones a un policía, después de que los peritos acreditasen que dicha lesión era anterior a la jornada de huelga.
Grabaciones, contradicciones y cintas de vídeo
La pérdida de pruebas de cargo llevó a que a este caso se le acabara por llamar el «no caso» del 14N. En un artículo publicado en El Salto antes de la celebración del juicio, Israel Rodríguez resumió la investigación judicial y policial de la siguiente manera:
La peculiaridad de este caso, además de su prolongación en el tiempo, ha sido el papel que han tenido las grabaciones de vídeo de los hechos y el devenir de dichas imágenes a lo largo de los más de cinco años de proceso. Como comentan desde la plataforma Stop Represión de La Rioja, que se ha articulado en apoyo a Jorge y Pablo, el relato de las eliminaciones de pruebas, contradicciones con los sindicatos policiales y grabaciones que contradicen el atestado policial “parecen ingredientes de una película de cine negro”.
Durante las cargas policiales y disturbios que se sucedieron frente al palacete del Gobierno Regional, en la céntrica plaza del Espolón de Logroño, multitud de manifestantes vieron cómo un funcionario policial estaba grabando todo el operativo. Localizado siempre a pocos metros de los agentes de antidisturbios tuvo una vista privilegiada de todo lo ocurrido. Estas grabaciones son el hilo conductor de esta trama.
EL SUP CONFIRMA QUE EXISTEN GRABACIONES ÍNTEGRAS
Cuatro meses después de los hechos, la violencia de las cargas policiales seguía siendo un tema candente. Izquierda Unida había interpuesto en febrero del 2013 una querella contra el Delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, como máximo responsable de las fuerzas de seguridad en aquel día de huelga general. Dicha querella no llegó a cursarse, ya que el juzgado interpuso una fianza récord de 10.000 euros para iniciar el trámite. Mientras pocos meses antes, querellas similares habían tenido 300 euros de fianza, como en el caso de Cristina Cifuentes en Madrid, y hasta 3.000 euros en el caso del delegado del gobierno en Murcia.
En este clima, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió un comunicado en defensa de la actuación de los agentes aquella noche que recogió el diario La Rioja. En dicho comunicado esgrimían como defensa la existencia de “grabaciones íntegras realizadas por funcionarios policiales” de todo el operativo y que dichas grabaciones “se habían puesto en manos de quien debía juzgarlas y valorarlas”.
La existencia de grabaciones policiales estaba confirmada y se dejaba claro que podían ser un material aclaratorio tanto para la culpabilidad como la inocencia de los acusados.
La defensa de Jorge y Pablo solicitó esas grabaciones durante las diligencias de urgencia que se abrieron 24 horas después de los hechos. Cuando el juicio rápido se aplazó y se iniciaron de nuevo las diligencias judiciales para el juicio ordinario, se volvió a pedir dichas grabaciones.
LA POLICÍA NACIONAL ADMITE QUE DESTRUYERON LAS GRABACIONES
En abril de 2013, seis meses después de haber transcurrido las cargas, la Jefatura Superior de Policía La Rioja respondió al requerimiento del juzgado informando de que dichas grabaciones habían sido destruidas.
Según los mandos policiales, esas grabaciones no tenían la calidad suficiente para ser eficaces “desde la perspectiva de la operativa policial”.
Este documento oficial de respuesta fue recibido por la defensa pocos días después de que el SUP publicará el comunicado en el que defendía la actuación policial con la existencia de esas grabaciones “íntegras”.
Desde El Salto hemos intentado ponernos en contacto con la delegación regional pero a fecha de publicación de este artículo todavía no hemos recibido respuesta del SUP respecto a las contradicciones que se pueden derivar de la respuesta de la Jefatura Superior de Policía y el comunicado del sindicato policial.[…]
Del mismo modo, se solicitaron las grabaciones de la cámara de seguridad del palacete del Gobierno de La Rioja frente al cual sucedieron los hechos. Esas grabaciones también fueron eliminadas. Según el protocolo de seguridad se borran al cabo de un mes. Al igual que sucedió con las grabaciones policiales; ni el fiscal, ni el juez de guardia ni la Brigada de información de la policía nacional que realizó el atestado solicitaron esas imágenes. Tan solo la defensa fue la única parte que se interesó por ellas y, dado el aplazamiento del juicio rápido, su solicitud excedió ese plazo.
Recursos contra la sentencia
En octubre de 2018 las defensas interpusieron recursos de apelación contra esta sentencia, con la esperanza de que la Audiencia Provincial revocase esta tremenda injusticia.
La CNT, así como StopRepresiónRioja, se volcaron especialmente en el apoyo a los condenados, organizando múltiples concentraciones, charlas y actos. El día que se conoció la sentencia, el sindicato anarquista publicó el siguiente comunicado:
La mañana de este 4 de septiembre, más de cinco años después de ocurridos los supuestos sucesos –y decimos supuestos porque la acusación no ha logrado sustentar sus cargos con pruebas, excepción hecha de los testimonios policiales–, hemos conocido por fin la sentencia por el juicio del 14-N, que condena a nuestros compañeros Jorge y Pablo a unas penas de un año y cuatro años y nueve meses de cárcel, respectivamente.
La noticia ha caído en CNT como un jarro de agua fría, no tanto desde el lado judicial –hay posibilidades de recurso, y no dudéis de que esta malhadada sentencia se recurrirá–, sino desde el moral. Nuestra desconfianza hacia lo que se viene a conocer como Justicia se ha visto confirmada. Y aunque ojalá pudiéramos decir lo contrario de este NO-CASO, vemos reafirmada nuestra posición sobre unas instituciones que si por algo se caracterizan, es por su hostilidad hacia el movimiento obrero.
¿Qué esperamos? Justicia. Pero no un nuevo y agotador proceso donde unos personajes teóricamente neutrales evalúan sobre unas pruebas y testimonios. Lo que queremos es el reconocimiento público de que nuestros dos compañeros fueron inculpados falsamente. La absolución. No creemos en sus palabras y testigos, nosotros y nosotras también estuvimos allí y además hemos visto los vídeos de lo sucedido en aquella manifestación.
Esta sentencia ha sido un paso atrás. Ahora daremos tres adelante, comenzando por la manifestación, convocada por StopRepresionRioja, que este sábado 8 de septiembre, a las 18:30, discurrirá desde el llamado Palacio de Justicia de Logroño. Nuestra única defensa es que más y más oídos se enteren de esta NO-Justicia.
La sentencia de la Audiencia Provincial
Tal y como informan NueveCuatroUno y El Salto, el 4 de mayo de 2020, año y medio después, la Audiencia Provincial ha revocado la sentencia.
Concretamente, absuelve a Jorge Merino del delito de desórdenes públicos por el que había sido condenado, por lo que sale completamente absuelto de cualquier delito.
A Pablo Alberdi le absuelve del delito de desórdenes públicos del delito de atentado con medio peligroso y del delito de lesiones de que venía acusado, si bien le condena a un año de prisión (aunque en principio no ingresará en la cárcel, al no superar los dos años de prisión) como «autor criminalmente responsable de un delito de atentado contra agentes de la autoridad» simple, si uso de elemento peligrosos, concurriendo en el mismo la circunstancia agravante de reincidencia y la atenuante simple de dilaciones indebidas.
Ante la noticia, Stop Represión Rioja ha emitido el siguiente comunicado:
Nuestro compañeros no van a entrar en prisión, ya que la Audiencia Provincial de La Rioja ha absuelto a Jorge y ha rebajado la condena de Pablo a un año.
En primer lugar, supone un gran alivio después de un proceso tan duro y desconcertante que se ha prolongado injustamente durante más de siete años. Ha sido una amenaza constante que han sufrido los encausados, sus familiares y allegados.
Sin embargo, la resolución nos duele, nos indigna y nos confirma que el llamado sistema judicial es parte fundamental en la legitimación y defensa de un sistema que necesita y se sostiene en profundas desigualdades.
Aunque intente paliar las irregularidades de la primera sentencia, esta resolución continúa legitimando los abusos jurídicos que se han evidenciado desde hace más de siete años. Un solo día de proceso ya habría sido demasiado.
Reivindicamos la inocencia total de Pablo
Sentimos que la calle, la gente, la sociedad, ya les declaró inocentes hace mucho tiempo. Muchas personas sabemos de su inocencia desde el primer momento porque estábamos en el lugar de los hechos aquel ya lejano 14 de noviembre de 2012. Aunque este sistema judicial le llame culpable, resulta evidente que su labor no es determinar lo que es cierto y mucho menos lo que es justo, sino que tan sólo se dedica a administrar condenas en una sola dirección: castigar a quien intente erosionar el sistema y cualquiera de sus intereses.
Esta resolución ratifica en parte el peligroso mensaje emitido en la primera sentencia: ellos defienden a los suyos. Y nosotras no somos de los suyos. Nosotras, las personas que participamos en la convocatoria de huelga del 14N, somos el enemigo. De este modo, aumenta el sentimiento cada vez más generalizado de que este aparato judicial sirve a esos pocos para defenderse de nosotras. Este veredicto no repara la brecha entre los intereses de la clase obrera y el sistema que ha supuesto este proceso. Brecha que el poder judicial incrementa sentencia a sentencia.
Por otro lado, esta resolución exculpa a Jorge del delito de desórdenes públicos y a Pablo de los de desórdenes públicos, del delito de atentado con medio peligroso y del delito de lesiones. Estas acusaciones formaron parte del proceso desde un inicio, acusaciones, de las que ahora, después de más de 7 años se les exculpa.
Esta resolución pone en evidencia al propio sistema judicial que ha creado y mantenido este proceso durante todos estos años ¿Para qué ha servido todo este tiempo de angustia y presión? Si ahora son exculpados de dichos delitos, ¿quiénes son los culpables de la manipulación que les ha culpabilizado todo este tiempo? ¿Dónde está Fernando Fernández Beneite, responsable primero de las cargas? ¿Dónde Alberto Bretón, delegado del Gobierno y responsable político? ¿Dónde la Fiscalía y Abogacía del Estado, que tramitó este caso y lo adulteró durante seis años basándose en falsas acusaciones? ¿Dónde está la jueza que compró la declaración policial y desestimó las únicas pruebas documentales que había? ¿Por qué ningún responsable institucional, en algún momento del proceso, paró esta acumulación de despropósitos?
Si algo demuestra el No Caso 14N es que, cuando los mecanismos habituales de control no le son suficientes, este sistema capitalista es capaz de utilizar los métodos más represivos para mantener el statu quo. Y que por muy oscuros y violentos que sean esos métodos, siempre cuentan con el aparato judicial para legitimarlos, sosteniendo hasta el final un montaje policial. Todo esto supone una violencia institucional que, como hemos visto, se ejecuta incluso en pequeñas ciudades como la nuestra.
Por ello debemos normalizar y hacer nuestra la lucha contra los montajes policiales como un requisito fundamental para una sociedad que se defina como democrática.
Si hay algo que humildemente prueba el trabajo de Stop Represión La Rioja, es que contra tal enemigo la lucha sólo puede existir con la base del apoyo mutuo, la responsabilidad política y el cuidado colectivo.
Estamos a la espera de examinar los detalles del texto de la resolución y de cómo mantiene contra Pablo el delito de atentado y el pago de una quinta parte de las costas del juicio. Nosotras seguimos defendiendo su inocencia. Aunque no entren en prisión, tenemos que seguir dando una respuesta a la represión económica que ha supuesto todo este proceso. Por ello vemos necesario hacer un llamamiento al apoyo económico para solventar la carga de las costas judiciales.
Se puede aportar mediante ingreso de donaciones en la cuenta bancaria de la caja de resistencia:
ES41 3035 0233 31 2331070239
¡STOP REPRESIÓN!
¡SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO!
