Una compañera psicóloga ha querido compartirnos su visión sobre una temática que está pasando demasiado desapercibida; y que ha implicado muertes que podríamos categorizar incluso de crímenes de Estado, así como un maltrato brutal a trabajadoras de residencias de personas mayores durante los peores momentos de la emergencia sanitaria de la Covid-19. Sirva este texto para remarcar que deberíamos apoyar mucho más decididamente a estas trabajadoras, y denunciar los negocios detrás de los centros donde habitan nuestros mayores. La comunidad social debe implementar herramientas de cuidado colectivo, pero también señalar a quienes deben encargarse públicamente de ello y que han abandonado a las familias en los momentos más críticos.
Morir y vivir con dignidad en una sociedad que secuestra la vida
El término eutanasia proviene del vocablo griego <<eur>> que es un adjetivo que significa bueno/a y <<thanatos>> que es un sustantivo que denomina la muerte.
El art.16 de la Constitución de 1978 expone que cada individuo puede vivir y actuar como considere oportuno, manifestándose y expresándose libremente, siempre y cuando no vaya en contra del mantenimiento del orden público. Teniendo en cuenta este artículo y sin debatirlo más allá de lo que estamos tratando ahora, debería ser legal la eutanasia voluntaria activa, pero los “valores” y la “moralidad” de gran parte de la sociedad sigue considerándolo un asesinato. De esta manera se impone que debe prevalecer la vida por encima de todo, sin empatizar con aquellas personas que han perdido su calidad de vida y no quieren seguir manteniéndola con esas condiciones.
En la siguiente tabla se describen los cuatros tipos principales de eutanasia con ejemplos y lo que contempla la ley en cada caso.
Las residencias de mayores, el gran agujero negro de la Covid-19
Paralelamente, nos encontramos con esta situación de emergencia sanitaria y social donde cientos de cadáveres de ancianos han sido acumulados en residencias de mayores a la espera de que las funerarias puedan recogerlos. Varias sanitarias verbalizan no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas, llevando a estas profesionales incluso a abandonar sus empleos por no poder sobrellevar la situación.
La Fiscalía ha abierto varias investigaciones para aclarar lo ocurrido en las residencias y analizar las negligencias que se han llevado a cabo. Teniendo en cuenta los convenios laborales y los tejemanejes existentes entre los centros de mayores y las administraciones públicas, es muy probable que queden impunes y no se tome ningún tipo de medidas para proteger a nuestros mayores que tan vulnerables se encuentran en este momento.
La falta de medios y el abandono se vieron reflejadas en situaciones tan críticas como dejar sin comer a los residentes por encontrarse en la habitación con un compañero/a con Covid-19, o mantener a algunas personas mayores encerradas en su dormitorio con compañeros/as ya fallecidos/as hace días.
El sentimiento de culpabilidad e impotencia que experimentan las sanitarias no es responsabilidad de ellas como trabajadoras, sino de la pésima gestión de recursos que se ha llevado a cabo en los centros donde más necesaria era esa ayuda. La administración de EPIs en muchas residencias ha dependido de los propios centros y no de las ayudas que prometió aportar el Gobierno.
Una trabajadora de una residencia de Madrid nos comenta lo siguiente en una carta: “Estamos solos. Es la sensación que tenemos la mayoría del personal. Al principio de esta crisis sanitaria el hospital de referencia adscrito a la residencia donde trabajo nos dijo que estaban tan desbordados que les era imposible ingresar a ningún anciano con síntomas, y que ni siquiera podían hacerlo por una fractura de cadera. La solución que nos dió fue administrar morfina a los pacientes terminales”.
“No hay abandono por parte del personal. A pesar de que más de la mitad de la plantilla está de baja o tiene síntomas, nos estamos dejando la piel para atender a nuestros residentes. También estamos haciendo todo lo posible para que no perciban cuál es la situación real de esta pandemia”.
Teniendo en cuenta tanto la situación legal actual sobre la eutanasia como las distintas circunstancias que se están dando en las residencias con nuestros mayores, podría ser interesante profundizar en la reflexión sobre la incoherencia que muestra gran parte de la sociedad al impedir que personas que están sufriendo no puedan decidir libremente cómo y cuándo quieren morir, pero que sí se esté permitiendo que nuestros mayores fallezcan en condiciones infrahumanas mientras nos venden que tenemos que protegernos para no contagiarles como si sólo estuviera en nuestras manos su salud.
