Arranca el mes de octubre y lo hace con una inquietante novedad: el Ayuntamiento de Madrid ha entregado 175 pistolas eléctricas (táser) a la Policía Municipal para que las lleven encima y utilicen mientras salen a patrullar. El consistorio ha prometido, además, que hará una segunda compra de estas armas en 2021 para que todas las unidades policiales puedan tener su táser como una parte más del equipo reglamentario.
Estas pistolas táser son armas diseñadas para inmovilizar físicamente a una persona mediante descargas eléctricas de cinco segundos que imitan las señales nerviosas y que confunden los músculos, especialmente en las zonas de los brazos y las piernas. Cuentan con una potencia en vacío de 50.000 voltios, que se reducen a 400 con una corriente de 2,1 megamperios cuando entran en contacto con las personas. Tienen un alcance de 7,5 metros.
La Policía Municipal de Madrid no se trata, ni mucho menos, del primer cuerpo policial que hará uso de estas armas. Los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza llevan usándolas desde el 2018. Y en septiembre de 2019 el Ministerio del Interior de Grande Marlaska adquirió 1.000 pistolas de este tipo para la Policía Nacional (excluyendo a la Guardia Civil), después de que una intensa campaña del Sindicato Unificado Policial (SUP) exigiera que se incorporara a su arsenal. Además, Interior añadió a la cesta de la compra 10.000 porras extensibles metálicas.
Su uso en Catalunya por parte de los Mossos resulta especialmente doloroso porque venía precedido de una campaña popular llamada #StopTaser, iniciada en julio de 2015 cuando el conseller d’Interior anunció que empezarían a usarse ese mismo año. Impulsada por 40 entidades, entre las que destaca la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la campaña #StopTaser se propuso como objetivo erradicar el uso de estas armas en Catalunya. Finalmente, no lo logró, si bien consiguió aplazar su uso durante tres años.
La peligrosidad de los táser
Según el artículo “Armas eléctricas: ¿Qué sabemos? ¿Qué ignoramos?”, elaborado por tres miembros de la Unidad Central de Informática y Electrónica Forense de los Mossos, conjuntamente con una médica del Instituto de Medicina Legal de Catalunya, se atribuye a los táser una tasa de mortalidad del 1,4%. El artículo indica que “la utilización de armas eléctricas como mecanismo policial de inmovilización temporal es muy controvertida, ya que se han atribuido muertes en privación de libertad como consecuencia de su uso”. Asimismo, señala que es posible que induzcan fibrilación ventricular, es decir, un trastorno del ritmo cardiaco que presenta un ritmo ventricular rápido, irregular, de morfología caótica y que lleva irremediablemente a la pérdida total de la contracción cardíaca, con una falta total del bombeo sanguíneo y por tanto a la muerte del paciente. Además, la descarga podría causar lesiones musculares y cutáneas, en el sistema neuroendocrino, cerebrales o incluso podría provocar un aborto.
Otro elemento a destacar es que la persona que manipula el arma eléctrica influye en los efectos producidos, ya que controla la duración del paso de corriente eléctrica, el recorrido de la corriente por el cuerpo y la superficie y presión de contacto. Cabe destacar que dicha arma es potencialmente susceptible de ser empleada como mecanismo de tortura debido a que en muchos casos no deja rastro de su utilización. De hecho, en 2009 el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó la prohibición del uso de estas armas para evitar situaciones de tortura.
El abogado Andrés García Berrio escribió en eldiario.es en 2015 un artículo titulado “¿Qué son las pistolas táser y por qué nace una campaña en su contra?”, en el que decía “son muchos los motivos que nos llevan a plantear que el riesgo de estas armas es mucho mayor que la eventual necesidad de las mismas. Sobre todo, porque la presión de los sindicatos policiales se ha avivado después de las actuaciones policiales que conllevaron las muertes de Juan Andrés Benítez o Alfonso Bayard. Ante situaciones en las que se produjeron reducciones contrarias al protocolo de personas a las que se pretendía detener o identificar, y lejos de realizar una fuerte revisión de los protocolos policiales, se ha pretendido aprovechar la situación para presionar a los mandos políticos y policiales para que se aprueben la utilización de unas armas que han causado 269 muertes en EEUU entre 2001 y 2007, según el Informe “Voltios sin control” de Amnistía Internacional”.
Su uso se ha normalizado por parte de la Policía Nacional y las autonómicas. Y muy pronto sucederá lo mismo en Madrid. Sabemos que, una vez que ocurre esto, son muchos años de lucha necesarios para lograr su erradicación, tal y como nos demostró la lucha por la prohibición de las balas de goma en Catalunya, las cuáles no se prohibieron hasta que hubo al menos ocho personas que perdieron su ojo en dicha región y hasta que murió Íñigo Cabacas en Bilbao.
Reguero de muertes en Colombia
El anuncio de que se iba a dotar a la Policía Municipal de Madrid con 175 de estas pistolas se produjo el pasado 18 de septiembre, exactamente nueve días después la muerte de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años que fue sometido con brutalidad mediante el uso repetido de una pistola eléctrica por dos policías en Bogotá.
«Por favor, ya«, «agente, le ruego«, fueron las frases que dijo Ordóñez cuando estaba inmovilizado por dos agentes en una calle del barrio Santa Cecilia, en el occidente de la capital colombiana. Pese a ello, siguieron dándole descargas hasta que falleció. Y es que, como ya hemos explicado sobre estas líneas, la persona que manipula el táser controla la duración del paso de corriente eléctrica y tiene, literalmente, la vida de la persona a la que ha disparado en sus manos.
La actuación de los policías fue la gota que colmó el vaso en un país en el que las vulneraciones de derechos humanos son la norma. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra la violencia policial en las noches del 9 y el 10 de septiembre. “Quién nos cuida de la policía?”, “Policía asesina” o “Justicia para Javier, mañana podrías ser tú”, fueron algunas de las pancartas que se alzaron delante de decenas de sedes del Comando de Acción Inmediata (CAI) de la policía que horas después acabaron en llamas. Y es que la rabia se canalizó a través de espectaculares disturbios que provocaron importantes incendios en la capital. Sin embargo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no se quedó corto y reprimió de manera salvaje conjuntamente con grupos de personas armadas vestidas de civil, otramente llamados paramilitares. Su represión le costó la vida a 13 chavales y chavalas.
El saldo de las protestas nos lo resume Berta Campubrí en un artículo titulado “Colombia o la normalización de las masacres”, publicado en El Salto: “trece jóvenes sin vida, aproximadamente 300 manifestantes heridos, 66 por arma de fuego, 93 policías lesionados, 178 personas detenidas, una menor de edad violentada sexualmente en la comisaría de policía y decenas de vehículos de transporte público, de las fuerzas del orden y comisarías de la policía quemados. Fuentes no oficiales aseguran que los jóvenes muertos son más, pudiendo llegar a 20. La respuesta social al abuso, la brutalidad policial y la violencia estructural de este país en forma de protestas y disturbios, ha resonado en otras ciudades como Cali o Medellín durante las dos noches consecutivas a la muerte de Ordoñez. Con la excusa de la proliferación de este tipo de manifestaciones de acción directa, ya está en marcha toda una campaña de estigmatización de la protesta social y se ha decretado el toque de queda para las menores de edad en Bogotá”.
La ya popularizada como Masacre de Bogotá es la número 56 en lo que llevamos de 2020, que deja 218 personas asesinadas en este tipo de crímenes de lesa humanidad según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Otras armas “no letales” en Estados Unidos
Si seguimos al otro lado del charco y fijamos la vista más al norte, sabemos que los gringos llevan años usando sin pudor los táser. Una investigación llevada a cabo por la agencia Reuters a principios de 2019 ha documentado 1.081 muertes por el uso de táser en EEUU desde que se empezaron a usar a principios de los 2000. Los datos anuales más recientes de los que disponemos son de 2018, año en el que fallecieron 49 personas. El 55% de estas muertes se corresponden a personas pertenecientes a minorías étnicas.
Dada su alta tasa de mortalidad, Axon (antes conocida como Taser International), la principal empresa manufacturera de pistolas eléctricas, cambió la descripción de sus armas de “no letales” a “menos letales” en el año 2017.
Sin embargo, las noticias más recientes relacionadas con el armamento menos letal provenientes de este país no guardan relación con los táser, sino con un arma que parece sacada de los planes de un villano de una peli de James Bond: un rayo de calor, o cañón microondas, que genera la sensación a quien lo recibe de que le arde la piel de forma intolerable. Se trata de un arma considerada demasiado “inestable” como para utilizar en la guerra convencional y que podría contravenir la Convención de Armas Convencionales de Ginebra de 1980.
A mediados del pasado mes de septiembre se reveló que durante las protestas de Black Lives Matter el ejército norteamericano sopesó la posibilidad de usar este cañón contra los manifestantes que el 1 de junio se concentraron frente a la Casa Blanca. Finalmente se descartó la opción porque el mando central de Washington DC no tenía rayos de calor en sus proximidades.
No se trata de la primera vez que el gobierno de Estados Unidos se plantea usar este rayo contra población civil. En 2018, cuando la Caravana de Migrantes Centroamericanos inició su éxodo hacia la frontera de EEUU, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza valoraron en una reunión usar estas armas contra las miles de familias, con niñas y niños pequeños, que habían abandonado su hogar en busca de un mundo mejor.
“Más sanidad, menos policía”
Llevamos unos cinco años asistiendo a un avance espectacular de la ultraderecha y la xenofobia en todo el mundo. El fortalecimiento de estos discursos autoritarios viene acompañado, inevitablemente, del incremento del poder policial. Se reivindica la figura del superagente que nos protege de los elementos más indeseables de la sociedad, se le dota de más medios y se justifican sus acciones violentas como razón de Estado. Esto sucedió el pasado 24 de septiembre en Vallecas, cuando la policía cargó sin provocación alguna contra una centena de vecinas del barrio que se manifestaban contra el confinamiento colectivo. Al día siguiente, 2.000 personas recorrieron las calles del barrio con un mensaje claro: “más sanidad, menos policía”.
