Hace unos meses publicamos un artículo titulado “Crónica de un otoño represivo” en el que repasábamos varios casos represivos recientes. Un poco después, surgieron nuevos asuntos y nos vimos forzadas a reseñarlos en “Después de un otoño malo, un invierno peor. Oleada de casos represivos”. Y ahora que nos hemos adentrado en el cuarto mes del año, toca realizar un nuevo recorrido por algunos nuevos episodios, porque como dice la canción de Fito, “después de un invierno malo, una mala primavera”.
Las detenciones y las condenas proliferan por doquier. Los motivos que lo explican son variados y complejos, pero sin duda uno de ellos es el avance de la ultraderecha en nuestro contexto, el cual favorece un crecimiento de la política de mano dura contra los movimientos sociales.
Pablo Hasél, encarcelado
El periplo judicial del rapero comenzó en el año 2014, cuando la Audiencia Nacional le condenó a 2 años de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por el contenido de las letras de sus canciones en las que hablaba de presos de GRAPO, Terra Lliure y ETA. La pena se suspendió, pero le generó antecedentes penales. Estos antecedentes seguían vigentes en el año 2018, cuando la Audiencia Nacional le volvió a condenar, de nuevo, por el mismo delito y otro de injurias a la Corona, esta vez por el contenido de unos tuits que había publicado. La pena que se le impuso finalmente fue de tan solo de 9 meses de cárcel pero, como contaba con antecedentes, debía ingresar en prisión a mediados de febrero.
Hasél siempre descartó exiliarse en el extranjero, como lo hizo Valtònyc, porque sabía que quedándose y yendo a la cárcel indignaría a muchas personas y daría pie a una serie de movilizaciones. Sabía que «sacrificándose» y dejándose detener existirían más posibilidades de poner las injusticias de su caso sobre la mesa, abrir el debate social sobre la libertad de expresión y pelear por una amnistía para todas las personas condenadas por delitos de expresión. El 15 de febrero se encerró en la Universitat de Lleida, junto a decenas de estudiantes que se solidarizaron con él. A la mañana siguiente los Mossos d’Esquadra entraron en la universidad y se lo llevaron a la cárcel de Ponent.
Parece que la estrategia de Hasél (o su sacrificio, por llamarlo de alguna manera) de quedarse en Lleida y dejarse detener fue tremendamente exitosa en tanto que chispa que encendería la llama de la solidaridad. En los días que siguieron a su encarcelamiento miles de personas se manifestaron a favor de la libertad de expresión, por la libertad de Pablo Hasél y por la amnistía. Más de 200 artistas del Estado español (incluyendo pesos pesados como Sabina, Serrat, Almodóvar o los Bardem) se posicionaron a favor de su liberación. Fuera de nuestras todos los telediarios informaron sobre su encarcelamiento y más artistas se sumaron a su lista de apoyo.
Las movilizaciones y los apoyos han arrojado algunos resultados: forzaron a Podemos se vio forzada a pedir su indulto y poco después el Ministro de Justicia manifestó que pensaba reformar los delitos de expresión del Código Penal y, como mínimo, eliminar las penas de prisión asociadas a los mismos. De momento se trata únicamente de una promesa y la presión no debe bajar si se quiere lograr este resultado, pero la importancia de este gesto es clara: existe un reconocimiento, aunque sea tácito, de que nuestra legislación es excesivamente dura en lo relativo a los delitos de expresión y el Gobierno está abierto a la posibilidad de reformarlo. ¿Si se aprueba, será una reforma suficiente para garantizar la libertad de expresión en el Estado español? No, tan solo una pequeña mejora que buscará modificar penas de prisión por penas de multa, en lugar de despenalizar estos delitos.
Más de 140 detenciones en las manifestaciones de apoyo a Hasél
Antes del encarcelamiento de Pablo Hasél se celebraron manifestaciones en muchas ciudades de la península. Éstas se multiplicaron tras su entrada en prisión.
Durante las protestas se produjeron algunos disturbios; ardieron algunos contenedores y se arrojaron piedras a la policía. La prensa y los políticos, de manera unánime, condenó la «atroz» violencia, ignorando de forma deliberada que los actos de violencia más duros se produjeron durante las cargas policiales y los disparos de balas de foam, en los cuales una joven en Barcelona perdió un ojo.
Sobre las tácticas policiales en las manifestaciones Andrés Santafé escribió un artículo («El Síndrome de Sherwood o cómo la policía revienta una propuesta«). Explica por qué se producen algunos de los excesos que ocurren durante las protestas, como insultos, agresiones a manifestantes y periodistas, trato humillante, etc. También recomendamos el artículo «Hablan dos víctimas de las cargas policiales en Sol: “Los jóvenes estamos un poco hartos de luchar por lo mismo que ya lucharon nuestros padres”, publicado en El Salto. Para ver vídeos de distintas cargas policiales recomendamos la cuenta de Twitter del periodista Miquel Ramos.
Además de las lesiones sufridas por manifestantes, el saldo represivo fue elevado en lo que detenciones se refiere. En los primeros cinco días tras el encarcelamiento los distintos cuerpos policiales habían detenido a 109 personas. En el momento en el que escribimos estas líneas la cifra había subido a 144 y, posiblemente, vuelva a aumentar en el futuro.
A día de hoy, dos personas detenidas en protestas por la libertad de Hasél en Lleida se encuentran en prisión preventiva
De las detenidas en manifestaciones durante el mes de febrero, dos personas fueron encarceladas preventivamente en Barcelona (Carles y William) y otras dos en Granada (uno de ellos, Cristian, militante de CNT-AIT Granada). Unos días después, todos fueron puestos en libertad. A finales de marzo otras dos personas fueron encarceladas preventivamente en Lleida. A día de hoy permanecen entre rejas.
Ocho (luego siete) anarquistas, detenidas tras las manifestaciones de Pablo Hasél, en prisión
El sábado 27 de febrero los Mossos d’Esquadra detuvieron a ocho anarquistas en Catalunya: seis de ellas de nacionalidad italiana, una francesa y otra española. Según la policía catalana, se trataría de los principales responsables de la organización y materialización de los disturbios provocados los días anteriores en la ciudad de Barcelona. Una frase que, una vez más, demuestra que desde las instituciones del poder (atravesadas por un funcionamiento vertical y jerárquico) no se entienden los incidentes como una expresión espontánea de una rabia colectiva o popular contra todo lo que nos oprime, por lo que siempre tratan de buscar promotores u organizadores de los disturbios.
Los Mossos, además, atribuyeron a una de las detenidas (una mujer italiana llamada Sara) el prender fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro (el cual salió ileso) durante una de las manifestaciones. La acción, según los funcionarios, habría sido amparada por sus compañeras, por lo que todas compartirían responsabilidades. En consecuencia, el cuerpo armado calificó los hechos como delitos de pertenencia a una organización criminal, tentativa de homicidio, desórdenes, daños y atentado a agente de la autoridad.
La decisión de imputarles una tentativa de homicidio ha sido una decisión muy criticada, pues claramente ni por los medios (el fuego de la furgoneta no fue muy intenso, apenas generó daños y el policía no sufrió ninguna lesión), ni por la falta de dolo, se puede encajar la acción en ese delito. No obstante, la prensa no ha recogido estas reservas (ni ninguna posibilidad de que las detenidas sean inocentes) y ya las ha sentenciado; publicando, además, sus nombres, sus fotos y datos ridículos, como que una de las detenidas poseía un Apple.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado su intención de personarse como acusación popular en la causa contra las detenidas.
El martes 2 de marzo las anarquistas pasaron a disposición judicial. Un juzgado de instrucción de Barcelona ordenó el ingreso de todas las detenidas en prisión preventiva.
Ante la noticia del encarcelamiento, El Lokal del Raval publicó un comunicado que decía, entre otras cosas, lo siguiente: «da mucha rabia como el juicio ya está hecho, la condena ya se ha activado. Nada de presunción de inocencia, Acusadas de intento de homicidio, de grupo criminal organizado, registros sin encontrar pruebas, La nota de la policía filtrada a todos los medios que la repiten y asumen como propia, Cerrazón de la clase política, económica, acusándolos de tener «voluntad de matar» y un juzgado que hace lo que ya estaba escrito, imputarlos de la forma más grave y prisión provisional sin fianza.
No hay ninguna duda, son culpables, son anarquistas, la mayoría italianos. El cuento de siempre que al cabo de un tiempo se desmonta. Hay que escarmentar, hay que ejemplarizar, hay que castigar y frenar las protestas que desbordan los cauces del sistema.
Lucharemos por cambiar este sistema, lucharemos de forma organizada, asamblearia, sin lideres, respetando la vida humana y no las instituciones, como siempre han hecho los anarquistas«.
Lucharemos por cambiar este sistema, lucharemos de forma organizada, asamblearia, sin lideres, respetando la vida humana y no las instituciones, como siempre han hecho los anarquistas
El Lokal del Raval
19 días después, la compañera italiana Sara salió en libertad. Un estudio pericial antropométrico, junto al análisis de la ropa, demostró que ella no era la persona que había prendido fuego al furgón, pese a que el atestado policial aseguraba sin reservas que ella era la autora. La credibilidad de los Mossos, por los suelos.
La abogada de Pablo Hasél, en el punto de mira
Por si fuera poco, Alejandra Matamoros, la nueva abogada de Hasél, ha sufrido represalias por realizar su trabajo. En un debate en televisión dijo que en el Estado español la policía comete torturas y que algunos de los detenidos en las últimas movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél habían sufrido malos tratos. Esto provocó que un sindicato policial (el SUP) se querellara contra ella por un delito de injurias contra la policía.
Por otro lado, otro sindicato policial (el CEP) presentó una queja contra ella en el Colegio de Abogados. Un día después, el Decano del Colegio de Abogados de Madrid (condecorado por la policía en 2019 en el Día de sus Patronos) acusó recibo de su escrito haciéndole llegar al remitente su “total y absoluto apoyo a la (según el criterio personal del Decano) gran labor que realiza el Cuerpo Nacional de Policía velando por los intereses y defensa de los ciudadanos”.
Una vez abierta la veda contra la abogada, distintos medios de comunicación se pusieron a hurgar en su pasado. El Español encontró que en una charla hacía unos años Alejandra había dicho lo siguiente: “En el caso de Euskal Herria, los compañeros tuvieron que luchar con los únicos medios que tuvieron y les dejaron, que fueron las armas. Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación”. Esta frase sirvió para que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se querellara contra ella por un delito de enaltecimiento del terrorismo, lo cual demuestra, una vez más, el peligro que corre la libertad de expresión.
Investigado un hombre en Murcia por pedir «guillotina para el rey Felipe»
Continuando con la represión a la libertad de expresión, cabe señalar que un hombre de 40 años de Alhama de Murcia está siendo investigado desde mediados de febrero como presunto autor de un delito de injurias a la Corona, por publicar un comentario en Facebook pidiendo«guillotina para el rey Felipe VI«, junto a una foto del monarca.
En este caso la Policía Local de Alhama de Murcia actuó de oficio contra esta persona (es decir, sin que denunciara nadie, sino por iniciativa propia) y dieron cuenta a la Audiencia Nacional.
Denunciado por celebrar la muerte de un guardia civil: «Sólo uno, mierda, algo se está haciendo mal»
La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) interpuso a finales de febrero varias denuncias por delitos de odio después de que distintas personas celebraran en redes que el guardia civil Ángel Antonio Ambrosio muriera arrollado por un camión en Mieres (Asturias). Por ahora sabemos que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cervera de Pisuerga (Palencia) ha abierto una investigación contra un vecino de Guardo (Palencia) por supuestamente publicar en redes el siguiente mensaje (acompañado de emoticonos): “Solo 1, mierda algo se esta haciendo mal”.
¿Pero es esto posible? ¿Se puede investigar a alguien por un delito de odio cuando la víctima es un policía o guardia civil? En el artículo «¿Pueden los cuerpos policiales ser víctimas de delitos de odio?», publicado en El Salto, nos explican por qué no:
«El artículo 510.1.a) del Código Penal (CP), que regula los delitos de odio, establece que se castigará con penas de uno a cuatro años de prisión a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.
Es un poco largo, así que desgranémoslo. El artículo persigue las conductas (1) públicas que (2) fomenten, promuevan o inciten al odio por (3) una serie de motivos. Y aquí está la clave. Los motivos han de ser (a) racistas, (b) antisemitas, (c) referentes a la ideología, (d) religión, (e) creencias, (f) situación familiar, (g) pertenencia a una etnia, (h) raza o (i) nación, (j) su origen nacional, (k) su sexo, (l) orientación o (m) identidad sexual, (n) por razones de género, (ñ) enfermedad o (o) discapacidad. Son muchas razones (o desrazones, mejor dicho), pero entre ellas no se encuentra la de desempeñar una determinada profesión, la de estar adscrito a un cuerpo profesional o la de ser un funcionario público.
Comentando esta circunstancia en redes sociales alguna persona me ha señalado que podría darse el motivo (c) de promover el odio en base a la ideología. Esto es un error. Lo que el tipo penal del 510 CP enumera son las características del sujeto pasivo, es decir, la víctima del delito. No describe las características del sujeto activo, del autor. Por ello, la ideología de quienes se concentraron es indiferente; lo relevante es el ideario de quienes fueron objeto de esas protestas.
En otras palabras, para concluir que los agentes sufrieron un delito de odio habría que asumir que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una ideología propia o que hace suya la del gobierno. Ambos supuestos son ilegales e inaceptables.
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece, en su artículo 5.1.b) que uno de sus principios básicos es el de “actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad”. Un cuerpo neutral no es un cuerpo ideologizado y un cuerpo no ideologizado no es, jurídicamente, una víctima del odio«.
Condenan a un año de cárcel a un vecino de Avilés por delito de odio contra la Policía
En la misma línea, el pasado 25 de febrero, un hombre acusado de cometer un delito de odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de mensajes en Facebook reconoció ante un juez los hechos y aceptó un año de cárcel y una multa de 1.080 euros, lo que hizo innecesario celebrar el juicio que iba celebrarse ese día en el Juzgado de lo Penal 1 de Avilés. Los mensajes fueron publicados el 17 de octubre de 2019 sobre las dos de la mañana con motivo de los altercados ocurridos en Catalunya tras la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo contra el Procés.
Gasteiz denuncia ante la Fiscalía un cartel publicado en redes para denunciar una actuación policial
Por si a estas alturas no fuera suficientemente claro que tenemos un importante déficit de libertad de expresión, el 26 de febrero el Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gasteiz denunció ante la Fiscalía de Araba a un estudio de diseño por la publicación en redes sociales de un cartel en el aparece un agente de la Policía Local junto al eslogan «All pitufos are bastards».
El cartel fue publicado el 14 de febrero, el mismo día en el que fueron detenidas dos personas en el bar Iguana, en la calle Correría de Gasteiz, en una polémica actuación del citado cuerpo policial.
Willy Toledo, juzgado por llamar a Abogados Cristianos «trogloditas» y «ultraderechistas»
El 26 de febrero, el actor Willy Toledo se volvió a sentar en el banquillo por culpa de la Asociación Abogados Cristianos. Esta vez fue por una demanda civil y no penal, por una supuesta vulneración del honor de la entidad y de su presidenta, Polonia Castellanos. El Juzgado de Primera Instancia 9 de Valladolid, le juzgó por haber dicho que la asociación es «ultraderechista«y por tildar a su presidenta de«troglodita«. Ésta le reclamó una indemnización de 6.000 euros por vulnerar su derecho al honor.
Finalmente, fue absuelto.
La Fiscalía abre diligencias contra Echenique por un tuit
Pablo Echenique, dirigente de Podemos, fue denunciado por los sindicatos policiales CEP, SUP, Jupol y ASP el 22 de febrero ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por “alentar” y “fomentar los disturbios” durante las protestas por la libertad de Pablo Hasél por publicar un tuit diciendo “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que está pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contudencia”. Vox, por su parte, optó por querellarse directamente contra él ante el Tribunal Supremo.
La denuncia a Echenique y la incoación del expediente en Fiscalía ha coincidido en el tiempo con el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación del chat de ex-militares en el que decían que habría que “fusilar a 26 millones de hijos de puta” y dar un golpe de Estado.
Denuncian al Centro Social La Molinera por injurias contra la Corona
El 22 de febrero el Centro Social Okupado (CSO) La Molinera (Valladolid) colgó una pancarta en su fachada que rezaba «Leonor se va de España, como su abuelo. Los borbones son unos ladrones«. La pancarta aludía al hecho de que la princesa Leonor va a estudiar en Gales y a que su abuelo se encuentra en Emiratos Árabes por alguna razón.
El Ayuntamiento pucelano anunció que retiraría la pancarta (tras una petición de Vox) y la Delegación de Gobierno dijo que estudiaría si denunciar al centro social por un delito de injurias contra la Corona.
Un par de días después, alguien retiró la pancarta. El Ayuntamiento manifestó que no fue el consistorio quien lo hizo, por lo que el CSO ha apuntado hacia colectivos de extrema derecha. Tras la retirada de las pancartas originales, desde La Molinera se reafirman en sus mensajes y con sorna han colocado una nueva en la que se lee la célebre frase rey emérito Juan Carlos, «lo siento mucho, me equivocado y no volverá a ocurrir«, a la que sigue un lacónico «pero los borbones siguen siendo unos ladrones«.
Ruymán Rodríguez, acusado por un delito de atentado contra agente de la autoridad
A finales de marzo se juzgó al compañero de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) Ruymán Rodríguez por una supuesta patada en el muslo a un guardia civil en 2015. La Fiscalía pide un año y seis meses de prisión para el activista. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (SIGC) y FAGC ha calificado la acusación como una “farsa”, “otro montaje policial y judicial que solo busca esconder otro caso de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
También se juzgó el mismo día a tres guardias civiles acusados de torturar al detenido. La Fiscalía pide la absolución de los agentes. La defensa de Rodríguez pide siete años y medio de prisión para los tres guardias civiles por los delitos de detención ilegal y torturas.
El TSJ de Aragón confirma la condena de 20 años de prisión impuesta a Rodrigo Lanza
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirmó a finales de marzo la pena de 20 años impuesta a Rodrigo Lanza. Ha rechazado el recurso presentado por Rodri y confirma, en todos sus extremos, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza el 22 de septiembre de 2020. La estrategia seguida por la Fiscalía, las acusaciones y la prensa ha dado sus frutos. Era la crónica de una condena anunciada para cualquiera que haya seguido los eventos detalladamente, siguiendo un orden cronológico y entendiendo correctamente la sucesión de hechos. Para leer toda la historia del caso, pincha aquí.
El juez imputa a la víctima de los dos policías en Linares por atentado contra la autoridad
El pasado 12 de febrero un hombre recibió una brutal paliza por parte de dos policías nacionales fuera de servicio que, posiblemente, se encontraban ebrios. Le increparon a él y a su hija (menor de edad) en un bar de Linares (Jaén) y posteriormente le atacaron con violencia por la espalda, se echaron encima de él, le agarraron por el cuello, le propinaron reiteradas patadas e incluso le estamparon una botella de cerveza en la cabeza, golpe que finalmente le dejó inconsciente. Por fortuna, había varios testigos que lo presenciaron (entre ellos, su cuñado, que también fue agredido) y grabaron en vídeo y quedó patente que la víctima de la agresión era él.
Sin embargo, el 18 de febrero el juez instructor le tomó declaración en calidad de investigado por un delito de atentado. Todo ello porque los agentes declararon ante el juez que fue él quien realmente inició la pelea.
La policía carga y dispara con fuego real en Linares
Al día siguiente de la paliza en Linares, el 13 de febrero, decenas de personas se concentraron frente a la comisaría de policía para denunciar la violencia policial. A esto le siguieron cargas y disparos de proyectiles hacia los manifestantes, que fueron en aumento durante las concentraciones del 14 de febrero. Algunos vídeos muestran escenas de violencia que han sido denunciadas. Pero, sin duda, el episodio más fuerte sucedido en Linares fueron los disparos con fuego real (perdigones) hacia manifestantes. La policía dijo poco después que se trataba de un “lamentable error”.
La Fiscalía se querella contra Roger Torrent por desoír al Constitucional para reprobar la monarquía
El 1 de marzo la Fiscalía de Catalunya se querelló por un delito de desobediencia contra el presidente del Parlament en la pasada legislatura, Roger Torrent, y los miembros de JxCat y ERC en la Mesa del Parlament por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía, pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Tribunal Constitucional se lo había prohibido.
La Fiscalía pide penas de hasta 7 años y 4 meses de cárcel para 21 personas por el Rodea el Congreso de 2012
El pasado 25 de febrero, más de ocho años después de la manifestación del Rodea el Congreso del 25-S de 2012, la Fiscalía de Madrid hizo público su escrito de acusación contra las 21 personas que fueron detenidas en la convocatoria. Casualmente, lo dieron a conocer los medios durante la plena vorágine de las protestas por la libertad de Pablo Hasél. Una mente malpensada podría pensar que buscaban dar ejemplo mediante la intimidación. Les acusa de desórdenes públicos, atentado y, en algunos casos, lesiones y pide penas que van desde los tres años y ocho meses de cárcel hasta los siete años y cuatro meses.
Tres personas denuncian a la Policía por agresión a la salida de un concierto en Madrid
El pasado 6 de febrero, unas horas antes del comienzo de una manifestación en solidaridad con Pablo Hasél (previo a su encarcelamiento), tres jóvenes punks fueron paradas en la calle Atocha de Madrid.
“Íbamos andando por la calle y del tirón nos pidieron la documentación. Cuando les preguntamos por qué nos identificaban, nos dijeron que nos pusiéramos contra la pared, y les volvimos a decir que por qué nos pedían hacer eso. En ese momento, a nuestro compañero lo tiraron al suelo entre cinco policías”, explicó una de los tres jóvenes a La Marea. «Nos decían que estuviéramos calladitos, que se nos iba a caer el pelo, y les decíamos que no habíamos hecho nada, y cada vez que hablábamos nos daban una hostia. Los vídeos duran unos minutos pero estuvimos allí retenidos como una media hora«.
«Nos decían que estuviéramos calladitos, que se nos iba a caer el pelo, y les decíamos que no habíamos hecho nada, y cada vez que hablábamos nos daban una hostia«
Los agentes, según explica la compañera del detenido, también profirieron algunos comentarios despectivos contra el detenido: “Le decían que era una ferretería con tantos hierros encima o que era un guarro”, en palabras de la afectada. “Cuanto más decíamos que le soltaran, más nos pegaban a nosotras”, continúa. Ella misma relata cómo los agentes “le pisaban la cabeza y el cuello”, según sus términos, y él no dejaba de gritar que se estaba ahogando.
Tras la actuación, los agentes de la UIP trasladaron a Moratalaz al detenido, que llegó a la comisaría a las 16 horas y fue liberado a las 9h del día siguiente sin haber pasado a disposición judicial pero acusado por la Policía de resistencia y atentado a la autoridad. “Me meten resistencia y atentado a la autoridad como si yo les hubiera agredido, y ni les toqué”, señaló a El Salto.
Durante su estancia en Moratalaz afirma que recibió insultos y vejaciones por parte de los agentes. “Me llamaban guarro y, como me tuve que quitar todo para entrar en el calabozo, me dijeron que llevaba una ferretería encima”, recuerda. Tampoco le dieron cena y le despertaron varias veces durante la noche con hostilidad.
Denunciaron los hechos al poco de su puesta en libertad.