Marzo negro contra las nuevas Leyes y Acuerdos de defensa de la propiedad intelectual

Empecemos recordando algo que a estas alturas ya no es noticia: el 19 de enero de 2012, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) aprobó la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act). Ese mismo día el Ejecutivo norteamericano cerró varias páginas web, siendo la más conocida Megaupload (página calificada por un alto cargo estadounidense como de “crimen organizado”), y se procedió a la detención de sus multimillonarios gestores en Nueva Zelanda, todo ello sumido en un mar de revuelo mediático y político.

La Ley SOPA fue presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 con forma de proyecto de ley en el que se ampliaban los poderes gubernativos en EEUU para combatir las descargas de internet protegidas por copyright y proteger los derechos de autor de productos falsificados. Tras su aprobación en enero de este año, se estableció inmediatamente el uso en territorio estadounidense de un mecanismo de censura en internet similar al utilizado en China, Irán o Siria (lo cual, por cierto, siempre ha sido duramente criticado por los gobiernos occidentales por atentar contra la libertad de expresión) con el pretexto de perseguir la denominada piratería online.

Sin embargo, a pesar de que la aplicación de esta Ley en principio se llevaría a cabo únicamente en EEUU, dado que la mayor parte de la infraestructura de la red se encuentra en ese país (con especial mención de las páginas más utilizadas a diario en todo el mundo, como Youtube, Google, Twitter, Facebook, E-bay y Megavideo) y, como consecuencia, se encuentran bajo su jurisdicción, es inevitable que tenga un gran impacto a nivel mundial. En la actualidad, cualquier dominio acabado en .com, .net o .org podrá ser inhabilitado desde EEUU al margen de lo que establezca la legislación del país desde el cual se haya creado y, además, los proveedores de conexión, los servicios de publicidad o los servicios de pago online se verán obligados a bloquear sus servicios a sitios calificados como “sospechosos” tras la interposición de una denuncia (sin la mediación de una orden judicial) por parte de los/as titulares de un derecho de propiedad intelectual supuestamente damnificados/as.

Esta novedad legislativa – que una vez más viene a ratificar la hegemonía de EEUU en materia comercial y de flujo de información – se complementa a la perfección con el acuerdo ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo Comercial Anti-Falsificación), que obliga a los proveedores de acceso a internet a monitorear todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde la red. En virtud de este acuerdo, al cual España se encuentra adherido desde el pasado 27 de enero por medio de la Unión Europea (UE), un/a usuario/a podría eventualmente recibir multas, perder el derecho a la conexión a la web o ser condenado/a a una pena de prisión.

Foto tomada en el barrio Lavapiés: “No más internet a partir de este punto”

Como respuesta a la aprobación de la Ley SOPA, el grupo de “hacktivistas” Anonymous lanzó durante la noche del 19 al 20 de enero el mayor ataque informático de la historia contra EEUU y la industria musical a través de 27.000 ordenadores repartidos por todo el mundo, logrando tumbar las webs del Departamento de Justicia, la Oficina Federal del Copyright, la policía de varios estados, del FBI, Sony Music, Warner, EMI y Universal Pictures. Además, lograron crear en tiempo récord un clon de la web Megaupload (www.megaupload.bz) y en España tumbaron durante algunas horas la página de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Unos días más tarde, concretamente el día 23 de enero, Anonymous emitió un comunicado afirmando que “las industrias de la música, la televisión, el cine y el videojuego han decidido apoyar una legislación que permite la censura y el cierre de páginas sin procedimiento judicial. Han decidido golpear primero, pero nosotros podemos hacerlo donde más les duele: en su margen de beneficios”. Para ello, convocaron lo que han denominado el Marzo Negro, una invitación a boicotear durante cuatro semanas a la industria del entretenimiento (televisión, cine y videojuegos) y a no comprar material audiovisual en todo este tiempo. “No alimentemos más a quien no nos respeta. Son sólo cuatro semanas. Nosotros podemos aguantar sin ellos. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar ellos sin ningún ingreso?”, agregan.

El Marzo Negro, además de caracterizarse por este boicot, se verá acompañado por varias acciones (en su mayor parte cibernéticas) similares a las que se han estado llevando a cabo en los últimos meses. Por citar algunos ejemplos, Anonymous publicó en internet y puso a disposición de ser descargada gratuitamente toda la discografía de la empresa Sony (24 de enero), filtró y publicó una conversación privada entre agentes del FBI y del Scotland Yard (4 de febrero) y bloqueó la web de la CIA (12 de febrero) y compañías como Youtube o Wikipedia procedieron a apagar sus páginas durante 24 horas como forma de protesta (19 de enero).