Sobre los fuegos en Valencia, los recortes y la militarización de las emergencias

En el último mes, en sólo dos incendios, se han calcinado en Valencia unas 50.000 hectáreas de monte. Desde el primer momento, uno de los objetivos primordiales del Gobierno valenciano ha sido encontrar  responsables a los/as que culpar del desastre.  Así, se han dado prisa en señalar a dos jóvenes trabajadores que al parecer podían haber ocasionado el fuego en Cortes de Pallás, al soltar una chispa la sierra con la que trabajaban y a un agricultor que realizaba quemas de rastrojos en el incendio de Andilla.

Es evidente que esas actividades son peligrosas, más aún en una zona de alto riesgo de incendio, pero tal vez a los/as culpables de los fuegos que asolan todos los años los bosques de la península hay que buscarlos en los Gobiernos autonómicos y nacionales que con sus políticas ocasionan que cualquier chispa en terreno forestal se convierta en la quema de miles de hectáreas.

Los/as trabajadores del sector forestal, llevaban años avisando de que la situación era insostenible, que la reducción de presupuesto y de personal en la prevención de incendios y cuidado del monte creaba las condiciones perfectas para que en verano se declararan grandes fuegos. Y que las repoblaciones llevadas a cabo con pinos y eucaliptos, árboles de rápido crecimiento y, por tanto, muy apetecibles para la industria maderera, eran una temeridad, ya que son especies que arden muy fácilmente. Ecologistas en Acción, en un informe sobre la relación de estas especies con los incendios en la península, denunciaba que casi la mitad de los fuegos afectaban a bosques de pinos y eucaliptos, pese a que proporcionalmente estos árboles ocupan una mínima parte de la superficie forestal.

A estos problemas, hay que añadir la destrucción de la cadena trófica en nuestros montes, como consecuencia de la mala gestión y el abuso que los humanos hacemos de los recursos y espacios naturales, provocando un desequilibrio en el ciclo natural de los ecosistemas. Los espacios naturales son considerados como meros recursos económicos y modificados en función de los beneficios capitalistas que de ellos se puedan obtener, creando bosques y montes artificiales, casi sin animales y desestructurando los ecosistemas naturales. Existe una escasa población de animales herbívoros que mantengan limpios los montes al consumir la vegetación que en verano se seca y arde con facilidad. Y en las ocasiones en las que esta población aumenta son considerados como plagas por la ausencia de depredadores naturales que generalmente han sido eliminados por el excedente ser humano. La solución que se da a este problema es una vez más la imposición a la naturaleza de los intereses humanos: el excedente animal es suprimido mediante la caza, un exterminio de especies animales por placer que  supone por un lado muerte, sufrimiento  y  ruptura de  núcleos familiares y comunitarios de muchas especies y que por otro conlleva la contaminación del monte por plomo y la imposibilidad del disfrute de los espacios naturales por personas no armadas.

Y llega el verano y con él, las llamas

Como los/as trabajadores/as forestales habían avisado, con el calor empezaron a desencadenarse los incendios que deberían haberse intentando prevenir en los meses anteriores. Tras el incendio en el parque natural gallego de las Fragas do Eume en abril, las llamas atacaron a Andilla y Cortes del Pallás en Valencia, Comunidad Autónoma donde este año se habían contratado mil brigadistas antincendios menos que el año pasado y donde se produjo un recorte de cinco millones de euros en el gasto en extinción de incendios. Hay que reseñar también una coincidencia curiosa, en diciembre de 2011, el Gobierno valenciano modificó la Ley de Montes para suavizar la norma estatal que impide la construcción en terrenos afectados por incendios en los treinta años siguientes a la quema. Casualmente, uno de los parajes naturales en los que se pensaba cuando se redactó la ley, la zona de Dos Aguas ha sido devastada por el fuego, dejando vía libre a las constructoras para urbanizar el terreno. A esto hay que unir que en bastantes de los terrenos calcinados existían proyectos para la construcción de campos eólicos, cuya aprobación será ahora más sencilla.

Y una vez más, los recortes en personal de extinción de incendios tuvieron consecuencias desastrosas, como el fallecimiento de un piloto que trataba de apagar las llamas y la muerte de este trabajador, están los cientos de miles de animales que han perdido la vida y cuyas muertes no se han mencionado en ningún medio de comunicación. La zona quemada de Cortes de Pallás es una de las reservas de fauna más importantes del estado español, en cuanto a la cabra montesa y muflón. En estas zonas de alta biodiversidad de fauna, además de cabras monteses y muflones, viven lobos, zorros, tejones, visones europeos, jinetas, ciervos, entre muchos más. Muchas personas que se desplazaron a Valencia para salvar la vida a estos animales han denunciado que la Guardia Civil no les ha permitido colaborar en su auxilio con la excusa de que la fauna salvaje es tarea del Seprona y que los animales de granja son propiedad privada, por lo que en caso de llevárselos para proporcionarles asistencia se les podría acusar de robo.

Recortes en Madrid

En nuestra Comunidad, la gestión de los incendios no se salva de la ola de privatizaciones y recortes, convirtiendo el fuego, al igual que la educación, la sanidad, el agua… en un gran negocio. Cada vez más aspectos de prevención y extinción de incendios están siendo otorgados a FCC y ACS, dos de las mayores constructoras del Estado. Mientras, se reduce personal contratado directamente por la Comunidad de Madrid, siendo más de trescientos trabajadores/as los/as dejados/as de contratar desde el año 2008.

A la reducción de personal, hay que sumar el plantón realizado por los/as bomberos/as. Hartos/as de que la realización de horas extraordinarias fuesen utilizadas como excusas para el despido de trabajadores/as forestales y para no ampliar la plantilla de bomberos/as, aprobaron en referéndum dejar de hacer horas extraordinarias. Exigen que los 4,7 millones de euros gastados en remunerar las 153.000 horas extras realizadas se destinen a la contratación de más personal.

La UME (o el zorro cuidando de las gallinas)

Frente a los incendios, la respuesta del estado ha sido militarizar las tareas de extinción mediante la Unidad Militar de Emergencias (UME),  creada en 2005, tras la plaga de incendios que asoló las tierras gallegas ese verano. La función de esta unidad del Ejército es la respuesta ante fenómenos naturales, principalmente en incendios (pese a que ya hemos apuntado que los incendios, de naturales tienen poco), pero su campo de actuación también incluye el combate a actos ilícitos y violentos o atentados terroristas, lo que en una época donde la frontera entre la protesta social y el terrorismo ha sido difuminada por el Estado, nos augura ver más frecuentemente a esta Unidad.

En los dos primeros años desde su creación, recibieron una inversión de 1.660 millones de euros y este año, no le han afectado los recortes que han mermado las plantillas del personal civil en todas las Comunidades Autónomas (50% en Castilla y León, 20% en Castilla la Mancha, 30% en Galicia, etc.) recibiendo el mismo presupuesto del año anterior, 150 millones de euros para una plantilla de sólo cuatro mil efectivos.

El despliegue del Ejército en el combate frente a las llamas presenta un doble peligro, por un lado, la eliminación de puestos de trabajo de carácter civil y la desviación de presupuestos civiles a militares. Otro riesgo es que se empiece a ver como normal la participación de un cuerpo armado, sujeto a los valores de disciplina y  obediencia ciega, en cada vez más ámbitos de nuestra vida. Como denunciaba la Sección Forestal de la CNT de Salamanca, (http://old.kaosenlared.net/noticia/sector-forestal-salamanca-estado-fin-campana-incendios-forestales-ahor) “la actuación de la UME en los incendios “ha sido tratado como acto de heroicidad por parte de la prensa. El objetivo es que el ejército empiece a verse como una ONG al servicio del ciudadano, en lugar de la máquina de matar que es y será siempre.” Y como se expresaba en el texto Ellos están en guerra, ¿y nosotros? de la publicación Ekintza Zuzena  (http://www.nodo50.org/tortuga/Ellos-estan-en-guerra-Y-nosotros), “queda claro que lo que los dominadores quieren hacer es, por un lado, forzar la militarización de los servicios de emergencia, ya que ahora en un desalojo o manifestación -para poner un par de ejemplos políticamente más extremos que las calamidades naturales-, si los bomberos se niegan a hacer tareas represivas, los efectivos de la UME están listos para quitarles el trabajo; y, por el otro lado, quieren pintar a los soldados españoles como los amigos del pueblo (que nunca han sido), es decir, presentarles no como los asesinos que son, sino disfrazarles como los que te ayudan en situaciones de dificultad, los que te sacan de la carretera cuando ha nevado «demasiado» o salvan a tus familiares de una aluvión o incendio forestal”

Esta militarización de los servicios de emergencia, al igual que ha ocurrido desde hace unas décadas con la ayuda humanitaria, es una tendencia que en los últimos años no ha dejado de acentuarse. Hemos podido ver la actuación de las fuerzas Armadas fuera de nuestras fronteras en la invasión multinacional de Haití tras el terremoto de 2010, el despliegue de quince mil militares en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina encargados/as de la represión  clasista y racista de los/as habitantes que se negaban a abandonar sus escasas posesiones e impedían una regeneración de la ciudad según los planes de las élites, y la ocupación de poblaciones en Italia tras las emergencias de las basuras en Nápoles en 2008 y 2010 y el terremoto en L´Aquila en 2009. En el Estado español les hemos visto actuar de revienta huelgas tras el paro de los/as controladores aéreos en 2010 y a Esperanza Aguirre se le llegó a ocurrir amenazar a los/as huelguistas de Metro de Madrid con militarizar el servicio en el verano de ese mismo año.

Hay que preguntarse también la pertinencia de dar al ejército un papel tan importante en la lucha contra el fuego, dado que este cuerpo es el responsable del 6% de los incendios ocasionados en el Estado por negligencias o accidentes. Así, este verano, las Fuerzas Armadas provocaron un incendio en el que ardieron cincuenta hectáreas en el Campo de Maniobras de San Gregorio en Zaragoza, mismo lugar donde en el año 2009 quemaron más de seis mil hectáreas en el que el personal civil no podía trabajar por el riesgo de explosión de las municiones abandonadas allí durante años.