“A la ministra vas”. Cuando el chivateo se vende como solidaridad

Chivato/a: “En la tradición popular, fantasma que representa al demonio, y se manifiesta bajo la forma de un chivo que despide llamas por los ojos” (RAE). En la actualidad, soplón/a, delator/a, chota, informador/a, acusica… Persona que sin ser parte obligada, por beneficio propio, o por ataque agudo de ciudadanismo y obediencia, traiciona a sus semejantes ofreciéndolos en bandeja a quienes ostentan el poder.

El 5 de agosto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social envió una carta abierta a los medios de comunicación titulada “La lucha contra el fraude laboral es responsabilidad de todos”. En dicha misiva, además de echarse flores por su inestimable labor al “ahorrar” dinero público a base de privar a 60.004 personas de su mísera prestación por desempleo, instaban a todo cristo a ayudarles en tan despreciable tarea. Para ello, anunciaban la creación por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, de un “buzón de lucha contra el fraude laboral”. A partir de ahora, a través de la web del propio Ministerio, cualquier persona puede acceder a un formulario y delatar, de manera completamente anónima, a quien esté cometiendo algún tipo de irregularidad. En un primer momento, es inevitable llevarse las manos a la cabeza al ver cómo las mismas instituciones que nos ponen la soga al cuello, las mismas personas que se lucran a nuestra costa, y el mismo sistema que se sustenta sobre la avaricia y la corrupción, nos pide colaboración para luchar contra el fraude. De hecho, poco tardaron las redes sociales en conseguir que el buzón se llenara de denuncias anónimas contra Bárcenas y compañía. Sin embargo, creemos que hay mucho más que analizar en todo esto. Para empezar, parafraseando a Ana Botella, en esta iniciativa se mezclan de manera flagrante peras con manzanas. Es decir, que en un mismo saco se meten empresas que están incumpliendo las normas de seguridad laboral, contratos ilegales, y trabajadores/as que están cobrando prestaciones de manera “irregular”.

Sobra decir que a nosotras/os no nos fue remitida esa carta, y que no hay nada más lejos de nuestra intención que darle eco a las falacias y manipulaciones que contiene; pero consideramos interesante reproducir algunos fragmentos, aunque sólo sea para poder jugar a detectar las siete diferencias entre lo que nos quieren hacer creer, y lo que están haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo y con el sudor de nuestra frente. Dice así:

“Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca la competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia. El fraude laboral, ya sea practicado por quien contrata al margen de la ley o por un trabajador que percibe una prestación de manera irregular, es responsabilidad de quien lo practica, y las administraciones públicas tienen la obligación de perseguirlo”.

No hace falta ser economista para ver la simplificación que se hace del problema, y cómo nos quieren cargar con el  muerto de todas las posibles bajadas de las pensiones y subidas de la edad de jubilación entre otras cosas. Ahora no será culpa de sus reformas ni de su sistema, sino culpa nuestra, por usar de manera irresponsable dicho sistema.

Por otro lado, aunque el abanico de posibles situaciones de fraude que proponen sea muy amplio, jamás podrán ser lo mismo una empresa que no respeta los pocos derechos que quedan a los/as trabajadores/as, y un/a trabajador/a que recibe una prestación de manera irregular. Sólo hay que pararse a analizar lo que ellos/as incluyen dentro de estas “irregularidades”: personas a las que se ha retirado la prestación por “falta de disponibilidad para el empleo” (porque no han querido o no han podido aceptar el primer curro de mierda que se les ha ofrecido, a tomar por culo de su casa o por un sueldo tan mísero que no les permite mantener a su familia); personas que no cumplían “los requisitos de acceso y mantenimiento” de la prestación (gente que ha incumplido un trámite burocrático, que ha olvidado ir a sellar la demanda, que ha tenido la osadía de irse de viaje en los pocos días de su vida libres de esclavitud laboral…); o por compatibilizar la prestación con un empleo en negro. Es decir, personas necesitadas que no llegan a fin de mes con el importe ridículo de las prestaciones, cuyo máximo no alcanza los 1.200 euros (en caso de tener más de dos hijos a cargo). Lo que el nuevo buzón pone sobre la mesa, es la oportunidad de ayudar a que cualquiera que no cumpla a pies juntillas las asfixiantes condiciones para optar al dinero que le pertenece por sus años de cotización, pueda ser privado/a de dicho dinero e incluso amonestado/a o ser acusado/a de un delito. No olvidemos que las prestaciones de nivel contributivo son una especie de seguro de desempleo que a los/as trabajadores/as se nos descuenta en parte del salario o que la empresa paga a la seguridad social en vez de a nosotros/as directamente, y que nadie le está robando nada a nadie por el hecho de querer cobrarse ese seguro cuando lo necesita, ni siquiera en el más pícaro de los casos. También, dicho sea de paso, esta nueva iniciativa contra el fraude señala a los/as empresarios/as que “faciliten el acceso” a las prestaciones, entendemos que pactando un despido o haciendo un contrato por los días necesarios para llegar al mínimo de cotización.

¿Y qué gana el/la buen “ciudadano/a” que se chive de ese gran mal que se está cometiendo? La satisfacción de haber puesto su granito de arena en el mantenimiento del orden (injusto) de las cosas. Le darán una palmadita en la espalda y le dirán que estas personas son un peligro para el bien común y para el Estado de Bienestar, mientras se demuestra día a día que el Estado de Bienestar es un contenedor del mal común, que para mantenerse nos empuja a pisarnos entre nosotros/as y colaborar con los/as de arriba, en vez de cuidarnos los/as unos/as a los otros/as aquí abajo.

Pero quizá lo más doloroso de todo esto, es que disfracen este llamamiento a la delación de llamamiento a la solidaridad, y se atrevan a dar lecciones de lo que es justo y de lo que significa ser solidario/a:

“Tenemos aún mucho trabajo por hacer y en ello estamos: Cuando exigimos que el sistema educativo forme en valores a los ciudadanos, lo que nos permitirá garantizar los consensos sociales necesarios y el compromiso de solidaridad hacia los más necesitados. Cuando concienciamos a la sociedad, a través de campañas informativas,  de la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y especialmente de los trabajadores. Cuando modificamos nuestra legislación para hacerla más eficaz frente a las conductas insolidarias e injustas. Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude”.

Aunque parezca una obviedad, alguien tiene decirlo: quien esté pensando en chivarse de su vecino/a, no está siendo solidario/a con los/as más necesitados/as, sino con aquéllos/as que nos explotan con su sistema de producción, nos oprimen con su autoridad y sus normas, y nos asfixian con sus reformas. La solidaridad, tal y como nosotros/as la entendemos, es todo lo contrario. La justicia, por descontado, también.

Pero no es de extrañar que quieran apropiarse de estos términos y darles el valor que les conviene, porque gracias a eso estamos demasiado ocupados/as buscando la paja en el ojo ajeno, y perdemos gran parte de nuestra fuerza como colectivo. Y bien es cierto que el sistema educativo forma en estos valores a “los ciudadanos”, pues desde que somos niños/as se nos incita a delatar a nuestros/as compañeros/as, a salir a la pizarra a apuntar al que habla, a acusarnos los/as unos/as a los/as otros/as y dividirnos entre quienes colaboran con la autoridad y los/as que no. Estos/as últimos/as, los/as desobedientes, sin duda lo tendrán mucho más difícil para medrar en sociedad; sin embargo, para quienes tienen otro sentido de la justicia y valoran el apoyo entre compañeros/as, los/as delatores/as serán siempre vistos como el demonio que despide llamas por los ojos.

Y es que tampoco podemos olvidar que la delación anónima, además de lo poco “honorable” que es en sí misma, conlleva una impunidad que inevitablemente conduce a otras lacras. Se puede delatar por venganza, por chantaje, por dinero… Una sociedad en la que la delación esté aceptada, extendida y legitimada, es una sociedad en la que se hace difícil que confiemos los/as unos/as en los/as otros/as, en la que se fomenta la paranoia y se mina la verdadera solidaridad y las iniciativas de apoyo mutuo. Este poder ha sido utilizado por todo tipo de gobiernos, y es una herramienta incuestionable de control y sometimiento. La democracia trata de hacerlo de manera disfrazada, aunque nunca sutil, y en los últimos años sobran ejemplos sin salir del estado español. Recordemos, sin ir más lejos, la página web de los Mossos d´Esquadra en la que se publicaban fotografías de 68 personas que presuntamente habían participado en “actos de violencia urbana” durante la Huelga General del 29 de marzo de 2012, y se instaba a colaborar en su identificación. Ni siquiera dentro de las propias reglas del juego estaba muy claro si era legal ni constitucional; pero ahí quedó, y 23 personas fueron identificadas por esta vía. Del mismo modo, la Policía Nacional se vanagloria de haber consumado numerosas “tweet-redadas” gracias a chivatazos en las redes sociales.

También en 2012, la compañía “Ferrocarrils de Catalunya” puso en marcha una aplicación móvil para facilitar a los/as viajeros/as la denuncia de cualquier incidencia en los vagones, incluida la presencia de “músicos ambulantes”, “vendedores” y “mendigos”. La iniciativa provocó un gran rechazo, queremos creer que porque no son tantas las personas dispuestas a joder al prójimo, pero quizá también por ser demasiado literal. Numerosas instituciones ofrecen la posibilidad del chivateo de manera más velada. Cualquiera puede llamar a su ayuntamiento, por ejemplo, y pedir que retiren un colchón de la vía pública (lo que significa privar de su cama a una persona sin hogar), quejarse de un/a barrendero/a que no le cae bien (poner en peligro el puesto de trabajo de esa persona) o denunciar que su vecino/a está haciendo una obra en el baño sin licencia (exponerle a una sanción que tal vez no pueda pagar). No decimos que todo esto sean actos de maldad, sino que hay que pararse a valorar hasta qué punto hemos picado el anzuelo del correveidile y cómo esto afecta a nuestras relaciones y a las vidas de otros/as. En última instancia, lo que subyace a todo esto es la dinámica de delegar en las autoridades, de poner en manos de otros/as el poder de decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es y lo que no es un problema, y delegar también en ellos/as la responsabilidad de resolverlo. En lugar de preguntarnos por qué hay colchones en la calle, por qué hay gente que miente para poder cobrar el paro. En lugar de, simplemente, hablar con nuestros/as vecinos/as…

Fátima Báñez y sus amigos/as del Ministerio lo dejan bien claro:

“…si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua”.

Y el caso es que la lucha sí es responsabilidad de todos/as nosotros/as;  pero no contra quienes desobedecen una norma injusta o buscan recovecos administrativos para sobrevivir, sino contra quienes nos han declarado la guerra y nos quieren hacer creer que la guerra es entre nosotros/as, contra aquellos que se ríen de los derechos de los/as trabajadores y los aplastan mientras claman estar luchando por ellos. Juntos/as podemos hacerles la tarea mucho más ardua.