Vivotecnia: crónica de lo acontecido

El 8 de abril de 2021, Cruelty Free International hizo públicas las imágenes que había tomado una investigadora en el laboratorio madrileño de Vivotecnia, que mostraba las torturas a las que se sometía a los animales.

Tras su publicación en el diario británico The Guardian, recogidas al día siguiente por la prensa española, el impacto causado fue mayúsculo, teniendo un relevante eco en redes que rápidamente se transformó en indignación y rabia que se trasladó a las puertas de las instalaciones situadas en Tres Cantos (Madrid). Las administraciones públicas regional y nacional reaccionaron de una forma que, en un primer momento, podría parecer firme y contundente, pero, como se vio más adelante, realmente solo resultaba ser la representación de cierta oposición.

La Comunidad Autónoma de Madrid suspendía de forma temporal y parcial la actividad de la empresa, mientras que el Gobierno central, a través del director general de Derechos de los Animales, aseguraba que los animales serían trasladados a centros de protección. Esto último no llegó a suceder, la cómoda excusa del reparto competencial justificó su inacción, y, por el otro lado, la Comunidad levantó la suspensión a los dos meses, pese a que en su primera inspección constató indicios de abusos y malas prácticas en los experimentos. Tras dicho levantamiento, continúa llevándose a cabo la misma actividad investigadora con animales en el mismo entorno.

Por otra parte, el proceso judicial que han impulsado diferentes asociaciones y organizaciones continúa en marcha. En el marco de dicho procedimiento, entre las medidas cautelares solicitadas se encontraba el decomiso de los animales, petición que fue rechazada por la jueza del Juzgado de Instrucción nº 6 de Colmenar Viejo, utilizando en su argumentación informes del SEPRONA y la Comunidad de Madrid, que alegaron que las medidas tomadas por Vivotecnia son suficientes para garantizar el bienestar de los animales.

La Comunidad de Madrid, según pudimos conocer por información publicada en exclusiva por El Salto, a través del fondo de capital riesgo INICAP, participado mayoritariamente por ésta, invirtió más de un millón de euros en Vivotecnia, perdiendo prácticamente toda la inversión. Además de conceder dos avales por valor casi también de un millón de euros y una subvención de 52.973 euros. Pero éste no es el único vínculo de esta empresa con entidades del Estado, tras el levantamiento de la suspensión, instituciones y organismos públicos como el CSIC o el Parc Científic de la Universitat de Barcelona han seguido contratando sus servicios. En noviembre de 2021, Cruelty Free International denunciaba en su página web que “el Ministerio de Ciencia y el Consejo Nacional de Investigación del país han ampliado dos contratos con Vivotecnia, el laboratorio de pruebas de contratos de Madrid en el que expusimos niveles impactantes de crueldad y sufrimiento animal y aparentes incumplimientos sistémicos de las leyes españolas y de la UE a principios de este año”.

Los vínculos de la propia Administración con Vivotecnia son bien estrechos, por lo que confiar en que el Estado tome las medidas necesarias que terminen con su actividad investigadora resulta ser una pretensión quimérica, pues se ha comprobado que ni las horribles imágenes publicadas son suficientes para movilizar a las autoridades políticas y judiciales competentes. Un movimiento de base que reactive la respuesta de los primeros días pero que también ensanche el espacio de lucha en solidaridad con los animales, aglutinando diferentes posiciones que se mantengan activas y participativas, es imprescindible para generar el empuje necesario que termine con dichas prácticas. Este es el objetivo que se ha marcado la Asamblea Antiespecista de Madrid a través de la campaña “Cerremos Vivotecnia”, presentada oficialmente el pasado 8 de octubre en el local de la FAL pero que ya se dio a conocer unos días antes, en las calles de Madrid, a través de carteles y pegatinas que anunciaban una página web que recoge materiales y convocatorias, como la próxima manifestación del 5N antiespecista, vinculada este año a dicha campaña.

Tras las iniciativas de protesta que tuvieron lugar durante las primeras semanas tras la publicación del material audiovisual recogido, la movilización ha ido decreciendo salvo en momentos puntuales, como, por ejemplo, a principio de este 2022, cuando se organizaron una serie de acciones contra el contrato firmado por la Universidad de Barcelona con Vivotecnia para testar un fármaco en cachorros de beagle. Este experimento implicaba suministrar a la mitad de los perros las dosis necesarias para que murieran, sin cuidados paliativos de ningún tipo, mientras que a la otra mitad se les daban diferentes cantidades para estudiar sus reacciones, un experimento de muy dudosa justificación científica pero obligado según una legislación arbitraria y arcaica. Por ello, para recuperar la movilización por el cierre inmediato de Vivotecnia, el movimiento antiespecista pretende, por un lado, volver a encontrarse para retomar la calle para, como ya se publicaba en este periódico cuando se conocieron las primeras imágenes, “seguir haciendo un movimiento por la liberación animal capaz de construir un mundo cada vez más justo y antiespecista”.