El antiyihadismo como excusa

Entre el miércoles 18 y el jueves 19 de octubre, agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional realizaron cuatro detenciones en diferentes provincias del Estado en el marco de una operación contra el yihadismo, según informó el Ministerio del Interior en nota de prensa. La operación, calificada como antiterrorista, desarticuló a una “banda”, liderada por un chico de 20 años, cuya “actuación” se circunscribía a redes sociales y grupos de mensajería instantánea. Los detenidos están acusados de autoadoctrinamiento con propósito terrorista, adoctrinamiento de terceros y enaltecimiento del terrorismo. El juez responsable del caso envió a tres de ellos a prisión.

Si algo nos ha enseñado el paso del tiempo es que el timing de las operaciones policiales tiene siempre una explicación. Cuando llevan meses o años con una investigación, la elección del día para realizar las detenciones y el anuncio público no es una cuestión de azar. En este caso, dicha operación contribuye a alimentar la alarma cargada de tintes islamófobos impulsada por sectores de la extrema derecha tras la intensificación de los ataques contra el pueblo palestino, además de ir en completa consonancia con el relato israelí que se replica en los medios de comunicación nacionales e internacionales: el Islam es una amenaza para Occidente.

Las operaciones policiales antiyihadistas son una constante que se producen de forma periódica pero, prácticamente, casi nadie realiza una labor investigadora que vaya más allá de replicar el comunicado de turno de la policía o de Interior. En el año 2015, Diagonal realizó una profunda investigación de lo que llamó “las cloacas de la lucha antiyihadista”. En dicho artículo, tras un análisis de cifras oficiales, se evidencia la desproporción entre el número de detenciones y las personas condenadas, evidenciando la cantidad de personas musulmanas, o árabes sin adscripción religiosa, detenidas que finalmente acaban absueltas por carecer de fundamento sus acusaciones, pero que antes han tenido que sufrir una detención bajo bajo un marco menos garantista con los derechos fundamentales, como lo es el fijado por la ley antiterrorista, o que incluso han acabado en prisión provisional. Desde los atentados del 11M en Madrid hasta el 8 de diciembre de 2015, la cifra de detenidos en el marco de operaciones policiales contra el “terrorismo islámico” ascendía a 652 personas, pero las personas condenadas fueron 144. Además, el artículo detalla operaciones policiales que incluían escuchas ilegales y otras vulneraciones de las garantías procesales, y violencia física y psicológica sobre las personas detenidas. Por otra parte, el artículo también se hace eco de titulares de los medios convencionales que alimentan el relato alarmista e islámofobo, un tratamiento mediático que contrasta con el silencio existente cuando el despropósito policial es evidente, a pesar del impacto personal que estas operaciones tienen sobre las personas detenidas o a pesar de que no son pocas las veces que Policía y Justicia actúan al margen de su sacrosanta legalidad.

En los últimos años, seguimos encontrando ejemplos de cómo la lucha contra el yihadismo repite estas dinámicas, pues, esta lucha debe continuar porque sirve, entre otras cosas, para mantener una macroestructura antiterrorista de personal y recursos completamente sobredimensionada, y para normalizar unas actualizaciones que tensan los límites de la actuación policial y judicial fijados por el derecho. Todo ello, en un escenario de completo silencio por miedo a ser señalado como cómplice del radicalismo religioso. Algunos ejemplos que tuvieron cierto eco en medios alternativos fueron los siguientes:

El año pasado, en la noche del viernes 18 de noviembre, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, fueron esposados y llevados a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. En la madrugada del sábado, ambos fueron deportados a Marruecos. Tanto uno como otro, activistas en sus localidades catalanas, fueron acusados por la propia policía de ser un peligro para el orden público por sus vinculaciones con el extremismo islamista, un procedimiento resuelto de forma acelerada con al expulsión antes de que pudieran recurrir a otras vías para defenderse de la acusación.

En febrero de 2023, El Salto publicaba un escalofriante artículo en el que se detalla la historia de violencia sobre una pareja tras una acusación de la que finalmente fueron absueltos por la Audiencia Nacional. El relato de lo acontecido es desgarrador: una detención de película, extremadamente violenta, incluso con los hijos menores, una campaña desmedida en medios de comunicación con sus datos personales, la acusación de adoctrinamiento y enaltecimiento de terrorismo yihadista basada en publicaciones en redes y conversaciones privadas, una estancia en aislamiento penitenciario que tiene como consecuencia que él salga de la cárcel con un 76% de discapacidad, una repetición del juicio por pasarse a la tolera las reglas mínimas procesales, etc. Es una historia realmente dura que, a pesar de toda nuestra desconfianza previa hacia el Estado de Derecho, seguimos sorprendiéndonos de la brutalidad e impunidad de los cuerpos policiales y judiciales.

En 2021, el ABC tuvo que pagar una indemnización a siete personas por vincularlas con un intento de atentado en Sevilla.

Estos ejemplos los conocemos porque encontraron su hueco en determinados medios, pero de las cientos de detenciones que se han producido en los últimos años, cuántas vulneraciones de derechos fundamentales no han sido identificadas y denunciadas por el miedo a represalias, por la falta de acompañamiento y asesoramiento a las detenidas, por la expulsión del país de las implicadas o por cualquiera de los mil motivos que puede haber.

El relato antiterrorista se ha utilizado para generar un clima de criminalización de las comunidades musulmanas, un discurso racista que contrapone un civilizado Occidente frente a un bloque religioso dispuesto a destruirlo por completo, un discurso que ampara la violencia institucional sobre las poblaciones árabes y musulmanes en Europa, pero, también, por ejemplo, el genocidio que está teniendo lugar sobre la población palestina. Como siempre, la receta es generar lazos de lucha y organización en el interior de nuestra clase, desde el respeto y la escucha entre las diferentes realidades que la conforman.