El pasado 31 de diciembre entró en vigor la «Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local» más conocida como Ley Montoro, lejos de explicar concienzudamente la ley, vamos a intentar dar voz a quienes se ven afectados/as por ella.
Las principales campañas de oposición surgen de territorios donde la presencia de recursos comunales es importante y su gestión está bien organizada. Hablamos de pueblos donde los/as habitantes se organizan en concejos o juntas vecinales, constituyendo estructuras de autogobierno al margen de la administración para la gestión de recursos. La toma de decisiones es horizontal y son los propios/as vecinos/as quienes tiran del carro para sacar adelante sus propuestas.
La Ley Montoro exigirá a estos concejos la entrega de documentación para rendir cuentas por los últimos cinco años, papeleo que les será difícil conseguir teniendo en cuenta que hasta ahora no tenían órganos de gestión tributaria. En el documental «Stop al expolio de los bienes comunales» cuentan cómo construyeron con sus propias manos la consulta médica en su tiempo libre y con recursos propios, proceso complicado de cuantificar y que sin embargo a nivel cualitativo supone una gran diferencia para la gente del pueblo, que tiene acceso a la atención primaria sanitaria una vez a la semana.
Quienes no hayan presentado esta documentación antes del 31 de diciembre perderán la capacidad jurídica de gestión de sus bienes comunales, disolviendo los concejos y juntas vecinales y ¡oh, sorpresa! expoliando el territorio comunal del que se ocupaban.
Esto repercutirá sobre los habitantes y los pueblos de varias maneras: por un lado, ahora resulta relativamente barato utilizar esas tierras que son de todos/as, pero cuando la gestión pase a manos de la administración lo esperado es que la saquen a concurso y/o la alquilen al mejor postor, creando una competencia por el recurso que supondrá un aumento de su precio que las entidades económicas menores no podrán alcanzar, favoreciendo, como siempre, a las grandes empresas.
Siguiendo el mismo hilo, si la gente de la zona no tiene acceso a los recursos que garantizan su supervivencia se producirá un nuevo éxodo hacia las ciudades y los núcleos poblacionales pequeños continuarán el proceso de reducción y desaparición al que ya se enfrentan. Es una política de exclusión y expulsión de los habitantes de estas zonas.
Con la excusa de la crisis y como viene siendo habitual, los procesos de privatización no dejan de sucederse siguiendo la lógica neoliberal: obviando lo pequeño, banalizando los bienes y recursos naturales y buscando el máximo beneficio y la rentabilidad.
Es entonces cuando empieza la resistencia, en el ejemplo del documental anteriormente citado se trata de las Plataformas Rurales, alianza para defender los pueblos y fomentar el retorno al medio rural. Desde aquí denuncian el abandono al que las administraciones someten a las zonas rurales alegando que, a la hora de otorgar un presupuesto a una zona, se hace la cuenta calculando el coste por persona que la obra requeriría, cuenta, por supuesto, demasiado alta debido a la reducida población. Como si de una pescadilla que se muerde la cola se tratase: no se invierte porque no hay suficiente gente, y la gente busca un lugar mejor donde vivir, aumentando la despoblación.
Y lo cierto es que la despoblación favorece en cierta manera al poder, pues formas de autogobierno y autogestión sobre los recursos y de emancipación en los pueblos, sumados a la relativa autonomía económica que te permite el tener acceso a recursos naturales necesarios para la vida (madera, setas, verdura, etc.), hacen al individuo autónomo, crean micro-sociedades que pueden vivir relativamente al margen de Estado.
Con la desaparición de las instituciones rurales y la privatización de los recursos que gestionaban, con la reducción del número de ayuntamientos y esa tendencia hacia la centralización, la gente se desliga de la política del pueblo y delega en entidades cada vez más alejadas de las necesidades de la zona, potenciando el abandono de los pueblos, tanto por parte de las administraciones centradas en lo rentable, como de las personas que valoran que su calidad de vida en dichos pueblos no es suficiente por la falta de servicios como sanidad, transporte o colegios.
El papel que juegan los territorios comunales es, además de vital para sus habitantes, social, en tanto en cuanto ayuda a los pueblos a captar a personas que podrían comenzar una actividad en el medio rural. Estos territorios son el sustento de familias que los necesitan, favoreciendo además una cultura de la protección de la naturaleza poco habitual hoy en día, donde prima la necesidad de conservar el entorno para las generaciones futuras.
Sin embargo el mundo en que vivimos sigue abogando por la rentabilidad y los beneficios, por un sector servicios que no genera riqueza nada más que a los dueños de las empresas, pues se alimenta de trabajadores/as explotados/as que solo pueden vivir de un salario y que están cada vez más alejados y despreocupados del medio ambiente que es, ha sido y será el sostén de la vida en la Tierra.
Expolio de tierras en Navarra
Durante septiembre y octubre de este año, algunos periódicos, como eldiario.es, se veían salpicados semanalmente con breves noticias sobre «desafectaciones de terrenos comunales», en muchos de ellos se comentaba qué uso se les iba a dar a cambio del canon anual que pagaban por la cesión de varios años: en todos los casos descritos se iban a construir infraestructuras o industrias grandes, favoreciendo el monopolio que algunas empresas poseen sobre según qué recursos. Negocios privados cuya función principal deja de ser repercutir de forma positiva sobre los habitantes de una zona para ser rentable, es decir, para enriquecer solo a unos pocos y al ayuntamiento que lo alquila o vende.
A ría non se vende
A ría non se vende es el nombre bajo el que se ha agrupado la movilización contra la construcción de un centro comercial en tierras comunales en El Cabral, Vigo. El plan del centro comercial se impulsó sin transparencia con los vecinos/as, que se vieron sorprendidos/as por la información y sin tiempo para analizarla. Los puntos fuertes de la oposición tocan lo comentado en este texto sobre el uso y beneficio de las tierras sobre los/as vecinos, la conservación de los bosques, el pelotazo urbanístico generado y la competencia desleal a la que un centro comercial somete a pequeños productores y comerciantes.
La campaña Stop expolio por las tierras comunales
Autores del documental que nos ha servido de inspiración, cuentan en su web www.stopexpolio.com, cómo afectará la Ley Montoro a los territorios de Castilla y León, ricos en tierras comunales. Se ofrecen a ayudar a las juntas de vecinos que tienen que entregar las cuentas, asesorándoles y están promoviendo una gran campaña de difusión sobre el tema. Su documental se puede ver en su web www.stopexpolio.com/documental
