«Ojalá no tener que trabajar para sobrevivir
pero que haya trabajo para todos sin precarización y explotación
que todos pudiésemos trabajar de lo que realmente queremos
que no nos robe la vida
y que todos los trabajadores tengan sus derechos reconocidos. Las putas también» – María Riot
El pasado 19 de marzo, nada menos que en Día del Padre, el PSOE registró en el Congreso una Proposición de Ley “por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas”. La propuesta modifica el artículo 187 del Código Penal, relativo al proxenetismo, en tres sentidos. Primero, desvinculándolo de la explotación. Es decir, pasaría a ser delito “promover, favorecer o facilitar, con ánimo de lucro, la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento”. Segundo, criminalizando la tercería locativa. Esto es, “destinar un inmueble, con ánimo de lucro” a tal fin. Y tercero, penandoa quienes “convienen la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero”, es decir, a los clientes.
El objetivo, según la propuesta, es dar “la necesaria respuesta penal” a una actuación “incompatible con los derechos humanos”. En este sentido, equipara, de manera absolutamente paternalista, a “la persona prostituida con la víctima de un delito” contra la libertad sexual.
Nuria Alabao explica en un artículo publicado en CTXT (“Salvar a las prostitutas condenándolas a una mayor precariedad”) que la propuesta ignora las condiciones de vida y trabajo reales de las trabajadoras sexuales y que, por tanto, en la práctica, no hará sino empeorarlas, aumentando el estigma, el control policial, el riesgo de violencia y/o abuso y las vulneraciones de derechos que ya sufren. «No todo el feminismo es emancipatorio o está preocupado por las condiciones de vida de las mujeres reales que se escapan de sus discursos esencialistas, punitivistas o de sus proyectos de remoralización social«, nos recuerda.
Como explican las trabajadoras sexuales y activistas Kenia García y María Riot en un artículo titulado “¿Han conseguido abolir la prostitución prohibiendo nuestros anuncios?” (Zona de Estrategia), criminalizar todo el entorno de las trabajadoras sexuales necesariamente repercute en ellas, pues dificulta el ejercicio autónomo y en condiciones mínimas de seguridad de la prostitución, al imponer una situación de ilegalidad peligrosa y fácilmente explotable.
La politóloga Lucrecia Rubio Grundell explica en “¿Abolir la prostitución reproduciendo sus causas estructurales?” (Público) que “las medidas propuestas no atajan las causas estructurales de la prostitución, que no son otras que el heteropatriarcado, que sexualiza a las mujeres, las confina a la familia y condena al trabajo reproductivo; el capitalismo neoliberal, que empobrece a las clases trabajadoras, las descuida a través de la desarticulación del estado del bienestar y disciplina a través del aparato punitivo del Estado; y el supremacismo blanco, traducido en un racismo institucional que, mediante la Ley de Extranjería, impide su migración segura y las aboca a la irregularidad administrativa. De hecho, la propuesta del PSOE, y el ideario feminista «abolicionista» en el que se inscribe, según el cual, la prostitución cosifica a las mujeres, invalidando su consentimiento y, por tanto, su consideración como trabajo, no sólo no atajan estas causas estructurales, sino que las reproducen”.
Lo que sigue a continuación es un resumen de este brillante artículo de Lucrecia Rubio, condensando las ideas de por qué la Proposición de Ley «abolo» registrada por el PSOE reproduce las causas estructurales de la prostitución, blinda el heteropatriarcado y racismo institucional y refuerza el sistema capitalista neoliberal.
‘Abolicionismo’ y heteropatriarcado
El feminismo “abolicionista” define la prostitución como una institución heteropatriarcal pues reduce a las mujeres a su sexo, cosificándolas, lo que invalida su consentimiento. Estando de acuerdo en que la prostitución es una institución heteropatriarcal, que reproduce roles de género heterosexistas, también lo es el argumentario feminista “abolicionista” en este sentido, que reproduce ideas heteropatriarcales clave. Por citar a algunas “abolos”, Barbijaputa dice que la prostitución cosifica a las mujeres, porque vender sexo es vender el propio cuerpo y, por tanto, venderse a una misma. Esto reproduce la reducción heteropatriarcal de la subjetividad femenina al sexo, porque si vender sexo es venderse a una misma, es porque «somos» sexo, literalmente. Esto queda patente en las palabras de Ana Bernal Triviño de que es mejor “limpiar un retrete a que tu boca sea el retrete”. ¿Acaso no es cosificador equiparar a las trabajadoras sexuales a un retrete? De hecho, ya lo hacía higienismo decimonónico1, contra el que, recordemos, surgió el feminismo abolicionista, al considerar a las prostitutas “cloacas” sociales.
También es heteropatriarcal invalidar el consentimiento de las trabajadoras sexuales. O ¿no era el consentimiento lo que la Ley del Sólo Sí es Sí ponía en el centro de las relaciones sexuales? ¿Por qué, entonces, no es válido el consentimiento de las trabajadoras sexuales? Según el feminismo “abolicionista”, es porque en prostitución no se accede a tener sexo porque “realmente” se quiera, ergo, por deseo o por amor, sino por dinero. Estando de acuerdo que el intercambio económico-sexual en condiciones estructurales de desigualdad es un pilar del heteropatriarcado, también lo es denunciar sólo su polo estigmatizado, la prostitución, y no reconocer que ésta forma parte de un continuo en el que amor y dinero, autonomía y necesidad, se combinan en distintos grados, también en su polo más honrado: el matrimonio.
Dice Lucrecia Rubio que “invalidar el consentimiento de las trabajadoras sexuales de este modo limita la autonomía sexual de las mujeres al amor y al deseo, reproduciendo la ética sexual “amativa”, es decir, privada, en pareja, reproductiva y por amor, a través de la cual el heteropatriarcado erige a la familia (heterosexual) como repositorio «natural» de la sexualidad femenina. Defender la validez del tal consentimiento no es defender que la prostitución sea «el colmo de la libertad sexual» como dice Barbijaputa, sino reconocer que, en el heteropatriarcado, la mayoría de las mujeres negociamos nuestra sexualidad en base al binomio amor/dinero, en condiciones desiguales de autonomía y necesidad. Las que no, por tanto, están eximidas no por su mayor valía moral, sino sus privilegios de clase y raza. Decir, como Barbijaputa, que este argumento presenta la prostitución como «la solución si no te gustan los trabajos duros pero te encanta el dinero», frivoliza, desde dichos privilegios, las condiciones estructurales particularmente desiguales que llevan a algunas mujeres a elegir la prostitución”.
‘Abolicionismo’ y capitalismo neoliberal
La idea de que la prostitución cosifica a las mujeres lleva al feminismo “abolicionista” a definirla también como expresión máxima del capitalismo neoliberal. Como dice Paula Sánchez Perera en “Catálogo de falacias abolicionistas” (CTXT), defender que la prostitución no es trabajo porque cosifica el cuerpo de las mujeres es confundir la premisa marxista clave de que, en el capitalismo, “a la mercancía humana se le llama fuerza de trabajo”. Defender que el intercambio de sexo por dinero cosifica a las mujeres mientras que otros trabajos, incluso de naturaleza afectivo-sexual, no, contribuye a sostener una separación clave para el capitalismo neoliberal, aquella entre sexo y economía, pues legitima uno de sus mayores expolios: la división sexual del trabajo.
El capitalismo neoliberal, por mucho que favorezca la mercantilización de servicios sexo-afectivos antes proporcionados por la familia, necesita que sexo y economía, familia y mercado, trabajo reproductivo y productivo, no se fusionen del todo, para poder seguir privatizando los costes de la reproducción social en el trabajo sexo-afectivo no remunerado de las mujeres, ese que hacen “por amor”, más cuando se está desarticulando el Estado del bienestar. Distinguir la prostitución de otros trabajos sexo-afectivos cumple esta función, pues fija el limite moral en relación al cual se pueden mercantilizar la sexualidad y los cuidados, sin socavar la distinción entre sexo y economía que el capitalismo neoliberal precisa para garantizar la acumulación de capital, a través división sexual del trabajo. Dice Rosa Cobo en “La prostitución, en el corazón del capitalismo neoliberal” (CTXT) que regular la prostitución es “abrir el último dique del que disponemos, nuestro cuerpo, al mercado”.
Además, el feminismo “abolicionista” legitima el uso del aparato punitivo del Estado neoliberal para mantener tal distinción, y controlar a las nuevas clases desposeídas, en tanto que intervención progresista, incluso feminista. Lo hace, primero, identificando como causa fundamental de la prostitución a proxenetas y clientes: “sin demanda, no hay prostitución”. Esto individualiza las causas estructurales de la prostitución, es decir, aquellas ligadas a la oferta, permitiendo presentar la criminalización de proxenetas y clientes como una respuesta no sólo necesaria, sino suficiente. Esto lo refleja bien la propuesta del PSOE, que sólo propone medidas criminalizadoras. Recordemos que el PSOE no ha derogado la Ley Mordaza, pese a su impacto en la criminalización de las trabajadoras sexuales, y que fue el PSOE (junto a Unidas Podemos) quienes sacaron a las trabajadoras sexuales del Ingreso Mínimo Vital. “Ninguna salvación encontrarán en las políticas abolicionistas que criminalizan todo su entorno, únicamente conseguirán más policías en sus puertas, más deportaciones, más control sobre sus vidas por parte de jueces, agentes de la autoridad o de servicios sociales. La policía nunca ha salvado a las pobres”, explica Nuria Alabao.
Lo hace, en segundo lugar, definiendo la prostitución como una amenaza para todas las mujeres, al fomentar la desigualdad de género. Lo ejemplifica Barbijaputa, que dice que “mientras haya una sola mujer o niña convertida en esclava sexual, ninguna de nosotras va a ser libre”. Esta apelación al estado como protector de “todas las mujeres”, sin embargo, esconde que su intervención punitiva suele recaer en poblaciones específicas, en términos de clase y raciales. Anatole France lo resumió hace más de un siglo: “La ley, en su igualdad majestuosa, prohíbe a los ricos tanto como a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan”. Como dice Nuria Alabao, mientras se busca “proteger” por igual a todas, “quedan atrapadas mujeres tangibles, con problemas de carne y hueso; las mujeres más pobres, las migrantes sin papeles, las trans, las que no votan, las que no importan, las que no pueden consentir ni tienen agencia de ningún tipo, solo esperan ‘a ser salvadas’”. Y añade: «la propuesta del PSOE propone una criminalización de todo el entorno del trabajo sexual: los que les alquilen espacios, las personas que tengan algo que ver con la organización del trabajo –los que reciban algún tipo de lucro por la actividad– y a los propios clientes. Según la ministra Redondo, incluso se quieren imponer penas contra “cualquier acción que impulse o promueva la prostitución”, un enunciado lo suficientemente ambiguo para que salten todas las alarmas. Es decir, aunque la ministra de Igualdad diga que no se va a penalizar a las mujeres, si todo lo que permite ejercer su trabajo resulta “criminal” es inevitable que acabe perjudicando a las prostitutas. Como dice Paula Sánchez, “la abolición es la teoría, la prohibición es la práctica”«.
Sólo es defendible, pues, desde el punto de vista de quienes más probabilidades tienen de eludir el control punitivo del Estado y de beneficiarse, material y simbólicamente, de la ética sexual amativa del heteropatriarcado: las mujeres heterosexuales, blancas, y de clase media-alta. Características que de hecho comparten la mayoría de las políticas (periodistas y académicas) que defienden la propuesta “abolicionista” del PSOE.
‘Abolicionismo’, supremacismo blanco y racismo institucional
Por último, el feminismo “abolicionista” defiende sus postulados alegando que la prostitución explota sobre todo a “mujeres con escasos recursos, migrantes, en situación administrativa irregular y siempre vulnerables”, como resume Rosa Cobo. Se trata de una postura paternalista que, además, reproduce el supremacismo blanco, que explica que las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en la prostitución. La profesora de Derecho de Nueva Dehli, Ratna Kapur explica dichas diferencias en base a la raza/cultura, no sólo en términos esencialistas, como único determinante de ellas, sino neo-coloniales, pues las proyecta sobre el binomio primer/tercer mundo, representando a las mujeres no occidentales como especialmente victimizas y victimizables, “vulnerables”, legitimando en términos feministas las intervenciones neo-imperalistas del estado para “salvarlas”.
Como cuenta Sara Guerrero Alfaro en “La Ley de Extranjería o el proxenetismo” (Píkara), este paternalismo racista se hace más patente cuando se traduce en un racismo institucional, que a través de la Ley de Extranjería impide a las mujeres migrar de forma segura y les aboga a la irregularidad administrativa. De hecho, el feminismo «abolicionista» legitima dicho racismo institucional en tanto que feminista al equiparar prostitución y trata y abogar por el control migratorio como complemento necesario de la intervención punitiva del estado contra proxenetas y clientes.
Vivi Alfonsín Rodríguez recuerda en “Trabajo sexual y necrofrontera, cuando PSOE y PP se dan la mano” (Píkara), que bajo la alianza ideológica del PP y el PSOE, el control migratorio por parte del Estado Español no ha hecho sino multiplicarse, en cobertura e intensidad, a menudo justificado en términos de lucha contra la trata, mientras que aún no se ha aprobado la regularización extraordinaria solicitada por RegularizaciónYa, que contribuiría de manera directa a reducir la vulnerabilidad legal, social y económica de las mujeres migrantes irregulares en España, incluidas las trabajadoras sexuales.
“Abolir la prostitución, en definitiva, requeriría abolir el heteropatriarcado, el capitalismo neoliberal y el supremacismo blanco”, concluye Lucrecia Rubio. “Mientras construimos esta utopía, sin embargo, despenalizar el trabajo sexual y reconocer derechos laborales a las trabajadoras sexuales es la única forma que tenemos de garantizar su protección y autonomía. Es lo que ellas demandan. Y, además, subvierte elementos claves de sus causas estructurales, como la división sexual del trabajo, el uso del aparato punitivo del estado como respuesta a la desarticulación del estado de bienestar, y la racialización del «sujeto víctima» femenino. Esto explica que el feminismo anti-capitalista, anti-punitivista y anti-racista, desde Emma Goldman a Angela Davis, pasando por Silvia Federici, por citar las más conocidas, suelan estar del lado de las trabajadoras sexuales”.
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1Para profundizar en el higienismo nos remitimos a nuestra entrevista a Marta Venceslao, coautora de Putas, República y Revolución (Virus Editorial), que realizamos en octubre de 2022.
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Ensucian el nombre de Emma Goldman al ponerla del lado de los prostíbulos. Silvia Federici es una posmoderna aborrente. Emma Goldman, como todos los anarquistas clásicos, fue muy clara en que la prostitución (a la que refiere como una «triste profesión» de sometimiento) debe ser abolida. Estar del lado de las trabajadoras sexuales, es justamente, estar del lado de la abolución de la prostitución. Más del 90% en encuestas neutrales realizadas, aforman qu8erer salir del ejercicio: La legalizción es el verdadero favor a ese «Patriarcado blanco» explotador. La prostituta nunca fue una amenaza, más bien un complemento, a todos los productores de holywood, reyes, «machirulos» y caballeros victorianos. La prostitución su fiel sirviente, esclava de su deseo y de su dinero. ¿Por qué no vemos a las mujeres usando «prostitutos» como los hombres sí prostitutas? Claramebnte es una industrial al servicio del deseo masculino y machista. Una industria que solo una prostituta (en este caso, intelectual, peor que el trabajo físico) a sueldo defendería para complacer a sus amos.