Ministros, ¿para qué?

Por primera vez, las materias vinculadas a la infancia y juventud tienen asignado un Ministerio propio, que se encuentra bajo el mandato de Sira Rego, de Izquierda Unida y Sumar. Pero, tras su creación en noviembre de 2023, son varias las noticias publicadas que evidencian la dinámica abiertamente hostil contra la juventud migrante del aparato estatal pese a existir un ente administrativo que supuestamente nace para garantizar sus derechos.

En nota de prensa del 15 de febrero de 2024, la Fundación Raíces informaba de la situación de un joven de 14 años, A. A., expulsado de un recurso de protección de menores tras dictar el Fiscal Decreto de Mayoría de edad por albergar dudas sobre la fiabilidad de los datos de su documentación de su país de origen. La representación letrada del menor, entre otras actuaciones, solicitó la intervención cautelar del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y éste organismo, con el fin de prevenir el daño irreparable al niño, pidió al Estado español que trasladara al menor a un centro de protección. La no consideración o el cuestionamiento de la documentación de los jóvenes extranjeros es una constante en Fiscalía pese a haber sentencias del Tribunal Supremo y pronunciamientos de organismos internacionales en contra de dicha práctica. El Gobierno se comprometió, en la anterior legislatura, a revisar el procedimiento para determinar la edad de un joven, pero, a pesar de dicha promesa, a día de hoy, no se ha producido ningún cambio.

El reiterado discurso de las diferentes expresiones políticas de la izquierda sobre el interés y beneficio de formar parte de las estructuras estatales, se estrella con las dinámicas propias del Estado y con el nulo interés por parte de dichos elementos por agrietar el escenario y asumir un conflicto con todas sus consecuencias.

Por otro lado, también, durante este año 2024, se han sucedido las noticias de menores ingresados en prisiones para adultos.
El 14 de marzo, la Audiencia de Las Palmas, tras un nuevo pronunciamiento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, acordaba la liberación de un joven senegalés que llevaba casi 3 meses en prisión acusado de ser el patrón de una embarcación marítima que arribó a las costas canarias.

Con el único testimonio de otras dos personas que viajaban en la misma embarcación, dos jóvenes fueron detenidos e ingresados en prisión, a pesar de que declararon ser menores de edad y la Cruz Roja les había inscrito así. Uno de ellos tuvo que esperar más de un mes para que le hicieran las pruebas físicas y radiológicas que corroboraron su minoría. El otro chico, pese a que su abogado presentó la documentación del país, tuvo que esperar a que Naciones Unidas se pronunciara y exigiera la separación del menor de las personas adultas privadas de libertad, avisando a España de que había incumplido la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Estos ejemplos recientes son sólo la punta del iceberg de un sistema que no sólo no protege a los jóvenes migrantes sino que les sitúa también en el objetivo de la ofensiva estatal contra las personas desplazadas, pues, para el Estado, antes que menores son extranjeros.

Esto supone una paradoja con el hecho de que la titularidad de las competencias en juventud e infancia está en manos del área socialdemócrata del Gobierno, pero, pese a ello, este Gobierno se ha propuesto romper el récord de obtención de pronunciamientos en contra por parte del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas tras la creación específica de un ministerio para niñas y jóvenes.

El reiterado discurso de las diferentes expresiones políticas de la izquierda sobre el interés y beneficio de formar parte de las estructuras estatales, se estrella con las dinámicas propias del Estado y con el nulo interés por parte de dichos elementos por agrietar el escenario y asumir un conflicto con todas sus consecuencias.

Ante unos hechos tan graves como los enunciados en este artículo, que jóvenes menores se encuentren viviendo en la calle o encerrados en prisiones de adultos, la Ministra o ha guardado silencio o ha realizado alguna tibia declaración o ha escurrido el bulto por la falta de competencia, pero, ¿para qué se quiere un Ministerio sin posibilidad de actuar en este tipo de casos? Desde Sumar vendieron como un éxito el acceso a cuatro carteras ministeriales, pero, como ocurrió con el anterior gobierno de coalición, salvo Trabajo, la izquierda institucional no consiguió más que arrancar al PSOE ministerios de cartón.

Por ello, es inevitable realizar una serie de preguntas, ¿merece la pena ser cómplice de, por ejemplo, el comercio de armas con Israel, la deriva bélica europea, la política migratoria de Marlasca, la represión policial, etc., por estos sillones? ¿Realmente hay más opciones de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y la conquista de derechos y libertades desde la integración en las estructuras de poder que desde la creación de entes autónomos que reivindiquen y peleen por ello mientras construyen poder popular?

Lo dudamos y, de momento, tanto Podemos como Sumar se encuentran al borde de la irrelevancia institucional tras ser fuertemente castigados en los últimos procesos electorales, la decepción de su electorado es grande, no sólo por el bochornoso espectáculo de los choques entre facciones sino también por el incumplimiento sistemático de su propio programa político.

No podemos seguir esperando a que surja la enésima iniciativa electoral que ya, por fin, consiga aglutinar una mayoría social por el cambio. Toca experimentar con otras fórmulas.

(Imagen de portada: «De izquierda a derecha: Heidi, Laye, Daniel, Isabel y la pequeña Cristina.» — Ilustración de Nerea Pérez @neresino)