El pasado 5 de junio, el Tribunal Supremo de Bangladesh obligó a recuperar el sistema de cuotas, según el cual el 30% de los empleos públicos del país quedan reservados a los descendientes de quienes lucharon en la guerra de independencia contra Pakistán. En un país sumido en una crisis económica estructural y en el que el 56% de los puestos de trabajo están sujetos a cuotas, esta decisión fue el chispazo que inició una serie protestas estudiantiles masivas contra la corrupción y autoritarismo del gobierno socialdemócrata de la Liga Awami y las violaciones de derechos humanos que perpetra de forma cotidiana.
Las manifestaciones sacudieron 47 de los 64 distritos de Bangladesh, el octavo país más poblado del mundo. La situación se empezó a descontrolar para las autoridades a mediados de julio y el día 19 éstas interrumpieron las conexiones de telecomunicaciones —incluidos los canales de noticias de televisión e internet, que funciona con alteraciones— y paralizaron la industria de la nación durante casi una semana. Además, el gobierno respondió con una violencia sin precedentes, desplegando a la policía y al ejército, a quienes ordenanaron disparar con munición real. Como consecuencia ha quedado un balance de casi 650 muertes (la mayoría por disparos de bala), 11.000 detenciones y 20.000 heridos.
Pese a que la Liga Awami ha tachado a los manifestantes de “razakar” (un término usado para describir a los colaboradores del Gobierno de Islamabad) en un intento de volver a la sociedad en su contra, cuando se restauró la conexión de internet la violencia policial quedó visibilizada ante el país entero, lo cual no hizo más que aumentar las filas de las manifestantes, que desobedecieron en masa los toques de queda y organizaron una Marcha a Dhaka, la capital. El 21 de julio, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo redujo las cuotas laborales del 56% al 7%. El 3 de agosto, la primera ministra Sheikh Hasina intentó negociar con los manifestantes, sin éxito. El 5 de agosto huyó, con ayuda del ejército, a la India, donde se encuentra exiliada. Mientras tanto, se ha establecido un gobierno provisional bajo mando militar.
Actualmente, un tribunal bengalí investiga a la exmandataria por genocidio. La mayor parte de las protestas han cesado, aunque el «movimiento de no-cooperación» sigue organizando parones, huelgas y manifestaciones.
