La ‘Ley Mordaza’ es como se conoce a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que el gobierno de Mariano Rajoy anunció en 2012 (tras las manifestaciones de Rodea al Congreso que promovió el movimiento 15-M y tres huelgas generales) y que aprobó en 2015, haciendo uso de la mayoría absoluta que tenía por entonces el PP. Fue una reforma que se aprobó para acabar con el ciclo de protestas que estallaron como respuesta a los brutales recortes implementados primero por Zapatero y después por Rajoy (nos referimos a distintas reformas laborales, la reforma de la Constitución para blindar la austeridad, la reforma de las pensiones, etc). El objetivo del PP entonces era seguir aprobando recortes, a costa del bienestar de la clase trabajadora (nunca de los beneficios empresariales) y garantizar la sensación de paz social mediante el aumento de la represión institucional contra quienes salíamos a la calle a protestar.
Un editorial del medio liberal New York Times de aquella época llegó a afirmar que «esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática«.
Más de nueve años de burorrepresión
La Ley Mordaza se caracteriza por ser una ley administrativa que permite sancionar, de manera abusiva y sangrante, el bolsillo de las personas. En lugar de buscar condenar penalmente (es decir, a penas privativas de libertad) a quienes infringen la ley en manifestaciones u otras movilizaciones sociales, cuando se aprobó la Ley Mordaza se priorizaba la sanción económica como castigo, ya que ésta se puede aplicar de manera masiva (no hace falta detener violentamente a todas las asistentes a una manifestación, sino que basta con pedirles el DNI y mandarles una multa unas semanas después), de manera rápida (en unos meses se resuelve el procedimiento sancionador) y con menos garantías para las represaliadas que un procedimiento penal (la imposición de una multa no requiere la celebración de un juicio, ni otorga presunción de inocencia a la denunciada, sino que la policía cuenta con presunción de veracidad). A este fenómeno se le llama «burorrepresión«. La lectura fue que esta estrategia limpiaría las calles de manifestantes atemorizadas. Y, por desgracia, el tiempo ha dado la razón a los movimientos sociales que lo vieron así: la Ley Mordaza de 2015 es uno de los principales factores que propiciaron la desmovilización y el fin del ciclo de luchas sociales que se inició en el 2011.
«Has sido PSOEizado»: la reforma que nunca llega
En noviembre de 2015, el entonces candidato del PSOE a las elecciones generales, un tal Pedro Sánchez, prometió en plena campaña electoral que derogaría la Ley Mordaza “nada más llegar al gobierno”. Sin embargo, no lo hizo en 2018 —cuando llegó por primera vez a la presidencia como consecuencia de la moción de censura—, ni en 2019 —cuando siguió gobernando el PSOE en solitario— ni en 2021, ya con Podemos dentro del gobierno. Pese a que en la primavera de 2022 el bloque de investidura amagó con llevar a cabo una pequeña reforma de la Ley Mordaza, ésta finalmente no se aprobó, al no contar con los votos favorables de ERC y EH Bildu porque el PSOE se negó a modificar las sanciones por faltas de respeto a la autoridad, ni eliminar las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla y el uso de balas de goma por parte de los cuerpos policiales.
Desde entonces el PSOE en 2023 sustituyó a su socio de Gobierno por Sumar y no se había vuelto a hablar de reformar esta ley, hasta que en julio de este año, Yolanda Díaz anunció solemnemente desde Bruselas que su formación había pactado «la derogación de la Ley Mordaza» con el PSOE. El ridículo fue mayúsculo cuando se conoció, a las pocas horas, que lo que habían pactado en realidad era únicamente eliminar únicamente el apartado 23 del artículo 36, que es el que prohíbe grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Por si fuera poco, resulta que ese apartado del artículo 36 ya había sido declarado parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional hace unos años, por lo que la reforma no cambiaría, al menos legalmente, nada.
Incluso los más férreos partidarios de Sumar se llevaron las manos a la cabeza por la desafortunada hipérbole de su líder y reconocieron que el pacto del PSOE dejaba intacta la norma.
La nueva reforma de la Ley Mordaza
Unos meses después, a principios de octubre, EH Bildu ha informado que ha alcanzado a un acuerdo con el PSOE y Sumar para implementar una nueva reforma de la Ley Mordaza con los mismos pilares que demandaba en 2022: la eliminación de las balas de goma y de las devoluciones en caliente. Sin embargo, si leemos la letra pequeña podemos observar que el pacto de forma genérica prevé la «retirada progresiva» de las pelotas de goma y su sustitución por instrumentos «menos lesivos» que no causen «lesiones irreparables«. También modifica las sanciones por «faltas de respeto a la autoridad» y las infracciones por desobediencia pasarán de graves a leves. Además, lo mismo ocurrirá con otro tipo de infracciones, como el consumo de estupefacientes. Asimismo, contempla que las manifestaciones no podrán ser disueltas por el mero hecho de no haber sido convocadas, la disminución de la cuantía de las sanciones a las personas de rentas bajas, o ciertos avances respecto de la documentación en materia de extranjería. Por último, los partidos que firman el acuerdo también se comprometen a «abordar«, en un plazo máximo de seis meses, las devoluciones en caliente y estudiar modificar la Ley de Extranjería para «evaluar las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión«.
¿Derogación de los aspectos más lesivos o brindis al sol?
No se puede negar que el acuerdo alcanzado contiene algunos avances modestos. Y bienvenidos sean. Sin embargo, lo que resulta muy sorprendente de lo pactado entre el Gobierno y Bildu es que dos de los puntos que hicieron descarrillar la reforma en 2022 precisamente por el voto en contra de la izquierda vasca y catalana no han experimentado ningún avance significativo. Aunque Bildu ha hecho referencia a la eliminación de las balas de goma y las devoluciones en caliente, la formulación de ambos asuntos no compromete prácticamente a nada y, desde luego, no supone una eliminación inmediata.
Y es que en el caso de las balas de goma, como ya hemos explicado, se hace referencia a una ambigua “sustitución progresiva” para la cual no existe calendario alguno y que depende enteramente de ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, con todo lo que cabe esperar de él. Y en cuanto a las devoluciones en caliente, el texto acordado se remite a una modificación posterior de la Ley de Extranjería antes de seis meses desde la entrada en vigor de la norma en cuestión, sin ofrecer cuál sería el texto de la referida reforma —lo cual hace imposible conocer su alcance—.
La buena noticia es que ya nadie pretende engañarnos diciendo que se va a «derogar» la Ley Mordaza y todo el mundo habla de «reformarla». La mala es que, al igual que ocurrió con la operación de maquillaje que supuso la reforma laboral de Yolanda Díaz de diciembre de 2021, una pequeña e insignificante reforma puede generar el efecto de satisfacer al electorado progresista, que siente que se ha hecho todo lo posible por derribar una monstruosa norma y deja de demandar la derogación que reivindicaba hace unos años. Y así es cómo se fragua la traición.