El pasado 7 de noviembre, la ciudad de Burgos se levantó con la noticia de que el equipo de Gobierno de PP y VOX habían alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos del 2025, el cual incluía la eliminación de los convenios de colaboración –valorados en 119.000 euros– con tres ONG –Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya– que trabajan ayudando a personas migrantes desde hace décadas. Si bien en la práctica el trabajo de algunas de estas organizaciones deja mucho que desear (por ejemplo, en el centro de ACCEM de Alcalá de Henares falleció el pasado mes de octubre el joven Diallo Sissoko como consecuencia de una mala atención médica), el acuerdo no deja de ser un ataque a su labor, al menos teórica, de ayudar a las personas vulnerabilizadas de origen extranjero. Estas ONG, nada sospechosas de radicalismo, llevan más de 25 años años trabajando mediante convenios de colaboración con la Administración –de cualquier signo político– en la primera línea de atención y ayuda a las personas migrantes que llegan a nuestra ciudad.
La explicación oficial, bastante burda y entre muchos titubeos de la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, era que Vox había impuesto dicha condición y que aunque desde el PP “no estaban de acuerdo”, no les quedaba otra que claudicar, por muy disparatada e incomprensible que fuese la propuesta. Porque para el PP, si le apruebas los presupuestos, todo es negociable. Por su parte, el portavoz de Vox justificó este chantaje alegando que estas entidades, al prestar ayuda, generaban un “efecto llamada” de la inmigración hacia Burgos. Y así es cómo las mentiras y consignas populistas han propiciado que sean sacrificadas por el PP.
La cuestión se hace más incompresible todavía cuando se descubrió ese mismo día que ambas formaciones acordaron mantener el convenio de colaboración del Ayuntamiento con Cáritas, la cual tiene un programa de ayuda a personas migrantes. Sin embargo, ninguno de los dos portavoces fue capaz de dar un argumento razonable de por qué Cáritas sí y las otras tres no, limitándose a escurrir el bulto ante las preguntas de las periodistas. Y es que, cuando se diseña un programa político en base a bulos, es difícil mantener la coherencia y se termina generando conflictos donde hasta ese momento no los había.
Críticas y presiones al Ayuntamiento
Las primeras reacciones a esta decisión no se hicieron esperar. Las ONG afectadas, junto con Cáritas, solicitaron una reunión de urgencia con el Ayuntamiento de Burgos para pedir una explicación y que se anulara la misma.
Por otra parte, organizaciones y entidades de muchos sectores variopintos de la ciudad, como sindicatos, personal de educación, empresas, ONG y asociaciones de todo tipo declararon su apoyo a dichas entidades y pidieron explicaciones al equipo de gobierno. Incluso la patronal, la Federación de Empresarios de la ciudad, así como la Cámara de Comercio, han defendido en las últimas semanas el trabajo de estas entidades –obviamente, no por motivos altruistas, sino por intereses propios, pues son conocedores de que, sin la mano de obra barata de origen extranjero que tan felizmente explotan, las empresas de la ciudad de Burgos se irían a pique– y exigieron al Ayuntamiento que rectificara y diera marcha atrás en su decisión.
Los motivos que se han esgrimido para tratar de convencer al consistorio van desde la solidaridad y el respeto a los derechos de todas las personas, hasta los más pragmáticos, como por ejemplo el hecho de que si las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad no son atendidas por ONG, acudirán a servicios sociales y los colapsarán. Ya sea por unas razones u otras, buena parte de la ciudad se ha indignado por la demagogia derechista de PP y Vox.
El 11 de noviembre, Cáritas anunció su renuncia al convenio de colaboración con el Ayuntamiento si no se incluía al resto de entidades. Poco después, desde las ONG afectadas se convocó una concentración bajo el lema “Burgos por la convivencia”. Así, el 13 de noviembre, unas 5.000 personas llenaron la Plaza Mayor de la Ciudad con gritos y pancartas como “Este es nuestro efecto llamada”, “Para negociar no todo vale” , “Equipo de gobierno todavía estás a tiempo” o “Burgos ciudad solidaria; fuera fascistas”. Evidentemente, los movimientos sociales y antirracistas de la ciudad apoyaron la movilización y acudieron a la misma. No porque queramos proteger las subvenciones a estas entidades –de las cuales algunas operan, en ocasiones, como empresas proveedoras de servicios–, sino porque hay que combatir contra los discursos de odio y la deshumanización de nuestras vecinas, amigas y compañeras.
Ese mismo día, se lanzó una campaña para recabar apoyos a las tres entidades sociales que, en pocas horas, sumó más de 4.000 firmas de particulares, empresas y de todos los ámbitos de la ciudad. Tan importante fue su repercusión que Unicef anunció que estudiaría retirar a la ciudad el sello de “ciudad amiga de la infancia”.
Gracias a la movilización y las protestas, Burgos se situó en el foco mediático nacional y la criminalización de estas ONG y la decisión basada criterio absolutamente ideológico, sin datos ni justificación de ningún tipo, fue conocida por el país entero. Incluso medios de comunicación nada sospechosos de ser de izquierdas publicaron en estos días editoriales y titulares criticando la posición de la alcaldesa Cristina Ayala y su socio de gobierno.
Victoria de la presión popular (y empresarial y mediática)
La repercusión social y mediática desbordó todas las previsiones. En poco más de 24 horas se logró movilizar a buena parte de la ciudad en rechazo a esta decisión y su justificación se volvía cada vez más insostenible.
Y en menos de 24 horas esta vez, fue la señora alcaldesa Cristina Ayala quien se vio obligada a convocar una rueda de prensa extraordinaria para anunciar que finalmente volverán a otorgar las ayudas a las tres entidades en los presupuestos de 2025. Una decisión que, evidentemente, no surge en absoluto de su buena voluntad, sino del miedo a las repercusiones de la movilización social.
La situación vital de las usuarias de estos servicios no va a cambiar radicalmente. Lo único que se ha conseguido es que puedan recibir una atención mínima –muchas veces insuficiente– y acceder a algunos recursos básicos. Pero en estos tiempos que corren de dominio de la extrema derecha a nivel mundial, de los Trump, Meloni, Putin, Netanyahu y Orban del mundo, de propagación de bulos racistas y de fascistización social, que las vecinas de Burgos hayamos logrado parar este recorte en tiempo récord nos sabe a victoria. El respaldo de empresarios y medios de comunicación burgueses ha ayudado, por supuesto, pero no habrían alzado la voz si no fuera por la movilización popular previa.
Como ya lo hizo en el pasado, la ciudad de Burgos ha demostrado que ningún equipo de gobierno puede hacer lo que le da la gana, imponiendo sus decisiones sin consecuencias. La presión social y la protesta como arma de lucha, así como las muestras de solidaridad hacia las entidades afectadas por los recortes, han conseguido una vez más hacer recular a un Ayuntamiento demasiado preocupado por su estabilidad en los sillones del poder que por el bien de sus ciudadanos y de la sociedad burgalesa.
Reacción de la extrema derecha
La extrema derecha no tardó en reaccionar a la decisión de la alcaldesa. En su vertiente institucional, el pasado 22 de noviembre Vox decidió romper el acuerdo de gobierno. Explicaron que lo hicieron siguiendo directrices “de Madrid”, es decir, de Abascal y compañía.
Por otro lado, la ultraderecha también se movilizó en la calle. El 20-N, la sede de Atalaya amaneció con pintadas que leían “Puto Moro”, “Más Valencia y menos Nigeria” y cruces célticas. Por su parte, las de Burgos Acoge y Cáritas tenían pintadas que decían “Los españoles primeros” y varias esvásticas. Al día siguiente, un grupo de fascistas intentó reventar la cristalera del PSOE de Miranda del Ebro y probablemente haya habido otros ataques que desconocemos.
Si algo han evidenciado los acontecimientos de las últimas semanas es que los discursos xenófobos y racistas, emitidos desde las instituciones, se emulan en las calles, pues envalentonan y dan alas y legitimidad a fascistas y nazis para atacarnos con una notable sensación de impunidad.
Como colofón de este triste sainete, debemos indicar que la ruptura consistorial ha sido aprovechada por el PP para tratar de lavar su imagen y trasmitir un mensaje antirracista que no es real. Es necesario volver a insistir en el hecho de que si no se hubiese producido la movilización social, ni causado el revuelo mediático de estos días, la decisión inicial de Ayala y del PP de Burgos hubiese salido adelante, manteniendo su pacto de gobierno con su socio de extrema derecha. Y, como ejemplo, cabe citar la decisión conjunta tomada entre PP y VOX durante el mes de julio de 2023 por la que se recortaba la ayuda municipal a la Coordinadora Provincial de la Memoria Histórica que, a pesar de que provocó un profundo rechazo social, no fue capaz de articular una movilización con tanto peso como la que se ha desatado a favor de las ONG que trabajan con inmigrantes. Por tanto, concluimos que la forma de parar al fascismo y a la derecha liberal que le sigue la corriente es mediante la movilización popular.
Artículo escrito por dos compañeras de Burgos