Por Luis Lloredo Alix. Extraído de El Salto
Uno de los hitos que jalonaron el camino hacia la revolución francesa fue la presentación de los Cuadernos de Quejas. En estos cuadernos, los diferentes estamentos anotaron sus demandas más acuciantes, aquello que les preocupaba en su vida cotidiana, porque les impedía subsistir en condiciones mínimamente dignas. El acto de poner por escrito todos aquellos ultrajes fue un revulsivo para cobrar una consciencia más nítida de la opresión e impulsar el proceso revolucionario.
Bruno Latour recomendaba hacer un ejercicio similar en la actualidad, con el fin de registrar los daños que sufrimos y así cartografiar mejor nuestros males y sus posibles remedios. Es una metodología empírica que rehúye los discursos totalizadores, porque a veces estos enturbian nuestra percepción y hacen encallar la acción colectiva. Se trataría de apuntar nuestras quejas más imperiosas, detallarlas una a una, para configurar desde ahí los relatos y las luchas. Procederé de esa manera desde una de las posiciones que ocupo: la de profesor universitario. Creo que, al hacerlo así, los contornos de nuestras miserias adquieren mayor consistencia y eso puede movernos a una acción más decidida.
Una burocracia asfixiante
Una de las quejas más habituales de los profesores tiene que ver con la burocracia. Perdemos horas y horas rellenando justificaciones de gastos, memorias de méritos, peticiones de ayudas, currículos en distintas versiones… Y, al final, sentimos una enorme frustración porque se nos escapan los días sin haber abierto un libro ni escrito un párrafo, que es lo que deberíamos hacer. Como la jornada no nos da de sí, terminamos investigando o preparando las clases por las noches, los fines de semana, en vacaciones… Esto nos desgasta y nos hace perder una energía valiosísima. Ahora bien, si hacemos caso de lo que cuentan nuestros mayores, éste es un mal que ha ido en aumento en las últimas décadas, así que no es una condición inevitable. Pero hay que preguntarse de dónde viene.
La carga de gestión crece por muchas razones. Una de ellas reside en que, como manejamos dinero público, es esencial justificar nuestros gastos. En ese sentido, nada que objetar: la burocracia es necesaria. Pero conviene alejar una tentación: la de pensar que todo eso se aminora en el mundo de la empresa. Algunos profesores coquetean con la fantasía de una universidad libre de papeleo, donde los procesos son “ágiles”, y se imaginan que tal cosa sucede en la universidad privada. Desengáñense: como decía Mark Fisher, la asfixia burocrática es una patología de nuestra época y contamina todas las esferas. Lo puedo confirmar en primera persona: la burocracia más redundante, omnímoda y opresiva la he sufrido cuando vivía en Chile, y Chile es uno de los países más liberalizados del mundo. Yo trabajaba en una universidad privada, tenía un seguro médico privado y un plan de pensiones privado, y es la etapa en la que más papeleo he despachado.
Pero la burocracia también crece por motivos que no tienen que ver con el hecho de manejar dinero público, sino más bien con lo contrario. Uno de nuestros principales problemas es que recibimos poca financiación estructural y dependemos cada vez más de subvenciones, ayudas y contratos privados. Como las autoridades competentes destinan fondos insuficientes a las universidades públicas, nos vemos obligados a buscarnos los cuartos mediante convocatorias “competitivas”: proyectos nacionales, europeos, convocatorias de “atracción de talento”, contratos con empresas, etc. Todo esto se fomenta sin tapujos. De hecho, nuestra estabilización depende de que concurramos a estas convocatorias, porque la agencia fiscalizadora de nuestro trabajo, la ANECA, premia especialmente la participación en estos programas. Lo llaman “excelencia”, “internacionalización”, “liderazgo” o “transferencia”.
Entiéndaseme: yo no me opongo a la investigación excelente, ni a que forjemos redes internacionales, ni a que la universidad cumpla una función social. Me opongo a que la financiación por estas vías sustituya a la financiación estructural derivada de las arcas públicas, porque eso tiene un coste. Por un lado, nos roba autonomía investigadora, porque nos empuja a trabajar en temas interesantes para el mercado, con independencia de que sean asuntos social o científicamente relevantes. Por otro lado, nos obliga a convertirnos en investigadores caza-recompensas, siempre embarcados en una búsqueda febril de convocatorias con las que financiarnos. Tendemos a pensar que somos una élite intelectual, depositarios de la libertad científica y de cátedra, cuando en realidad somos muy parecidos a los comerciales que trabajan por comisión: vendemos másteres, títulos, resultados de investigación, y no podemos bajarnos de la rueda de hámster porque de ello depende nuestra supervivencia.
Lo más triste es que no somos conscientes: se nos hincha el pecho con satisfacción de pavo real por atesorar méritos de “liderazgo”, sin darnos cuenta de que esa es la zanahoria para mantenernos con la lengua fuera, trabajando en otro proyecto, otro contrato, y buscando el dinero que las instituciones públicas nos escamotean. Este modelo de universidad, que hunde sus raíces en el plan Bolonia, va a verse reforzado por la ley de enseñanzas superiores que está preparando la Comunidad de Madrid: más financiación por objetivos y menos financiación estructural. Como puede imaginarse, esta competición permanente genera una burocracia frondosísima: currículos, proyectos, presupuestos, justificaciones de gastos y resultados, auditorías… Una burocracia que, en este caso, se deriva del abandono de lo público y no de lo contrario.
Sea como sea, hay una conclusión que se desprende sola: si tenemos un papeleo que no nos deja respirar, necesitamos que las universidades contraten a más personal administrativo (PTGAS) y que dignifiquen sus condiciones laborales. Dada la estructura estamental de la universidad, los profesores y el PTGAS se miran con recelo. El PTGAS suele pensar, con razón, que los profesores somos un colectivo arrogante que los mira por encima del hombro, y muchos profesores piensan que el PTGAS está lleno de vagos cuya pereza hace que nosotros, pese a nuestros currículos bruñidos en oro, tengamos que arrastrarnos por el fango burocrático. Desterremos esta mentalidad: el PTGAS es un colectivo muy precarizado, con periodos de interinidad larguísimos, con mucha carga de trabajo y siempre en la diana de los recortes presupuestarios. Si se sindican y reclaman, hacen bien. No son ellos quienes deberían dejar de hacerlo; somos nosotros, los profesores, quienes tendríamos que imitarlos. Si tanto nos atormenta la burocracia, aliémonos con el PTGAS y reclamemos más personal administrativo. Su lucha es la nuestra y nuestra lucha es la suya.
Profesores-orquesta y precarización
Otra queja de mi gremio es que somos profesores orquesta: damos clase, escribimos artículos, organizamos seminarios, gestionamos viajes, preparamos carteles para difundir eventos, contratamos servicios de pausa-café, reservamos salas, tramitamos facturas, cumplimentamos hojas de liquidación, publicitamos actividades, preparamos certificados para los ponentes, rellenamos justificaciones de gastos, nos preocupamos de que haya agua y vasos para los conferenciantes invitados, rendimos cuentas de los resultados de investigación, subimos la información de nuestra “productividad académica” a diferentes portales, y un sinfín de tareas similares.
¿Por qué invertimos tanto tiempo en esto, en lugar de destinarlo a estudiar, escribir, preparar las clases o corregir con más detalle a nuestros estudiantes? Hay al menos dos respuestas. La primera nos devuelve a lo de antes: necesitamos más personal administrativo. La culpa de que tengamos que hacer todas esas cosas no es del PTGAS, sino de las autoridades autonómicas que no destinan suficiente dinero a sufragar la infraestructura necesaria para desarrollar una investigación de calidad. Necesitamos más personal administrativo y que este personal sea estable, sin rotaciones constantes que hacen inviable un trabajo bien engrasado. Porque no, queridos colegas, las cosas no funcionan mal porque el PTGAS trabaje poco. Funcionan mal porque son pocos y precarios.
La segunda respuesta tiene que ver con algo que nos vincula de nuevo con el PTGAS: también nosotros estamos precarizados. Ese mundo de profesores que seguían recorridos académicos estelares, que se estabilizaban pronto y cobraban sueldos generosos desde antes de los 30 años ya no existe. Para conseguir una beca de formación doctoral hace falta tener el currículum que antaño tenía un doctor; para conseguir una plaza del escalafón más bajo (no permanente) hay que tener el currículum que antaño tenía un profesor titular; y para alcanzar una plaza estable hace falta tener mejor currículum que el de muchos catedráticos de antaño.
Además, para colocarte en la universidad hay que pasar por un periodo repleto de obstáculos, que incluye falsos contratos a tiempo parcial, periodos intermitentes en el paro, becas postdoctorales que te mantienen a flote un par de años, y siempre dependiendo de “convocatorias competitivas”. Si éstas no se ganan, tu puesto peligra y tu currículum se resiente de un modo que a menudo resulta irreparable, porque no atesoras los méritos de “liderazgo” e “internacionalización” que las agencias de calidad exigen. Muchas veces, incluso, hay que pagar para que publiquen tu trabajo, porque las editoriales exigen dinero para dar salida a nuestros textos. Para hacer frente a esto, se necesitan proyectos con los que financiar las publicaciones; y para tener tales proyectos, hay que subirse a la ruleta de petición, ejecución y justificación que nos convierte en esos profesores-orquesta que tanto deploramos ser.
Todo esto se atenuaría si tuviéramos una financiación estructural sólida que permitiera desarrollar carreras académicas con un sosiego que es fundamental para la salud física y mental, pero también para la propia ciencia: no se puede investigar ni producir aportaciones valiosas, si no se tiene asegurada una mínima seguridad laboral.
El estudiantado ya no es lo que era
La última queja se refiere al estudiantado: “los estudiantes ya no leen, ”no saben escribir“, ”no comprenden los textos“, ”son incultos“… ¿Cuántas veces no habremos escuchado este tipo de frases? Hay dos discursos simplones sobre esto que conviene rechazar. El primero consiste en echar la culpa a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Según esto, los estudiantes tendrían el cerebro frito porque se pasan el día idiotizados en Tiktok y en Instagram. No seré yo quien niegue los riesgos de las redes sociales, la distracción de la atención que propician, el desplazamiento de las fuentes de información, etc. Pero creo que las cosas requieren un análisis más fino.
El otro discurso simplón vendría a decir que se ha perdido la ”cultura del esfuerzo“. Os digo lo mismo que antes: hacen falta análisis más sutiles. Si esa cultura del esfuerzo presuntamente perdida significa educarnos en que el trabajo es la razón de nuestras vidas, que aprender significa sufrir, que el sacrificio nos redime y ese tipo de cosas, me bajo de vuestro barco y saludo a esas nuevas generaciones despreocupadas que no quieren trabajar explotadas, que abogan por acabar las jornadas laborales a la hora establecida y que aspiran a recluir el trabajo a una esfera exigua de su existencia. Significará que han comprendido mejor que nosotros el sentido de la vida.
Ojo: no todo me parece el reino del Edén. También siento que mis estudiantes tienen lagunas culturales y que su expresión escrita es preocupante. Pero tengo dudas de que las generaciones pasadas estuvieran mejor preparadas. A lo mejor algunas élites de épocas anteriores venían más leídas y escribidas. Pero los datos indican que la población española lee hoy más que antes, que saben más y están mejor formadas. Si lo que añoráis es una universidad a la que accedían solo algunos privilegiados, que llegaban sabiendo quién era Tucídides y disertaban con la oratoria de quien ha crecido en hogares con capital cultural, entonces también me bajo de vuestro barco: lo que necesitamos no es un mundo en el que solo algunas clases bien educadas llegan a la universidad, sino uno en el que todos pueden acceder con altos niveles formativos.
Sea cual sea vuestro parecer sobre el estudiantado, una cosa me parece clara: todo mejoraría si la educación primaria y secundaria fuese de mayor calidad, con más profesores y mejores condiciones laborales, menos rotaciones e interinidades, menos horas lectivas, grupos más pequeños, más orientadores, más medios para atender a las necesidades especiales, más fondos para profesores de apoyo, y un largo etcétera de reivindicaciones que el colectivo educativo lleva tiempo reclamando. Eso quiere decir, queridos colegas, que necesitamos aliarnos con los compañeros de la educación primaria y secundaria.
Aquí hay una disyuntiva importante: ¿consideráis que hace falta que llegue menos gente a la universidad, y que la gente que llegue venga con altos niveles formativos? ¿O veis bien que todos puedan acceder a los estudios superiores? Me coloco en la segunda posición, pero, incluso si te encuentras entre los primeros, hay razones para la movilización. Lo que actualmente está sucediendo es que cada vez más estudiantes ingresan en la universidad privada, porque los campus privados han crecido de manera vertiginosa, auspiciados por una política privatizadora que lleva décadas en curso. Sin embargo, no es ahí donde llegan los mejores estudiantes, porque la universidad pública sigue siendo de una calidad incomparablemente superior. Tampoco es en la privada donde se resuelven sus lagunas formativas, sino casi lo contrario, porque mercantilizar la educación genera una inevitable relación de clientela. Así que, si lo que queremos son mejores estudiantes, no hay más remedio que fortalecer la enseñanza primaria y secundaria.
Hay más quejas entre el profesorado universitario, pero dejémoslo aquí y unamos los puntos: si tanto el PTGAS como nosotros estamos precarizados, ¿no sería bueno ir de la mano para exigir más personal? Si la necesidad de financiación por medio de convocatorias competitivas nos hace trabajar en un estado de explotación y ansiedad permanentes, ¿no deberíamos plantarnos y reclamar presupuestos justos, en vez de perder el seso en la enésima convocatoria o el enésimo contrato? Si tanto nos atormentan los problemas educativos del alumnado, ¿no deberíamos aliarnos con nuestros colegas de primaria y secundaria? Si algo de lo anterior te convence, súmate a las plataformas que se han erigido en las universidades madrileñas y movilízate en la manifestación del 23 de febrero: ¡Todos los niveles (infantil, primaria, secundaria, FP y universitaria) juntos en defensa de la educación pública!
La universidad pública madrileña sale a la calle para defender su futuro
Por Laura L. Ruiz. Extraído de El Salto
La foto que se tomó el pasado jueves donde un sonriente consejero de Educación, Ciencia, y Universidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, posa al lado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas no supone ni mucho menos un punto y final para las reivindicaciones de la comunidad universitaria. Aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rectificó al rechazar el programa, los centros formativos siguen exigiendo un aumento del presupuesto. La firma del programa María Goyri, donde el Gobierno central destina 117 millones de euros para la creación de 656 plazas de profesores/as ayudantes doctor junto al aporte regional que se traducirá en 1.091 plazas totales en la Comunidad de Madrid, no supone más que un parche para docentes, estudiantes y sindicatos.
Por eso, anuncian movilizaciones para este próximo día 19 de diciembre donde piden a toda la comunidad universitaria de las seis universidades públicas madrileñas que acudan a una concentración a las 12 de mañana en la Asamblea de Madrid. “Es el día que se van a aprobar los presupuestos y es importante que estemos presentes para mostrar que nos oponemos radicalmente a una fascinación tan irrisoria”, explica Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que recuerda que es “solo para mantener todo como está son 200 millones y se dan 47 millones”. “Es un signo mal de la infrafinanciación que llevamos sufriendo años”, explica e indica que cree que es importante unirse y constituir una plataforma universitaria pública para dejar de apoyar la privada. Seis frente a quince centros privados actualmente en la Comunidad de Madrid, recuerda.
Al llamamiento de salir a la calle se han unido sindicatos como CGT, CCOO o UGT. El primero de estos señala en un manifiesto que “a pesar de la permanente insuficiencia financiera a que les somete el gobierno regional, las Universidades Públicas de Madrid constituyen una de las señas de identidad de nuestra Comunidad y el motor de la investigación científica y de su desarrollo, al tiempo que garantizan una educación superior de calidad y en igualdad para los ciudadanos”. “El desprecio de la Comunidad de Madrid hacia la universidad pública viene de largo” y recuerdan que “esta región es la comunidad autónoma en la que las familias pagan más de matrícula” y la que “menor parte del PIB per cápita destina a la universidad pública de todo el país: 13,9%, frente al 27,8% de media nacional”, indican.
“En la Universidad Complutense de Madrid tenemos un problema de financiación crónico porque desde 2009, hace quince años, se dejó de financiar como es debido por la crisis. Pero cuando se produce la subida de inflación, el presupuesto no sube, lo que consideramos es que se ha bajado un 15% de poder adquisitivo”, comenta a El Salto la catedrática de la UCM, Eva Aladro. “Pedimos que la subida no sea un parche para pasar el año, si no para mantener dignamente la calidad de la enseñanza” y explica que quieren “un compromiso real de la Comunidad de Madrid con los contratos a cinco años del programa María Goyri porque son el futuro de la universidad”. Aladro también pone el foco en la Ley de universidades autonómica que ha anunciado Viciana, que según esta profesora de la UCM, será “muy restrictiva en cuanto a la libertad de la comunidad, que plantea restringir la capacidad de manifestarse de los estudiantes y del profesorado al considerar que cualquier maniobra de protesta perturba la vida universitaria y podrá sancionar a las universidades donde se hagan acampadas o acciones de opinión”. “Otra faceta de la mala relación que tiene el Gobierno de Ayuso con la universidad pública madrileña”, opina.
Para Rubén Juste, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Carlos III, explica que las transferencias de fondos de la Comunidad de Madrid han bajado del 90% de coste de personal al 60% que cubre ahora en su centro. Esto, indica, también se traduce en acciones como quitar grados, competir con la privada. “Se ha visto el crecimiento del 120% de la privada y lo que hay detrás de esta infrafinanciación de la pública es fomentar la privada, sin basarse en que sean mejores, solo que sean un negocio”, indica.
“Supone forzar a la universidad a financiarse de otros lados, que es su idea, que lo público no sea público”, explica, muy en línea con lo que señala Eva Aladro con la nueva ley autonómica. “Pone en bandeja a las empresas o fundaciones que quieran desgravarse impuestos entrando en los servicios públicos, como pasó en EEUU cuando empezaron las donaciones y supuso una privatización y un acceso con criterio no objetivos”. El modelo anglosajón o el modelo de ‘universidades garaje’, que abren rápidamente y cierran igual de rápido, “muy comunes en Latinoamérica”, explica Juste.
“Parece que pretende echarnos, que, en lugar de llenar las aulas de alumnos de diferentes entornos y realidades, busca vaciarlas, dejando a un tipo de estudiante muy concreto, mediante un sesgo bien marcado”, explica Irene Calvo Gómez, estudiante de la UAM. “Yo soy, para mi suerte o mi desgracia -explica Álex Mármol, estudiante también de la Autónoma-, una de esas personas que les gustaría emprender la carrera investigadora. En la UAM, por supuesto. Y la verdad es que me aterra, me aterra el hecho de que estoy enfocando mi etapa estudiantil a seguirla de una carrera investigadora que no sé si se me permitirá hacer, ni las condiciones en las que podré hacerla. No solo me preocupa la falta de recursos, sino también la incertidumbre laboral a la que te sometes, y ya ni hablar de la falta de apoyo que tenemos por parte del resto de la sociedad”.
“Este abandono de las universidades no significa únicamente el abandono de los trabajadores y los estudiantes, sino también de ese centro clave, origen de diversidad, ideas y movimientos. Lo que es precisamente posible gracias a su carácter público, que permite ese acceso a un mayor número de personas”, opina Calvo Gómez. Preguntado por qué necesita la universidad para funcionar, Mármol lo tiene claro: “Recursos, sobre todo recursos. Pero también credibilidad. Necesitamos poder pagar a todas las personas empleadas sin tener que apretarnos el cinturón, y no sólo eso, necesitamos poder pagar también todas las reformas que nuestras infraestructuras necesitan, pues no podemos estudiar con el miedo de que se nos caiga un techo en la cabeza, porque está ocurriendo”. “Si desde los cargos más importantes se nos intenta humillar públicamente -prosigue-, el apoyo público que tenemos disminuye, y eso es peligroso a la hora de la difusión y aplicación de los resultados de las investigaciones. Necesitamos que nos tomen en serio”.