Lo que hemos aprendido a tres años de la Masacre de Marikana

El 9 de agosto de 2012, los mineros de las minas de platino de Marikana, al norte de Johannesburgo (Sudáfrica), iniciaron una huelga general reivindicando una subida salarial. Unos días más tarde, las protestas se saldaron con la muerte de 44 personas. En la actualidad, casi tres años después, los hechos se utilizan como arma arrojadiza para conseguir réditos políticos por parte de múltiples actores (sindicatos, partidos, patronal, etc.), a costa de los supervivientes y sus familias. Este artículo es un humilde intento de explicar lo ocurrido y analizar la situación política derivada de los hechos, siendo conscientes de las limitaciones que entraña hablar desde Occidente sobre un conflicto laboral y político africano, con toda su idiosincrasia y matices.

Sudáfrica, un país de desigualdades

Todas/os conocemos, a grandes rasgos, la historiografía oficial: Sudáfrica era un país de profundas desigualdades étnicas, regido desde la década de 1950 por las racistas Leyes Apartheid, que prohibían a negros/as y asiáticos/as residir en barrios de blancos/as, estudiar en sus escuelas, optar a puestos de la Administración pública, votar, poseer tierras, etc. hasta que en 1994 Nelson Mandela y la African National Congress (ANC), tras abandonar la lucha armada, arrasaron en las elecciones. Ahora, el país más occidentalizado del continente africano, se presenta como nicho de cohesión, libertad e igualdad.

Por supuesto, esto no es así. A la discriminación racial legal del Apartheid siguió la discriminación económica. En la práctica, la segregación racial sigue tan viva como nunca: las “razas” continúan viviendo separadas, con la salvedad de una pequeña élite negra que convive con la minoría blanca (10% de la población) propietaria del 90% de la tierra. La industria minera sudafricana produce el 80% de las reservas de oro del mundo, el  40% de las de platino y extracta gran una cantidad de diamante. Además, Sudáfrica cuenta con una fuerte industria turística y agrícola. A pesar de estos indicadores de riqueza, el 62% de los/as sudafricanos/as negros/as, el 29% de los/as mestizos/as, el 11% de los/as asiáticos/as y el 4% de los/as blancos/as viven en situación de pobreza. Sin embargo, sus inigualables recursos naturales y gran parte del capital que generan son exportados a Europa y EEUU, gracias a la intervención de empresas mineras como  AngloAmerican.

Otros datos escalofriantes como la tasa de población negra infectada de SIDA y, especialmente, su impacto entre las mujeres, que duplica al de los hombres, podrían servir para terminar de retratar la desigualdad imperante en África, pero omitiremos su desarrollo por una cuestión de espacio.

Los hechos de Marikana

Pese a la situación generalizada de explotación es raro que se den protestas en este país.  Los gravísimos y conocidísimos casos de corrupción que afectan a la African National Congress no han impedido que el partido de Mandela gane sistemáticamente todas las elecciones desde los 90, cuando se levantó la prohibición de voto de la población negra. Los/as candidatos/as de la ANC se perciben como originarios/as de los townships (barrios chabolistas no-blancos), es decir, como “uno/a de los/as nuestros/as”, sin considerar que la mayoría son millonarios/as muy alejados/as de las necesidades de las bases que les votan. Este prestigio y la infalibilidad electoral, provocan que todas las tendencias políticas se concentren en la ANC, incluyendo al mismo tiempo corrientes comunistas y liberales, unidas por la reivindicación de la figura de Mandela.

Los sindicatos como la Association of Miners and Construction Union (AMCU) o la National Union of Mineworkers (NUM) nos recuerdan a CCOO y UGT en la época de gobierno del PSOE. Su crítica es casi nula y las acciones del Ejecutivo rara vez se cuestionan.

Teniendo todo esto en cuenta, la huelga de los mineros de Marikana en 2012 tuvo un valor añadido. En primer lugar, por su excepcionalidad. Desde la época post-Apartheid las huelgas contra el gobierno se pueden contar con los dedos de una mano. En segundo lugar, porque los huelguistas trabajaban para la empresa Lonmin, dirigida por altos cargos del gobierno como Cyril Ramaphosa, actual vicepresidente del Ejecutivo, candidato a futuro presidente y director general de varias empresas, como McDonald’s. Su fortuna se estima en 750 millones de dólares.

Los mineros iniciaban su huelga reclamando subidas salariales de 95 dólares al año. Dos días después, el 11 de agosto de 2012, se produjeron los primeros enfrentamientos armados con la policía. Murieron seis mineros, dos policías y dos vigilantes de seguridad privada de Lonmin. Acto seguido, Ramaphosa condenó la “vil actitud criminal” de los huelguistas y desplegó en la zona a las tropas de élite de la policía (SAPS). El 16 de agosto, tras una semana de protestas, estos/as agentes de élite dispararon contra una manifestación a las afueras de una mina y acabaron con la vida de 34 personas más.

En total fallecieron 44 personas en el enfrentamiento: 40 mineros, 2 policías y 2 vigilantes privados. O 45, si contamos un cadáver sin identificar descuartizado a machetazos y hallado en una de las minas el 11 de septiembre.

El aprovechamiento político del conflicto

Tras la masacre, compañeros/as, familiares y amigos/as de los fallecidos organizaron una asociación autónoma destinada a continuar con las reivindicaciones y reunir testigos que aportaran testimonios a la Comisión de Investigación Farlam que inició Jacob Zuma, el presidente del gobierno.

Al poco tiempo el sindicato AMCU y el partido de centro-izquierda Economic Freedom Fighters (EEF), liderado por Julius Malema, ingresaron en esta organización creada por los mineros. Desde entonces, ambas organizaciones han obtenido jugosos beneficios y la asociación ha dejado de ser una interlocutora con el Ejecutivo.

La AMCU ha condenado en todo momento la acción de la policía durante el conflicto  pero era poco contundente en sus críticas al gobierno hasta que, el 11 de marzo de 2013, Steve Khululekile, líder regional de la AMCU y testigo clave en la Comisión Farlam, fue asesinado a tiros en una taberna por tres hombres armados no identificados. Tras este hecho, su discurso contra el gobierno se fue endureciendo, hasta que, el 14 de agosto de ese mismo año, la empresa Lonmin firmó un acuerdo con la AMCU reconociéndola como el sindicato mayoritario y otorgándole privilegios especiales. Poco después, en 2014, organizaron una nueva huelga y lograron una pequeña (pero no irrelevante) subida salarial para los trabajadores de la empresa, que se ha vendido como la victoria de Marikana y el final del conflicto iniciado en el 2012.

El EEF, por su parte, siempre se ha mostrado más crítico con el gobierno valiéndose de la relación entre Ramaphosa y Lonmin. Su discurso es populista e hipócrita si se tiene en cuenta que Julius Malema pertenece a la misma élite que su rival político. Desde el inicio, Malema se autoproclamó vocero de las familias afectadas por la masacre, lo que ha aumentado sus apoyos en la región y sus escaños en las últimas elecciones. Sin embargo, este apoyo no ha sido suficiente como para desbancar a la ANC ni utilizado para presionar a la Comisión Farlam para que condene a algún miembro del gobierno o de Lonmin.

Lecciones

Desde que la AMCU y el EEF han metido el hocico en el asunto, las iniciativas y reivindicaciones de los/as trabajadores/as se han invisibilizado y su discurso y pretensiones se han rebajado. A pesar de haber logrado algunas mejoras parciales para los/as perjudicados/as, éstas no han sido más que un poco de maquillaje para ocultar la tragedia. Los únicos que se han beneficiado de esta situación han sido la AMCU y el EEF. En contraste, los mineros continúan en una situación de explotación y miseria, y las élites se perpetúan sobre sus privilegios y millonarios beneficios.

Información extraída de la revista sudafricana Amandla, de la web International Socialism y de la cadena Al Jazeera