March madness: crónica de un marzo represivo

Detenciones en Moratalaz

El 10 de marzo, agentes del Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional irrumpieron en las casas de 18 personas y las detuvieron delante de sus familiares y vecinas/os. ¿El motivo? Porque supuestamente desplegaron una pancarta que leía «Ni gente sin casa, ni casas sin gente. Stop Desahucios» durante el Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Moratalaz. La Policía no dudó en imputarles un delito contra las instituciones del Estado y en tildarles de violentos/as antifascistas y antisistema pertenecientes a un colectivo llamado Distrito 14 (www.distrito14moratalaz.blogspot.com.es). Nuestra querida Delegada de Gobierno lo justificó alegando algo tan poco fundamentado y ridículo como que durante la acción «se armó la marimorena«.

La Sentencia del Parlament

El 18 de marzo se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que anula la absolución de ocho de las/os veinte encausadas/os por la acción Aturem el Parlament y las condena a tres años de prisión a cada una/o. Recordemos que esta sentencia resuelve un recurso interpuesto por la Fiscalía, la Generalitat y Manos Limpias contra la absolución dictada por la Audiencia Nacional el año pasado. Esto ocurre la misma semana que el mismo Tribunal Supremo absuelve a cuatro guardias civiles que habían sido condenados a 10 años por torturas y lesiones por la Audiencia de Palma.

Menos mal que nos tenemos entre nosotras. Menos mal que sabemos que esto no será así para siempre. Seguimos muy decididas/os a continuar con las enseñanzas revolucionarias de quien ya nos dejaron, de quienes se jugaron sus vidas por la dignidad de todas las generaciones. El Caso Parlament será recordado por el infranqueable compañerismo generado. El Caso Parlament será recordado por la infamia y la jugarreta política.

Más información en nuestra crónica sobre el juicio (https://www.todoporhacer.org/cuando-acabe-este-juicio-volvere-a-imaginar-el-mundo-en-el-que-quiero-vivir-una-cronica-del-juicio-a-losas-acusadosas-de-bloquear-el-parlament) y en https://encausadesparlament.wordpress.com

Detenciones tras las Marchas de la Dignidad

El 21 de marzo, la policía detuvo a 17 personas (tres de ellas menores) tras las Marchas de la Dignidad que recorrieron Madrid ese día. Los cargos: atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. A pesar de que nadie resultó lesionado/a (salvo los/as manifestantes agredidos/as por los/as antidisturbios, pero esa es otra historia), la Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva para tres de ellos/as, con la clara intención política de amedrentar y lanzar un aviso para navegantes con efecto desmovilizador. Por suerte, la Jueza de Instrucción la denegó.

Las cosas no marchan bien en Madrid últimamente, cada vez son más las/os disidentes amenazados/as con ingresar en prisión, pero nos tenemos los/as unos/as a los/as otros/as para cuidarnos, darnos fuerzas y dar la cara para no permitir que esto ocurra.

Criminalización de los/as defensores/as de los Derechos Humanos

El 23 de marzo, La Dirección General de Servicios Penitenciarios prohibió que Jorge e Iñaki, dos miembros de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, visiten a personas presas en las cárceles de Cataluña. Tuvieron noticia de ello cuando trataron de visitar a José Antúnez Becerra, preso que lleva en huelga de hambre desde el pasado 23 de enero de 2015 para denunciar la existencia de cadenas perpetuas encubiertas. Más información en http://www.prevenciontortura.org/general/vetan-la-entrada-a-dos-defensores-de-derechos-humanos-en-las-prisiones-catalanas/

Dos días después, fueron detenidas en Euskal Herria Ohiana, Nagore, Izaskun y Fernando en el marco de la denominada “Operación Pastor”, una jugada represiva contra los y las defensoras de derechos humanos. De este modo la Audiencia Nacional y el Gobierno del Estado español han vuelto a sobrepasar la línea roja deteniendo a profesionales de la salud dedicados y comprometidos con las personas presas y sus familiares, haciendo uso del sistema penal para reprimir al conjunto de personas y organizaciones dedicadas a la denuncia de las vulneraciones de derechos cometidas en el marco de la privación de libertad (https://legal15m.wordpress.com/2015/03/26/comunicado-respecto-a-la-detencion-de-nagore-lopez-oihana-barrios-fernando-arburua-e-izaskun-abaigar-en-el-marco-de-la-denominada-operacion-pastor/)

Ohiana y Fernando habían participado en la elaboración del  estudio “Incomunicación y tortura” que analiza en base al Protocolo de Estambul 45 casos de personas que han denunciado malos tratos y torturas durante el régimen de incomunicación.

Las/os cuatro salieron en libertad tras pagar una fianza de 15.000 euros cada una/o (http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20150327/el-juez-decreta-libertad-bajo-fianza-para-las-cuatro-personas-detenidas-el-miercoles)

Sentencia de los disturbios de Can Vies

El 27 de marzo amanecimos con otra triste noticia: «Condenados tres jóvenes a tres años y medio de prisión por los disturbios de Can Vies» (http://www.publico.es/espana/condenados-tres-jovenes-tres-anos.html) Los/as chavales/as negaron tener algo que ver con el asunto y anuncian que recurrirán ante la Audiencia Provincial.

Aprovechamos para rescatar un artículo nuestro sobre los sucesos de Can Vies, publicado en julio del año pasado. «Si Can Vies va a terra, barri en peu de guerra»: https://www.todoporhacer.org/si-can-vies-va-a-terra-barri-en-peu-de-guerra

30 de marzo: Operación Piñata

La última gran operación, conocida como Piñata, la vivimos hace escasos días, el 30 de marzo de 2015, cuando la Policía Nacional detuvo a quince anarquistas en Madrid y Catalunya. Tanto estas personas como las detenidas en la Operación Pandora se encuentran imputadas por pertenencia a organización terrorista, los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados). A día de hoy, cinco permanecen en prisión provisional.

Como dice el abogado Benet Salellas en un artículo titulado “Pandora Empresonada” (“Pandora encarcelada”), publicado en La Directa el 19 de diciembre de 2014, “el juez habla de los GAC como organización terrorista, y utiliza para probar la pertenencia de los imputados hechos como asistir a reuniones o participar en la elaboración de boletines y publicaciones de cariz propagandístico libertario”. 

Todas estas operaciones, por supuesto, fueron precedidas por una intensa campaña mediática de criminalización. Era necesario “crear” el enemigo, el monstruo al que toda la población debía temer, si querían que sus propósitos prosperasen. Y así, nos hemos encontrado con un incremento de titulares tendenciosos, y a veces manipulados, contra el anarquismo y los denominados antisistema en general. Por citar un par de ejemplos, se publicó “El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda”, en El País, 16 de noviembre de 2013 y “Cosidó [el Director General de la Policía] dice que el terrorismo anarquista se ha implantado en España y que existe riesgo de atentados”, en Europa Press, 12 de junio de 2014.

¡Frente a su miseria, nuestra solidaridad!