El pasado día 16 de mayo, un grupo de unos cien letrados/as del turno de oficio de Madrid – en su mayoría miembros de las asociaciones ALA (Asociación Libre de Abogados), ALTODO (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno) y APAEM (Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid) – se encerró, tras decidirlo en asamblea ese mismo día, en la sede del Colegio de Abogados. El motivo que les espoleó a hacerlo es la sensación de que las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Abogados para tratar de alcanzar un acuerdo que solucionara los problemas con los que se encuentran a diario los/as abogados/as del turno de oficio madrileño habían llegado a una vía muerta. Algunos/as de ellos/as pasaron la noche allí y muchos/as más estuvieron presentes en el edificio del Colegio de Abogados al día siguiente mientras se reunía la Junta del Colegio que, visiblemente presionada, cedió a sus demandas y tomó la decisión de suspender todas las designaciones de asistencia letrada y turno de oficio a partir del 1 junio, excluyendo aquellas causas que afecten a personas privadas de libertad (detenidos/as y presos/as).
Se decidió adoptar la suspensión de las actividades relacionadas con el turno de oficio como forma de protestar y presionar a la Comunidad de Madrid a aceptar una serie de reivindicaciones que llevan exigiendo los colectivos anteriormente mencionados durante varios años. A partir del 1 de junio, cualquier ciudadano/a que no tenga letrado particular y desee solicitar uno de oficio, no podrá hacerlo. Eso va a derivar en la paralización de muchos procedimientos, ya que se suspenderán hasta que se le adjudique uno, una vez que haya finalizado la suspensión del servicio.
Reivindicaciones de los/as letrados/as de oficio
Lo que los medios de comunicación, en su gran mayoría, han destacado al tratar esta noticia ha sido el aspecto económico de las reivindicaciones de los/as abogados/as a través de titulares como Los abogados del turno de oficio se encierran porque la Comunidad no les paga (ABC, 16 de mayo), pero no se ha hecho tanto hincapié en el carácter de servicio público de su trabajo y el riesgo que éste corre.
El aspecto económico de esta lucha es, ciertamente, de gran importancia. Existen retrasos de hasta medio año en el pago de las guardias de los/as abogados/as de turno de oficio, no cobran intereses generados por las demoras ni se actualizan los baremos del cobro desde el 2003 (lo cual supone una pérdida de poder adquisitivo año a año) y muchos/as se han visto obligados/as a acudir a la figura financiera del confirming, por la cual los pagos de intereses por este adelanto pueden suponer hasta el 20% de las facturas. La importante falta de dotación presupuestaria ha sido clave a la hora de llegar a la situación crítica en la que se encuentran: la Comunidad de Madrid abonó en enero de este año 35 millones de euros correspondientes al año 2010, quedando todavía pendientes de pago más de 4 millones del último trimestre del mismo año. El libramiento parcial realizado se hizo, sin embargo, con cargo al presupuesto de 2011 y agotando dicha partida, de forma que los/as abogados/as del turno de oficio de Madrid no saben ni cuándo se va a liquidar lo que les corresponde del año 2010 ni cómo van a ser abonadas sus actuaciones del 2011, una vez consumidas totalmente las cantidades presupuestadas.
Por otro lado, una preocupación más importante es la del peligro que corre la figura de la justicia gratuita, que beneficia a los/as más desfavorecidos/as económicamente y cuya demanda aumenta cada año. Además de la reducción de la partida presupuestaria, algunos altos cargos del gobierno de Esperanza Aguirre han declarado su intención de llevar a cabo recortes para limitar este derecho cada vez más, sobre todo en materia de Derecho de Extranjería. Existen varias ideas sobre cómo debería llevarse a cabo este mutilación, pero la más sonada ha sido la de no permitir a los/as abogados/as de oficio financiados/as por la Comunidad de Madrid recurrir sentencias ante un órgano superior, por lo que esta posibilidad quedaría restringida a quienes se puedan permitir un/a abogado/a particular.
Todas estas reformas apuntan hacia una privatización encubierta del derecho a la justicia gratuita. Es por ello que las tres asociaciones participantes en la movilización publicaron hace varios meses un manifiesto en el que se oponían a “la privatización tácita o expresa del turno de oficio”.
La lucha de los/as letrados/as de oficio
El encierro en el Colegio de Abogados del 16 y 17 de mayo ha sido una acción relativamente mediática que se ha llevado a cabo en el contexto de esta lucha, pero no ha sido la única. Por citar las movilizaciones más recientes, el pasado 16 de febrero cortaron durante más de diez minutos la calle Serrano y se concentraron en la entrada del Colegio de Abogados. Poco tiempo después entraron varios/as agentes de la policía nacional en el edificio, pero tras recibir gritos de “¡fuera, fuera!” y “¡esta es nuestra casa!”, se marcharon cabizbajos/as y avergonzados/as y permanecieron por los alrededores, probablemente porque la Junta del Colegio les pidió que salieran. Posteriormente, el 28 de febrero y el 5 de mayo se convocaron concentraciones en la Puerta del Sol exigiendo un “Turno de Oficio Digno” a las que acudieron casi 200 letrados/as portando togas.
Más información en www.nodo50.org/ala
Muy bien explicada esta noticia. En los medios aparece algo cada día, pero no se explica claramente.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-01-06-11/1117492/ (minuto 13:50)
http://www.nodo50.org/ala/spip/spip.php?article1469
En los medios sólo se habla de las cuestiones económicas
Los/as abogados/as de oficio reducen la asistencia a un 11%: http://www.nodo50.org/ala/spip/spip.php?article1497
«Los pobres van a perder el derecho a la justicia»: http://www.publico.es/espana/440359/los-pobres-van-a-perder-el-derecho-a-la-justicia