“No queremos armas, guerras, enfrentamientos, no queremos más muertes, ni más operaciones aquí”. Éstas fueron las últimas palabras expresadas por Tahir Elçi antes de ser asesinado por un disparo en la cabeza durante una rueda de prensa en Diyarbakir, capital de las provincias kurdas de Turquía, el pasado 28 de noviembre. Había sido un reconocido abogado, decano del Colegio de Abogados de Diyarbakır y defensor de los derechos del pueblo kurdo. Murió reclamando el fin de la violencia entre Turquía y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
Elçi claramente se encontraba en el punto de mira del Estado turco. Había sido detenido en numerosas ocasiones (la última vez en octubre de 2015, por haber repartido “propaganda terrorista” del PKK) y recibía amenazas de muerte constantemente por haber expresado que el ilegalizado PKK no debería que ser considerado una organización terrorista. Por ello, tras producirse su fallecimiento, muchas personas no descartaron que su muerte (tildada de “accidente” o “daño colateral” entre fuego cruzado entre la policía y unos desconocidos sicarios) se tratase de un “asesinato planificado”. Así lo expresó el pro-kurdo Partido de la Democracia del Pueblo. Su hermano, Ahmet Elçi, fue más lejos y expresó que su hermano había sido “asesinado por el Estado” turco. Un alto cargo del gobierno, más tarde, emitió un comunicado oficial exponiendo que “se está investigando la posibilidad de una tercera parte directamente implicada en el asesinato” y el presidente Recep Tayyip Erdogan alegó que incidentes como éste justifican su lucha contra el terrorismo.
La noticia de la muerte de Elçi causó una oleada de estupor e indignación, que provocó manifestaciones masivas y fuertes disturbios, todo ello encabezado con el lema “No nos podéis matar a todos”.
No es, ni mucho menos, la primera vez que se atribuye una operación de este tipo a las fuerzas de seguridad turcas. En junio del año pasado un atentado con bomba provocó cuatro muertes en Diyarbakir, y en julio, en Suruç, otro explosivo causó otras 33. Se ha sospechado que el Estado turco está permitiendo al Estado islámico (EI) realizar estos actos, cuando no los realizan ellos mismos, con el fin de desestabilizar a las fuerzas kurdas y reforzar el poder del Erdogan. Un caso muy sangrante se produjo en julio, cuando militantes del EI cruzaron un paso fronterizo vigilado por militares turcos y penetraron en Kobane (ciudad que había sido recuperada por la milicia kurda del YPG unos meses antes), donde asesinaron a 42 personas. El Gobierno de Ankara negó que hubiera permitido pasar al Estado islámico y afirmó que los militantes del EI se desplazaron desde Yarablus. Sin embargo, eso implicaría que los yihadistas habrían tenido que cruzar el Éufrates y viajar inverosímilmente durante 40 kilómetros a través de territorio en manos de las YPG, en los que hay numerosos puntos de control.
El culmen de esta guerra sucia se produjo el pasado 10 de octubre, en plena campaña electoral, cuando 97 personas murieron a causa de la detonación de dos bombas portadas por suicidas en Ankara durante una manifestación pacífica pidiendo el cese de las hostilidades contra el pueblo kurdo. El atentado ha sido atribuido al EI, pero se sospecha que el gobierno turco podría haber hecho más por impedirlo. El Partido de la Democracia del Pueblo fue contundente al atribuir los atentados a una “mafia del Estado”, o el llamado “Estado profundo”, una nebulosa integrada por antiguos miembros de los servicios de seguridad y de espionaje y por sectores ultranacionalistas y de extrema derecha. Son los herederos de los Lobos Grises, un grupo paramilitar fascista ligado al Partido del Movimiento Nacionalista Turco que sembró el terror en los años de plomo desde los años 60 hasta la década de los 90.
Como consecuencia del fin violento de la campaña electoral, triunfó el voto del miedo y Erdogan emergió victorioso, acaparando la mayoría absoluta el 1 de noviembre. Fue nombrado presidente (lo cual oficialmente no debería constituir un puesto de poder significativo) y Ahmet Davutoglu su Primer Ministro (cargo que sí concentra mucho poder), que no es más que su marioneta.
Desde la victoria de su grupo islamista moderado, se ha optado por solucionar los problemas con mano dura. Esto lo acreditan la detención e interrogatorio de al menos 18 académicos por publicar un manifiesto contrario a la política del Ejecutivo o la envergadura de las operaciones militares que se están llevando a cabo en las zonas kurdas de Turquía, donde cientos de personas han muerto en los últimos meses en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado PKK. Y es que cada vez que el gobierno de Ankara bombardea posiciones del EI, hace lo propio con las del PKK y las YPG, llevándose por delante a civiles y a las primeras filas de contención del avance yihadista.
Publicaba El País el 16 de enero de este año que “entre las virtudes de Recep Tayyip Erdogan no se cuenta desde luego el talante. El jefe de Estado turco, quien verdaderamente gobierna el país pese a que su cargo es oficialmente poco más que ceremonial, no deja de repartir invectivas a diestro y siniestro: los académicos críticos son “traidores” y “quintacolumnistas”; quienes protestan en las calles, “saqueadores” y “ateos”; los políticos de la izquierda prokurda, “cómplices de los terroristas”; los socialdemócratas “aliados de golpistas”. Desde Noam Chomsky a Vladimir Putin, Erdogan se ha enfrentado en los últimos meses con todo aquel que le criticase, haciendo honor a la máxima de quien no está conmigo, está contra mí. No importa si son grandes o chicos, un gran medio de comunicación o un niño que arranca un póster con la efigie del presidente, la maquinaria judicial se pone en marcha para perseguirlos”.
¿Qué hace Occidente ante los excesos y violaciones de derechos humanos de Erdogan? Condenan de boquilla sus detenciones y bombardeos, pero poco más. EEUU necesita la colaboración del Presidente para mantener la base militar de Incirlik (desde donde lanza sus ofensivas contra el EI) y la Unión Europea (UE) lo propio para que Turquía contenga el flujo de refugiados/as sirios/as. Esto se evidenció cuando Federica Mogherini (portavoz de Política de Seguridad de la UE) emitió un comunicado tildando de “extremadamente preocupante” la detención de los/as 18 firmantes del manifiesto, pero a la vez condenó todos los atentados terroristas, incluyendo los del PKK. ¿Era necesario condenar las acciones del PKK en un comunicado sobre la detención de 18 personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión? Claramente, lo que buscaba era no enfadar a su aliado turco en su tibio reproche a su vulneración constante de los derechos humanos. Y así se producen asesinatos como el de Elçi y el exterminio del pueblo kurdo, mientras el mundo enmudece y lo contempla desde la distancia.