El pasado 11 de abril, Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, visitaba el barrio de Hortaleza dentro de la iniciativa institucional “1 mes, 1 distrito”. Junto con el concejal de Participación Ciudadana, Nacho Murgi, y con la concejala del Distrito, Yolanda Rodríguez, visitó diferentes puntos del barrio, como un huerto urbano, una compostadora o la futura sede de la Casa de Mujeres de Hortaleza, para terminar la jornada acudiendo a un encuentro abierto a las vecinas del distrito en la propia Junta.
Dicho acto, que duró algo más de dos horas, fue realmente soporífero pues el encuentro congregó a un grupo numeroso de auténticas fans de Carmena, cuyas intervenciones se limitaron a agradecer la convocatoria de dicho acto y comentar determinadas cuestiones del barrio que para nada suponían un difícil compromiso para cualquier equipo de gobierno. Para aquellas cuestiones más complejas, siempre cabía la opción de afirmar que sus competencias no daban para más o que el marco legal no permitía actuar en esa dirección. En este punto, cabe reflexionar sobre la utilidad de un encuentro con las autoridades políticas, cuando se pierde una cuarta parte del tiempo establecido en alabar la convocatoria del encuentro, ¿encontrarnos para autoelogiarse sobre el hecho de encontrarnos? Cuando ya empezábamos a dar cabezadas, le tocó hablar a una compañera involucrada desde hace años en el movimiento por la vivienda en el barrio, así que salimos de nuestra fase REM, para escuchar atentas. Junto con una intervención previa que cuestionaba la actuación de Ahora Madrid en el caso Zapata o el incumplimiento de varias promesas (como la remunicipalización del servicio de limpieza), tuvo lugar el único momento crítico de la tarde, aunque el periódico del barrio se empeñara en dulcificarlo en un artículo posterior.
Durante los últimos meses, Manuela Carmena no ha hecho más que realizar intervenciones públicas donde afirmaba que Madrid era una ciudad libre de desahucios, afirmación cuya falsedad se puede contrastar con una sencilla búsqueda por Internet, o viendo los propios informes de PAH Madrid o de diferentes organismos judiciales, o echando un ojo cada semana al listado de convocatorias que cuelgan en sus medios las propias asambleas de vivienda de los barrios. Esta continua estrategia comunicativa electoralista, está siendo una pesada traba en el constante trabajo de dichos colectivos. En Madrid hay desahucios. Aunque es innegable que el número de ejecuciones hipotecarias se ha reducido, esta es una realidad que poco tiene que ver con la entrada del nuevo gobierno municipal sino que hay que achacárselo al trabajo de estos últimos cuatro años de los colectivos de vivienda. Esfuerzo y constancia que han forzado a las entidades bancarias a tomar medidas, que aunque siguen siendo insuficientes, han conseguido reducir en parte el problema. Aun así, cuando Carmena habla de desahucios excluye a las personas desahuciadas por no poder pagar el alquiler o por estar ocupando una vivienda deshabitada. Esta cuestión salió en la charla sin recibir ninguna respuesta por su parte. ¿Qué opina realmente el nuevo Ayuntamiento sobre la okupación? Aún no lo sabemos. Lo importante del encuentro era vendernos la moto. Bueno, realmente, la mínima intervención sobre la okupación que hizo podía habérsela ahorrado, pues en otro momento del acto, habló de que no se puede premiar a las okupas que tratan de saltarse las listas de vivienda social, como si la entrada en este tipo de viviendas fuera una forma de hacer trampa y no un acto de necesidad. La campaña de la FRAVM contra las “mafias okupas” está siendo la excusa perfecta para los poderes comunicativos, policiales y políticos, para no abordar esta realidad, o si se trata, se hace criminalizando a todo un colectivo. La metedura de pata por parte de cierto movimiento vecinal ha sido histórica, sirviendo en bandeja un escenario idóneo para la guerra contra las más pobres. Un ejemplo de ello, es el artículo de El Mundo, “El mapa de la mafia okupa en Madrid”. Basura periodística donde colabora la FRAVM. Por ello, el punto del reglamento de la Empresa Municipal de Vivienda que penaliza a los okupas con la imposibilidad de acceder a una casa está siendo prácticamente imposible de cambiar. Recientemente, la Coordinadora de Vivienda de Madrid escribió un comunicado (que puedes leer completo aquí) tocando dicha realidad en el que decía: “hemos apostado por una dinámica participativa con el nuevo ayuntamiento. Así que cuando nos comunicaron que desde la EMVS se pretendía modificar el reglamento interno nos pusimos manos a la obra para revisarlo y presentar las alegaciones pertinentes. El pasado 7 de marzo de 2016 presentamos ante registro un documento que a posteriori fue desestimado en su totalidad exceptuando un pequeño punto de cambio de nombre. […] Entendemos con esto una falta de escucha y dialogo con el conjunto de la ciudadanía por parte de Marta Higueras y su departamento. Vistas las ultimas informaciones sobre la aprobación de un reglamento que, ahora si, parece suscitar cierta discrepancia social e interna en el seno del ayuntamiento, queremos recordar nuestras alegaciones y pedir una revisión de la desestimación de las mismas y remarcar nuestra total repulsa al requisito de “no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble de titularidad pública en el momento de la solicitud o con posterioridad a la misma”. Esta medida, al mas puro estilo PP, es un circulo vicioso, que no hace mas que perpetuar y criminalizar una situación de extrema miseria. Que no deja otra solución a las miles de familias madrileñas que se encuentran ahora mismo ocupando una casa de manera irregular a mantener la misma situación de irregularidad si no quieren verse en la calle.”
Es decir, contamos con un gobierno repleto de pequeños gestos de cara a la galería, priorizando políticas de un cariz progresista pero que en nada trastocan las dinámicas de dicha ciudad (el ejemplo más claro de esto es que en Hortaleza visitaran un huerto urbano y una compostadora, y no los puntos calientes). No son capaces de abordar las problemáticas de una forma real y profunda. Que no existe un plan integral de peso para garantizar el derecho a la vivienda a todas las personas que habitan dicha ciudad, sino que tan sólo se hayan puesto en marcha una serie de medidas, inconexas, con más presencia mediática que real (como la Oficina de Intermediación Hipotecaria), nos reafirma en la idea de la necesidad de continuar autoorganizándonos para asegurar que ninguna de nuestras vecinas se quede en la calle.
Para terminar, con Carmena mantuvimos un momento de tensión, pues nosotras, mal acostumbradas al asamblearismo, entendimos que un encuentro vecinal sería otra cosa, y no sólo una rueda de preguntas y respuestas donde la mesa con las responsables políticas acapararan las intervenciones y marcaran los ritmos. De hecho, el saltarnos esta dinámica y realizar una intervención con un tono más duro de lo que estaba siendo habitual, dio pie a la alcaldesa para encontrar la excusa perfecta para evitar responder las cuestiones planteadas y desprestigiarnos alegando que a través del enfado y el enfrentamiento no se consigue nada, quedando de maravilla ante el auditorio sin haber afrontado las cuestiones que se introdujeron. Como ya dijo aquel, “contra el PP vivíamos mejor”.
Artículo escrito por un vecino de Hortaleza
-Okupación, chivateo y policías
La Delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancuasa, anunció en el mes de abril la creación de una nueva figura policial, el coordinador provincial de seguimiento de viviendas ocupadas. A las tres semanas de conocerse la noticia, los medios locales recogían que dicha entidad había recibido en total casi 800 denuncias, de las cuales tan sólo un centenar ofrecían información útil para la policía. En la presentación del coordinador policial, Dancausa llegó a afirmar, según recogió El Mundo, que las okupaciones son “un fenómeno que afecta gravemente a los vecinos y que son además un foco de delincuencia, de robos, de tráfico de drogas, etc. Son varias las asociaciones de vecinos que sean dirigido a nosotros para denunciar este problema”, así como que “hay personas mayores que no se atreven a salir de casa, problemas sanitarios, chinches, de tráfico de drogas…”. Además, informó de que tienen intención de desarrollar medidas para impulsar que dichos delitos sean tratados como juicios rápidos y se pidan medidas cautelares, es decir, que el desalojo se produzca previa celebración del juicio. Criminalización de la pobreza, endurecimiento de la acción legal y complicidad de diferentes autoridades progresistas. Vamos, lo de siempre.