Cassandra Vera frente al franquismo sociológico y la transfobia. ¿Quién humilla a quién?

El 20 de diciembre de 1973, cien kilos de dinamita, colocados por ETA en el marco de la Operación Ogro, explotaron en la madrileña calle Claudio Coello, acabando con la vida de Luis Carrero Blanco. Destacado militar fascista durante la Guerra Civil, que ascendió gracias al apoyo que le brindó la FET de las JONS, Carrero había sido nombrado presidente del gobierno (y heredero del Caudillo) en el verano de ese mismo año.

Más de 43 años después, y ya en plena democracia, Cassandra Vera ha sido condenada a un año de prisión y siete años de inhabilitación absoluta¹ por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo como consecuencia de haber publicado unos chistes en trece tuits sobre Carrero y las circunstancias del atentado. El razonamiento deductivo de la sentencia es el siguiente: ETA mató a Carrero. ETA es una organización terrorista. Carrero es una víctima del terrorismo. Humillar a Carrero es humillar a las víctimas. La humillación de las víctimas está castigada en el Código Penal. Los/as jueces que condenaron a Cassandra (Juan Francisco Martel, Carmen González y Teresa Palacios²) no se han complicado la vida más allá de esto.

La ideología que subyace tras la condena

Llevamos más de dos años avisándolo: la ultraderecha está avanzando en Europa³. Y, en el caso español, esa derecha está vinculada a la derecha institucional postfranquista con careta de demócrata. Mencionemos algunos ejemplos. “Perderéis como en el 36”, anunciaba en El Mundo, hace unas semanas, un amenazante Sánchez Dragó. “El pucherazo del 36”, titulaba Jiménez Losantos su artículo justificando el golpe de Estado franquista y la posterior dictadura. Por su parte, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, declaró hace un par de meses que echaba en falta “un LePen a la española” y recriminó que “el Rayo no quiere un jugador porque es fascista, ¿qué pasará cuando otro equipo no quiera a un homosexual?”. “Vienen a por nosotros, exactamente igual que en el 36 nos vinieron a buscar para asesinarnos en las cunetas”, remataba Salvador Sostres en la radio episcopal, haciendo un ejercicio perfecto de revisionismo franquista.

Carlos Hernández publicó en ElDiario.es un artículo titulado “No es solo Carrero Franco” (30 de marzo) que resume a la perfección la situación que estamos viviendo: “Si los revisionistas alemanes niegan la existencia de las cámaras de gas, los nuestros no se quedan atrás: convierten la República en dictadura, el franquismo en democracia y hasta se atreven a intentar apropiarse de esas «cunetas» en las que yacen los más de 100.000 hombres y mujeres a los que sus abuelos asesinaron por haber defendido la libertad.

Cada día que pasa son más los periodistas, historiadores, fiscales, jueces y políticos españoles que deciden salir a la calle vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas grabados en color rojo sangre. Hasta ahora, la mayoría de ellos, la tenían escondida en su armario, protegida con una sobredosis de naftalina. Los domingos, al volver de misa, del fútbol o de tomar el vermut, se encerraban en su dormitorio y se la enfundaban para confirmar, satisfechos ante el espejo, lo bien que les quedaba esa indumentaria marcial. El orgullo que sentían en esos breves instantes, se tornaba en tristeza al saber que no podrían volver a lucirla públicamente. Ahora, por fin, todo ha cambiado y el azul fascista, ligeramente teñido para guardar unas mínimas apariencias, vuelve a estar tan de moda que ya no resulta una vergüenza exhibirlo en los juzgados, las radios, los periódicos y hasta en el propio Parlamento.

[…] Hoy estamos a un paso de que ser franquista/fascista sea tan políticamente correcto como no serlo. Son diarios convencionales, radios de máxima audiencia, editoriales de inmaculada reputación los que se utilizan para legitimar la dictadura y justificar sus decenas de miles de asesinatos. Es el presidente del Gobierno el que se enorgullece públicamente de inutilizar la Ley de Memoria Histórica dejándola sin un solo euro de presupuesto; son políticos del partido gobernante los que humillan a las víctimas del franquismo en el Parlamento; son jueces los que se niegan a exhumar los restos de personas asesinadas; son fiscales y magistrados los que, aplicando una ley aprobada por diputados de izquierdas y derechas, acusan y condenan a una joven por hacer un chiste sobre Carrero Blanco. Lo que le ha pasado a Cassandra es solo un paso más en esa dirección de blanquear el franquismo y criminalizar a quienes combatieron contra él”.

Además de blanqueamiento del franquismo, transfobia

Cuando la Audiencia Nacional decidió procesar a los/as chavales/as de Altsasu por delitos de terrorismo, dijimos que se estaba banalizando el concepto de terrorismo. Ahora afirmamos que, a pesar de que la condenada por humillación a las víctimas del terrorismo es Cassandra, cabría decir que fueron los/as jueces/as quienes humillan a las víctimas, al equipararlas con Carrero. Y, de paso, a las del franquismo (lo cual es una obviedad).

Pero no sólo han sido humilladas las víctimas, sino la propia Cassandra también. “Mucha gente no sabía que Cassandra es una mujer trans hasta que en la vista del juicio se ha escuchado a Pedro Martínez Torrijos (el Fiscal) y a los tres magistrados dirigirse a ella como si fuera un varón y no como mujer”, escribió Violeta Assiego en “El juicio a Cassandra Vera, ¿despropósito o transfobia?” (20 Minutos, 30 de marzo).

“Al margen de que se supiera o no que Cassandra es una chica transgénero, lo relevante es que ella no se identifica como varón y ni se nombra como tal ni desea ser reconocida con una identidad masculina. Partiendo de esto, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debería haberla tratado como mujer durante la vista oral máxime cuando el eje central de la discusión era la humillación, el menosprecio, el descrédito, la perdida de estima, los amores propios heridos, la actitud irrespetuosa y… la dignidad de las personas.

Al leer la sentencia -además de discrepar con la calificación penal de los hechos- compruebo como en hasta (al menos) medio centenar de veces la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se dirige a Cassandra como el acusado, el declarante, el dicente, el detenido, el autor, etc. […] Creo que es necesaria alguna explicación, aclaración o disculpa por esta situación, a mi juicio, no aceptable. Es importante un gesto que permita enmarcar, si es que es posible, esa falta de tacto, máxime en estos tiempos donde desde un sector ultraconservador se viene haciendo una campaña feroz contra la comunidad trans con el famoso las niñas tienen vulva y los niños tiene pene. […]

Me uno a quienes consideran que la condena a Cassandra es un ataque a la libertad de expresión, pero añado que no solo por sus 13 tuits sino porque se le ha negado la posibilidad de defenderse bajo su verdadera identidad”.

Pero, por desgracia, la humillación que sintió Cassandra no se limitó a su masculinización en la sentencia. En los días posteriores a la resolución los medios de comunicación hurgaron en su pasado, recuperando e interpretando todo lo que había publicado en su vida. Incluso se remontaron a tuits escritos cuando tenía 15 años para retratarla como una persona violenta o antisocial, reluciendo mensajes reivindicando la muerte de fascistas, de Rajoy o de taurinos. No sorprende que medios de derechas como OkDiario la hayan vilificado, pero extrañó un poco más que la presunta progre Beatriz Talegón, presumiblemente sedienta de protagonismo (no sería la primera vez), publicara un artículo (que solo podemos tildar como irresponsable y miserable) en El Plural titulado “Yo no soy Cassandra” (31 de marzo), asegurando que “que por muy injusta y cruel que sea la sentencia de la Audiencia Nacional, y que yo siempre criticaré, esta mujer no debería ser la imagen de ningún valor ético que defender para el conjunto de la sociedad”.

¿Si Carrero es una víctima del terrorismo, lo puede ser Franco también?

La pregunta puede parecer estúpida, pero no lo es, si decidimos llevar a las últimas consecuencias la sentencia de Cassandra. El Real Decreto 671/2013 incluyó en la consideración de víctimas a los/as “amenazados/as” desde 1960, y ciertamente Franco estuvo “amenazado” por ETA y otros grupos armados desde 1936 en adelante. Se derrochó una gran cantidad de imaginación en planificar atentados contra su vida y por lo menos hay cuatro intentos documentados posteriores a 1960.

En consecuencia, Isaac Rosa en su artículo “Franco también es una víctima del terrorismo, no hagan chistes” (ElDiario.es, 30 de marzo) explica que “siguiendo la doctrina loca de la Audiencia Nacional tampoco deberíamos reírnos muy fuerte de Franco, que es una víctima. ¿Les parece un disparate? Lo es, y muy gordo. Pero no mucho mayor que el disparate firmado por tres jueces, al considerar a Carrero Blanco una víctima del terrorismo en el mismo plano que las demás. Por respeto a las víctimas y sus familias, yo nunca diría que Franco es una víctima. Pero tampoco Carrero, o no debería serlo como merecedor de «reconocimiento y protección integral», y mucho menos que toda una Audiencia Nacional gaste tiempo y dinero en defender su memoria contra unos chistes. […] Pero la Audiencia ha conseguido el combo doble: humillar en una misma sentencia a las víctimas del terrorismo, y a las víctimas del franquismo. Bingo”.

El abogado Gonzalo Boyé en su «Carrero Blanco y el franquismo sociológico» (ElDiario.es, 2 de abril) denuncia que «pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo. Tal planteamiento no solo es una reescritura de la historia sino la negación de la necesaria ruptura que ha de existir entre dictadura y democracia, matar a un tirano no puede ser considerado un acto terrorista, lo cometa quien lo cometa«.

El derecho a celebrar la muerte de Carrero Blanco

Explica Antonio Maestre en su artículo “El derecho a celebrar la muerte de Carrero Blanco” (La Marea, 14 de enero de 2017) que “sólo el hecho de que alguien pueda entrar en la cárcel por bromear o celebrar una muerte ya es grave, pero más lo es que una democracia defienda a los genocidas y verdugos del Estado de derecho. Una democracia que se preciara de serlo garantizaría el derecho a que cualquier ciudadano recordara con alborozo la muerte de un líder de la dictadura franquista.

Conmemorar la muerte de un jerarca nazi es algo asumido como normal en cualquier sociedad democrática, nadie sería juzgado por hacer una broma sobre el asesinato de Reynhard Heydrich⁴, pero la democracia española asume como parte de su corpus penal que celebrar la de Carrero Blanco pueda llevar a una persona a la cárcel”.

Siguiendo en la misma línea, Carlos Hernández en el artículo que ya hemos mencionado (“No es solo Carrero Franco”) escribe lo siguiente: “¿Acaso no es legítimo alegrarse de la muerte de Carrero Blanco? Tan legítimo como apenarse porque los conjurados de la Operación Walkiria fracasaran en su intento de matar a Hitler. O como congratularse por el atentado que acabó con la vida del carnicero de Praga, Reinhard Heydrich. O como decir abiertamente que hubiera sido estupendo que ETA, el GRAPO o un paisano de Murcia hubiera matado a Franco en 1970, o mejor aún en 1960. O afirmar sin tapujos que hubiera sido extraordinario que algún guerrillero hubiera hecho saltar por los aires al dictador en 1945.

Solo el miedo, la desmemoria, la Historia adulterada y el acomplejamiento en que vivimos desde la Transición pueden explicar que, decir esto, parezca casi escandaloso. Carrero Blanco era el presidente del Gobierno de la dictadura y su currículum no tuvo desperdicio: formó parte del golpe de Estado que acabó con la democracia, fue uno de los sustentadores de la brutal represión que sufrimos durante 40 años, fue valedor de criminales de guerra nazis a los que protegió tras la guerra para evitar que cayeran en manos aliadas… y era el hombre que estaba llamado a suceder a Franco y a prorrogar su régimen totalitario.

Por esta última razón, especialmente, su muerte fue, sin ningún lugar a dudas, positiva para nuestro país. Hay que decirlo así de claro, sin medias tintas porque es la verdad. Si no damos y ganamos la batalla de los datos, los hechos y la Historia, serán ellos quienes impongan sus mentiras revisionistas”.

Derogar la Audiencia Nacional

Tras la aprobación de la sentencia de Cassandra, muchas voces se preguntaron si no iría tocando acabar con la Audiencia Nacional. No es la primera vez que se plantea, pero parece que cada vez existen más argumentos para hacerlo.

La periodista Elisa Beni, en un artículo precisamente titulado «Derogar la Audiencia Nacional» (ElDiario.es, 1 de abril) plantea que «terminado el terrorismo de ETA, la AN parece vagar en busca de contenido. […] Si la AN continúa afianzando de forma espuria su función represora, si continúa vaciando el significado del concepto de terrorismo a base de banalizarlo, estará construyendo su propia trampa. Aunque es muy difícil que el poder político acepte acabar con el Triángulo de la Villa de París».

Coincide con ella Gonzalo Boyé en «Carrero Blanco y el franquismo sociológico» cuando establece lo siguiente: «En cuanto a la Audiencia Nacional, no me cabe duda de que es un órgano sin sentido constitucional y que debería dejar de existir, no hay razones técnicas que obliguen a mantenerlo en el organigrama jurisdiccional y basta una mirada a nuestro entorno para comprender que un Tribunal de estas características no es necesario ni para luchar contra el terrorismo, ni contra la corrupción ni contra el crimen organizado. […]

La Audiencia Nacional lleva años, desde el fin de la actividad terrorista de ETA, intentando atraer competencias llegando hasta extremos tan absurdos como investigar a bandas de ladrones de casas, con el único propósito de justificar su propia existencia; sin embargo, y a través de las aberraciones jurídicas que estamos viendo en materia de libertad de expresión, queda en evidencia que la pervivencia de este órgano jurisdiccional es dañina para nuestra democracia y, en muchos caso, un autentico impedimento para romper definitivamente con la dictadura y adentrarnos en el proceso de construcción de una auténtica democracia».

Y llegó la desobediencia… “En Valladolid, siendo las 16 horas y 45 minutos del día 30 de marzo de 2017, ante el Instructor y Secretario, comparece en calidad de denunciante José Antonio Bastián, que manifiesta que se persona para denunciar que hace dos días ha publicado varios mensajes en la red social Facebook, que son los mismos por los que ha sido condenada una mujer llamada Cassandra en la Audiencia Nacional con un año de cárcel y siete de inhabilitación”. Es la (auto)denuncia que un vecino de Valladolid se ha puesto a sí mismo en comisaría para denunciar a su vez la reciente condena a Cassandra Vera por publicar en su cuenta de Twitter varios chistes sobre Carrero Blanco. De una manera similar, cientos, o quizás miles, de personas (algunas públicas, con cargos políticos, y la mayoría no) se han solidarizado en Twitter con ella (a diferencia de lo que hizo Beatriz Talegón) y colgaron los mismos chistes que publicó ella. Esta encomiable intención es, sin embargo, irrelevante, si hacemos caso a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condenó a Strawberry, y que dice, literalmente, que “la afirmación de que César Montaña no perseguía la defensa de los postulados de una organización terrorista y de que tampoco buscaba despreciar a las víctimas, es absolutamente irrelevante en términos de tipicidad”, pues basta – según el Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena – que se sea consciente de que tales expresiones pueden ser objetivamente ofensivas, sin necesidad de que sea el efecto buscado. “Explica el abogado Jaime Montero en su artículo «Todos somos Cassandra (hasta los jueces de la Audiencia Nacional)» (Público, 31 de marzo) que «llevando al absurdo la “Doctrina Marchena”, no sólo un centenar de cargos públicos, y miles de ciudadanos anónimos deberían resultar imputados, enjuiciados, y condenados por reproducir unos chistes cuyo supuesto contenido ofensivo les constaba ya con anterioridad, sino que los periódicos que han hecho pública la noticia, reproduciendo los tuits, o los jueces que incorporen esos mismos chistes malditos a sus sentencias, también deberán verse procesados por estas mismas razones: ¡quién mejor que los jueces que han condenado a Cassandra conocen el carácter objetivamente ofensivo de esos tuits que ellos mismos han contribuido a divulgar!«. Pues bien, ellos/as han determinado que eso es un delito. Las personas solidarias han respondido con un órdago en forma de desobediencia. Veremos si sus argumentos se caen por su propio peso, o si acabaremos todas en la cárcel.