La tensión aumenta en los barrios de Madrid: la policía, después de unas semanas de –calculada- calma, ha vuelto a sacar a pasear sus porras para imponer su ley y defender los intereses de los/as de siempre. Ya sea en los intentos por paralizar desahucios o allá donde se encuentra la resistencia espontánea de vecinos/as y transeúntes, han vuelto a sus formas habituales.
Desde hace meses, vecinos/as de los barrios que más sufren las redadas contra toda persona con apariencia extranjera, como Aluche, Carabanchel o Lavapiés, se están organizando para impedir esta práctica, negada hasta la saciedad por las autoridades pero cuya existencia resulta una obviedad para cualquier persona que frecuente las calles de nuestra ciudad. Las asambleas populares de barrio que nacieron a raíz del movimiento 15-M han dado una mayor fuerza y visibilidad a organizaciones como las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), que vienen denunciando esta situación desde hace tiempo. Como consecuencia ha sido posible parar algunas de estas redadas y declarar zonas como las inmediaciones del Metro de Oporto, donde se reúne la asamblea de Carabanchel, “libre de redadas”, creando así territorios al menos temporalmente seguros (todos los días de 20 a 23h, se propone, de momento, desde la asamblea) para todos/as los/as habitantes del barrio y visibilizando esta práctica de las autoridades.
El 5 de julio estas acciones dieron un salto cualitativo: un centenar de personas se enfrentaron espontáneamente a la policía, que se encontraba deteniendo a una persona de origen africano en el Metro de Lavapiés, supuestamente por no llevar título de transporte (infracción que debería saldarse con una multa de 20€ y no con una detención). Paralelamente se estaba produciendo la enésima redada racista (en esta ocasión entre las calles Salitre y Argumosa). Los/as concentrados/as increparon la actuación policial y no se dispersaron –a pesar de la agresividad de las fuerzas del orden y algún que otro porrazo- hasta que no se logró la retirada de la policía. Exactamente una semana después se repitió la escena. Ante la necesidad de justificar su conducta, la policía, contando con la habitual connivencia mediática (“La policía, preocupada ante el rechazo vecinal a los arrestos de Lavapiés”, titulaba El País, mientras El Mundo fantaseaba acerca de que “Lavapiés adiestra sus milicias anti-redadas”), declaró que el africano detenido en esta ocasión era traficante de drogas. Se trata de un claro intento de restarle legitimidad a la resistencia con la que se encuentra la policía al realizar su cometido y, especialmente, a crear enfrentamiento entre los/as vecinos/as de un barrio que históricamente –y ante los ojos de la policía– ha sufrido las consecuencias del trapicheo de sustancias.
La resistencia contra las redadas, sin embargo, va en aumento. En la jornada del 12 de julio se concentraron varios/as centenares de personas ante una policía visiblemente nerviosa y violenta, hasta que esta, de nuevo y pese a la presencia de decenas de antidisturbios, emprendió la retirada. Pero con declaraciones como que “los agentes […] realmente temían por su integridad. No sabía si al final tendrían que hacer hasta un disparo al aire”, sindicatos policiales –y los medios que reproducen sus mentiras- allanan el camino para el empleo de fuerza masiva en futuras ocasiones. No les va a resultar fácil apaciguar las calles de Lavapiés y otros barrios. Aunque trasladen sus redadas a zonas menos transitadas, como ya están haciendo, los/as vecinos/as están ideando nuevos métodos para comunicarse y dar la alerta con rapidez. “Ayer pidieron la documentación a una compañera y la amenazaron con denunciarla por obstrucción a la autoridad. Si obstrucción significa dignidad y respeto por los derechos humanos, seguiremos uniendo nuestras manos para que en nuestros pueblos, los controles de identificación de extranjería queden totalmente obstruidos”, avisan desde las BVODH.
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