La Sociedad Pública de Alquiler aumenta un 19% los precios de las viviendas públicas

Hace cinco años la Sociedad Pública de Alquiler (SPAVIV), creada por el extinto Ministerio de Vivienda, llegó a un acuerdo con algunos Ministerios propietarios de inmuebles para gestionar estas viviendas ofertándolas a un público joven con el fin de promocionar la vivienda de alquiler. Sin embargo, no sólo se han mantenido cientos de viviendas sin alquilar y no se ha cumplido su objetivo inicial de firmar 25.000 contratos, sino que además la entidad ha acumulado en estos años unas pérdidas de más de 23 millones de euros.

Entretanto, al igual que el común de la ciudadanía, los/as inquilinos/as de la SPAVIV han ido sufriendo durante estos años una pérdida generalizada de poder adquisitivo debido al aumento de la inestabilidad laboral, la reducción de los sueldos y la pérdida de puestos de trabajo.

Es en este contexto en el que los/as arrendatarios/as de las viviendas públicas que gestiona la SPAVIV han recibido con sorpresa la propuesta de subida de un 19% del precio del alquiler (que hasta ahora era solamente un 12% de media inferior al de mercado), alegando su equiparación a los precios de mercado.

A través de un manifiesto hecho público en la web www.spaviv.org los/as vecinos/as denuncian los intereses económicos de la SPA y la concepción de la vivienda como negocio, como medio de enriquecimiento. Declaran en el mismo que “la subida es inaceptable e incoherente cuando se está dando una bajada general del precio de la vivienda. La SPAVIV y la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria de algunos de estos inmuebles, no pueden funcionar en base a supuestos criterios de mercado (…), máxime cuando el sector inmobiliario ha contribuido mayoritariamente a la actual situación de crisis económica y social que padece la ciudadanía.” En dicho manifiesto los/as vecinos/as critican también los estrictos criterios de asignación de las viviendas (ser menor de 35 años y tener unas rentas tres veces superiores al precio del alquiler), la falta de continuidad en el tiempo de las políticas de vivienda pública de alquiler (ya que se conceden sólo por un periodo de cinco años), y el abandono sufrido por parte de la SPA a la hora de atender las reparaciones y mantener las viviendas en buenas condiciones.

Los/as inquilinos/as de varios inmuebles de Madrid se han organizado para dar a conocer esta situación y luchar por una congelación de los alquileres. Para ello están planeando actos de protesta como la concentración llevada a cabo el 12 de julio ante el Ministerio de Fomento, y difundiendo su situación por medio de la web antes mencionada.

Continúan las movilizaciones contra los desahucios en Madrid

Por otro lado, en el mes de julio se han multiplicado las movilizaciones contra desahucios impulsadas por las Asambleas de Barrios y Pueblos de Madrid y por distintas plataformas de afectados/as. Recientemente se han logrado impedir los desahucios de una vecina de Carabanchel y una familia de Leganés a las que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) pretendía desahuciar por haber efectuado el pago de sus deudas fuera de plazo. Esta es la política de vivienda del IVIMA, organismo creado supuestamente con la función de proteger a los colectivos más vulnerables y con especial necesidad.

Al mismo tiempo que el intento de desahucio en Leganés, el día 18 de julio, tenía lugar otro en Vallecas. El caso de Vallecas es aún más sorprendente, ya que la familia recibió la notificación con sólo tres días de antelación sobre la fecha fijada, lo cual impidió que pudiesen demostrar que habían satisfecho rigurosamente las cuotas. Detrás de estas irregularidades se escondía una motivación especulativa, pues se trata de una vivienda de renta antigua en la que el matrimonio reside desde hace 30 años. A pesar de la simultaneidad de ambas convocatorias, ambos desahucios fueron impedidos por la cantidad de gente congregada frente a las viviendas.

Otro caso similar es el de una anciana residente en la zona de Tribunal en alquiler de renta antigua, a la que la promotora propietaria del inmueble no había concedido ningún aplazamiento en los pagos. La convocatoria para paralizar su desahucio también tuvo éxito.

Ante esta oleada de movilizaciones vecinales, y tras comprobar con estos y otros muchos ejemplos de lo que es capaz la autoorganización de la gente, la reacción del Estado no se hizo esperar. El pasado 20 de julio, desde primeras horas de la mañana, tuvo lugar un despliegue policial sin precedentes frente a una vivienda que iba a ser desahuciada en el barrio de Pueblo Nuevo. Se trataba de la segunda vez que intentaban llevar a cabo el desahucio de esta vivienda, ya que en junio éste se había impedido con éxito. Sin embargo, esta vez las unidades de antidisturbios dispersaron por la fuerza a las personas allí congregadas hacia las calles de alrededor y a pesar de los cientos/as de solidarios/as que se concentraron en los alrededores en las horas siguientes, el secretario judicial consiguió acceder a la vivienda escoltado por los/as agentes policiales y expulsar a la familia de su hogar.

Más información sobre desahucios impedidos y próximas convocatorias en www.madrid.tomalosbarrios.net y  www.stopdesahucios.tomalaplaza.net