La Cañada Real Galiana. Un barrio por construir

El 18 de octubre de 2007 la Cañada Real Galiana saltaba en la opinión pública a través de los telediarios por el violento desalojo y derribo de la vivienda de una familia marroquí, que culminó con nueve detenidos/as y decenas de heridos/as. Millones de personas conocieron ese día la existencia de una ciudad precaria a las afueras de Madrid de la que nunca habían oído hablar. Desde entonces, se han producido múltiples desalojos y derribos en esta zona de Madrid y algunos actos de resistencia.

Alarmados/as por la preocupante situación que se vive en la Cañada Real (que vuelve a ser objeto de noticia gracias a la participación de algunos/as de sus miembros en el movimiento 15M y a que, como consecuencia de ello, cientos de personas paralizaron en junio los derribos de dos viviendas en el Sector 6 y otra en el Sector 5 de la Cañada) y deseosos/as de difundir su historia, desde Todo Por Hacer contactamos con algunos/as de sus habitantes para que nos la contaran. Como resultado, Javier Rubio, abogado de muchas personas de la Cañada Real y del Centro de Asesoría y Asuntos Sociales (CAES), escribió el artículo que reproducimos a continuación.

“El río se llena gota a gota” – Dicho marroquí.

El 29 de junio de 1974, el Boletín Oficial del Estado publicaba una nueva Ley de Vías Pecuarias[1] que otorgaba al ICONA (Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza) la competencia de custodia y vigilancia sobre las cañadas.

El 18 de octubre de 2007 la Cañada Real Galiana saltaba en la opinión pública a través de los telediarios por el violento desalojo y derribo de la vivienda de una familia marroquí, que culminó con nueve detenidos y decenas de heridos. Millones de personas conocieron ese día la existencia de una ciudad precaria a las afueras de Madrid de la que nunca habían oído hablar.

En los treinta y tres años que separan ambos episodios, el número de habitantes de la “Cañada Real” ha pasado de apenas superar el centenar a más de veinticinco mil[2].  Viviendas y cobertizos han cubierto la mayor parte del camino, dejando el espacio imprescindible para una calle central de paso de vehículos. Actividades humanas de todo tipo, desde empresas de chatarra a cría de caballos, pasando por venta de helados, panaderías, restaurantes, centros de culto religioso, talleres mecánicos o consumo y venta de drogas, han tomado el relevo de la antigua trashumancia ganadera. Incluso, el Ayuntamiento de Madrid ha asfaltado los kilómetros necesarios para el paso de sus camiones hacia el vertedero de Valdemingómez. En la actualidad, la Cañada Real presenta un aspecto plenamente urbano, siendo el paso de ganado el último uso que cabría imaginar. El vial ya sólo conserva el nombre de “cañada” como vestigio de lo que fue en épocas pasadas.

En marzo de 2011, el parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado una ley por la que la Cañada Real deja de ser de dominio público y por la que se establece un plazo de dos años para que ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Delegación del Gobierno negocien con las asociaciones de vecinos un plan social.

Aunque de hecho es un barrio de Madrid, la mayoría de madrileños vive de espaldas a sus vecinos de la Cañada Real, conociendo ocasionalmente tan solo aspectos parciales o escasamente representativos por las noticias que muestran los medios de comunicación. El presente texto reflexiona sobre esta realidad cercana y lejana al mismo tiempo, con la mirada puesta en la capacidad de sus propios habitantes para influir sobre los cambios que han de venir.

En los márgenes de la capital

Es sorprendente cómo durante décadas puede consolidarse un asentamiento de decenas de miles de personas a menos de quince kilómetros de la Puerta del Sol, pasando casi desapercibido para el resto de la población y sin apenas intervención de las diferentes administraciones.

La ocupación y edificación en las vías pecuarias es un fenómeno común en la península ibérica, correlativo a la decadencia de la trashumancia, que se acelera en la segunda mitad del siglo XX.[3]La Cañada Real Galiana atraviesa de norte a sur la península entre La Rioja y Ciudad Real con una anchura aproximada de 75 metros. Es a partir de los años sesenta cuándo se producen las primeras parcelaciones de la misma a la altura de Coslada y Madrid. Los terrenos que se empiezan a ocupar son dedicados mayoritariamente a pequeñas huertas, siendo escasa la presencia de viviendas permanentes.

Hasta mediados de los años setenta la ocupación de la zona se desarrolla pausadamente, como una fina lluvia apenas perceptible. A partir de esa etapa, en el tramo más próximo a Coslada y coincidiendo con el crecimiento de este municipio por la emigración del campo a la ciudad, el número de construcciones aumenta rápidamente, ejerciendo al mismo tiempo una presión para la expansión de las parcelaciones hacia el sur de la vía pecuaria, llegando hasta el término municipal de Getafe. En esta etapa aparecen las primeras asociaciones de vecinos, distribuidas en seis sectores equivalentes a seis tramos de diferentes longitudes.

Desde los años ochenta se suceden oleadas de nuevos pobladores que, en líneas generales, atienden a la siguiente cronología: en los años ochenta población gitana española; en los años noventa y principios de siglo población marroquí y gitana rumana; de 2005 en adelante población fundamentalmente gitana, expulsada de diversos núcleos chabolistas desmantelados en la Comunidad de Madrid.[4] El uso de las construcciones para vivienda familiar se intensifica a finales de los años 90 y se consolida en la década siguiente en un contexto de rápido aumento del precio de los pisos en el mercado español y la llegada masiva de inmigrantes con escasa capacidad económica.

Desde el año 2002 se instala el núcleo chabolista de “El Gallinero”, a un kilómetro del trazado de la vía pecuaria y sobre terrenos privados. Lo habita población rumana gitana, sin apenas recursos, con unas condiciones de habitabilidad infrahumanas atenuadas en parte por la asistencia de voluntarios de la cercana Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, entidades como Fundación Imaginario Social, Asociación El Fanal y Cruz Roja, además de servicios sociales municipales y autonómicos.

Tolerancia consciente

Hasta la confección y promulgación de la nueva ley de la Cañada Real, confluyen en la zona diferentes competencias administrativas. La Comunidad de Madrid es la titular del terreno, gozando de las mayores prerrogativas para recuperar el vial. Los municipios por dónde discurre la zona poblada de la Cañada (Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid) ostentan una competencia residual en materia de disciplina urbanística que, en todo caso, debe contar con la firma de un Convenio específico con la Comunidad de Madrid[5]. Al no contar con ese acuerdo y, de hecho, estar ejerciendo una verdadera labor de custodia de la vía pecuaria incurren, presuntamente, en desviación de poder[6]. Por último, el Gobierno central detenta competencias en materia de seguridad ciudadana.

En todo este tiempo, la Cañada Real Galiana no ha sido objeto de tratamiento específico y decidido por ninguna administración, quedando orillada en las diferentes actuaciones que a lo largo de tantos años se han emprendido en la región (Ley Especial 9/1985 para el Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de Madrid, Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid de 2003, etc.).

El proceso de transferencia de competencias al gobierno regional tampoco desembocó en políticas concretas sobre la senda. En 1983 se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que otorga a ésta la competencia fundamental en vías pecuarias. En 1998 se aprueba la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid que, en su artículo 10, encomienda al gobierno de la región la “recuperación, ampliación, conservación, mejora, administración, tutela y defensa de las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por su ámbito territorial”. Esta misma ley establecía la obligación legal, nunca cumplida, de aprobar un Plan de Uso y Gestión que planificase las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.[7]

Algunas intervenciones públicas puntuales incluso parecían dar por sentado la normalización de la zona. Durante años, los municipios de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid han girado recibos de la “contribución” (IBI) a muchos de los habitantes. Con motivo de las obras de infraestructura que atraviesan la vía pecuaria (M-50, M-45, ampliaciones de la A-3), los ocupantes de las parcelas situadas dentro del trazado planeado fueron indemnizados generosamente a cambio de su desalojo. Hasta el año 2007 no se tiene constancia de ningún derribo de viviendas que estuviesen habitadas. Más recientemente, la Confederación Hidrográfica del Tajo indemnizó a varios ocupantes por el abandono de las parcelas afectadas por las obras de encauzamiento del arroyo Los Migueles, afluente del Tajo.

En tanto que planes urbanísticos y remodelaciones barriales pasaban de largo sin detenerse en la Cañada, a partir de finales de los noventa creció un mercado de compra-venta informal de parcelas entre primeros ocupantes y nuevos vecinos que, a los pocos años, vivió su particular boom inmobiliario en paralelo al que se desarrolló en el resto del país.  Este mercado de suelo al margen de registros y notarías propició – en un tramo aproximado de un kilómetro junto a la A-3 – la instalación de varios clanes de venta de droga que compraron grandes parcelas a los primeros habitantes a medida que otros enclaves se iban desmantelando en la región.

En definitiva, hablamos de un prolongado proceso de consolidación de un barrio entero con la permisividad de las administraciones públicas. Sin esa tolerancia no sería posible que miles de familias emplearan sus ahorros, incluso con préstamos bancarios personales, para la compra de terrenos a los antiguos propietarios y la construcción de una vivienda estable. La evidencia de que aquella compra era “normal” la tenían en las decenas de viviendas de la década de los setenta que nunca han sido perturbadas por autoridad alguna. Podemos afirmar que, paradójicamente, la inacción de las autoridades a la hora de aplicar las normas legales ha aportado el grado de seguridad jurídica necesario para la normalización del comercio de terrenos y viviendas en una franja terreno de dominio público en la periferia de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid cambia el paso: los expedientes de demolición

A partir del año 2005 el Ayuntamiento de Madrid comienza, en su término municipal, a abrir expedientes de demolición de manera sistemática a muchas construcciones, incluyendo viviendas, de la Cañada Real Galiana. Los expedientes por haber construido sin licencia sobre una vía pecuaria no afectan a todas las construcciones, ni mucho menos, pero sí abarca un número considerable.

La decisión significa un verdadero volantazo en la dirección seguida durante décadas, y los motivos de ese giro, nunca explicados por el consistorio, pueden relacionarse con la aprobación de los nuevos planes de expansión del municipio (El Cañaveral, Los Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales y Los Cerros) y que lindan con la Cañada Real, así como la promoción de Madrid como candidata a albergar los Juegos Olímpicos de 2012, primero, y 2016 después.

La respuesta de los vecinos a estos expedientes se produce de forma individualizada, la mayoría de las veces a través de defensa legal particular que recurre los procedimientos. En otras ocasiones, sobretodo entre la población inmigrante, se ignoran las notificaciones en parte por desconocimiento (analfabetismo, dificultades para entender castellano, menos aún un documento administrativo), en parte por falta de recursos, y en parte porque, tras décadas de construcción sin molestias, la posibilidad de derribo aparecía como algo remoto. En otras ocasiones, dada la dificultad de notificar debidamente al interesado la apertura de un expediente, el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha y ejecuta expedientes de demolición a través de publicaciones en el Tablón de Anuncios del municipio, hasta el punto de que algún derribo se produce tras varios años de tramitación sin que se entregara un solo papel a los habitantes de la vivienda.

Derribos de viviendas habitadas

En torno a 2007 terminan su tramitación administrativa algunos expedientes de demolición iniciados en 2005, dejando vía libre al Ayuntamiento de Madrid para solicitar la autorización judicial de entrada en domicilio necesaria para desalojar y derribar. Tras medio siglo de urbanización consentida de la Cañada Real, el gobierno de Ruiz-Gallardón, aplica su maquinaria institucional para el derribo de decenas de viviendas familiares.[8]

Las demoliciones no contemplan alojamiento alternativo para sus ocupantes, a pesar de que los principales afectados suelen ser familias inmigrantes o gitanas con escasos recursos. Los modos en que se producen, con gran despliegue de antidisturbios, actitud agresiva de los funcionarios, toque de queda durante el derribo para las zonas adyacentes y pérdida de objetos personales bajo los escombros, parece esconder un ánimo ejemplarizante. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid actualiza en su página web cada nuevo derribo, el mismo día en que se produce, conformando un completo historial de efectividad burocrática.

Amnistía Internacional, en su reciente informe sobre España “Derechos a la Intemperie”[9], ha denunciado estos derribos por ser contrarios al “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)”, ratificado por España en 1977, que reconoce el derecho a la vivienda como derecho fundamental, y a los “Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo”[10], que contienen un sistema garantista de los derechos humanos para casos de desalojo masivo como el de la Cañada.

La reacción vecinal a las constantes demoliciones de los últimos tres años ha sido episódica, con movilizaciones puntuales no mantenidas en el tiempo. Una buena parte de las asociaciones de vecinos de la Cañada tampoco ha favorecido la articulación de los habitantes y los colectivos que intervienen en la zona al estar centrados en la idea de legalizar sus viviendas, más que en paralizar los derribos. Algunos albergaban la esperanza de que, sin hacer mucho ruido, la Comunidad de Madrid aprobaría una ley con facilidades para la venta de terrenos a los ocupantes, al menos a los más antiguos.

La nueva ley de la Cañada Real Galiana

En la primavera de 2009 se alcanzó un acuerdo entre administraciones para la elaboración de una ley para la Cañada Real. A los pocos meses, siguiendo la corriente iniciada por Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid abrió simultáneamente más de trescientos expedientes de demolición sobre las construcciones situadas en su término municipal. Este municipio está gobernado por Izquierda Unida en coalición con PSOE, lo que explica una política de amagar sin llegar a derribar, que pretende por un lado contentar a un electorado favorable al desmantelamiento de la Cañada (en especial electores de los barrios colindantes), y por otro lado no contradecir una herencia histórica de izquierdas que incluye procesos de movilización vecinal en barrios humildes de los años setenta y ochenta.

Finalmente, tras dos años de espera y un goteo constante de demoliciones, la Comunidad de Madrid ha aprobado la ley de la Cañada Real Galiana 2/2011, que establece un régimen jurídico específico para la zona. Las dos ideas fundamentales de la norma son la “desafectación” de la vía (deja de ser dominio público), y el establecimiento de un plazo de dos años para que las administraciones implicadas (ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno) suscriban un acuerdo marco que resuelva “todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos, […] dando en todo el proceso participación a los afectados debidamente representados en asociaciones acreditadas.” (Disposición Adicional 1ª de la ley). En este punto, la propuesta de los ayuntamientos de Madrid y Rivas es derribarlo todo para convertirlo en zona verde, algo que podría contentar a una idea ecológica indiferente ante necesidades sociales urgentes o a un electorado en posiciones cada vez más conservadoras. Desde colectivos variados han aparecido sin embargo propuestas más sensatas que no conlleven el desmantelamiento total.[11]

Con esta ley, la Comunidad de Madrid ha conseguido superar el anterior marco legal que le atribuía las mayores competencias y la colocaba como responsable última. Al desaparecer legalmente la vía pecuaria, ya no podrá mirarse a la Comunidad para pedir explicaciones. Además no se hace ninguna alusión a las viviendas ya derribadas ni a los procedimientos de derribo en curso. Lo único claro en la ley es que la Cañada Real deja de ser de dominio público (desafectación), el resto de sus contenidos, en especial el acuerdo marco, están por definir.

Por la construcción colectiva de un barrio

La crisis económica golpea sin contemplaciones a la población de la Cañada Real. El índice de paro, ya elevado en cualquier barrio, es especialmente alarmante en la zona. Mucha de la población inmigrante masculina, dedicada hasta hace poco a la construcción, sin apenas formación, y dificultades para aplicarse en otros sectores. La imagen que proyectan los medios de comunicación relaciona inseguridad con minorías étnicas, y reduce aún más las posibilidades de acceso al empleo de la población de la Cañada. A medida que las prestaciones y subsidios se van agotando las situaciones personales empiezan a ser dramáticas. Nada de esto impide al Ayuntamiento de Madrid seguir adelante con sus procedimientos de derribo.

La situación actual llama a la movilización, en primer lugar para defenderse de los derribos y buscar la solidaridad entre los habitantes, y en segundo lugar para influir y presionar en el proceso de negociación que, al menos en el papel de la ley, debe producirse entre vecinos y administraciones. Al contrario de lo que a veces cabe pensar, la organización de personas con problemas básicos (como el derecho a la vivienda), no resulta ni mucho menos fácil. Una extendida desconfianza, tras años de penosidades en un entorno de desinformación, la cultura a veces predominante de “sálvese quién pueda”, y las diferencias culturales de colectivos llegados de casi todas partes son obstáculos difíciles de superar. Si en las capas sociales medias y altas se producen luchas por posiciones de poder, en los sectores precarizados y vulnerables, a falta de una izquierda comprometida con su causa, los de abajo compiten entre sí o recelan en un ambiente de gran incertidumbre vital. El resultado es el individualismo, el crecimiento de la diferencia y la xenofobia.

Con todo, la realidad se empeña en demostrarnos que precisamente en la organización del descontento reside un potencial liberador aún por destapar. A través de la cooperación y la movilización sostenida por reivindicaciones justas las anteriores dificultades son superadas al encontrarse unas personas con otras, al ver su situación reflejada en su vecino, al reconocerse como semejantes en un proyecto compartido. Lo que en un contexto de atomización social pueden ser marcadas diferencias de clase, género, raza o religión, en un proceso colectivo legítimo puede transformarse en elementos enriquecedores, integradores y movilizadores.

Desde comienzos de 2011, algunos vecinos vienen organizándose en asambleas y reuniones varias, desarrollando una generosa y difícil labor de encuentro, que empieza a ver algunos frutos en movilizaciones y expresiones de comunicación social (fotografías, murales, radio, vídeo, textos, …). Multitud de personas y colectivos con diferentes vínculos en la Cañada aportan dedicación, análisis y herramientas que sumen a ese proceso. Tímidamente, aunque con raíces cada vez más profundas, la creatividad, la alegría, la humanidad comienzan a aflorar y casi de forma natural se está levantando un barrio nuevo sin necesidad de tirar el que ya había. En una pared cercana a una vivienda derribada se lee “nosotros sólo llegamos, también aquí hay amores, también aquí sentimos”. No se olvida el pasado ni se parte de cero, sino que anteriores episodios y en general toda la memoria de la Cañada se incorpora al presente cargada de nuevos significados. Poco a poco, gota a gota, el río se va llenando.

Nuevos escenarios

Al calor de las movilizaciones del 15 de mayo, algunos vecinos de la Cañada Real han estado presentes durante las primeras semanas de protesta en la Puerta del Sol, apoyando el movimiento y recabando apoyos para la paralización de los derribos de la zona. La emergencia del movimiento 15-M, capaz de aglutinar muchos descontentos, ha llenado de esperanzas a miles de personas honestas y luchadoras. Con todas las cautelas del momento, merece la pena apuntar que una gran parte de su futuro reside en su capacidad para incorporar múltiples conflictos abiertos en la sociedad de la que ha surgido. El miércoles 15 de junio se logró paralizar un desahucio en el barrio de Tetuán con la presencia de más de quinientas personas bloqueando el portal, convocadas por, entre otros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Democracia Real Ya, y el movimiento 15M. Algunos habitantes de Cañada Real acudieron para apoyar esa acción y difundir su propia situación. Pocas semanas después, varios cientos de personas paralizaban los derribos de dos viviendas en el Sector 6 y otra en el Sector 5 de la Cañada Real, en sendas convocatorias coordinadas entre vecinos, colectivos de apoyo y miembros del movimiento 15M.

La apertura del movimiento 15M a otros frentes sociales, de manera no instrumental, significa multiplicarse mutuamente y nutrirse de reivindicaciones tangibles, con capacidad para hacerlas realidad aquí y ahora.

Javier Rubio, abogado. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)