A principios de agosto, durante un operativo represivo contra una protesta mapuche en la Patagonia Argentina desaparecía Santiago Maldonado, artesano de ideas anarquistas. A medida que ha ido quedando más patente la implicación directa de la Gendarmería[1] en su desaparición, y la responsabilidad del Ministerio de Seguridad en su encubrimiento, se ha ido generando un movilización masiva en todo el país exigiendo su aparición con vida y el esclarecimiento de los hechos.
Más allá de un caso puntual de desaparición forzada por parte de la policía, este episodio es una expresión de un clima de represión e impunidad institucional que se ha agravado en los últimos años con el gobierno neoliberal de Macri, pero también de toda una arquitectura de poder que hunde sus raíces en la propia construcción del Estado-nación argentino y su matriz económica, históricamente de carácter exportador y extractivista. Es esta combinación de elementos estructurales y otros de carácter más reciente los que hay que tener en cuenta para comprender el contexto de esta desaparición y la relevancia de la movilización generada.
La desaparición
El día 1 de Agosto tenía lugar una protesta ante los juzgados de Bariloche (provincia de Río Negro) por la detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, lonko (dirigente) de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen. Esta detención responde a una solicitud de extradición por parte del estado chileno por la que ya fue juzgado y sobreseído el año pasado. Hualas representa al sector más combativo del movimiento mapuche en Argentina, articulado en parte en el Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu[2], y que judicialmente se ha tratado de vincular a diversos sabotajes contra intereses turísticos y de grandes latifundistas. A diferencia de otros sectores mapuche que participan del diálogo institucional, el MAP aboga por el no reconocimiento de la legitimidad los estados chileno y argentino y la práctica directa de la autonomía, enlazando así con los planteamientos de organizaciones que operan en territorio chileno como la CAM (Coordinadora Arauco Malleco).
Coincidiendo con la protesta en los juzgados de Bariloche tenía lugar un corte de ruta en una de las carreteras de acceso a las fincas de la multinacional Benetton, junto al Lof Cushamen. La gendarmería trató de dispersar el corte de carretera disparando balas de goma a los manifestantes y empujándoles en dirección a un río cercano. Mientras que la mayor parte de ellos pudieron cruzarlo a nado y ponerse a salvo, Santiago Maldonado no llegó a atravesarlo y fue apresado. A partir de ser capturado e introducido en una furgoneta policial no se vuelve a saber nada más de él.
La Gendarmería niega esta detención, a pesar de los numerosos testigos de la misma. Una a una, todas las versiones ofrecidas por la institución policial y difundidas por su aliados mediáticos para negar su participación en la desaparición han sido desmontadas. A estas alturas existen pocas dudas que la desaparición tuvo lugar tras una detención ilegal y no comunicada.
Este operativo represivo estuvo directamente dirigido por Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que realizó las tareas de coordinación desde una estancia rural situada en una finca de Benetton. El papel de Noceti en la desaparición de Maldonado indica por un lado la responsabilidad a alto nivel del Ministerio, y por otro la estrecha vinculación del aparato represivo estatal con los intereses latifundistas (principalmente los de la multinacional Benetton, pero también otros grupos empresariales, como los de la propia familia de Macri).
El conflicto mapuche surpatagónico en perspectiva histórica
El conflicto de las comunidades mapuches del sur de la Patagonia con los grandes latifundistas se remonta a finales del S. XIX, con la llamada “Conquista del Desierto”. Con este nombre se denominó a la campaña militar genocida llevada a cabo por el incipiente estado nacional argentino contra los pueblos originarios de la región pampeana y patagónica. A partir de la década de 1880 el gobierno entregó tierras apropiadas a las compañias británicas que habían financiado tanto la conquista militar como el ferrocarril, dirigido a facilitar la exportación de productos ganaderos. Todas estas medidas (apropiación violenta de tierras, instalación de ganadería extensiva e infraestructuras de exportación) contribuyeron a la construcción de la matriz extractiva que ha marcado la economía argentina durante la mayor parte de su historia reciente.
Mientras tenía lugar este proceso de desposesión, la población mapuche originaria de la zona era confinada en campos de concentración, como los de Valcheta o Chichinales, y utilizados como mano de obra esclava para la construcción del ferrocarril o exterminados. Algunos de los supervivientes de este internamiento se reagruparon en pequeñas colonias como Cushamen.
A principios de este siglo XXI comienza un proceso de recuperación de tierras en la zona, por parte de los descendientes de aquellos mapuches reducidos a la servidumbre y confinados en las tierras más improductivas. Más allá de la reapropiación colectiva de unas tierras acaparadas históricamente en forma de enormes latifundios, cobra relevancia el aspecto de reconstrucción identitaria mapuche, en sus elementos institucionales-comunitarios y espirituales. Algunas de estas recuperaciones territoriales fueron reconocidas como legítimas por la legislación argentina, como la de la Comunidad Santa Rosa Leleque. Después de siete años de conflicto (de 2007 a 2014) finalmente en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena) se reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche. Otras recuperaciones territoriales continúan en conflicto, como las del paraje de Vuelta del Río, cercana al Lof en Resistencia Cushamen donde se sitúa la protesta en la que desapareció Santiago Maldonado, y cuyas viviendas fueron incendiadas tras la desaparición de Santiago.
Otras casos de represión a pueblos indigenas
Pese a que las movilizaciones mapuche han alcanzado mayor eco internacional, en parte por la intensificación del conflicto en tierras chilenas, no son los únicos pueblos originarios de Argentina sometidos al expolio y la represión. Hay que recordar la lucha del pueblo Qom en la zona del Chaco, con importantes episodios represivos como los asesinatos por parte de la policía en el transcurso de movilizaciones de Roberto López, de la comunidad Qom Potae Napocna Navogh en 2010, o el de Florentín Díaz de la comunidad Cabito Leiva, en 2013; el asesinato del dirigente diaguita Javier Chocobar en una protesta contra un latifundista en 2009, o el de Sandra Juarez en 2011 en Santiago del Estero, cuando trataba de impedir una tala masiva de árboles. En la mayoría de los casos el desplazamiento y represión de los pueblos originarios está vinculado a la extensión de un modelo agropecuario y minero de carácter extractivista, fortalecido por los gobiernos kirchneristas durante los años de precios elevados de las materias primas y profundizado por el gobierno neoliberal de Macri. En zonas como el Chaco se da bajo la forma de la extensión del monocultivo de soja, en el norte de la Patagonia de la extracción de petróleo y gas (convencional o mediante fracking), y en el sur de la Patagonia para la ganadería extensiva y la minería a cielo abierto. En líneas generales, este modelo extractivista con sus correspondientes imbricaciones entre intereses empresariales y estatales, y sus mecánicas de violencia y despojo, enlaza con el esquema construído en las campañas militares de exterminio de finales del siglo XIX.
Desaparecidos en dictadura y en democracia
Por otro lado, la desaparición de Santiago Maldonado llega después de que en meses anteriores se hayan producido movilizaciones masivas contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (compuesta por jueces nombrados por Macri poco tiempo antes) sobre el llamado 2×1. Se trata de un procedimiento de reducción de penas que ha permitido la puesta en libertad de muchos de los represores condenados por su participación en la dictadura militar. Esta medida, así como las declaraciones de varios ministros cuestionando el número reconocido de 30.000 desaparecid@s, forman parte de una ofensiva contra los avances realizados en los últimos años en cuanto al reconocimiento de la memoria de los represaliados bajo la última dictadura militar (1976-1983). De alguna forma, encontrarse frente a un caso de desaparición forzada bajo la acción estatal conecta a buena parte de la sociedad argentina con el recuerdo de las desapariciones como método de exterminio y terror durante la dictadura, en un momento de particular sensibilidad con lo sucedido en esa etapa.
Pero no hay que olvidar que Santiago Maldonado no ha sido el único desaparecido en democracia. Según la organización H.I.J.O.S.[3], desde el fin de la dictadura militar en 1983 ha habido más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país, la mayor parte de ellos (más de 90) durante los gobiernos kirchneristas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Julio López, secuestrado durante la dictadura y desaparecido definitivamente en 2006 tras declarar contra uno de sus represores. Hay otros vinculados al disciplinamiento de los trabajadores del agronegocio, como la desaparición del jornalero Daniel Solano en 2011 en Río Negro, secuestrado por la policía tras protestar por las condiciones de trabajo en la multinacional Expofrut. Muchos más están directamente relacionados con las mafias policiales, como el caso de Luciano Arruga, adolescente de 16 años torturado y asesinado en 2009 por la policía bonaerense tras negarse a participar en una red policial de robo y extorsión, cuyo cadaver apareció en 2014 en una fosa común. En todos ellos hay elementos comunes de impunidad y encubrimiento por parte de los aparatos del Estado; la mayor parte de estas desapariciones sólo han sido investigadas tras una intensa presión social y familiar, y las condenas a policías implicados han sido mínimas en los casos en los que ha habido.
Un modelo de Estado
Estas condiciones de violencia e impunidad institucional, vinculadas a un modelo de acumulación de capital basado en el despojo y el extractivismo, son las que han posibilitado la desaparición de Santiago Maldonado. Entender su carácter estructural permite dejar de verlo como un caso aislado o un mero episodio de exceso de celo policial. Aunque es innegable que ha habido una intensificación de estas condiciones bajo el gobierno neoliberal de Macri, constituyen un modelo de Estado y un fundamento de las clases dominantes que se encuentran en los cimientos del Estado nacional argentino.
Escrito por Helios E. M.
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[1] Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerza de seguridad de carácter militar, dependiente del Ministerio de Seguridad central. Similar a la Guardia Civil española.
[2] Según su propia definición: “El Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (M.A.P.) nuclea comunidades, organizaciones y militantes mapuche que se reconocen parte de la Nación Mapuche y que también se definen en la práctica como parte de un movimiento autónomo (independiente del Estado, fundaciones, de las empresas capitalistas y ONGs), desde que existe un sector que se define como tal” [http://puelaukache.blogspot.com.es/]
[3] Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, organización de derechos humanos argentina impulsada inicialmente por hij@s de desaparecid@s y asesinad@s durante la dictadura militar.
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