En el verano de 2018 ocupaba varias portadas de medios de comunicación la denuncia de nueve temporeras marroquíes de los campos de la fresa en Huelva, que no solamente denunciaban contratos laborales abusivos, sino también condiciones de vida inhumanas: amenazas, castigos e incluso abusos sexuales. Desde el principio se divisaba que esto era nada más que la punta de un iceberg bien anclado en un océano de desigualdades y la violación flagrante de derechos humanos. Una realidad que formaba parte de toda una estructura de explotación laboral con una determinante impronta del papel del patriarcado.