Altsasu: La excepción permanente

Suponemos que a nadie que lea este artículo se le habrán pasado por alto las noticias provenientes del pueblo navarro de Altsasu desde el pasado 15 de octubre.

La versión oficial, difundida por los grandes medios de comunicación, habla de una agresión unilateral, carente de provocación, a unos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad, los cuales buscaban echarse unos potes tranquilamente antes de volver a casa. La versión de los/as imputados/as, difundida por medios alternativos, es bien distinta: unos guardias civiles borrachos entraron de madrugada en un bar, con actitud provocadora, empujando y profiriendo frases como “te voy a matar” o “te voy a pegar un tiro entre ceja y ceja”. Tras ello, se desencadenaría una pelea de bar, en la que uno de los agentes acabó con un tobillo roto.

Hasta ahí, todo relativamente normal: existen dos versiones contradictorias de los hechos, una denuncia por parte de los guardias civiles y lo lógico es pensar que un juzgado de instrucción investigará lo ocurrido (por supuesto, previsiblemente otorgando mayor credibilidad a la versión de los funcionarios, como sucede habitualmente). Pero la sorpresa llega cuando la Fiscalía solicita que la causa se remita a la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo, y ésta (concretamente a través del Juzgado Central de Instrucción número 3) a los pocos días se declara competente para investigarla.

Desde ese momento, los hechos se desencadenaron de una forma vertiginosa: el 14 de noviembre se detuvo a ocho investigados/as y se derivó a siete de ellos/as a prisión provisional sin fianza aduciendo que existía un riesgo de fuga, incluyendo a un noveno chico que no había sido detenido y se presentó de forma voluntaria en el juzgado. Como dijo Amaia Izko, su abogada, “sólo un Tribunal como la Audiencia Nacional puede decir que alguien ha venido a declarar por su propio pie porque quiere escaparse”.

Una semana después, ocho serían procesados/as por terrorismo y la causa se archivaría para una de las mujeres detenidas, que no fue señalada en ruedas de reconocimiento. La Audiencia enmarca en dicho Auto de procesamiento la presunta agresión en el contexto de una campaña de naturaleza política, llevada a cabo por el movimiento Ospa Mugimendua, de corte abertzale, el cual participa en la campaña “Alde Hemendik! ” (¡Fuera de Aquí!), que se opone a la presencia de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskal Herria. Y claro, cómo no, campañas de esa naturaleza forman parte de la estrategia política de ETA, por lo que no estamos hablando de una pelea de bar, sino de un acto terrorista.

La Audiencia Nacional y la banalización del terrorismo

Dejando de lado – por un momento – obviedades como que la decisión de agredir a unos guardias civiles de fiesta en un bar de madrugada no pudo ser una decisión estratégica y política porque era imposible prever que los mismos acudirían a ese local esa noche y en ese momento, el procesamiento de las/os ocho chavales/as (a lo que se les puede pedir penas de prisión que alcancen los 15 años) es una auténtica barbaridad.

Las razones jurídicas por las que no tiene ningún sentido casi no son necesarias repetirlas. En cualquier caso, nos remitimos a artículos como “Alsasua: ¿terrorismo o sobreactuación judicial”, de Jaime Montero para Público, “El terrorismo no es un significante vacío” de Gonzalo Boyé publicado ElDiario.es o “Lo de Alsasua” de Elisa Beni, también del mismo medio.

Más relevante nos parece entender el (verdadero) motivo por el que una pelea como la de Altsasu puede acabar juzgándose en Madrid. Y es que, en los tiempos que corren, en los que no existen organizaciones armadas en activo en el Estado español, los entramados jurídicos y policiales destinados a investigar el terrorismo no han menguado.

Ahora toca justificar su existencia y necesidad a costa de (re)calificar como terrorismo actuaciones de escasa o nula violencia, banalizando, en consecuencia, el término. De esta forma, han desfilado por la Audiencia Nacional los titiriteros, César Strawberry, Guillermo Zapata, Pablo Hasel y tantos/as otros/as en los últimos dos años.

La auténtica verdad

De acuerdo con el Diccionario Oxford, la “palabra del año” 2016 es “post-truth” (pos-verdad). Es un concepto que refleja que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las creencias personales. Como por ejemplo la creencia personal que tiene la Audiencia Nacional de que los/as chavales/as de Altsasu actuaron con fines de terroristas, a pesar de que ninguna evidencia respalda esa tesis.

En la era de la posverdad, medios de comunicación alternativos como Ahotsa (www.ahotsa.info) o Gara (www.naiz.eus) han mostrado en sus páginas la versión no-oficial de los hechos que defienden los/ as investigados/as. Esto ha generado una enorme campaña de criminalización contra Ahotsa (especialmente desde medios como El Mundo y Antena3 TV, que han pedido el cierre del medio navarro). ¿Su crimen? No reflejar la versión oficial, incuestionable, innegable, de los hechos. Negar la posverdad. Y es que cualquiera que la discuta, colabora con el terrorismo.

La excepción permanente

Casos como el de Altsasu, como decimos, no son aislados. El último ejemplo de sobreactuación judicial se dio en la misma semana de noviembre en que los siete navarros acabaron en prisión, con un grupo de raperos llamado La Insurgencia. Sus trece miembros fueron citados ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional (el mismo encargado de la instrucción de la causa alsasutarra) el pasado 17 de noviembre, ante el cual se negaron a declarar. ¿El delito que se les imputa? Enaltecimiento del terrorismo. Y así continuará, y de esta manera se aplicarán, de manera indefinida, las excepcionales normas antiterroristas.