Anulan la sentencia que condena a Rodrigo Lanza y prorrogan su prisión preventiva

Han surgido muchas noticias en torno a la situación jurídica de Rodrigo Lanza en el último mes. Primero, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló la sentencia por la que le condenaban. Luego, la magistrada-presidenta del juicio por jurado que lleva su caso decidió prorrogar su prisión preventiva hasta diciembre de 2021. Ningún medio mainstream explica de una forma satisfactoria por qué ha sucedido esto y la idea que se está formando en el imaginario público es que se debe a que la valoración de la prueba que llevó a cabo el jurado que le juzgó fue errónea. No es así. Vamos a tratar de explicarlo, pero creemos que la mejor forma de hacerlo es siguiendo un orden cronológico, para poder ver la fotografía entera y entender correctamente la sucesión de hechos.

Por ello, nos tenemos que remontar, en primer lugar, a la madrugada del 8 de diciembre de 2017, cuando falleció el legionario falangista Víctor Laínez en un bar de Zaragoza. Tenía un golpe en la nuca, pero había caído boca arriba, por lo que la herida se podría haber provocado al caer al suelo. Si la muerte había sido intencionada o no, o el motivo por el que se podría haber provocado eran elementos que no estaban claros en las primeras horas y días siguientes a los hechos. Se sabía que Laínez había discutido con Rodrigo Lanza, un anarquista chileno muy conocido en la ciudad, el cual fue detenido el 11 de diciembre.

Rodri manifestó desde el inicio que el ex-militar le había llamado “sudaca” y le había amenazado con un cuchillo y que, viéndose amenazado, le propinó unos puñetazos en la cara, lo cual hizo que éste cayera hacia atrás y se diera con el suelo. No tenía ni idea de que había muerto.

La condena mediática

Su versión dio exactamente igual. Los medios ya le habían «condenado«. Dando por buena información filtrada que respaldaba las tesis de la familia del difunto y de la acusación popular de Vox, se pasaron su presunción de inocencia por el forro e informaron, de manera casi unánime, que Rodrigo, sin mediar provocación, golpeó a Laínez por detrás con un objeto contundente, sólo porque había visto que llevaba puestos unos tirantes con la bandera de España. “Asesinan a golpes a un legionario por lucir la bandera de España” (Periodista Digital), “Fallece tras recibir una paliza por llevar tirantes con la bandera de España” (El Mundo), “Fallece el hombre que fue atacado por llevar unos tirantes con la bandera de España” (El Heraldo de Aragón), son algunos de los titulares de ese mes de diciembre. Y con este escenario mediático, Rodri fue de cabeza a prisión preventiva, donde permanece a día de hoy.

Recordemos que apenas habían transcurrido dos meses del reférendum catalán del 1 de octubre. En plena crisis del Procés contar que un hombre había sido asesinado exclusivamente por portar un símbolo español era la forma perfecta de mostrar adónde nos estaba conduciendo la deriva antiespañolista capitaneada por los catalanes.

A todo esto hay que añadir que Rodri había sido condenado en 2008 a cinco años de prisión por supuestamente dejar tetrapléjico a un Guardia Urbano de Barcelona durante el desalojo de una okupa en el famoso caso del 4-F. Es también uno de los protagonistas del popular documental Ciutat Morta, que expuso todas las irregularidades del caso, lo aleatorias que fueron las condenas y las torturas que sufrieron las detenidas que no fueron investigadas por ninguna autoridad judicial. El éxito de este documental había levantado muchas ampollas en la policía y la política de Barcelona y con su nueva detención se habían podido cobrar su venganza. De un plumazo, Ciutat Morta quedó completamente desacreditada en los medios y los policías que intervinieron en ese caso, pese a haber sido condenados por torturas en otro caso distinto, resarcidos públicamente.

El “Juicio de los Tirantes”

A principios del pasado mes de noviembre de 2019 arrancó el “Juicio de los Tirantes” (como lo llaman los medios) en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ante un jurado popular. Rodrigo Lanza se enfrentaba a una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de odio –odio dirigido contra los españoles, como si se trataran de una minoría protegida–. El ataque mediático era mayúsculo, los días antes volvieron a repetir la historia de los tirantes y su pasado criminal y parecía que todo estaba en contra.

Sin embargo, el pesimismo que reinaba antes del juicio poco a poco fue mutando a lo largo de sus seis sesiones de duración. Escuchando a los testigos que estaban en el bar y, sobre todo, a los peritos médicos, la versión oficial se fue tambaleando dentro de la sala. Y ni la Fiscal, ni el abogado de la familia Laínez, ni la acusación popular de Vox (que, al igual que hizo en el Juicio del Procés, se personó en la causa para intentar obtener visibilidad y rédito político), fueron capaces de sostenerla. Fuera del juicio lo que se reportaba en la prensa era otra realidad paralela, dando por hecho que la condena por asesinato era inminente.

A mediados de noviembre el jurado emitió su veredicto: no había quedado probado que Víctor Laínez portara unos tirantes con la bandera de España, quedó probado que él y Rodri discutieron, no quedó probado que el acusado le golpeara por la espalda con un objeto contundente, ni que tuviera la intención de matarle. Los hechos, en definitiva, no serían constitutivos de un delito de asesinato con alevosía con agravante de odio, sino de unas lesiones con resultado de homicidio imprudente.

La pena máxima a imponer sería de cuatro años de prisión, salvo que el juez decidiera aumentar en un grado la condena, en cuyo caso podría subir hasta seis años. Una pena por Rodrigo, pero una victoria en comparación con lo que podía ocurrir.

Pero el veredicto adolecía de un defecto formal. No enumeraba los medios de prueba en los que se basaba para llegar a sus conclusiones, ni las justificaba en modo alguno, aunque fuera brevemente. En ese momento, el deber del magistrado de la Sala habría sido devolver el veredicto al jurado, para que lo motivara. Por ejemplo, el veredicto no explicaba por qué habían decidido creer más al perito de la defensa que al de la acusación; el magistrado les tendría que haber pedido que especificaran el por qué. Pero no lo hizo.

Una vez leído el objeto del veredicto, familiares y allegados del fallecido insultaron y amenazaron a Rodri y a su abogado, que tuvieron que abandonar la sala escoltados por la policía. Unos días después, Rafael Soteras, el Fiscal Decano de Zaragoza, publicó un artículo en El Heraldo en el que les llamaba “cobardes” por “parapetarse tras la policía y exclamar que estaban recibiendo amenazas”. También arremetió contra el juez y le acusó de estar de parte de Rodrigo y de dejar que la defensa convenciera al jurado.

El juez, dándose por aludido, respondió en otro artículo, que no tiene desperdicio, que entendía que el Fiscal estaba intentando presionarle mientras estaba redactando la sentencia (la cual tiene que respetar el veredicto), para lograr que sea lo más dura posible.

La sentencia

El 26 de noviembre el magistrado emitió su sentencia. No sabemos si las presiones lograron su objetivo, pero lo cierto es que optó por la opción más severa y, debido a que concurrían dos agravantes, subió la pena en un grado (superando el máximo de cuatro años que le debían caer) y le condenó a cinco años de prisión (de los cuales llevaba casi dos cumplidos). Esto era algo que en principio se descartaba que iba a ocurrir porque se le había aplicado una atenuante de actuación por arrebato. Además, le impuso la obligación de indemnizar en 200.000 euros a la familia de Laínez.

Da igual que los tirantes no tuvieran nada que ver con el delito; los medios informaron igual que antes: «Condenado a cinco años de prisión Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes» fue el titular de El País ese día.

Unos días después, el 4 de diciembre de 2019, el mismo magistrado decidió prorrogar su prisión provisional. Lo hizo siete días antes de que Rodrigo cumpliera dos años preso por esta causa.

Antes de que se emita una sentencia, el máximo legal que puede estar una persona en prisión preventiva son dos años, prorrogables por otros dos si, antes de que transcurran los dos primeros años, se acuerda dicha prórroga. Sin embargo, una vez que se dicta sentencia, aunque no sea firme (que no lo era, porque las partes la habían recurrido), el máximo legal de preventiva es la mitad de la condena. Es decir, hasta el mes de junio de 2020. Y eso es lo que acordó el juez.

La anulación de la sentencia

Como hemos dicho, las partes recurrieron la sentencia en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Las acusaciones alegaron muchas cosas, entre ellas que la decisión del jurado había estado influenciada por los medios (lo cual es curioso, dado que los medios atacaron visceralmente a Rodri durante dos años).

El pasado 7 de abril el TSJ acordó anular la sentencia, ordenando una repetición del juicio. La decisión se sustenta en una única razón: la falta de motivación del veredicto. El TSJ indica que no se ha respetado un requisito fundamental de cualquier juicio con jurado, y es que el jurado enumere los elementos de prueba en los que se basa para sostener el veredicto y que explique cómo valora la prueba. Si el magistrado hubiera devuelto el veredicto al jurado para que lo motivara, es posible que el TSJ no hubiera anulado la sentencia (aunque, a la vista de las presiones mediáticas y de la Fiscalía de Zaragoza, es posible que se podrían haber buscado alguna justificación para hacerlo). Pero no lo hizo, por lo que, en cierto modo, al TSJ no le quedaba más remedio que anular la resolución.

Por ello, Rodri se enfrentará a un nuevo juicio (previsiblemente después del verano, cuando se relajen las medidas contra el confinamiento). De nuevo, la acusación será por asesinato. De nuevo, se enfrenta a 25 años de prisión. Y, de nuevo, la defensa puede pelear por su absolución y argumentar que actuó por miedo, movido por un arrebato y en defensa propia.

Los medios, por supuesto, volvieron a referirse al caso como “el juicio de los tirantes” cuando informaron de ello. Algunos, como Periodista Digital, volvieron a referirse a Rodrigo como la persona que mató a otra “por llevar unos tirantes de la bandera de España”, e incluso llegan a llamarle “podemita”. Otros le llaman «antisistema«. Guerra informativa de periodismo de cloaca que busca influir en el próximo jurado.

Además, los medios informaron de una manera muy deficiente sobre las razones por las que se anuló la sentencia. Casi nadie que siguió esta noticia se percató de que se debía a un error técnico, a una falta de cumplimiento de las garantías procesales. En el imaginario popular se generó la idea de que la revocación de la resolución se debe a que es “injusta”, a que no se valoró debidamente la prueba y a que lo “justo” es que reciba un castigo mayor. “Se ha hecho justicia porque el veredicto del jurado era muy deficiente y estaba lleno de contradicciones. Entendemos que las decisiones tanto del jurado popular como del magistrado del tribunal no fueron acertadas. Entendemos que fue un asesinato en toda regla y que como tal debe ser investigado el señor Lanza”, dijo el abogado de la familia Laínez en declaraciones a RNE.

La prórroga de la prisión provisional

Tras dictarse la sentencia del TSJ que ordenaba repetir el juicio, la nueva magistrada asignada al caso decidió celebrar una vista sobre la prisión preventiva de Rodri. Y el pasado 24 de abril dictó un auto acordando prorrogar la prisión provisional por un plazo total de cuatro años.

Recordamos que el 11 de diciembre de 2019 Rodrigo había cumplido dos años en prisión preventiva. Siete días antes, le habían prorrogado la prisión hasta el 11 de junio de 2020, que es cuando se habría cumplido la mitad de la condena.

En la vista de prisión, la defensa sostuvo que ahora, al solicitar prorrogar la prisión hasta un total de cuatro años, llevando ya dos años y cinco meses preso, estaba fuera de plazo para hacerlo. Pero la jueza entiende que no es así y asegura que, al haberse anulado la sentencia, también se ha anulado el auto de 4 de diciembre, por lo que nos tenemos que retrotraer a ese 4 de diciembre y hacer la ficción de que lleva menos de 2 años privado de libertad: “la prórroga de prisión se realizó con anterioridad al cumplimiento de la finalización del plazo de prisión provisional, que en este caso era de 2 años, y que finaba el día 11 de diciembre de 2019. […] Entendemos que estamos en plazo para pedir la prórroga, al anularse la sentencia del Tribunal Jurado, y estar vigente el auto fechado el 4/12/2019, que prorrogó la prisión antes de finalizar el plazo máximo de prisión provisional retrotrayéndose las actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio, siendo independiente de ello el auto de prisión antes mencionado, al que en ningún momento hace referencia la sentencia de apelación, y nos reiteramos en el artículo 243 de la LOPJ«, considera la magistrada.

Parece que vivimos en tiempos tecnológicamente maravillosos en los que podemos viajar atrás en el tiempo y el presidente de Estados Unidos propone inyectar gel desinfectante en los pulmones para acabar con el coronavirus.

Asimismo, la jueza argumenta la prolongación de la prisión provisional por «la crisis sanitaria» ya que hace que la celebración del juicio «no sea posible hasta pasado el verano«.

Por supuesto, los medios volvieron a mencionar los malditos tirantes al informar sobre esta noticia. “La Audiencia amplía la prisión provisional de Rodrigo Lanza hasta 2021 en relación al crimen de los tirantes”, dice, por ejemplo, el periódico 20 Minutos. Una vez más, se muestra la ausencia de rigor periodístico por parte de los grandes medios y la encomiable labor por informar de una forma veraz que llevan a cabo otros medios, como AraInfo.

Situación crítica en la cárcel de Zuera

Cabe recordar, que Rodrigo Lanza ha pasado casi dos años en aislamiento, en FIES. Actualmente en la prisión de Zuera, donde está preso, se viven momentos de máxima tensión por la actual situación de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los internos están sin mascarillas, ni guantes, ni margen de distancia, y sin visitas de familiares ni con cristales por medio, tal y como han venido denunciando en las últimas semanas diversos colectivos como CAMPA.

Recientemente, una madre de un preso denunció el maltrato que ha recibido tanto de los funcionarios como del servicio médico de Zuera. Desde el Grupo Derechos Civiles de Zaragoza, que se ha hecho eco de esta y otras denuncias, aclaran que “en la carta la madre relata unos hechos que, al margen de toda valoración subjetiva que se pueda hacer, nos dan ciertos datos objetivos realmente escalofriantes”.

Además, el 8 de abril, decenas de organizaciones denunciaron que Instituciones Penitenciarias no ha adoptado las recomendaciones de la OMS y del Consejo de Europa. «La mayor parte de las medidas que se han implementado como la interrupción de las comunicaciones o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo«, denuncian en un comunicado.

Todavía queda mucho camino por recorrer para que Rodrigo pueda estar en la calle. Le queda todo un juicio por delante, en el que las estrategias ya están claras cuáles van a ser y en el que existe todo un aparato mediático detrás intentando hacer lo posible por que le condenen. Animamos a seguir pendientes de su caso y a hacer todo lo posible por él. Porque le queremos libre ya.