Es posible que cuando leas este artículo todavía se encuentre recorriendo el mundo la onda expansiva del tremendo hostión que se pegó el PP en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. Sumó tan solo el 4,23% de los votos (quedando por detrás de la CUP), mientras que su marca blanca, Ciutadans, reunió el 25% de las papeletas. Los efectos de esta onda de choque se trasladaron al ámbito nacional, tal y como se evidenció cuando una encuesta de El País (vocero del partido naranja del Íbex) informó a mediados de enero que el partido de Albert Rivera sería el más votado si se celebraran ahora unas elecciones generales (27%), por delante del PP (23%).
Esta noticia intranquilizó visiblemente al gobierno del bueno de Mariano, que contraatacó con su mejor arma: el populismo. Por un lado, prometiendo atrapar a Puigdemont si intentaba entrar en Catalunya (la Policía Nacional inspeccionó las alcantarillas que rodean al Parlament y la Guardia Civil un aeródromo de saltos en paracaídas, mientras el ministro Zoido aseguraba que evitarían su entrada a España “en un maletero”) y, por otro, exprimió el caso del asesinato de Diana Quer hasta la saciedad. Y es que el PP, siendo el único partido que defiende a ultranza la cadena perpetua (llamada eufemísticamente “prisión permanente revisable”), se ha erigido en el defensor de las víctimas.
Y el Ejecutivo no sólo pretende defender la cadena PPtua en los supuestos ya existentes, sino que además el 4 de febrero realizó una rueda de prensa en su defensa de la prisión permanente revisable y anunció su pretensión de aumentar en tres supuestos los delitos penados con esta figura.
El populismo punitivo
A mediados de enero, una campaña iniciada por los familiares de numerosas víctimas (entre ellas, Diana Quer) y apoyada por el PP comenzó a recoger firmas para evitar la derogación de la prisión permanente revisable. Reunieron unas 700.000 firmas en cinco días y poco tiempo después una encuesta de La Razón desveló que el 72% de los españoles se encontraba a favor de esta medida. Mientras que la mayoría de los partidos se posicionan en contra y Ciudadanos declaraba que esperaría a ver qué dice el Tribunal Constitucional al respecto (el cual lleva dos años y medio con el recurso de inconstitucionalidad sobre la mesa), el PP no para de recuperar puntos.
Si bien no dudamos de que la encuesta de su medio afín pueda estar manipulada, tampoco dudamos de que la mayor parte de la opinión pública favorezca la cadena perpetua. Y es que el tratamiento de noticias como las del asesinato de Diana Quer extienden la sensación en la sociedad de que las cosas van cada vez peor en prevención de la delincuencia. Por otra parte, los medios tienden a deshumanizar al delincuente, que queda reducido a las etiquetas propias del delito que ha cometido (el “asesino”, “violador”, etc). La abogada Carla Vall explicó en un artículo reciente, a propósito de los agresores sexuales, que inconscientemente buscamos verles como monstruos porque entonces eso les convertiría en la excepción; si son más “normales” de lo que parecen, eso les hace más peligrosos.
El miedo al delito se ha afincado en la agenda social entre los asuntos más relevantes y el arraigo de tales actitudes lo ha convertido en un problema social en sí mismo, hasta el punto de que un buen número de programas de intervención penal son diseñados, no tanto para reducir efectivamente el delito, sino para disminuir las generalizadas inquietudes sociales sobre la delincuencia.
La dureza de la realidad penitenciaria
La ignorancia es, por definición, atrevida, como lo son las personas que, sin conocer en modo alguno lo que supone pasar media vida en la cárcel, reivindican que otras personas se pudran en el interior de un centro penitenciario. Solo cuando uno pone los pies en el interior de esos muros, aunque sea durante unas horas, empieza a comprender lo que puede ser pasar veinte o treinta años encerrado. Como dice el penalista Julián Ríos en su libro La Prisión Perpetua en España: razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, “es el poder político el que se hace eco de la propuesta de la cadena perpetua a través de la presión mediática de colectivos de víctimas obviando interesadamente una reflexión serena acerca de su compatibilidad con los derechos fundamentales y una explicación social de las consecuencias de esta pena. El ámbito político deja al margen de los criterios de interpretación jurídica los contextos sociales e institucionales donde se cumplen las penas y suele utilizar técnicas ajenas al contexto sociológico y humano. Se suele conceder a los conceptos jurídicos relacionados con la ejecución penal y penitenciaria un contenido legitimador del que carecen una vez que se contrastan con la realidad humana y social de los centros penitenciarios”.
Y ahora, a por los menores
Recientemente, los menores de edad también se están convirtiendo en el blanco de la ofensiva conservadora punitivista. Después de que tres chavales, dos de ellos de 14 años y uno de 16, fueran detenidos por el asesinato de una pareja de octogenarios en el bilbaíno barrio de Otxarkoaga, los titulares tendenciosos tomaron por asalto a los medios de comunicación: “La delincuencia juvenil estremece a Bilbao” (El País) y “La mafia de los niños de Bilbao que mata, viola y apalea” (El Español), son solo algunos ejemplos.
Por su parte, Juan José Imbroda, presidente de Melilla, ha criminalizado a los MENAS (menores no acompañados) extranjeros que viven en las calles de su ciudad, lamentando que no se pueda emplear la fuerza contra ellos para llevarles a los centros, tal y como explica Irene Ruano en «El desprecio a los niños del Señor Imbroda«, en El Salto.
El debate sobre la modificación de la Ley Penal del Menor llegará en algún momento. Aumentar la duración de las medidas (la Ley del Menor no se libra de eufemismos, y las “penas” se denominan “medidas”) y rebajar la edad penal será lo próximo que se reivindique, salvo que logremos hacer un contrapeso de algún tipo.
Ello a pesar de que la tasa de delincuencia juvenil no ha hecho más que disminuir desde el 2007, que el número de menores condenados descendió un 7,5% el año pasado respecto del anterior y de que más del 50% de las medidas impuestas fueron de libertad vigilada o trabajos en beneficio de la comunidad (es decir, por delitos no demasiado graves). Realmente se trata más de un problema de alarma que de cifras.
No más cortinas de humo
Ya está bien que los titulares se centren en sucesos, terribles, sí, pero aislados, mientras se dejan de lado cuestiones importantísimas relativas al sistema en el que vivimos. En nuestro contexto económico y social, cualquier reforma penal se ha de interpretar a corto plazo como una maniobra de distracción de la terrible realidad presente y, a largo plazo, representa otro paso más en la escalada de severidad punitiva y constata la tendencia expansiva del Derecho Penal y del incremento del poder estatal.
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Más información en la web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha lanzado la campaña «No a la perpetua»
