Han pasado ya tres años desde aquel 13 de mayo de 2019 en el que se produjeron las detenciones de la Operación Arca. Aquella madrugada, dos compañeras anarquistas fueron detenidas y trasladadas a la sede de la Brigada de Información de la Policía Nacional y posteriormente a la Audiencia Nacional, tras practicarse registros en sus casas y en el Espacio Anarquista La Emboscada. Después de pasar a disposición judicial salieron en libertad, pero la investigación seguía abierta: la policía tenía que analizar el contenido de sus móviles, ordenadores, libros, libretas, cuadernos y otros objetos incautados.
Por aquel entonces no sabíamos de qué se les acusaba; ni siquiera conocíamos el nombre de la operación policial, pues la causa se encontraba bajo secreto. Los servicios de información de la Policía Nacional se limitaron a detenerlas bajo la genérica imputación de “terrorismo” y “sabotajes”, sin dar más explicaciones. Un juez de la Audiencia Nacional pretendió tomarles declaración a ciegas (a lo que se negaron), sin informar sobre los hechos investigados, ni qué pruebas existían, ni nada.
Algunos meses después se alzó el secreto del sumario y se conoció que la operación antiterrorista se denominó “Arca” y se les acusaba de cometer sabotajes a cajeros, incendios de vehículos de seguridad privada, colocación de artefactos explosivos en sucursales bancarias, destrozos en inmobiliarias, etc. En la web de la campaña Quemando Arcas (realizada por un grupo de apoyo a las dos investigadas) se pueden ver las más de 40 acciones reivindicadas por anarquistas en Internet en los últimos 3 años en Madrid y se indican cuáles se estaban investigando dentro de la Operación Arca.
La imputación de terrorismo se justificaba en base a que existe una ideología tras las acciones. La autoría de dichas acciones es desconocida, pero la policía siempre ha entendido que había anarquistas detrás (y trató de atribuir su ejecución a las dos investigadas). Y es que pintadas, sabotajes y pequeños incendios se considerarían mero vandalismo y simples daños si se trataran de una “gamberrada” apolítica, pero adquieren un cariz de gravedad extrema cuando existe una intencionalidad política detrás (no en vano, los delitos de terrorismo son los actos de violencia más graves regulados en el Código Penal español). Mientras tanto, el capitalismo condena a millones de seres humanos a la pobreza y a la precariedad con sus desigualdades y miserias y los Estados provocan guerras impunemente, sin que eso se considere violencia. Son estas contradicciones las que visibilizaba la campaña de Quemando Arcas.
Por fortuna, a finales del mes de junio la web de Quemando Arcas hizo público que se había archivado la investigación judicial contra las dos compañeras. La conclusión del juez de la Audiencia Nacional es que, una vez concluida la investigación (que, recordamos, duró más de tres años), la policía no tenía ninguna prueba de que las dos investigadas hubieran tenido alguna participación en los sabotajes que se les achacaba. “La Operación Arca es una operación policial antiterrorista con un claro objetivo, reprimir nuevamente el anarquismo en Madrid”, explica un comunicado en Quemando Arcas. “Esta vez se centró en dos compañeras que fueron detenidas y puestas en libertad a la espera de juicio con medidas cautelares, acusadas de la realización de diferentes acciones contra bancos, inmobiliarias, empresas de seguridad, fuerzas de estado, etc.
Hace un tiempo hemos sabido que después de tres largos años de incertidumbre el caso se ha archivado. Como en otras operaciones antiterroristas contra el anarquismo en el estado español, se ha generado un relato policial difícil de sostener a nivel judicial pero cuyo objetivo es reprimir y desmovilizar.
Pensamos que todo forma parte de la estrategia de infundir el miedo a aquellas personas que no se callan, ni agachan la cabeza, a aquellas que responden con rabia a su violencia.
Estos tres años han estado llenos de muchas y diferentes emociones y acciones. Con diversos sentires para las personas que han vivido el proceso en primera persona y aquellas que lo han estado acompañando. Sin embargo, si algo lo ha caracterizado es que hemos llegado hasta hoy y podemos decir que no tenemos miedo, que la lucha continúa, que aquello en lo que creemos y la amistad que nos une nos llevará sin remedio a la anarquía”.
La Operación Arca era la séptima de este tipo desde el año 2014, tras haber pasado por las Operaciones Facebook, Columna, Pandora, Pandora 2, Ice y Piñata anteriormente. En estas seis causas judiciales previas siempre se dieron una serie de patrones comunes: se detuvo e investigó a anarquistas por el hecho de serlo, por usar comunicaciones seguras (como correos encriptados), por hacer asambleas y por publicar comunicados en los que manifestaban querer acabar con un sistema opresor. De las cinco operaciones solo una (Columna) terminó con condenas para alguien (las anarquistas chilenas Francisco Solar y Mónica Caballero, que fueron expulsados de la UE tras pasar 3 años en prisión). El resto de casos se archivaron, al comprobarse que no había nada contra ellas y que los informes policiales se acercaban más a obras literarias que a análisis concienzudos. Y lo mismo ha ocurrido con Arca.
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