En la mañana del pasado día 22 de junio, las fuerzas del orden y seguridad del Estado entraron en las casas de 12 activistas defensoras/es de los derechos animales en distintos puntos del territorio español (Madrid, Asturias, Euskadi y Galicia).
Las/os agentes de la Guardia Civil realizaron un despliegue masivo, cortando las calles colindantes a sus casas, entrando fuertemente armadas/os y con pasamontañas en los domicilios particulares de algunas/os de éstas/os e incluso entrando en las casas de las madres de dos de las/os activistas. Todo ello para realizar un registro, de varias horas de duración, en el que requisaron decenas de ordenadores, discos duros, cámaras y diverso material que utilizan para su trabajo diario.
Tras el registro, las/os detenidas/os, fueron llevadas/os en furgones policiales a Santiago de Compostela, Pontevedra y A Coruña, donde pasaron tres días incomunicadas/os en los calabozos de dichas ciudades y en huelga de hambre como protesta por las detenciones. Tras el tiempo en el calabozo, las/os 12 activistas fueron llevadas/os ante el juez donde prestaron declaración. Tres de ellas/os fueron enviadas/os a prisión preventiva y el resto se encuentran en libertad con cargos.
Hay constancia de que se les imputan varios delitos (como la suelta de visones); no obstante, existe secreto de sumario sobre este proceso y por ello, tanto el número total de acusadas/os como las verdaderas causas por las que se les ha imputado es información a la que no se tiene aún acceso. Se está a la espera del día en que el juez que instruye el caso levante el secreto de sumario y muestre las pruebas que supuestamente existen contra dichas/os activistas.
Con esta actuación judicial está claro que lo que se quiere conseguir es intentar dar una lección a las personas que se dedican a luchar por la libertad y derechos de los animales, y deslegitimarla de cara al resto de la sociedad; prevaleciendo el interés económico de la industria peletera y escondiendo lo que hay detrás de ésta. Apuntando a caras visibles de organizaciones animalistas pero queriendo atacar a todo un movimiento.
Estos sucesos son algo nuevo en el Estado español, pero no para el movimiento animalista, que ya se ha visto atacado en otros países con las mismas estrategias que están utilizando aquí. Al no poder encontrar pruebas ni personas a las que incriminar por liberar animales, señalan a caras visibles y públicas del movimiento, en un vano intento de que cese la lucha por la defensa de los animales.
La manipulación mediática ha formado una parte importante en todo este proceso de criminalización del movimiento animalista, tildando a las/os activistas de «ecoterroristas» y violentas/os sin prueba alguna para ello y cuando ni siquiera la policía se había atrevido a usar ese término. Más aun, algunos han mentido de forma extrema al afirmar que las organizaciones a las que pertenecían las/os activistas enseñaban a fabricar explosivos desde sus páginas webs, algo absolutamente falso.
El pasado miércoles 13 de julio, en la vista oral de los juzgados de Santiago de Compostela, se ganó el recurso que exigía la puesta en libertad de las/os tres activistas condenadas/os a prisión preventiva. Después de haber tenido que soportar 22 angustiosos días en prisión, Olaia, Eneko y Eladio gozan ahora de su libertad –aunque también con cargos– como las/os 9 restantes activistas.
Estas liberaciones se produjeron después de semanas de movilizaciones y acciones de solidaridad que se han extendido por todo el mundo. El mismo día después de las detenciones (el 23 de junio) se celebraron concentraciones frente a las Delegaciones del Gobierno en Madrid, Granada, Sevilla, Barcelona y en los Juzgados de Santiago de Compostela. En los días siguientes, se sumaron de manera completamente solidaria y espontánea, concentraciones en otras ciudades del Estado español como Bilbao, Valencia, Vitoria, Palma de Mallorca, Salamanca, Zaragoza, Canarias y, también, en ciudades de otros Estados como Toronto, Milán, Bruselas, La Haya, Santiago de Chile, Praga, New York, Washington DC, San Francisco, Lima, Buenos Aires, Londres y Varsovia. A pesar de que las/os activistas ya están en libertad, las movilizaciones y actos solidarios para pedir su absolución no han cesado.
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