Canarias: ¿Una crisis migratoria o una crisis del sistema?

Desde hace aproximadamente un año hemos asistido a la mayor llegada de migrantes por mar a las Canarias desde la denominada Crisis de los Cayucos de 2004. La llegada de estas personas no ha sido en absoluto sorpresiva. Se veía venir y se podrían haber llevado a cabo preparativos para recibirlas de una forma decente. La previsión acerca de la reactivación del flujo migratorio hacia Canarias se remonta a dos años atrás, ante el cierre de la ruta entre Libia e Italia. Las llegadas a través del trayecto atlántico, surgido tras la llegada de la primera patera a Fuerteventura en 1995, comenzaron a aumentar progresivamente desde 2018, cuando se superaron las 1.000 personas que alcanzaron las costas isleñas (algo que no ocurría desde 2009). En el segundo semestre de 2019, la tendencia se confirmaba, pero el fenómeno pasó desapercibido para la Administración, que se ha demorado hasta este verano para habilitar espacios donde alojar migrantes. Así, la respuesta del Ministerio de Inclusión y Migraciones del autodenominado “gobierno más progresista de la historia” fue abrir siete grandes campamentos de migrantes en las islas Canarias, siendo el más grande el del muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

Con esta política nuestro gobierno imita la política que se lleva practicando desde el año 2015 en la isla griega de Lesbos: crear una jaula para quienes alcanzan sus costas de manera irregular, con espacios de detención informal, carentes de derechos y faltos de recursos.

El muelle de Arguineguín no es ni un campamento ni un “almacén” de personas.

Es un espacio de detención informal de personas migrantes donde han sufrido un trato estructural cruel, inhumano y/o degradante. Y donde además no se ha respetado el límite legal máximo de detención.

— Andres García Berrio (@Andres_gberrio) November 29, 2020

Las personas que se bajan de la patera técnicamente no se encuentran privadas de libertad, pero a pesar de ello se les retiene en campamentos lejos del continente para evitar su tránsito por el resto de países de la unión y desincentivar más llegadas. Una estrategia, aplaudida por la denominada UE de las libertades, que pasa por hacinarlas (en noviembre el campamento del muelle de Arguineguín albergaba a 2.600 personas), entregar menos de un litro de agua por persona, tenerles sin duchas, luchando por un cartón sobre el que dormir y comiendo hasta dos semanas tres bocadillos diarios y zumos envasados. Y así, en el infierno, por tiempos de hasta 3 semanas, pese a que la ley impone un máximo de 72 horas.

Recomendamos encarecidamente leer el artículo “Un día en el campamento para migrantes de Arguineguín” (eldiario.es) para entender cómo son tratadas estas personas y cuál es su estado de salud a su llegada: «Los recién llegados, exhaustos después de haber transitado una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa, son alojados en el llamado campamento de la «vergüenza». Sus carpas no son suficientes para resguardarlos a todos. Duermen sobre mantas extendidas en el suelo irregular del puerto, donde se ha documentado la presencia de ratas».

En lo que va de año, más de 20.000 migrantes han llegado a las islas en patera o cayuco. No deja de ser menos de un 20% de la capacidad que tiene el Santiago Bernabéu y a pesar de ello se lo tacha de «crisis migratoria» o directamente de «invasión». La derecha no ha parado de extender bulos sobre una invasión por parte de soldados africanos en los últimos meses. Abascal, por ejemplo, viajó a Canarias y solicitó al Gobierno un «bloqueo naval» de las islas con las Fuerzas Armadas para impedir la «invasión inmigratoria».

«Esto no es una crisis migratoria ni humanitaria. Esto es una invasión solapada en toda regla. Marruecos nos está invadiendo a diario», publicó El Mundo el 19 de noviembre. Por su parte, el medio Confilegal (la web jurídica más importante de España) publicó una horrible columna de opinión titulada “Inmigración irregular en Canarias, ¿invasión organizada?” en la que considera que Marruecos quiere recuperar las Canarias, que la llegada de migrantes se trata de una nueva Marcha Verde y que existen numerosos yihadistas infiltrados intentando llegar a nuestras costas.

Este discurso de odio parece que va calando en parte de la población. El pasado 12 de diciembre se celebró una manifestación xenófoba en Mogán (Gran Canaria), frente al complejo hotelero en el que están alojadas varias migrantes. La tensión fue tal que la Cruz Roja de Canarias recomendó a las 6.000 personas extranjeras alojadas en la isla que no abandonaran sus lugares de acogida en las siguientes 48 horas por miedo a que sufrieran ataques. Una declaración muy fuerte que se consideraría inaceptable e inapropiada en cualquier otro contexto. ¿Os imagináis a las autoridades recomendando a las personas blancas no salir a la calle por si les pasara algo? ¿O que las personas hetero se tengan que quedar en casa? ¿O todos los hombres? No se toleraría y se exigiría que se diera una protección adecuada ante posibles agresiones.

Sobre cómo se está alimentando el discurso xenófobo de parte de la población española en general, y canaria en particular, recomendamos los artículos «Esto es una invasión: el racismo que se dice democrático» (El País) y «Pobres blancos contra pobres negros: la extrema derecha y las políticas de ‘emergencia’ alimentan la xenofobia en Canarias» (eldiario.es).

Otras voces más sensatas, sin embargo, indican que no estamos ante una invasión, ni una crisis migratoria, sino que realmente se trata de una crisis de acogida. Es importante que no interioricemos el lenguaje que culpa a las personas vulnerabilizadas (las migrantes) y que pongamos el foco en quién tiene la culpa de la crisis.

Mientras tanto, la UE avala la mano dura en la frontera y la acogida a migrantes en centros de detención informal. Lo hizo de la misma manera, con semántica bélica incluida, en marzo de este año, cuando la policía griega se empleó con violencia en la frontera para impedir la llegada de personas desde Turquía (lo cual causó la muerte de al menos dos refugiados y decenas de heridas). «Agradezco a Grecia que sea el escudo de Europa» dijo entonces la presidenta de la Comisión Europea en el paso de Kastaniés.

La violencia en la frontera no solo se reduce a la posibilidad de recibir agresiones físicas al acceder a Europa y/o de ser detenida y deportada al país de origen. Las malas condiciones de acogida y la incertidumbre sobre el futuro también hacen mella en la psique y, en consecuencia, los pensamientos suicidas y las autolesiones crecen entre las refugiadas y migrantes. Por ejemplo, en Grecia se estima que unas 17.000 personas viven en los campos de las islas de Lesbos, Samos, Quíos, Kos y Leros. El incendio en septiembre del enclave de Moria, en Lesbos, ha dejado a unas 7.000 personas (2.500 de ellos niñas y niños) viviendo en tiendas, en una zona proclive a las inundaciones y al barro cada vez que llueve. Los psicólogos infantiles de Médicos Sin Fronteras que trabajan en Lesbos han tratado 49 casos de niños con ideas suicidas e incluso tentativas de suicidio, mientras que seis de cada diez nuevos pacientes de la clínica de salud de la ONG en Samos reconocieron que pensaban en quitarse la vida.

La Fortaleza Europa nos vuelve a mostrar una vez más que está dispuesta a endurecer sus controles del perímetro de la UE con sistemas altamente restrictivos y vulneradores de los derechos humanos. Además, modifica «constantemente los sistemas de categorización jerárquica, de los cuales es solo un ejemplo la distinción entre los “refugiados” —aceptables, pero solo en cantidades limitadas— y los “inmigrantes económicos”, ilegítimos y, por lo tanto, inaceptables» como explica el artículo “Grecia y la cuestión meridional de la Unión Europea” (elsaltodiario.com).

Por nuestra parte, lo tenemos claro: estos centros de la vergüenza deben desaparecer ya y se deben destinar medios a una acogida digna.