Hace unos meses publicamos un artículo titulado «Crónica de un otoño represivo» en el que repasábamos varios casos represivos recientes, en su mayoría de activistas políticas. Un poco después, surgieron nuevos casos y nos vimos forzadas a reseñarlos en «Después de un otoño malo, un invierno peor. Oleada de casos represivos«. Y ahora que nos hemos adentrado en el tercer mes del año y se va acercando el buen tiempo, toca realizar un nuevo recorrido por algunos nuevos episodios, porque la represión no para en este 2021 tan maravilloso. Os dejamos con un recorrido de los últimos casos represivos de nuestro contexto más inmediato. Resulta escalofriante que sean tantos y que, además, todos hayan sucedido durante la segunda quincena de febrero. Leer todos juntos da la sensación de que vivimos en un Estado fallido.
Esta oleada de casos nos augura que los próximos meses van a ser duros. Y es que, como dice la canción de Fito, «después de un invierno malo, una mala primavera«. Las detenciones y las condenas proliferan por doquier y el avance de la ultraderecha en nuestro contexto favorece un crecimiento de la política de mano dura contra los movimientos sociales.
Pablo Hasél, encarcelado
Sin duda, el tema de moda es el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El periplo judicial del rapero comenzó en el año 2014, cuando la Audiencia Nacional le condenó a 2 años de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por el contenido de las letras de sus canciones en las que hablaba de presos de GRAPO, Terra Lliure y ETA. La pena se suspendió, pero le generó antecedentes penales. Estos antecedentes seguían vigentes en el año 2018, cuando la Audiencia Nacional le volvió a condenar, de nuevo, por el mismo delito y otro de injurias a la Corona, esta vez por el contenido de unos tuits que había publicado. La pena que se le impuso finalmente fue de tan solo de 9 meses de cárcel pero, como contaba con antecedentes, debía ingresar en prisión.
La detención y encarcelamiento de Hasél
El 2 de febrero la Audiencia Nacional le otorgó un plazo de 10 días para ingresar voluntariamente en prisión. «Tendrán que secuestrarme, no pienso entregarme«, dijo Hasél. El rapero siempre descartó exiliarse en el extranjero, como lo hizo Valtònyc, refugiándose en Bélgica (donde las autoridades judiciales se negaron a entregar al mallorquín a España), porque sabía que quedándose y yendo a la cárcel indignaría a muchas personas y daría pie a una serie de movilizaciones. Sabía que «sacrificándose» y dejándose detener existirían más posibilidades de poner las injusticias de su caso sobre la mesa, abrir el debate social sobre la libertad de expresión y pelear por una amnistía para todas las personas condenadas por delitos de expresión. Es decir, se podría buscar una solución colectiva en lugar de una personal.
El 15 de febrero se encerró en la Universitat de Lleida, junto a decenas de estudiantes que se solidarizaron con él. A la mañana siguiente los Mossos d’Esquadra entraron en la universidad y se lo llevaron detenido. «No nos van a doblegar ni con toda la represión«, gritó durante la detención. «No nos pararán, no nos callarán, muerte al estado fascista. Amnistía total, ganaremos, no nos pararán nunca, lucharemos hasta la victoria siempre«, exclamaba mientras le conducían al coche policial. Un par de horas más tarde, se encontraba en la cárcel de Ponent.
Las movilizaciones por la libertad de Hasél
Desde distintos movimientos sociales se han hecho varias críticas a Hasél. El movimiento feminista, por ejemplo, ha criticado sus declaraciones abiertamente machistas (como su tuit «Bukkake para todas esas piradas que nos pintan a todos los hombres como maltratadores en potencia y les gustaría que sólo hubiera mujeres«) y actitudes machirulas. El anarquismo, por otro lado, critica sus posicionamientos autoritarios. Y no pocas personas aseguran que sus canciones no son muy buenas y que no rapea del todo bien. Pero en una cosa existe un consenso claro: no debería estar en prisión. Y en eso consiste, precisamente, la solidaridad: en luchar por sus derechos y su libertad, con independencia de la opinión personal o política que se tenga de él.
Parece que la estrategia de Hasél (o su sacrificio, por llamarlo de alguna manera) de quedarse en Lleida y dejarse detener fue tremendamente exitosa en tanto que chispa que encendería la llama de la solidaridad. En los días que siguieron a su encarcelamiento miles de personas se manifestaron a favor de la libertad de expresión, por la libertad de Pablo Hasél y por la amnistía. Más de 200 artistas del Estado español (incluyendo pesos pesados como Sabina, Serrat, Almodóvar o los Bardem) se posicionaron a favor de su liberación. Fuera de nuestras todos los telediarios informaron sobre su encarcelamiento y más artistas se sumaron a su lista de apoyo.
Las movilizaciones y los apoyos han arrojado algunos resultados: forzaron a Podemos se vio forzada a pedir su indulto y poco después el Ministro de Justicia manifestó que pensaba reformar los delitos de expresión del Código Penal y, como mínimo, eliminar las penas de prisión asociadas a los mismos. De momento se trata únicamente de una promesa y la presión no debe bajar si se quiere lograr este resultado, pero la importancia de este gesto es clara: existe un reconocimiento, aunque sea tácito, de que nuestra legislación es excesivamente dura en lo relativo a los delitos de expresión y el Gobierno está abierto a la posibilidad de reformarlo. ¿Si se aprueba, será una reforma suficiente para garantizar la libertad de expresión en el Estado español? No, tan solo una pequeña mejora que buscará modificar penas de prisión por penas de multa, en lugar de despenalizar estos delitos.
Las otras causas de Hasél
A sus condenas por decir lo que piensa, hay que añadir otras penas que acumula Hasél: en junio de 2020 fue condenado a 6 meses de prisión por empujar, insultar y rociar con productos de limpieza a una periodista de TV3; en diciembre de 2017 se le condenó a pagar una multa por faltar el respeto a la policía en una canción; y en enero de 2020 fue condenado por un delito de obstrucción a la Justicia a una pena de 2 años y 6 meses de prisión por, supuestamente, amenazar de muerte a un testigo en octubre de 2017. Esta última condena fue confirmada por la Audiencia Provincial de Lleida el pasado 18 de febrero, dos días después de ingresar en prisión, y, si no la revoca el Tribunal Supremo, su tiempo en prisión se verá considerablemente alargado.
Además, cuenta con causas pendientes. En 2017 publicó un tuit diciendo que «a la plantilla del Betis que defiende al nazi, si no fuera porque también morirían los pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrella«, por encontrarse entre sus filas el jugador nazi ucraniano Roman Zozulya. En 2019 la Fiscalía decidió no acusarle de ningún delito, pero el Real Betis Balompié decidió acusarle por un delito de odio. Le pueden caer hasta 4 años de prisión por este delito.
Por otro lado, recientemente, se hizo público que la Fiscalía le pide una condena de cinco años y cuatro meses de prisión, así como 3.600 euros de multa y 11.000 euros de indemnización por su participación en una manifestación contra el encarcelamiento de Puigdemont en 2018. Le acusan de cometer delitos de atentado contra la autoridad y lesiones y se prevé que el juicio se pueda celebrar el año que viene.
En una entrevista realizada al diario Público, Hasél denunció que «hay una clara operación de Estado para encarcelarme mucho tiempo y es tan descarada que escandaliza a nivel internacional o a personas que no simpatizan con lo que defiendo. Que el tercer día de mi encarcelamiento me llegara otra condena (pendiente de recurso al Supremo) por un montaje policial sin pruebas, como puede comprobar quien lea la causa entera, lo hace evidente. Además de tener más causas pendientes como un delito expresión/de odio por increpar al jugador de fútbol nazi Zozulya, por el que me pueden caer hasta 4 años más, o los seis años y medio que me piden por asistir a una manifestación contra la represión en la que pese a no participar en los disturbios y poder probarlo me imputan igual. Esta operación de Estado se debe a que como reconoció la fiscal: ‘Es peligroso porque es conocido e incita a la movilización social’«.
Esta última frase se refiere a lo que dijo la fiscal Ana Noé en uno de sus juicios, cuando manifestó que «Hasél ha invadido estos límites y por eso entiende que ha cometido delito y ha vulnerado la reputación de la Corona y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y que «no es bueno manifestar afinidad con movimientos anarcoinsurreccionalistas«. Una frase llamativa no sólo porque vulnera el derecho a la libertad ideológica que se supone que la Constitución ha de proteger, sino porque además demuestra un profundo desconocimiento de la motivación política de Hasél, más cercana al estalinismo que al anarquismo.
Más de 140 detenciones en las manifestaciones de apoyo a Hasél
Antes del encarcelamiento de Pablo Hasél se celebraron manifestaciones en muchas ciudades de la península. Éstas se multiplicaron tras su entrada en prisión.
Durante las protestas se produjeron algunos disturbios; ardieron algunos contenedores y se arrojaron piedras a la policía. La prensa, de manera unánime, condenó la «atroz» violencia, ignorando de forma deliberada que los actos de violencia más duros se produjeron durante las cargas policiales y los disparos de balas de foam, en los cuales una joven en Barcelona perdió un ojo. Los políticos, por su parte, también se posicionaron sin reservas del lado de la policía. Por ejemplo, el 17 de febrero el Delegado de Gobierno en Madrid alabó la actuación «ejemplar» de sus agentes. Al día siguiente, la Delegada en Valencia hizo lo propio.
Sobre las tácticas policiales en las manifestaciones Andrés Santafé escribió un artículo («El Síndrome de Sherwood o cómo la policía revienta una propuesta«). Explica por qué se producen algunos de los excesos que ocurren durante las protestas, como insultos, agresiones a manifestantes y periodistas, trato humillante, etc. También recomendamos el artículo «Hablan dos víctimas de las cargas policiales en Sol: “Los jóvenes estamos un poco hartos de luchar por lo mismo que ya lucharon nuestros padres”, publicado en El Salto. Para ver vídeos de distintas cargas policiales recomendamos la cuenta de Twitter del periodista Miquel Ramos.
Además de las lesiones sufridas por manifestantes, el saldo represivo fue elevado en lo que detenciones se refiere. En los primeros cinco días tras el encarcelamiento los distintos cuerpos policiales habían detenido a 109 personas. En el momento en el que escribimos estas líneas la cifra había subido a 144 y, posiblemente, vuelva a aumentar en el futuro.
En los primeros días de las protestas, además, algunos de los detenidos ingresaron en prisión preventiva. Es el caso de William Aitken, un escocés detenido en Barcelona y privado de libertad desde el 17 de febrero. Unos días después también entró en prisión Carles S.F., otro vecino de la Ciudad Condal, casteller, muy conocido, que goza de gran popularidad en el barrio de Sants. Por fortuna, 10 días después de su ingreso en la cárcel salió en libertad.
Un día antes del encarcelamiento de Carles, en la otra punta de la península, Cristian Mestre, natural de Reus, también ingresó en prisión provisional, esta vez en Granada. Cristian es un conocido militante de CNT-AIT Granada. Un comunicado de este sindicato explica que «consideramos injusto, hipócrita y una victoria mediática, que la exigencia exclusiva de la libertad de Hasel sea la que monopolice la ocupación de las calles. Él no es el único represaliado sino que cantidad ingente de compañerxs deben pasar por los aparatos punitivos del Estado por luchar y por expresarse. Además, la represión, la miseria y la explotación por parte de este sistema inhabitable, recae sobre toda la clase trabajadora. No olvidamos, además, que durante toda su historia, las prisiones en España están llenas de presos políticos y sociales que hoy ejercen importantes luchas y resistencias. Las calles deben ser la caja de resonancia de sus voces. Solidarizarse con Hasel sin solidarizarse con el resto de presxs, represaliadxs y violentadxs por el Estado, es una proclama vacía y laxa«.
Ocho anarquistas, detenidas tras las manifestaciones de Pablo Hasél, en prisión
El sábado 27 de febrero los Mossos d’Esquadra detuvieron a ocho anarquistas en Catalunya: seis de ellas de nacionalidad italiana, una francesa y otra española. Según la policía catalana, se trataría de los principales responsables de la organización y materialización de los disturbios provocados los días anteriores en la ciudad de Barcelona. Una frase que, una vez más, demuestra que desde las instituciones del poder (atravesadas por un funcionamiento vertical y jerárquico) no se entienden los incidentes como una expresión espontánea de una rabia colectiva o popular contra todo lo que nos oprime, por lo que siempre tratan de buscar promotores u organizadores de los disturbios.
Los Mossos, además, atribuyen a una de las detenidas (una mujer italiana llamada Sara) el prender fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro (el cual salió ileso) durante una de las manifestaciones. La acción, según los funcionarios, habría sido amparada por sus compañeras, por lo que todas compartirían responsabilidades. En consecuencia, el cuerpo armado calificó los hechos como delitos de pertenencia a una organización criminal, tentativa de homicidio, desórdenes, daños y atentado a agente de la autoridad.
La decisión de imputarles una tentativa de homicidio ha sido una decisión muy criticada, pues claramente ni por los medios (el fuego de la furgoneta no fue muy intenso, apenas generó daños y el policía no sufrió ninguna lesión), ni por la falta de dolo, se puede encajar la acción en ese delito. No obstante, la prensa no ha recogido estas reservas (ni ninguna posibilidad de que las detenidas sean inocentes) y ya las ha sentenciado; publicando, además, sus nombres, sus fotos y datos ridículos, como que una de las detenidas poseía un Apple. Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado su intención de personarse como acusación popular en la causa contra las detenidas.
El martes 2 de marzo las anarquistas pasaron a disposición judicial. Lo hicieron ante un juzgado de instrucción de Barcelona normal y corriente y no ante la Audiencia Nacional, pese a que los medios y los sindicatos policiales habían calificado los incidentes como «terrorismo callejero«. El juzgado de instrucción ordenó el ingreso de todas las detenidas en prisión preventiva. Al listado de delitos anterior añadió, además, el de manifestación ilícita.
Ante la noticia del encarcelamiento, El Lokal del Raval publicó un comunicado que decía, entre otras cosas, lo siguiente: «da mucha rabia como el juicio ya está hecho, la condena ya se ha activado. Nada de presunción de inocencia, Acusadas de intento de homicidio, de grupo criminal organizado, registros sin encontrar pruebas, La nota de la policía filtrada a todos los medios que la repiten y asumen como propia, Cerrazón de la clase política, económica, acusándolos de tener «voluntad de matar» y un juzgado que hace lo que ya estaba escrito, imputarlos de la forma más grave y prisión provisional sin fianza.
No hay ninguna duda, son culpables, son anarquistas, la mayoría italianos. El cuento de siempre que al cabo de un tiempo se desmonta. Hay que escarmentar, hay que ejemplarizar, hay que castigar y frenar las protestas que desbordan los cauces del sistema.
Lucharemos por cambiar este sistema, lucharemos de forma organizada, asamblearia, sin lideres, respetando la vida humana y no las instituciones, como siempre han hecho los anarquistas«.
Lucharemos por cambiar este sistema, lucharemos de forma organizada, asamblearia, sin lideres, respetando la vida humana y no las instituciones, como siempre han hecho los anarquistas
El Lokal del Raval
Por su parte, el colectivo Colze a Colze (Codo con Codo) publicó otro comunicado, titulado «Si ha de arder, que arda», explicando que «el encarcelamiento de Pablo Hasél ha sido la chispa, que no la causa, de la enorme oleada de protestas que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el territorio. Tenemos tantos motivos, tantos agravios acumulados que necesitábamos muy poco para estallar. Y en este desbordamiento han ido quemando contenedores, tiendas de lujo, bancos y ahora dicen que también una furgoneta de la policía. Miles y miles de personas hemos decidido que antes de quemarnos en la soledad de casa preferimos salir a compartir un incendio que sea común, con nuestra gente, en nuestras calles.
Como siempre pasa cuando se cuestiona el sistema vigente se saca a pasear el fantasma de la violencia. Otras muchas compañeras ya han hablado de la represión policial de estas semanas. Es evidente que el objetivo de esta represión no es investigar tal delito o perseguir tal persona, sino la desmovilización en las calles mediante el miedo y la división.
De lo que quizás no se está hablando mucho es de que la división también se crea cuando decidimos solidarizarnos selectivamente con algunas detenidas y no con todas. Es una manera de atacar la diversidad y la radicalidad existente en estos sectores, intentando provocar diferencias y rupturas dentro de ellos. La creación de un enemigo interno a las luchas se ha utilizado por el poder habitualmente. El señalamiento de un sector de la lucha, real o imaginario, como un peligro para el resto de personas que participan de esta lucha es la mejor manera de debilitar todo movimiento emancipador. Ahora están señalando a las anarquistas igual que otras veces lo han hecho con Arran, los CDR o las okupas, por mencionar casos recientes. No caer en esta trampa es cosa de todas: somos diversas, pero también sabemos que tenemos una práctica en común.
La división también se crea cuando se utilizan las manifestaciones como un arma partidista a escala municipal, autonómico o estatal. Así, no nos resulta muy complicado pensar que, con todo el trapicheo postelectoral, el hecho de acusar y detener a un «grupo anarquista extranjero y violento» como cabezas de turco de toda una serie de jornadas combativas, amplias y diversas, puede responder a un juego de equilibrios y posibles alianzas políticas. Situar (de momento) los culpables «fuera» del ámbito de nuestra catalana ciudadanía, es algo muy conveniente para muchos de los actores políticos que en estos días se juegan su futuro. Gobierne quién gobierne tenemos que ser ingobernables, hagamos que no sea solo un lema«.
Por último, las organizaciones Embat (Organització Llibertària de Catalunya), Batzac (Joventuts Llibertàries), la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), la Federació Estudiantil Llibertària (FEL) y Dones Llibertàries publicaron su propio comunicado, que dice que «una vegada més les anarquistes som el boc expiatori d’aquest sistema criminal. Una vegada més els seus mitjans ignoren la presumpció d’innocència i reprodueixen les notes de premsa d’lnterior i els Mossos. Han utilitzat els titulars sobre “anarquistes italians” per amagar les causes del malestar i la ira de la població jove i no tan jove. La violència que denuncien polítics, mitjans i policia cada dia en les manifestacions té origen en la violència quotidiana que elles mateixes provoquen: els desnonaments, el treball precari, els accidents laborals, la violència masclista, l’homofòbia, el racisme, les retallades en serveis públics, la brutalitat policial i la manca de llibertat d’expressió«.
La abogada de Pablo Hasél, en el punto de mira
Por si fuera poco, Alejandra Matamoros, la nueva abogada de Hasél, ha sufrido represalias por realizar su trabajo.
Todo comenzó tras participar en algunos debates en televisión tras visitar a su cliente en prisión. La defensa que hizo del rapero en los mismos disparó una serie de insultos machistas y clasistas (en los que se criticaban cuestiones como su forma de hablar o su estética) en redes. Además, dijo en un momento dado que en el Estado español la policía comete torturas y que algunos de los detenidos en las últimas movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél habían sufrido malos tratos.
Esto último provocó que un sindicato policial (el SUP) se querellara contra ella por un delito de injurias contra la policía, de la cual no nos consta todavía que ningún juzgado de instrucción de Madrid haya admitido a trámite. Y ello a pesar de que, según el diario Público, casi 450 funcionarios han sido condenados por torturas en los últimos siete años.
Por otro lado, otro sindicato policial (el CEP) presentó una queja contra ella en el Colegio de Abogados, solicitando “medidas disciplinarias contra la Letrada doña Alejandra Matamoros por las declaraciones a los medios de comunicación en las que (a su juicio) reivindicaba el derecho a odiar a los policías nacionales, se negaba a condenar la violencia en las calles de Madrid y Barcelona y acusaba a nuestro cuerpo de torturar y maltratar indiscriminadamente a los ciudadanos”.
Un día después, el Decano del Colegio de Abogados de Madrid (que, en dicha cualidad, representa a toda la abogacía madrileña) acusó recibo de su escrito respondiendo al remitente con un “Querido Secretario General”, informándole que ha procedido “de inmediato a dar traslado a la Comisión de Deontología del ICAM para la apertura de un expediente deontológico”. Asimismo, le hace llegar «total y absoluto apoyo a la (según el criterio personal del Decano) gran labor que realiza el Cuerpo Nacional de Policía velando por los intereses y defensa de los ciudadanos”. El Decano, por tanto, en vez de proteger a su colegiada, defendió a la policía. Quizás no deba sorprendernos tanto, teniendo en cuenta que en 2019 fue condecorado por la Jefatura Superior de la Policía en el Día de sus Patronos.
Una vez abierta la veda contra la abogada, distintos medios de comunicación se pusieron a hurgar en su pasado. El Español encontró que en una charla hacía unos años Alejandra había dicho lo siguiente: «En el caso de Euskal Herria, los compañeros tuvieron que luchar con los únicos medios que tuvieron y les dejaron, que fueron las armas. Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación«. Esta frase sirvió para que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se querellara contra ella por un delito de enaltecimiento del terrorismo, lo cual demuestra, una vez más, el peligro que corre la libertad de expresión en este país.
Investigado un hombre en Murcia por pedir «guillotina para el rey Felipe»
Continuando con la represión a la libertad de expresión, cabe señalar que un hombre de 40 años de Alhama de Murcia está siendo investigado desde mediados de febrero como presunto autor de un delito de injurias a la Corona, por publicar un comentario en Facebook pidiendo «guillotina para el rey Felipe VI«, junto a una foto del monarca.
En este caso la Policía Local de Alhama de Murcia actuó de oficio contra esta persona (es decir, sin que denunciara nadie, sino por iniciativa propia) y dieron cuenta a la Audiencia Nacional.
Denunciado por celebrar la muerte de un guardia civil: «Sólo uno, mierda, algo se está haciendo mal»
La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) interpuso a finales de febrero varias denuncias por delitos de odio después de que distintas personas celebraran en redes que el guardia civil Ángel Antonio Ambrosio muriera arrollado por un camión en Mieres (Asturias). Por ahora sabemos que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cervera de Pisuerga (Palencia) ha abierto una investigación contra un vecino de Guardo (Palencia) por supuestamente publicar en redes el siguiente mensaje (acompañado de emoticonos): “Solo 1, mierda algo se esta haciendo mal”.
¿Pero es esto posible? ¿Se puede investigar a alguien por un delito de odio cuando la víctima es un policía o guardia civil? En el artículo «¿Pueden los cuerpos policiales ser víctimas de delitos de odio?», publicado en El Salto, nos explican por qué no:
«El artículo 510.1.a) del Código Penal (CP), que regula los delitos de odio, establece que se castigará con penas de uno a cuatro años de prisión a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.
Es un poco largo, así que desgranémoslo. El artículo persigue las conductas (1) públicas que (2) fomenten, promuevan o inciten al odio por (3) una serie de motivos. Y aquí está la clave. Los motivos han de ser (a) racistas, (b) antisemitas, (c) referentes a la ideología, (d) religión, (e) creencias, (f) situación familiar, (g) pertenencia a una etnia, (h) raza o (i) nación, (j) su origen nacional, (k) su sexo, (l) orientación o (m) identidad sexual, (n) por razones de género, (ñ) enfermedad o (o) discapacidad. Son muchas razones (o desrazones, mejor dicho), pero entre ellas no se encuentra la de desempeñar una determinada profesión, la de estar adscrito a un cuerpo profesional o la de ser un funcionario público.
Comentando esta circunstancia en redes sociales alguna persona me ha señalado que podría darse el motivo (c) de promover el odio en base a la ideología. Esto es un error. Lo que el tipo penal del 510 CP enumera son las características del sujeto pasivo, es decir, la víctima del delito. No describe las características del sujeto activo, del autor. Por ello, la ideología de quienes se concentraron es indiferente; lo relevante es el ideario de quienes fueron objeto de esas protestas.
En otras palabras, para concluir que los agentes sufrieron un delito de odio habría que asumir que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una ideología propia o que hace suya la del gobierno. Ambos supuestos son ilegales e inaceptables.
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece, en su artículo 5.1.b) que uno de sus principios básicos es el de “actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad”. Un cuerpo neutral no es un cuerpo ideologizado y un cuerpo no ideologizado no es, jurídicamente, una víctima del odio«.
La policía no puede ser considerada una víctima de un delito de odio. No se encuentra en el listado de colectivos vulnerabilizados que las conforman. Y no puede ser víctima de una discriminación ideológica porque, teóricamente, no tiene ninguna ideología
Condenan a un año de cárcel a un vecino de Avilés por delito de odio contra la Policía
En la misma línea, el pasado 25 de febrero, un hombre acusado de cometer un delito de odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de mensajes en Facebook reconoció ante un juez los hechos y aceptó un año de cárcel y una multa de 1.080 euros, lo que hizo innecesario celebrar el juicio que iba celebrarse ese día en el Juzgado de lo Penal 1 de Avilés. Los mensajes fueron publicados el 17 de octubre de 2019 sobre las dos de la mañana con motivo de los altercados ocurridos en Catalunya tras la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo contra el Procés.
De nuevo, otra barbaridad jurídica que no tiene ninguna justificación legal.
Gasteiz denuncia ante la Fiscalía un cartel publicado en redes para denunciar una actuación policial
Por si a estas alturas no fuera suficientemente claro que tenemos un importante déficit de libertad de expresión en este país, el 26 de febrero el Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gasteiz denunció ante la Fiscalía de Araba a un estudio de diseño por la publicación en redes sociales de un cartel en el aparece un agente de la Policía Local junto al eslogan «All pitufos are bastards».
El cartel fue publicado el 14 de febrero, el mismo día en el que fueron detenidas dos personas en el bar Iguana, en la calle Correría de Gasteiz, en una polémica actuación del citado cuerpo policial.
Willy Toledo, juzgado por llamar a Abogados Cristianos «trogloditas» y «ultraderechistas»
El 26 de febrero, el actor Willy Toledo se volvió a sentar en el banquillo por culpa de la Asociación Abogados Cristianos. Esta vez fue por una demanda civil y no penal, por una supuesta vulneración del honor de la entidad y de su presidenta, Polonia Castellanos. El Juzgado de Primera Instancia 9 de Valladolid, le juzgó por haber dicho que la asociación es «ultraderechista« y por tildar a su presidenta de «troglodita«. Ésta le reclama una indemnización de 6.000 euros por vulnerar su derecho al honor.
En el momento en el que escribimos estas líneas todavía no se ha publicado la sentencia.
La Fiscalía abre diligencias contra Echenique por un tuit
Pablo Echenique, dirigente de Podemos, no es, ni mucho menos, santo de nuestro devoción. Pero ello no impide que no debamos considerar una auténtica barbaridad (por decirlo suavemente) que los sindicatos policiales CEP, SUP, Jupol y ASP le denunciaran el 22 de febrero ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por «alentar» y «fomentar los disturbios» durante las protestas por la libertad de Pablo Hasél por publicar un tuit diciendo «Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que está pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contudencia«. Vox, por su parte, optó por querellarse directamente contra él ante el Tribunal Supremo.
¿Dónde está exactamente el delito en sus palabras? ¿De qué manera se está animando a cometer actos de violencia? ¿Qué dice de la policía que sus sindicatos denuncien a un líder político (denunciado por lo mismo por un partido de ultraderecha) por pedir justicia, libertad de expresión y que no se mutilen ojos?
La Fiscalía, por su parte, se ha limitado hasta ahora a incoar un expediente por las denuncias recibidas y nada más. No han desvelado si consideran sus palabras delictivas, o si iniciarán una investigación. El mero hecho de que no se haya archivado del tirón ya es un atropello y da alas a que en el futuro se interpongan más denuncias de este estilo.
La denuncia a Echenique y la incoación del expediente ha coincidido, además, con el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación del chat de ex-militares en el que decían que habría que «fusilar a 26 millones de hijos de puta» y dar un golpe de Estado.
La Fiscalía se querella contra Roger Torrent por desoír al Constitucional para reprobar la monarquía
El 1 de marzo la Fiscalía de Catalunya se querelló por un delito de desobediencia contra el presidente del Parlament en la pasada legislatura, Roger Torrent, y los miembros de JxCat y ERC en la Mesa del Parlament por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía, pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el Tribunal Constitucional se lo había prohibido.
Denuncian al Centro Social La Molinera por injurias contra la Corona
El 22 de febrero el Centro Social Okupado (CSO) La Molinera (Valladolid) colgó una pancarta en su fachada que rezaba «Leonor se va de España, como su abuelo. Los borbones son unos ladrones«. La pancarta aludía al hecho de que la princesa Leonor va a estudiar en Gales y a que su abuelo se encuentra en Emiratos Árabes por alguna razón.
El Ayuntamiento pucelano anunció que retiraría la pancarta (tras una petición de Vox) y la Delegación de Gobierno dijo que estudiaría si denunciar al centro social por un delito de injurias contra la Corona.
Un par de días después, alguien retiró la pancarta. El Ayuntamiento manifestó que no fue el consistorio quien lo hizo, por lo que el CSO ha apuntado hacia colectivos de extrema derecha. Tras la retirada de las pancartas originales, desde La Molinera se reafirman en sus mensajes y con sorna han colocado una nueva en la que se lee la célebre frase rey emérito Juan Carlos, «lo siento mucho, me equivocado y no volverá a ocurrir«, a la que sigue un lacónico «pero los borbones siguen siendo unos ladrones«.
El juez imputa a la víctima de los dos policías en Linares por atentado contra la autoridad
El pasado 12 de febrero un hombre recibió una brutal paliza por parte de dos policías nacionales fuera de servicio que, posiblemente, se encontraban ebrios. Le increparon a él y a su hija (menor de edad) en un bar de Linares (Jaén) y posteriormente le atacaron con violencia por la espalda, se echaron encima de él, le agarraron por el cuello, le propinaron reiteradas patadas e incluso le estamparon una botella de cerveza en la cabeza, golpe que finalmente le dejó inconsciente. Por fortuna, había varios testigos que lo presenciaron (entre ellos, su cuñado, que también fue agredido) y grabaron en vídeo y quedó patente que la víctima de la agresión era él.
Sin embargo, el 18 de febrero el juez instructor le tomó declaración en calidad de investigado por un delito de atentado. Todo ello porque los agentes declararon ante el juez que fue él quien realmente inició la pelea. Y es que, incluso si eso fuera así (lo cual no parece cierto en base a los vídeos), hay que recordar que no actuaban en el ejercicio de sus funciones y actuaron ellos de una manera antijurídica. Recordemos que la jurisprudencia establece que solo existe un delito de atentado a agente de la autoridad cuando (1) el acometimiento contra los agentes suceda «con ocasión del ejercicio de sus funciones” (es decir, cuando el funcionario actúe de servicio, o la agresión se deba a una acción pasada o futura que haya podido cometer por el ejercicio de su cargo); (2) el autor del delito tenga la voluntad y conciencia de ofender y menospreciar al principio de autoridad y (3) los funcionarios no hayan incurrido en un exceso policial.
Por tanto, la imputación por atentado parece no sostenerse por ningún lado.
La policía carga y dispara con fuego real en Linares
Al día siguiente de la paliza en Linares, el 13 de febrero, decenas de personas se concentraron frente a la comisaría de policía para denunciar la violencia policial. A esto le siguieron cargas y disparos de proyectiles hacia los manifestantes, que fueron en aumento durante las concentraciones del 14 de febrero. Algunos vídeos muestran escenas de violencia que han sido denunciadas.
Pero, sin duda, el episodio más fuerte sucedido en Linares fueron los disparos con fuego real (perdigones) hacia manifestantes. La policía dijo poco después que se trataba de un «lamentable error«.
La Fiscalía pide penas de hasta 7 años y 4 meses de cárcel para 21 personas por el Rodea el Congreso de 2012
El pasado 25 de febrero, más de ocho años después de la manifestación del Rodea el Congreso del 25-S, la Fiscalía de Madrid hizo público su escrito de acusación contra las 21 personas que fueron detenidas en la convocatoria. Casualmente, lo dieron a conocer los medios durante la plena vorágine de las protestas por la libertad de Pablo Hasél. Una mente malpensada podría pensar que buscaban dar ejemplo mediante la intimidación.
La Fiscalía acusa a los 21 acusados de desórdenes públicos, atentado y, en algunos casos, lesiones por encaramarse a vallas, gritar lemas de denuncia y arrojar objetos y propinar golpes a agentes de policía. Por ello, pide penas que van desde los tres años y ocho meses de cárcel hasta los siete años y cuatro meses.
De esta manera, el fiscal ha solicitado las penas máximas que permite el Código Penal, sin interesar una rebaja por la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas (es decir, que se reduzca la pena por todo el tiempo que ha estado paralizada sin justificación alguna la causa). Es decir, al formular la acusación no piden la imposición de la pena que consideran “justa” o “adecuada” a los hechos, sino la más elevada posible dentro del arco del tipo penal.
Tal y como explicamos en nuestro artículo «Pactando con el Diablo«, este tipo de prácticas se hacen con un propósito claro: forzar una conformidad entre el Ministerio Fiscal y los/as acusados/as. Al fin y al cabo, cuanto más elevada es la pena solicitada, más fácil le resultará llegar a un acuerdo. Por poner un ejemplo, si a una persona le piden siete años de prisión será más fácil que reconozca su culpabilidad y acepte un pacto de dos años que si le pedían tres o cuatro.
Podríamos preguntarnos: ¿qué interés tendrán las/os Fiscales en llegar a pactos de este tipo? La respuesta es que las conformidades les aportan múltiples ventajas, entre las cuales destacamos cinco:
1.- Pacto “a la española”: a Jueces y Fiscales tampoco les gusta currar: En primer lugar, cabe destacar que normalmente los acuerdos sólo se alcanzan cuando todo/as los/as acusados/as se conforman. De esta manera, todas las partes evitan celebrar un juicio que, si hay muchos/as acusados/as, un/a Fiscal encontraría farragoso. Después de todo, no resulta igual de sencillo celebrar un juicio contra tres o cuatro personas que contra veintipico detenidos/as de una manifestación, recordar sus nombres, qué policías imputan a cada uno/a, etc.
2.- La estrategia del miedo: En segundo lugar, si todas las partes se conforman, se lanza un mensaje muy poderoso al público: todas las personas detenidas en esta manifestación resultaron condenadas. Todas. Sin excepción. Se convierte en una historia sobre eficiencia policial y de la Fiscalía con una moraleja que trasciende a los medios de comunicación y a los movimientos sociales: si vas a una manifestación, corres el peligro de acabar condenado. La policía no yerra y la Justicia tampoco. Siente miedo y quédate en casa.
3.- Cuestión de imagen pública: Por otro lado, estas conformidades tienden a evitar que los/as acusados/as acaben en la cárcel si se trata de su único delito (a cambiar de pactar, el Fiscal no se opone a que se suspenda la condena). No hay que olvidar que resulta muy impopular meter a personas en prisión por su activismo, y que cuando se ha dado el caso se han lanzado campañas de presión a las instituciones reivindicando la salida de compañeros/as. Con un acuerdo se condena a una persona, se le generan antecedentes penales y se le obliga a abonar la responsabilidad civil, pero no supone el ingreso en prisión de muchas personas y el/la Fiscal se ahorra el “marrón” de aguantar la presión de ser quien metió en la cárcel a una decena de activistas.
4.- La Espada de Damocles y la desmovilización: Otro efecto deseado de los acuerdos es el de la desmovilización: al acabar todas las personas condenadas, todas ellas contarán con antecedentes penales y tendrán el futuro “hipotecado”. Se lo pensarán dos veces antes de volver a “arriesgarse” a ir a una manifestación, sabiendo que cualquier otra condena futura supondría su ingreso en prisión.
5.- Ruptura de la solidaridad: Si un grupo de, pongamos, veinte personas va a ser juzgado conjuntamente, se tiende a generar una campaña de apoyo más o menos fuerte que puede hacer públicas sus voces e inquietudes. Sin embargo, si se llega a un acuerdo con la Fiscalía el grupo de apoyo naturalmente pierde fuelle (al no existir un pulso con la acusación) y cada uno/a sigue por su cuenta. Si uno/a de los/as acusados/as es condenado/a en el futuro por otro delito, ya no gozará del apoyo del resto de compañeros/as. Los posibles ingresos en prisión ya no serían del conjunto, sino individuales y por goteo, por lo que ayudar a estas personas se vuelve más complicado.
Por otro lado, cabe recordar que la mayoría de las detenidas en la movilización del 25 de septiembre de 2012 denunciaron haber sufrido malos tratos durante la detención y/o en los calabozos. Sin embargo, el juzgado que investigó los hechos hizo caso omiso de la denuncia y no realizó ni una sola diligencia de instrucción, por lo que ningún policía ha sido investigado por los hechos.
Unas grabaciones a altos mandos de la Guardia Civil demuestran que Zabalza murió tras ser torturado en Intxaurrondo
El 26 de noviembre de 1985 la Guardia Civil detuvo a Mikel Zabalza, le trasladaron al cuartel de Intxaurrondo y desapareció. El 15 de diciembre de ese año se encontró su cuerpo en el río Bidasoa.
El pasado 22 de febrero se hizo público un audio, nunca escuchado públicamente, de una conversación entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en el que se admite que Zabalza murió al ser torturado.
Esta grabación vio la luz del día muy poco tiempo después de que falleciera el coronel Enrique Rodríguez Galindo, guardia civil destinado en Intxaurrondo, que fue condenado por pertenecer al GAL. Tras su muerte, varios políticos de Vox y algunas asociaciones de guardias civiles elogiaron su figura y su legado.
Algunas absoluciones polémicas
No todo va a ser represión. También existen algunos casos de absoluciones. Como, por ejemplo, la absolución a la ex-dirigente del PP, Cristina Cifuentes, por la falsificación de su máster. La Audiencia Provincial considera que el acta del máster había sido falsificada y condena a su asesora por presionar para que se fabricara (así como a la funcionaria que la falsificó), pero no así a la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid. Básicamente, lo que viene a decir el tribunal es que no hay forma de probar que Cifuentes sabía que el acta era falsa tras el fallecimiento de su tutor del máster. O sea, que fue engañada para pensar que se había sacado un máster, cuando no fue así.
Otra absolución controvertida es la del Supremo a dos guardias civiles que allanaron una vivienda durante 15 segundos en Arona (Tenerife). El Alto Tribunal viene a validar la versión de los agentes, que entraron sin autorización, ni orden judicial, en una casa cuando vieron que les estaban grabando.
Todo empezó mientras, durante una intervención policial, un vecino mostraba reticencias a buscar su identificación y un agente de la Guardia Civil se dio cuenta de que su esposa estaba grabando todo con una tablet desde dentro de la casa. El agente entró en el domicilio durante 15 segundos para retirarle el dispositivo. En un primer momento la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife les condenó a los dos agentes a casi cuatro meses de prisión y un año y medio de inhabilitación por un delito de allanamiento de morada. Ahora el Tribunal Supremo ha decidido absolver a los agentes pese a que «entraron en la vivienda en contra de la voluntad de sus moradores» y que «no había habilitación legal alguna para la entrada del primer agente y tampoco la había para la entrada del segundo«. A pesar de esto el Supremo avala que actuaron bajo un error vencible. «Hubo una actuación dolosa, pero la actuación de los agentes estuvo presidida por un error» y «la intención de los agentes no iba dirigida a lesionar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que se deduce no sólo del motivo que tuvieron los agentes para entrar sino del hecho que lo hicieron de forma fugaz, entrando y saliendo rápidamente a fin de comprometer el derecho domiciliario de la forma menos lesiva«. Y por ello, pese a que lesionaron un derecho fundamental, se les absuelve. ¿Cómo se explica?
Absueltas las tres acusadas por protestar contra la monarquía… y la policía también
Tal y como explicamos en nuestro artículo «Después de un otoño malo, un invierno peor. Oleada de casos represivos«, el pasado 15 de diciembre se juzgó a tres republicanas (entre los cuales se encuentra Luis Ocampo, un médico vallisoletano y miembro de la Coordinadora Contra el Narcotráfico en el Barrio de Pajarillos) a las que la Fiscalía de Madrid reclamaba penas de 18 meses de prisión por un delito de atentado contra agente de la autoridad. Los hechos sucedieron en octubre de 2014, en una concentración cuyo eslogan era ‘monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción’ y que desembocó en un conato de manifestación que pretendía discurrir por la calle Alcalá. Sin embargo, la policía cortó su paso y cargó. Algunos agentes de policía también fueron a juicio, acusados de lesiones.
Finalmente, el 19 de febrero se hizo público la buena noticia de que la Audiencia de Madrid ha dictado sentencia absolutoria en favor de las tres acusadas. Pero, cómo no, también se absolvió a los funcionarios de policía acusados de lesionarles.
Tres personas denuncian a la Policía por agresión a la salida de un concierto en Madrid
El pasado 6 de febrero, unas horas antes del comienzo de una manifestación en solidaridad con Pablo Hasél (previo a su encarcelamiento), tres jóvenes punks fueron paradas en la calle Atocha de Madrid.
“Íbamos andando por la calle y del tirón nos pidieron la documentación. Cuando les preguntamos por qué nos identificaban, nos dijeron que nos pusiéramos contra la pared, y les volvimos a decir que por qué nos pedían hacer eso. En ese momento, a nuestro compañero lo tiraron al suelo entre cinco policías”, explicó una de los tres jóvenes a La Marea. «Nos decían que estuviéramos calladitos, que se nos iba a caer el pelo, y les decíamos que no habíamos hecho nada, y cada vez que hablábamos nos daban una hostia. Los vídeos duran unos minutos pero estuvimos allí retenidos como una media hora«.
Los agentes, según explica la compañera del detenido, también profirieron algunos comentarios despectivos contra el detenido: “Le decían que era una ferretería con tantos hierros encima o que era un guarro”, en palabras de la afectada. “Cuanto más decíamos que le soltaran, más nos pegaban a nosotras”, continúa. Ella misma relata cómo los agentes “le pisaban la cabeza y el cuello”, según sus términos, y él no dejaba de gritar que se estaba ahogando.
Tras la actuación, los agentes de la UIP trasladaron a Moratalaz al detenido, que llegó a la comisaría a las 16 horas y fue liberado a las 9h del día siguiente sin haber pasado a disposición judicial pero acusado por la Policía de resistencia y atentado a la autoridad. “Me meten resistencia y atentado a la autoridad como si yo les hubiera agredido, y ni les toqué”, señaló a El Salto.
Durante su estancia en Moratalaz afirma que recibió insultos y vejaciones por parte de los agentes. “Me llamaban guarro y, como me tuve que quitar todo para entrar en el calabozo, me dijeron que llevaba una ferretería encima”, recuerda. Tampoco le dieron cena y le despertaron varias veces durante la noche con hostilidad.
Denunciaron los hechos al poco de su puesta en libertad.
Ordenan el desalojo de Radio Vallekas tras 35 años de emisiones
En diciembre de 2019 llegó a las oficinas Radio Vallekas una carta citándoles a un juicio, debido a una demanda emitida por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. En la misma, la entidad pública exigía el desahucio de la asociación y les reclama más de 225.000 euros por impago del alquiler desde 2008 hasta la fecha. Tras la celebración de dicho juicio, la sentencia ordena que el 1 de marzo se debía producir el desalojo de la asociación del local en la calle Puerto del Milagro 6, posterior. Y así sucedió.
La buena noticia es que la radio piensa seguir emitiendo, esta vez desde las instalaciones de La Villana de Vallekas. “Obviamente no va a ser lo mismo. De tener dos estudios con pecera, un plató para hacer directos y una sala con ordenadores donde hacíamos talleres de formación, vamos a pasar a una habitación pequeña con un estudio de radio móvil, pero vemos con ilusión juntarnos con otros colectivos”, explicaron a El Salto.
La ONU condena a España por someter a una niña víctima de violencia sexual a un desnudo integral y exploración genital para comprobar su edad
El día de agosto de 2017 en que Arcange llegó sola, con 16 años, al aeropuerto de Madrid desde Camerún, la policía no dudó de su minoría de edad. Tenía, según las diligencias policiales y un primer informe médico, apariencia de niña. Había escapado de su país después de años de agresiones sexuales por parte de su padre y para evitar su matrimonio forzoso con un hombre mayor, y así lo explicó en sus entrevistas en el centro de menores. El informe médico evidenciaba las secuelas físicas de la violencia sufrida, pero nada de eso evitó que la Fiscalía la sometiese a invasivas pruebas de la determinación de la edad, que incluyeron el desnudo integral y la exploración de sus genitales sin estar acompañada de una abogada ni nadie que hablase su idioma. La niña fue declarada mayor y se quedó en la calle.
Tras años de batalla judicial, a finales de febrero de 2021 la ONU ha condenado a España por no proteger a la menor y por haberla sometido a unas pruebas que «deberían estar prohibidas«.
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