La relevancia de la agricultura en la economía y el territorio de Andalucía ha hecho que el acceso a la tierra haya sido históricamente central dentro de la cuestión social. Ha sido en el campo andaluz donde se han dado algunos de los procesos de movilización popular más importantes de los últimos dos siglos, desde las luchas contra la pérdida de las tierras comunales hasta las colectivizaciones durante la Guerra Civil o las luchas jornaleras en la Transición. La persistencia del latifundio en sus diversas formas, las dificultades para el minifundio y la producción familiar y campesina, y la subordinación de la agricultura a las cadenas agroalimentarias internacionales han marcado el desarrollo reciente del territorio y las poblaciones de la región más pobre de Europa.
Con la liquidación en 2011 del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) por parte de la Junta de Andalucía y la venta de tierras públicas se abandona el proyecto de reforma iniciado en 1984, basado en la cesión a colonos y cooperativas, que deberían pasar en ese momento a ser propietarios. Desde el Sindicato de Obrer@s del Campo (SOC), integrado en el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT), se respondió a esta medida con la ocupación de la finca Somonte en Palma del Río (Córdoba) en marzo de 2012. 6 años después, tras cuatro desalojos seguidos de nuevas ocupaciones y diversos cambios internos, esta finca pública de 400 hectáreas de secano continúa siendo trabajada por un grupo de militantes del SAT.
En esta misma línea, el 1 de abril de 2017 se ocupaba la finca Adarves Altos, a sólo 6 km de Jaén. Se trata de una finca de olivar de 70 ha., que fue propiedad de la SAREB y actualmente pertenece a ANIDA, un organismo del BBVA encargado de gestionar sus propiedades inmobiliarias. Tras la ocupación pasó a llamarse “Cerro Libertad”, en homenaje al militante del SAT Andrés Bodalo, que se encontraba en ese momento cumpliendo una pena de tres años y medio de cárcel por altercados en el marco de una protesta en el municipio de Jódar. El objetivo de la ocupación era por tanto triple; denunciar la condena de Bódalo y la represión en general de la lucha social; señalar y denunciar la presencia de los bancos en el campo andaluz, como propietarios de tierras en muchos casos abandonadas, y generar un proyecto de trabajo autogestionado cooperativo basado en los planteamientos de la agroecología.
Desde los primeros días se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento del cortijo, para albergar a la gente que viviera y trabajara en la finca, y de poda y desbroce de los olivos, en estado de abandono, así como instalación de huertas y corrales de animales (gallinas, cabras, y un par de cerdos).
La solidaridad y la cooperación han jugado un papel importante en el funcionamiento del Cerro. Ha sido fundamental el trabajo aportado por decenas de voluntari@s llegados de diferentes zonas, tanto de otros puntos de Andalucía como de diversos países, con una presencia casi permanente de activistas alemanes de la organización internacionalista “Interbrigadas” así como frecuentes visitas de habitantes de Errekaleor (barrio ocupado en las afueras de Vitoria-Gasteiz). Esta presencia permitió además darle una proyección internacional al proyecto del Cerro y a la lucha por la tierra en Andalucía. La inserción en redes de apoyo mutuo se ha plasmado también en el aporte de infraestructura y materiales, como un molino artesanal para la elaboración de aceite cedido por compañer@s de Morón de la Frontera (Sevilla), que permitió que el conjunto del proceso de producción, desde la recogida de aceituna al envasado del aceite, pudiera controlarse desde la propia finca. La venta del mismo se hizo posible también a través de la colaboración de locales sociales y sindicales, pedidos directos, grupos de consumo, etc.
Tras un año de trabajo (incluyendo una cosecha de aceituna y la elaboración del correspondiente aceite), de difusión y construcción comunitaria, el Cerro fue desalojado a finales de abril de 2018 por la Guardia Civil, en una actuación por sorpresa. La anterior fecha programada para el lanzamiento, a mediados de Marzo, se aplazó ante la movilización de cientos de personas.
La coincidencia en la fecha con el proceso de desalojo de la ZAD de Notre -Dame-des-Landes[1], en la Bretaña francesa, generó un vínculo de solidaridad entre ambas luchas por la tierra y el territorio, plasmado en los comunicados, las movilizaciones, los llamamientos y los encuentros. Más allá de las particularidades hay una tendencia común a construir autonomía material, comunidad y contrapoder reapropiándose colectivamente del elemento que fue mercantilizado por el capitalismo antes que cualquier otro, la tierra.
Tras el desalojo se han mantenido las movilizaciones dirigidas a señalar la presencia de los bancos, especialmente el BBVA en el campo andaluz y en Jaén, mientras se acumulan fuerzas para una nueva ocupación.
Las denuncias de abusos contra las trabajadoras migrantes en los campos de fresa de Huelva, o las luchas de los trabajadores de los invernaderos de Almería y Granada, muestran que las cadenas agroalimentarias globales se sostienen mediante la explotación intensiva de la fuerza de trabajo, así como de los recursos naturales (agua y suelo principalmente). El acaparamiento de tierras por parte de los bancos en Andalucía o el abandono definitivo del objetivo de reforma agraria, plasmado en la nueva Ley de Agricultura Andaluza que será aprobada este año, forman parte de la misma visión de la agricultura sometida al mercado capitalista global.
Experiencias como la del Cerro Libertad, aún con su humildad y sus limitaciones, son una parte fundamental en la construcción desde abajo de otro modelo agrario, basado en la economía cooperativa y social, el mantenimiento ecológico de los agrosistemas y la soberanía alimentaria.
Escrito por Helios Escalante
Grupo de Reflexión Autónomo «La Torna» (https://grupolatorna.wordpress.com/)
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[1] Zona A Defender, espacio de lucha formado alrededor de las 200 hectáreas de tierra que iban a ser expropiadas para la construcción del nuevo aeropuerto de Nantes. Tras 30 de años de lucha el proyecto de aeropuerto se abandonó a principios de 2018, y en abril comenzó el intento de desalojo de las decenas de personas instaladas en la zona, en autoconstrucciones o granajas abandonadas.