CIE de Aluche: del cierre a la reforma

A mediados de diciembre reabrió el CIE de Aluche (Madrid) tras 11 meses cerrado por unas obras anunciadas como de mantenimiento y mejora de las instalaciones, pero que realmente han tenido como objetivo el refuerzo de la seguridad y control con el fortalecimiento de los dispositivos destinados a ello. Por ejemplo, el aumento de puestos de control en las instalaciones o la sustitución de las puertas existentes, han sido algunas de las reformas acometidas en este tiempo, con el fin último de asemejar este centro, aún más, a un centro penitenciario.

El CIE de Aluche que sigue siendo, de momento, el de mayor capacidad de todo el Estado, y que, junto al de Barcelona, son los únicos que tienen un módulo de mujeres, ha sido de forma reiterada objeto de denuncias por parte de colectivos sociales, de protestas en su exterior, de motines por parte de los internos, etc., pues, por un lado, el centro presenta graves deficiencias en cuestiones elementales para la dignidad y seguridad de las personas internas como, por ejemplo, en la atención sanitaria, la intimidad personal o en la asistencia jurídica y social, pero estas protestas también se producen por la crítica radical a la propia existencia de los CIEs, por su rol de control y disciplinamiento de la población extranjera, por ser expresión última del enfoque securitario de las migraciones. Que el CIE de Aluche, un edificio de apariencia hostil y carcelaria, se encuentre situado junto a la Comisaría a la cual las personas migrantes residentes en Madrid deben acudir de forma reiterada a realizar ciertas gestiones vinculadas a su autorización de residencia, a su salida temporal del país, a la expedición de documentación, etc., no es casualidad y lanza un mensaje inequívoco.

También, por justicia y memoria, hay que reseñar que la apertura se ha producido justo una semana antes del aniversario de la muerte de Samba Martine.
Samba Martine, nacional de la República Democrática del Congo, llegó a Melilla en agosto de 2011 y permaneció en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) durante tres meses hasta noviembre de ese mismo año, cuando fue trasladada a la Península y encerrada en el CIE de Aluche. En Madrid, Samba, de forma reiterada, solicitó asistencia médica. En el informe elaborado por el propio CIE tras su fallecimiento, constan reiteradas visitas al centro médico pidiendo ser atendida, pero, en ningún momento, se le practicaron las pruebas diagnósticas necesarias ni recibió el tratamiento adecuado. Finalmente, un 19 de diciembre de 2011, Samba Martine falleció.

A pesar de dicha desgracia y de que la Administración fue judicialmente obligada a indemnizar a la familia por las prácticas negligentes que tuvieron lugar, más de diez años después, en noviembre de 2022, los Juzgados de Instrucción responsables del control del CIE de Aluche emitieron una resolución conjunta solicitando a la Dirección General de la Policía, responsable de la gestión de los CIEs, una serie de medidas para afrontar las graves deficiencias presentes en la atención sanitaria que, en parte, son debidas a la privatización del servicio, en manos de Clínicas Madrid SA desde 2012, y a la propia gestión del servicio por la Policía, pero que, en su raíz, son responsabilidad de la práctica y el discurso instalados y promovidos por las diferentes Administraciones, ya sea en el propio Ministerio de Interior o en la Unión Europea, para quienes las vidas migrantes no importan y que defienden que son las personas extranjeras quienes deben asumir los riesgos y
peligros por haber decidido desplazarse.

En esta línea, los países que conforman la UE justo acaban de firmar un nuevo Pacto sobre Migraciones y Asilo que formaliza la consideración de las personas migrantes como una amenaza, reforzándose el enfoque policial y securitario en la gestión de los flujos migratorios. Esperamos en los próximos número poder ir desgranando la repercusión directa de este Pacto que fortalecerá el papel de la agencia FRONTEX, limitará el acceso a la protección internacional, aumentará las partidas presupuestarias a la industria del control migratorio, estrechamente ligada a la industria militar, y aplicarán otra serie de medidas y consecuencias que iremos conociendo poco a poco.

Para terminar, Unidas Podemos, en un primer momento, pero también, después, Sumar, han exigido el cierre de los CIEs, cuando la protesta social ha conseguido romper el silencio público y mediático presente en relación a dichos centros, para satisfacer a su potencial electorado, pero, formando parte del Gobierno, no es que dicha promesa haya quedado en un segundo plano, es que no ha habido ninguna declaración más al respecto, y, finalmente, de cerrar los CIEs se ha pasado no solo a reformarlos sino también a que, durante las dos legislaturas con miembros de la izquierda socialdemócrata en el Consejo de Ministros, se esté levantando el mayor CIE jamás construido en España, un macrocentro en Algeciras de 20.000 metros cuadrados, construido por la misma empresa pública que se encarga de edificar las prisiones en España, la SIEPSE, que convertirán a dicho centro en uno de los más grandes de Europa.

España, tras dos legislaturas de gobiernos progresistas, acabará con más plazas para el encierro de personas extranjeras.