CIEs: no hay reforma posible

El CIE de Aluche (Madrid) comunicó el pasado viernes 13 de enero su cierre durante cinco meses para la realización de obras. En un comunicado conjunto, múltiples organizaciones sociales han aprovechado dicha situación para volver a denunciar la realidad de dichos centros e insistir en que la única alternativa para garantizar la dignidad y el respeto a los derechos de las personas encerradas en ellos, es su cierre definitivo. En el comunicado se deja bien claro que aunque se aplicaran todas las medidas y recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, los jueces a cargo del control del CIE, asociaciones, etc., y se llevaran a cabo realmente todas las modificaciones estructurales necesarias (pues dichas obras no resuelven las deficiencias denunciadas desde su apertura sino que van dirigidas a aumentar el encierro y aislamiento), la privación de libertad en un CIE será siempre un abuso fruto del racismo estructural. Además, como resulta inevitable, el cierre del centro del Estado con mayor capacidad y el único que contaba con un módulo específico de mujeres, ha tenido toda una serie de efectos como, por un lado, el traslado, la puesta en libertad o la expulsión acelerada de las personas allí encerradas, pues hasta el día anterior a su cierre temporal hubo internamientos de nuevas personas, y, por el otro, la apertura de un módulo para mujeres en el CIE de Zona Franca, Barcelona.

El CIE de Aluche, desde su apertura, ha sido escenario de múltiples episodios de lucha de los propios internos. Durante este tiempo, se han sucedido motines, huelgas de hambre, actos de desobediencia, etc., que han evidenciado abusos y condiciones internas, y han obligado a las autoridades a tomar medidas, nunca suficientes, pues el problema radica en la propia existencia del CIE, un espacio gestionado por el Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Policía, en el cual se priva de libertad a personas por encontrarse en una situación administrativa irregular, para proceder a su expulsión, aunque aproximadamente la mitad de las expulsiones no se ejecuta por unos u otros motivos, es decir, los propios centros no cumplen con el supuesto objetivo para el que fueron creados. Pero, realmente, subyace otros intereses que justifican su continuidad, principalmente el disciplinamiento de la población migrante, a través del mantenimiento de una amenaza constante. Los CIEs operan como generadores de determinado orden social a través del miedo. No es casual que muchas de las gestiones administrativas que se ve obligada a realizar una persona migrante se realicen en la comisaría situada junto al CIE. El impacto del encierro y de la amenaza de la expulsión es indudablemente considerable en las personas encerradas. A una pregunta parlamentaria de EH Bildu, el Ministerio de Interior reconoció la muerte de nueve personas en estos centros desde 2006, cuatro de ellas por suicidio, el último en 2022 en el CIE de Aluche. Aunque en dicho recuento no figura Mohamed Bouderbala, fallecido en Archidona (Málaga) en 2017, por encontrarse encerrado en el Centro Penitenciario Málaga II, pese a que instalaciones de dicho centro estuvieran sirviendo para cumplir dicha función.

Además, en los días previos al cierre, más de cinco personas encerradas denunciaron haber sufrido agresiones por parte de la Policía. Esta denuncia conjunta dio lugar a la visita del Defensor del Pueblo el día anterior al cierre. Una reforma en las instalaciones, aunque fuera dirigida con un fin garantista, no va a acabar con la problemática estructural de abusos, agresiones y vulneraciones de los derechos más elementales.

En Barcelona, tras la apertura del módulo de mujeres, el movimiento antirracista se ha movilizado para denunciar que ya hay mujeres encerradas en él, hasta 12 cuando escribimos este artículo, para conocer sus condiciones de encierro y para frenar su expulsión. En un comunicado conjunto de múltiples colectivos, se señala a los CIEs como “una de las máximas expresiones del sistema capitalista colonial que jerarquiza la vida de las personas, humaniza a unas y deshumaniza a otras”, además de subrayar la intensificación de los discursos racistas que normalizan y legitiman violencias contra las personas migradas y refugiadas (persecuciones, identificaciones racistas, asesinatos, explotación, encarcelamiento, criminalización de colectivos, etc.). “Exigimos no solo su cierre definitivo, sino la derogación de la ley de extranjería, ya que es uno de los mecanismos legales que permite y legitima tales violencias estructurales racistas”.

Por último, aunque a día de hoy el CIE de Aluche sea el más grande del Estado, en 2020, el Ministerio de Interior aprobó la construcción en Algeciras de un centro que duplicará en plazas al CIE de Madrid, con financiación de FRONTEX. A pesar de contar con un partido en el Gobierno del país que presuntamente defiende el cierre de estos centros, la legislatura concluirá con un número récord de plazas proyectadas. La política migratoria del PSOE, encabezada por Marlaska, quien no ha tenido reparos en justificar lo acontecido en Melilla, no ha sido un motivo suficiente para levantarse de la mesa, dejando claro el compromiso con las personas migrantes en la agenda política de la izquierda parlamentaria.