No es coacción, es sindicalismo

Hace año y medio tratábamos en estas páginas las consecuencias que había tenido para cientos de huelguistas la participación activa en los paros generales de los años 2010 y 2012. Contábamos el caso de los 8 de Airbus, trabajadores de esta empresa que se enfrentaban a un total de sesenta años de cárcel por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y que finalmente fueron absueltos en febrero del año pasado.

Hablábamos también de la represión sufrida por muchos/as participantes en la huelga general europea del 14 de noviembre de 2012 en la que se produjeron ciento cincuenta y cinco detenciones. En esta fecha fueron detenidos los 5 de Alcorcón, vecinos de este municipio a los que la fiscalía les pedía un total de 23 años de prisión y que tras un largo proceso judicial en el que se denunciaba la existencia de un montaje policial, han sido absueltos hace un mes. En esa misma convocatoria nace el llamado no caso del 14-N de Logroño, por el que se solicitan nueve años de prisión para sindicalistas de la CNT, que denunciaron malos tratos tras la detención y defenderán su inocencia en un juicio que, tras cinco años de los hechos, aún no se ha celebrado. De este caso, nació la Plataforma Stop Represión de Logroño, que ha elaborado un dossier que recomendamos en el que denuncia la violencia policial y las detenciones en la citada huelga general y ampliado para realizar un análisis en profundidad sobre cómo se articula la represión estatal contra los movimientos sociales y las personas más desfavorecidas. No podemos mencionar la huelga del 14-N sin acordarnos del madrileño Alfon, que lleva dos años en prisión, al ser condenado a cuatro años de cárcel en un proceso plagado de irregularidades.

Cuando la solidaridad se juzga como coacción

Pero la represión a trabajadores/as en lucha, no solo sucede en las grandes movilizaciones. Los pequeños conflictos laborales, están plagados de casos en los que la acción sindical de denuncia de abusos patronales, son respondidos con la criminalización de los/as trabajadores/as. Recientemente, hemos conocido que el juicio contra el Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Barcelona promovido por la empresa DHL en la que se les solicitaba el pago de setenta mil euros por manifestar que las prácticas laborales de esta empresa eran propias de terrorismo patronal, ha resultado con la absolución del sindicato.

Hay que destacar también el reciente caso de la Pastelería La Suiza en Gijón, en el que tras la movilización del citado sindicato en respuesta al acoso sexual y explotación laboral que sufría una afiliada, dos militantes del sindicato han sido detenidas acusadas de extorsionar y chantajear al empresario.

Esta misma situación está sufriendo la CNT de Barcelona, que denuncia la persecución policial y judicial a la que está sometida por hacer sindicalismo, tal y como denuncian en la campaña El conflicto es ineludible; la solidaridad, incuestionable. En ella tratan el caso del Casino de Poble Nou, iniciado tras un piquete en vísperas de las elecciones municipales de 2015, en el que se exigía el cumplimiento de una sentencia que condenaba la empresa Informática del Corte Inglés y a la Generalitat de Catalunya por cesión ilegal. Tras agresiones de la Guardia Urbana se produjo un corte del suministro eléctrico del debate electoral, por lo que éste estuvo varios minutos sin emisión televisiva. El resultado de todo esto fue la imputación de 2 compañeros acusados de diferentes delitos, agravado de atentado contra la autoridad y delito de alteración de acto electoral, con una petición de 2 años y 4 meses para uno de los sindicalistas, así como el pago de 5.000 € de responsabilidad civil y seis meses de prisión para el otro.

El otro caso denunciado es el del Corte Inglés, iniciado en 2015 tras una campaña de boicot a esta empresa con el fin de que retirara la acusación contra sindicalistas detenidos en la huelga general del 29 de marzo de 2012, así como para visibilizar la política de miedo y represión frente a sus propias trabajadoras, los múltiples casos de machismo empresarial y las conexiones entre la empresa y altos cargos políticos, policiales, judiciales y eclesiásticos. Esta campaña tuvo como consecuencia la detención de 3 compañeros y su posterior imputación por delitos de coacción y obstrucción a la justicia. La petición fiscal contra estos compañeros asciende a 5 años de prisión y 6.500€ de multa a cada uno.

En un comunicado denunciando estos casos, señalan que Ambos casos no son más que ejemplos de lo que tristemente se viene consolidando desde hace varios años: un endurecimiento brutal de la persecución contra sindicalistas y trabajadoras en lucha. No se trata de casos aislados. A raíz de la sucesión de huelgas generales que comenzaron en 2011, se cuentan por centenares los trabajadores represaliados en piquetes y conflictos sindicales. Algunos medios hablaban de la mayor ofensiva contra el sindicalismo desde tiempos de la dictadura. Prácticamente todos los conflictos laborales en los que se realizan acciones más allá de las estrictamente jurídicas acaban con imputaciones penales y algunos de ellos ya con condenas firmes: huelgas generales, huelga minera, conflicto de Coca Cola, trabajadores y estudiantes de la UAB, trabajadores de Arcelor, mineros de Zarreu, montaje del 14N en Logroño, sindicalistas de AirBus, jornaleros andaluces… La lista es interminable.

Bajo nuestro punto de vista este endurecimiento de la represión no es casual. Se trata de una maniobra política para acabar con lo poco que queda. Desde hace tiempo ya venimos escuchando voces que desde los despachos de las empresas claman por una regulación estricta de las luchas laborales, a través, principalmente, de limitar el derecho a huelga, pero también limitando e incluso imposibilitando las luchas colectivas en los centros de trabajo, los piquetes y la acción directa. Y esta situación que se vive en el contexto laboral tiene una versión equivalente en el ámbito sociopolítico: para el Estado, a través de policías, fiscales y jueces, el sindicalismo es coacción y los movimientos políticos y sociales son terrorismo.

No vamos a caer en la trampa de declararnos inocentes a cualquier precio. Reconocemos el conflicto y renegamos de una idea de sindicalismo canalizada hacia la única opción de los juzgados. La lucha obrera nunca se ha limitado a poner denuncias y no podemos permitir que se convierta en eso, más aún si cabe en un momento como el actual, en el que cada vez tenemos menos garantías: leyes más estrictas, menos derechos y sentencias más desfavorables. Hace unos meses nos golpeaba la noticia de que un juzgado había avalado la contratación de empresa externas para la cobertura de los servicios que se dejan de prestar en una huelga. Con ejemplos así ¿podemos permitirnos cambiar la lucha en las calles y en los curros por los juzgados?