Cómo romper una huelga desde el Gobierno (o lo que es lo mismo, la patronal siempre tiene la razón). Parte I. Ejemplo griego

«No hay ninguna razón para que la huelga continúe»

Esta frase tan aclaratoria es parte de unas declaraciones realizadas por el Ministro griego de la Marina Mercante, Costis Musurlis, al hilo de la reciente huelga de marineros en el país heleno. Como si de una premonición se tratara, y en vistas que los marineros no cejaban en su intención de continuar con los paros, el Gobierno griego decidió que era el momento oportuno de cortar de raíz con el conflicto, y para ello hizo uso de sus poderes ejecutivos en forma de “movilización civil forzosa”. Así, de la noche a la mañana, se acabó la huelga. La táctica era la misma que se utilizara a principios de este mismo año para forzar la vuelta al trabajo de los/as empleados/as del Metro de Atenas tras ocho días de paros totales.

Esta “movilización civil forzosa” es parte en una ley que data de 1974, según la cual se pretende atender a “emergencias en tiempos de paz”. Su incumplimiento, es decir, en estos casos de los que estamos hablando, la negativa a volver al trabajo en virtud del derecho a huelga, conlleva la detención y el procesamiento por delito flagrante, lo que puede suponer una condena de tres a cinco meses de cárcel, con el consiguiente despido del puesto de trabajo. Hasta este principio de año sólo se había utilizado en ocho ocasiones.

Cronología de dos huelgas

Antes de entrar a valorar más en profundidad lo que estos ejemplos suponen en el seno de la actual situación económica y social, tanto dentro como fuera del Estado griego, creemos imprescindible hacer una rápida cronología de estos dos conflictos laborales.

Empezaremos por el Metro de Atenas. Lo primero a reseñar es que este medio de transporte que da servicio a la capital griega y a sus alrededores, a pesar de ser considerado público, es gestionado por una empresa privada. En cuanto al conflicto en sí, por un lado los/as trabajadores/as reclamaban que se derogaran acciones que la empresa ha implantado a raíz del último paquete de medidas del gobierno en materia laboral, como son la reducción salarial (lo que el poder llama “igualación salarial de todos los trabajadores en el sector del transporte” y que en muchos casos supone una pérdida del 50% de los ingresos) o la desaparición del convenio colectivo en todo el sector en favor de los convenios de empresa o individuales; mientras que también se plantean otras reivindicaciones específicas de Metro como el fin de los sueldos desorbitados de los/as directivos/as y del desmantelamiento del servicio público de transporte, más seguridad en las obras…

En este contexto, la huelga dio comienzo el pasado 17 de enero y se alargó durante ocho días consecutivos. Durante este tiempo, los/as trabajadores/as plantearon unos paros sin servicios mínimos que eran convocados únicamente de 24 horas y se iban renovando por la asamblea diariamente. De esta forma, se trataba de impedir que la huelga en general se declarara ilegal. Poco a poco fueron tomando fuerza, y en sus últimos días, se unieron a la lucha los/as trabajadores/as del tranvía, de los autobuses y de los trolebuses de la capital.

Finalmente, el día 24 de enero, tras varias amenazas previas y con la excusa de la ilegalización de la huelga del lunes 21, el gobierno anuncia la utilización del decreto de movilización civil forzosa, apoyado en todo momento por los tribunales de la capital. Cada uno/a de los/a 2.500 trabajadores/as de Metro recibió una notificación en su casa del deber de volver al trabajo. Ante esta situación, la asamblea responde concentrándose en las cocheras, con la intención de resistir, junto con el apoyo de trabajadores/as del resto de transportes públicos de la capital (que también fueron incluidos en la movilización forzosa) y numerosos/as solidarios/as. Sin embargo, a las cuatro de la madrugada del día 25 las cocheras son asaltadas por la policía, que obliga al desalojo. A pesar de todo, esa mañana a primera hora sólo acuden 50 trabajadores/as del total del turno para poner en funcionamiento el suburbano, muchos/as de los/as cuales denuncian presiones de la policía. Ya a lo largo del día, el Metro vuelve lentamente a la normalidad, pues los/as trabajadores/as “deciden” acabar con la huelga. Eso sí, también anuncian que no dan el conflicto por cerrado y que seguirán planteando medidas de presión.

En la huelga de Metro ha sido bastante significativa la guerra mediática abierta. Desde un primer momento, el gobierno y los medios de comunicación de masas se lanzaron de lleno a la desacreditación de los/as trabajadores/as: se dieron cifras de sus salarios medios totalmente falsas (pues se hablaba de salarios cuando en realidad se estaban describiendo los costes salariales, que incluyen las aportaciones a la seguridad social tanto del/la trabajador/a como de la propia empresa) y no se tuvo en cuenta que en el cálculo de estos salarios medios también se incluyen lo que cobran los/as directivos/as de Metro, que en algunos casos alcanzan los 12.000 euros mensuales. La idea era clara, enfrentar a la clase trabajadora entre sí, colocando a los/as empleados/as del suburbano como privilegiados/as que se quejan por gusto, haciendo para ello la distinción entre trabajadores/as y usuarios/as. Por cierto, ¿No nos recuerda todo esto a nada?

Pocos días después de este cierre en falso del conflicto del Metro de Atenas, comenzó la huelga de los marineros griegos. Desde el 31 de enero hasta el 5 de febrero se fueron sucediendo varias huelgas de 48 horas convocadas por la Federación Griega de Marineros. Con estos paros, que tuvieron un elevado seguimiento, se pretendía frenar la desaparición del convenio colectivo del sector, reclamar el abono de los sueldos no pagados de los últimos seis meses y poner sobre la mesa un problema que lleva muchos años enquistado en este sector, como es la utilización de trabajadores (tanto griegos como inmigrantes) sin contrato ni seguridad social. En este sentido, se estima que son 60.000 los trabajadores sin contrato frente a los 19.000 legales (para ello se tienen en cuenta datos como los que reflejan que mientras que el negocio y el número de embarcaciones ha crecido durante los últimos 30 años, desde 1981 hasta 2012 han descendido en 75.000 el número de empleados registrados del sector).

A la hora de entender la posterior intervención gubernamental, hay que tener en cuenta que este sector mueve mucho dinero en la economía griega y que la patronal del mismo (la Unión de Armadores Griegos) ostenta una cantidad ingente de privilegios desde los años 60 del pasado siglo. En este sentido, las empresas marinas están exentas de pagar muchos impuestos, su contribución a la caja de la seguridad social a través de cada uno de sus empleados es mínima (en gran medida lo afronta el Estado) y, si esto no es suficiente,  siempre tienen la posibilidad de utilizar bandera de otros países y ahorrarse aún más contribuciones al erario público. Todo esto ha hecho que éstos hayan ido enriqueciéndose a lo largo de estos años, con lo que han diversificado sus negocios alargando sus tentáculos a la construcción o los medios de comunicación. Para más información sobre este asunto se pude consultar el siguiente artículo: www.verba-volant.info/es/armadores-griegos-patriotas-de-agua-dulce-flotando-en-un-mar-de-dinero-sucio.

En el anterior caso fueron “la congestión de la capital y los problemas de circulación” (que impiden el normal funcionamiento del trabajo), y en este “los problemas de abastecimiento de ciertas islas”, lo cierto es que este nuevo argumento sobró al gobierno para implementar de nuevo la movilización civil forzosa. De esta manera se acaba por romper la huelga de marineros, y a partir de las seis de la mañana del 6 de febrero el puerto del Piero (el mayor del país) vuelve lentamente a funcionar, aunque para ello hizo falta la toma del mismo con numerosas dotaciones de la policía y del ejército, y detener a varios trabajadores que se negaban a reincorporarse. La Federación Griega de Marineros desconvocó ese día la huelga, aunque mantiene las movilizaciones, como la marcha que esa misma tarde llegó hasta el Ministerio de la Marina Mercante y que coincidió con varios paros solidarios en otros sectores.

Dos conflictos dentro de la crisis griega

Se supone que el salario mínimo, las pensiones y los subsidios se han recortado para impulsar la… «competitividad». Este es otro término que carece totalmente de sentido. Tiene que ver con la competitividad entre los capitalistas. En la perversa realidad del capitalismo la competitividad está asociada sólo con el llamado «coste laboral». Esto significa que el Capital, y no los obreros, es el que produce. Por consiguiente el obrero es considerado «coste laboral», un coste más para el Capital, junto con la maquinaria, la materia prima, etc. ¿Pero cómo nos afecta esta «competitividad» a nosotros?

Como hemos podido comprobar, parte de las reclamaciones de los/as trabajadores/as responden a medidas que traspasan su sector y ponen en su punto de mira el último paquete de reformas en materia laboral aprobado por el gobierno de coalición con motivo del tercer memorándum de la Troika. Escudándose en que los/as malísimos/as europeo/ass se lo imponen, el gobierno continúa arrasando con la legislación laboral vigente: desaparición de los convenios colectivos en favor de los de empresa o individuales, flexibilización total de la jornada laboral (de modo que las empresas puedan unilateralmente aumentar en dos horas diarias la jornada del/la trabajador/a sin pagar casi nada más por la hora extraordinaria), disminución del salario mínimo a 476 euros netos, aumento de la edad de jubilación a los 67 años, desaparición de las pagas extraordinarias de funcionarios/as y jubilados/as, disminución de las indemnizaciones por despido, desaparición del subsidio por desempleo para los/as trabajadores/as por temporada, disminución de las contribuciones empresariales a la seguridad social y así un largo etcétera (todo esto queda muy bien reflejado en el artículo www.verba-volant.info/es/nuevas-medidas-de-austeridad-el-paso-mas-decisivo-hacia-la-esclavitud-laboral).

Todo esto se une a unas cifras de paro de casi el 25% (cifras que por otra parte están falseadas por el gobierno, pues no tienen en cuenta a estudiantes, militares –siendo en Grecia la mili obligatoria-, parados/as que están recibiendo cursos de formación o quienes llevan años en paro y no reactivan cada mes su inscripción en la Oficina de Trabajo al no recibir ya subsidio alguno), a unos niveles de pobreza cada día más alarmantes y a las constantes amenazas por parte del poder de apretar aún más las cosas.

Es en este contexto en el que se suceden estas dos huelgas, con su consiguiente resolución abrupta. Dos huelgas con numerosos paralelismos, pues en ambas nos encontramos ante sectores de gran importancia en la economía nacional, con empresas privadas con un gran número de trabajadores/as y en las que éstos/as poseen una gran capacidad de presión. Y en ambos casos, ante la actual situación de tensión social y resistencia ante las medidas gubernamentales, el poder se ve en la necesidad de cortar por lo sano con dos focos importantes de problemas. Como es de esperar, la clase poseedora se guarda las espaldas entre sí, y el gobierno toma partido rápidamente por la patronal, aún teniendo que recurrir al estado de excepción. Las excusas serán variadas, nos dirán que atendían a los derechos de los ciudadanos, que los/as trabajadores/as tomaban como rehenes a la sociedad y un sinfín de gilipolleces más, pero las cosas están claras, los/as de arriba van ganando y harán cuanto puedan por seguir haciéndolo. Y la movilización civil forzosa es a la vez un método de defensa y un aviso al resto de la clase explotada con ganas de resistir. Ahora la respuesta nos toca a nosotros/as.

¿Y esto nos puede pasar a nosotros?

Hasta aquí la situación en Grecia, pero no seamos ilusos/as, no andamos tan lejos de todo esto aquí en nuestro Estado. Como se puede comprobar de lo ya escrito, son muchas las similitudes con nuestros/as vecinos/as mediterráneos, ya sea en medidas laborales, en niveles de paro, en complicidad entre poder y medios de comunicación o simplemente en la agresividad que muestran empresarios/as y políticos/as ante ciertos conflictos laborales. No hay que irse muy lejos para escuchar declaraciones pretenciosas de políticos/as que pretende intervenir en las huelgas por la fuerza, ya sea el caso de los paros de los/as basureros/as sevillanos/as, las huelgas de Renfe, EMT, TMB o Metro Madrid (de esta última recordamos las bravuconerías lanzadas por Esperanza Aguirre de militarizar el servicio del suburbano madrileño) o la militarización de facto del control aéreo de Barajas de hace un par de años. Tampoco hay que olvidar que cada cierto tiempo vamos escuchando avisos de la “necesidad” de modificar la ley de huelga, pues nos dicen que es imprescindible adaptarla a los nuevos tiempos, tratando de compaginar el derecho a la huelga con el del trabajo (que si leemos entre líneas viene a ser supeditar las posibilidades de presión obrera a las necesidades de negocio del capital, vamos que presiones mientras no molestes mucho, es decir, que no presiones hostias). Así que no se nos aparece como un futuro tan lejano la “movilización civil forzosa”.

Al fin y al cabo, las cosas como son, cuando aparecen estos conflictos laborales que sobrepasan, aunque sea en poco, el bajo nivel de conflictividad al que estamos acostumbrados, ya sabemos donde se situarán quienes nos gobiernan. Que la ciudad está congestionada por un paro en los transportes, la culpa es de los trabajadores/as que son unos/as privilegiados/as, nunca de la empresa que se pasa por el forro los convenios laborales o las normas mínimas de seguridad; que se acumula basura en los hospitales o las calles, eso es que los/as empleados/as del sector no aceptan que todos/as tenemos que apretarnos el cinturón en tiempos de crisis, nunca se les ocurrirá plantear que los sueldos son una miseria o que no hay casi personal ni medios materiales para el trabajo.

Con todo esto no se pretende asustar al personal, ni tampoco creemos que haya que plantear este tema desde una postura victimista. Informamos, damos nuestro punto de vista y tratamos de plantear la realidad como nosotros/as la percibimos, pues entendemos que en el seno del conflicto de clases el rol del gobierno está bien definido y más nos vale no situar muchas esperanzas en su buena fe, confiamos más en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de movilización y ante todo en la necesidad del apoyo mutuo, de sujetarnos entre nosotros/as para superar amenazas y rompe-huelgas.