En Andalucía, al igual que en otras zonas del sur de la península ibérica, se expresan históricamente de forma clara las contradicciones y conflictos alrededor del uso y acceso al agua. Conflictos entre diferentes actores con intereses en ocasiones enfrentados, pero también entre diferentes formas de valorar y concebir este elemento.
El carácter estacional y concentrado de las lluvias en la mayor parte del territorio, la elevada evapotranspiración y especialmente la ubicación de actividades altamente demandantes de agua han llevado a construir un relato alrededor de la “escasez” del agua en esta tierra. Una escasez que sin embargo es relativa, pues va en función de los usos para los que se requiera este agua, y que tiene más que ver con las enormes presiones sobre la misma que con unas determinadas “condiciones naturales”.
La presión creciente del regadío
Excepto en la Costa del Sol, donde el protagonismo recae en el sector urbano-turístico, en el resto de Andalucía el regadío es la presión determinante, y en ambos casos tiene que ver con la forma de inserción de Andalucía en la división del trabajo de la economía globalizada, a partir del sector primario y terciario (agricultura y turismo)[1]. De hecho, las zonas donde se hace más patente este aumento de la demanda de agua para el regadío corresponden a las principales plataformas agroexportadoras andaluzas, como veremos a continuación, cuya elevada huella hídrica nos permite afirmar que a pesar de ser considerada una región seca Andalucía “exporta agua” a través de los productos agrícolas.
En los últimos meses ha tenido relevancia mediática la situación de los humedales de Doñana (Huelva), zona de refugio para numerosas especies de aves, muchas de ellas endémicas y algunas en peligro de extinción. A la reducción de precipitaciones se une la captación de agua subterránea para los cultivos de fresas y frutos rojos en invernaderos en el entorno del espacio natural. No solo entran en juego la contradicción entre el valor ecológico del agua y su valor económico, sino que aparecen también disputas entre agricultores del mismo sector: aquéllos que se han abastecido hasta ahora de regadíos legales y los que han hecho uso de pozos ilegales y se beneficiarían de la medida de ampliación de superficie regable, aprobada recientemente por la Junta de Andalucía.
En Almería también el cultivo bajo plástico hace un uso mucho mayor del agua que de cualquier otro recurso, principalmente mediante la sobreexplotación de los acuíferos, de donde proviene el 80% del agua consumida en los invernaderos. A pesar de la inversión en eficiencia y ahorro de agua, la extensión de superficie bajo plástico y el ritmo de producción asociados al modelo hacen que el déficit hídrico (diferencia entre agua consumida y las entradas) sea estructural, superando los 200 hm3 anuales[2]. Para solventarlo se recurre a otros aportes como las desaladoras, que cubren una pequeña parte del total con un elevado coste energético.
En la Axarquía malagueña y la costa de Granada, por su parte, la mayor presión proviene del avance de los cultivos subtropicales, especialmente aguacate pero también otros como mango o chirimoya. El aumento del consumo de aguacate, que en España se ha triplicado en los últimos diez años, y la consiguiente subida de precios, ha llevado a un avance de la superficie cultivada de hasta casi 8.000 hectáreas en la comarca de la Axarquía, ocupando cada vez más el terreno de cultivos tradicionales de secano.
Por otro lado, no sólo se sustituyen cultivos de secano por otros de regadío, sino que también en diferentes zonas se convierten a regadío los que históricamente han sido de secano, como el almendro o el olivar. Así, mientras que la superficie de olivar de secano ha descendido ligeramente en los últimos diez años, el de regadío ha aumentado en 100.000 ha., llegando a más de 450.000 ha. en 2020. En muchos casos el regadío forma parte del conjunto tecnológico incluído dentro del llamado “olivar superintensivo”, con formaciones de árboles en seto “desechables” tras unos años de cultivo, muy productivos durante esos años pero con unos requerimientos de insumos también muy altos.
Una escasez construída, un escenario de conflictos
Esta muestra de algunas de las presiones más importantes que ejerce la agricultura de regadío sobre el agua en diversas zonas de Andalucía ayudan a explicar que el problema de “escasez” no se debe a ningún hecho natural, sino a un incremento de la demanda muy por encima de la disponibilidad hídrica, y que responde a un modelo de acumulación de capital que hace abstracción de las condiciones naturales (climática e hidrológica) en las que se enmarca su actividad.
No sólo la demanda, en términos cuantitativos, contribuye a esta “escasez”, sino también la afectación de su calidad por la contaminación. Precisamente, la agricultura y ganadería industriales son también unas de las principales causas del deterioro cualitativo del agua, a través de la filtración de pesticidas, fertilizantes nitrogenados, antibióticos, etc. En Andalucía hay 35 zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que afecta al 25% del territorio. En la provincia de Granada por ejemplo, 74 municipios, cerca de la mitad del total, tienen sus aguas subterráneas o superficiales contaminadas por nitratos de origen agrícola. Todo ello, junto por supuesto los problemas de vertidos urbanos e industriales, problemas de saneamiento, etc., contribuye a reducir el agua disponible, la “desvaloriza” usando el término de nuestro compañero Ramón Germinal[3], e incrementa por tanto la necesidad de infraestructuras y tratamientos.
Y es al aparecer esta “escasez”, construída socialmente por las múltiples presiones sobre el agua como se ha señalado, cuando aparecen los conflictos alrededor de este recurso. Muchos de ellos se encuentran recogidos en el «Mapa colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía[4]», una cartografía colectiva y en construcción elaborada por la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua. El carácter de estos conflictos es múltiple: se pueden señalar desde los impactos de las grandes infraestructuras hidráulicas, principalmente trasvases, que afectan a otras poblaciones o a los ecosistemas fluviales (como los del Río Castril, Iznájar o las canalizaciones desde Deifontes a la Vega de Granada), hasta la extracción masiva de agua para la venta de agua embotellada[5] , para la minería (como el caso de la Mina de las Cruces, en Sevilla) u otros usos como los campos de golf o la producción de nieve artificial en la Estación de Esquí de Sierra Nevada.
Muchos de estos conflictos han dado lugar, a su vez, a procesos de organización y lucha de ámbito local y comarcal en defensa del agua y contra los proyectos que cimentan el aumento constante de los requerimientos. Pero también a lo contrario: son numerosas las movilizaciones que reclaman grandes infraestructuras hidráulicas, u otras medidas como la ampliación de los pozos, para cubrir una demanda que no deja de crecer. En realidad, se trata de un escenario muy complejo donde no siempre es fácil delimitar una línea clara entre ambos campos, y en ocasiones los mismos actores pueden mantener posiciones variables en diferentes conflictos, como se puede observar en el caso de numerosas comunidades de regantes. En cualquier caso, se trata de un factor social fundamental en numerosos pueblos andaluces.
A medida que las precipitaciones vayan siendo cada vez más escasas en muchas partes de Andalucía como efecto del cambio climático, dentro de una tendencia que se viene confirmando en los últimos años, las disputas alrededor del agua irán siendo también más frecuentes y complejas. Es preciso por tanto considerar el carácter estratégico que tiene esta cuestión, y afrontarlo desde la defensa del agua como bien común y como elemento ecológico fundamental, en contraposición a su valor meramente económico y a su apropiación privada y cada vez más concentrada.
Una aproximación crítica a este espacio de conflicto pasaría por cuestionar las condiciones que han creado el escenario de escasez, es decir el conjunto de desmesuradas demandas hídricas que no responden a verdaderas necesidades colectivas sino a la acumulación de capital, en la forma particular que esta adopta en Andalucía, tal como se ha señalado antes.
Ello incluiría una crítica a la reciente extensión irracional del regadío, sin olvidar que responde en muchos casos a la caída de la renta agraria, aprisionada entre los precios de los insumos y los precios de venta de los productos agrícolas. Es en el marco de esta agricultura industrial y capitalista, que lleva a los pequeños productores agrícolas a incrementar la presión sobre los recursos y sobre la mano de obra para mantener los beneficios, en que cabe entenderse el regadío como forma de revalorización de la actividad agrícola.
Es necesario por tanto ir más allá del estrecho margen de la “planificación hídrica” y la búsqueda de mejoras técnicas, y plantear las causas más profundas tras la disputa por el agua, así como las alianzas y estrategias que podemos encontrar en este escenario y los que vendrán en el futuro, a buen seguro mucho más inquietantes.
[1] Manuel Delgado Cabeza. Claves para entender la economía andaluza (y II): Portal de Andalucía
[2] Es un ejemplo de lo que se conoce como “Paradoja de Jevons”; las medidas en eficiencia por unidad terminan siendo anuladas por el consumo total en términos absolutos.
[3] Ramón Germinal. Vivir en el alambre y otros escritos (2005). Ed. Muturreko Burutazioak / B.S. Hnos Quero
[4] Véase la web de la Red Andaluza de Agua
[5] «Las luchas contra las plantas embotelladoras en Andalucía reavivan el debate sobre el agua como bien común«, El Salto (agosto 2020).
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https://www.researchgate.net/publication/222830135_The_Social_Construction_of_Scarcity_The_Case_of_Water_in_Tenerife_Canary_Islands
Hola,
Les envío este texto por si les puede interesar…
No olviden que no hay gestión del agua sin gestión del territorio….y los saqueadores lo saben e impiden esa gestión territorial…. luego pedirán desaladoras «ecológicas»….en esta UE de capitalismo salvaje y de next generation….todo es ya oficialmente verde….
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