Coronavirus y burorrepresión: 20.000 multas diarias

El pasado 14 de marzo entró en vigor el estado de alarma, que perdura a día de hoy. El Decreto que lo regula, entre otras cosas, impuso el confinamiento forzoso a toda la población, permitiéndonos salir de nuestras casas únicamente para hacer la compra, atender a personas enfermas o vulnerables o ir a trabajar (no vaya a ser que baje la productividad a costa de nuestra salud).

Entre este día y el 24 de abril (última fecha de la que se tienen datos), las multas impuestas por distintos cuerpos policiales por incumplir el confinamiento han sido nada menos que 741.407. Esto equivaldría a que más de un 1.4% de la población española habría sido sancionada por salir de su casa sin “causa justificada” en las primeras cinco semanas. En Melilla, el porcentaje asciende a más del 6% y en Aragón al 7% de la población. Una barbaridad. Y téngase en cuenta que las multas por tenencia de drogas, insultar a la policía, hacer pintadas, molestar a las vecinas con ruidos, etc. no se incluyen en estas estadísticas.

La arbitrariedad ha sido la tónica, con muchos casos de policías decidiendo interpretar como han querido el Decreto del estado de alarma. Así, se han conocido casos de personas multadas por no ir al supermercado más cercano a su casa (cosa que no se especifica en el Decreto), por hacer una compra “demasiado pequeña” (pese a que la norma no regula una “compra mínima”) o por ir a trabajar sin llevar encima un certificado de la empresa que lo acredite (lo cual tampoco se exige en ninguna ley).

La Comandancia de la Guardia Civil de Alicante fue más lejos a finales de marzo y decidió convertirse en legislador, publicando un listado de productos (predominantemente cárnicos, por cierto) que “justifican” salir a hacer la compra. Y en Herrera del Duque impuso una compra mínima de 30 euros.

Asimismo, hasta el 24 de abril se han llevado a cabo 6.639 detenciones por saltarse el confinamiento (en este caso, por delitos de desobediencia, al considerarse la conducta “más grave” y no sancionable con una simple multa). Es decir, los datos nos muestran que a diario las distintas fuerzas policiales están deteniendo a 168 personas y multando a otras 20.000. Si el ritmo no baja en las próximas semanas, se espera superar el millón de sancionadas para el 10 de mayo, fecha en la que previsiblemente terminará el confinamiento.

Desobediencia, ¿a qué?

A la hora de proponer sanciones, la policía se está acogiendo al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana (a.k.a. Ley Mordaza), que castiga con multas de entre 601 y 30.000 euros la “desobediencia a la autoridad o a sus agentes”. La propuesta de sanción es transmitida a las distintas delegaciones de gobierno, encargadas de tramitarlas.

Y es que el problema que se ha encontrado el Gobierno es que la Ley que regula de los estados de alarma, excepción y sitio establece que durante un estado de alarma se tienen que aplicar las leyes preexistentes. Es decir, no se puede crear una legislación especial para sancionar determinadas conductas durante el estado de alarma, sino que hay que utilizar la Ley Mordaza que ya estaba en vigor. Por lo tanto, al no poder crear una ley especial sancionadora para quien incumpla el confinamiento (por ejemplo, castigar con una multa de 601 euros el bajar a la calle si no es para hacer la compra o ir a trabajar), Interior ha dado a la orden a sus agentes de que lo tramiten todo como una “desobediencia”.

Y esto da pie al segundo problema: en términos jurídicos, solo se entiende por “desobediencia” el no hacer caso a una orden concreta e individualizada que te haga un policía. Si te dice de forma personal “no hagas X, porque de lo contrario te sancionaré con una multa de 601 euros” y haces X pese a su advertencia, te puede denunciar. Pero éste no es el caso de las personas a las que están sorprendiendo en la calle estos días. Esta gente no ha recibido ninguna advertencia personal e individualizada, simplemente no están haciendo caso del Decreto del estado de alarma.

Por ello, Interior decidió mandar a mediados de abril una circular a sus delegaciones de gobierno, protocolizando la tramitación de estas multas. Entre otras cuestiones, les dota de un argumentario diciendo que sí cabe perseguir las salidas a la calle como “desobediencias” porque se ha difundido tanto en los medios que no se puede hacer, que prácticamente es como desobedecer una orden directa. Y, de un plumazo, se han cargado la interpretación sobre el concepto de “desobediencia a la autoridad” que ha existido durante 40 años. Llama especialmente la atención que el artífice de esta ingeniería jurídica tan burda sea el ministro del Interior que, a su vez, es juez en excedencia de la Audiencia Nacional.

Consejos prácticos para personas denunciadas

¿Podrán tramitar las delegaciones de gobierno un millón de multas? Ni de coña. Por ponerlo en perspectiva, en pleno 15-M, desde el 15 de mayo de 2011 hasta noviembre de 2013, la Comisión Legal Sol tuvo constancia de un total de 1.010 procesos administrativos sancionadores en Madrid contra personas que participaron en movilizaciones sociales.

Otro dato: las 741.407 denuncias que se han impuesto en los 40 primeros días de confinamiento supone un volumen prácticamente similar a todas las impuestas durante los primeros cuatro años de vida de la Ley Mordaza (que entró en vigor en julio de 2015).

Entonces, ¿qué podemos hacer si nos denuncian por la calle durante el estado de alarma?

En primer lugar, calma. El hecho de que un policía nos denuncie, no significa que todavía estemos sancionadas. Simplemente significa que nos ha propuesto para sanción a la Delegación de Gobierno de nuestra provincia, pero es ésta la que posteriormente tendrá que decidir si tramita la multa o no. Y, como decimos, va a ser imposible que tramiten todas.

Pero es posible que tramiten la nuestra en particular. La circular que Interior mandó a las delegaciones de gobierno incluye un formulario o modelo para que corta-peguen, por lo que puede que nos llegue lo que se llama “acuerdo de iniciación” de procedimiento sancionador. Si sucede esto, nos dejan dos opciones: pagar en menos de 10 días y acogerse a una reducción del 50% del importe de la multa, o presentar alegaciones y defendernos de la multa. Seguramente las delegaciones de gobierno cuenten con que mucha gente querrá evitarse problemas y se sentirán tentadas de pagar multas de 300,50 euros en vez de 601.

Si decidimos pelear nuestra sanción es muy importante, en el escrito de alegaciones, dejar claro que no desobedecimos ninguna orden concreta, individualizada o personalizada, de ningún agente. Es posible que las delegaciones de gobierno, que son conscientes de que la definición legal de “desobediencia” es la de ignorar las órdenes concretas de la policía, no tramiten aquéllas en las que esto no aparezca. Asimismo, si la razón por la que estábamos en la calle era para hacer la compra (aunque fuera pequeña), ir a trabajar, o lo que sea, debemos hacerlo constar también en las alegaciones.

Una vez que hayamos presentado el escrito de alegaciones, nos llegará una “propuesta de resolución” del expediente sancionador. La propuesta podrá ser la de mantener la multa, cambiar su importe o anularla.

Frente a la propuesta de resolución podemos presentar un segundo escrito de alegaciones. Y, una vez que lo hayamos presentado, nos llegará la “resolución” del expediente sancionador. De nuevo, la resolución puede ser anular la multa, mantenerla, o modificarla.

La resolución se puede recurrir mediante un “recurso de alzada” ante el Ministerio del Interior. Al igual que sucede con las alegaciones, no es necesario contratar una abogada para que redacte y presente el recurso. Pero, si Interior desestima el recurso, la última vía que queda es la de recurrir ante un juez de lo contencioso-administrativo, ahora sí, con abogado.

Para facilitar la digestión de toda esta información, os dejamos un vídeo de Youtube con un tutorial de qué hacer en caso de recibir una multa.

Y os recordamos que en el año 2014 la Comisión Legal Sol publicó un manual llamado Burorresistiendo: Manual de Emergencia y Autodefensa contra las Multas que contiene toda la información básica necesaria para entender los distintos pasos del procedimiento administrativo sancionador, así como modelos y formularios que se pueden utilizar para realizar alegaciones contra las multas. Se puede descargar pinchando aquí.

El Gobierno más progresista de la Democracia

A modo de reflexión final, no podemos obviar lo llamativo que resulta que el gobierno progresista del PSOE y Podemos sea el que más multas por la Ley Mordaza haya impuesto en la historia, superando con creces al del PP de la mayoría absoluta.

Sus defensores nos dirán que nos encontramos en unas circunstancias excepcionales, lo cual es innegable. Pero también es cierto que lo están en otros países y allí la respuesta no ha sido tan brutal. Por hacernos una idea de los números, en los primeros diez días de confinamiento las propuestas de multa en el Estado español triplicaron a las que llevaba Italia en un mes.

Además, con anterioridad a la pandemia y al estado de alarma, el gobierno ya había dejado ver algunos dejes autoritarios, anunciando que no pretendía llevar a cabo una reforma de los aspectos más dañinos de la Ley Mordaza de 2015 o de la Reforma Laboral de 2012, más allá de maquillar algunos de sus puntos.

Por último, tampoco debemos olvidar que este gobierno ha aprovechado el estado de alarma para desalojar La Ingobernable, autorizar la posibilidad de geolocalizar nuestros móviles, llenar las ciudades de militares y drones y para otorgar ayudas a las empresas, en detrimento de los derechos de las trabajadoras. Las ruedas de prensa belicistas y su exaltación de los valores castrenses han contribuido a la generación de un clima de desconfianza, control constante, autoritarismo y del castigo hacia el infractor. Ha sido la propia centro-izquierda la que ha jalonado los valores conservadores y la que ha ubicado el marco de la discusión política a la derecha. No te lo perdonaremos jamás, Pedro Sánchez.